Criminalizar la libertad
lunes, 04 febrero 2008
Por Ernesto Villanueva
Cuando creí que ya lo había visto todo, debo agradecer al gobernador de Chiapas, Juan Sabines, que sea capaz de devolverme la capacidad de asombro ante la estulticia que se puede cometer al gobernar. Y es que no es para menos. El gobernador, que había promovido en agosto del año pasado la despenalización de los delitos contra el honor para ensanchar la libertad de expresión, ahora en un inusitado salto al pasado autoritario, presentó una iniciativa para crear el delito de “incitación a la violencia” el reposado 26 de diciembre, acaso para que pasara desapercibido semejante acto. Velozmente, el 17 de enero, este conspicuo delito ha sido aprobado por unanimidad por el Congreso chiapaneco. Se trata de una pésima noticia para la libertad de expresión y para la salud de los derechos humanos, en general. Veamos por qué.
Primero. El nuevo delito, el cual no tiene precedente en los códigos penales vigentes del país, está previsto en el artículo 378 Bis del Código Penal chiapaneco, que sanciona a quien “por cualquier medio de manera pública o privada incite a cometer un delito, o haga la apología de éste o de algún vicio”, con una pena mínima de cárcel de tres meses a tres años y multa. Con este enunciado normativo, lo que el estado de Chiapas hace es crear un mecanismo de inhibición social para la denuncia y movilización ciudadana, bajo el supuesto de que al reclamar derechos afectados están “incitando” a la violencia. La cobertura mediática de los movimientos sociales que sirve como un medio de información, contención y contrapeso al ejercicio indebido del poder público también se lastima, pues los comunicadores podrían ser privados de su libertad bajo el argumento de que hacen “apología” de una movilización comunitaria, salvo que expresamente manifiesten el repudio a los sectores sociales que reclaman abusos de gobernantes. Leer más >>>
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