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Ante el cerco informativo, cada uno de nosotros será un medio de información. Ante el engaño y la manipulación nos haremos cargo de abrirle paso a la verdad.






mayo 27, 2011

La acusación

La acusación

Luis Javier Garrido


El gobierno de facto de Felipe Calderón ha comprometido seriamente en cuatro años y medio la seguridad nacional de México, y es esta la acusación principal que se le hace a él en los críticos momentos actuales, sin que en su irresponsabilidad se percate de ello, y es la acusación más grave que habrá de enfrentar al dejar el cargo y la que lo situará ante el juicio de la historia: haber hundido a los mexicanos en la mayor inseguridad de su historia.


1. En una entrevista acordada a Proceso (Núm. 1803), el constitucionalista Diego Valadés, de la UNAM, señalaba esta semana que a Calderón le aguarda un proceso penal para cuando abandone Los Pinos ya que el Tribunal Electoral lo ha responsabilizado de violar "sin equívocos" la Constitución en materia electoral en los últimos dos años, a lo que se debería agregar, añadía, su responsabilidad por los 40 mil muertos de su equivocada "guerra contra las drogas", que ha producido efectos contrarios a los pregonados. Valadés se quedó sin embargo corto, muy corto, pues a Calderón le aguardan otras acusaciones penales de enorme gravedad. Las principales: la de haberse apoderado en 2006, mediante presuntas acciones delictivas, de la Presidencia de la República, sin haber ganado las elecciones; y sobre todo: la de haber comprometido, en estos años, por intereses personales y de grupo, la seguridad nacional de México.

2. La seguridad nacional de un país entraña algo muy distinto a lo que entienden los extremistas de derecha que se hallan en el poder en México, pues es universalmente aceptado que este concepto supone la responsabilidad del gobierno de crear mecanismos para salvaguardar: a) los derechos individuales de las personas (a la vida, a la integridad domiciliaria, a las libertades básicas), y b) los derechos sociales (al trabajo, la educación, la salud y la seguridad social, entre otros), así como, de la misma manera, c) los derechos de la nación a su integridad soberana y a sus riquezas estratégicas (en el subsuelo, el mar territorial, el espacio aéreo), y desde luego d) la integridad de las instituciones republicanas (los Poderes de la Unión, las fuerzas armadas, la administración pública).

3. La mayor parte de los países así lo entienden en el siglo XXI, salvo México, pues incluso Estados Unidos ha construido en tiempos recientes, con instrumentos seudojurídicos como la llamada Acta Patriótica de 2001, toda su "doctrina en materia de seguridad nacional" sustentada en su fuerza militar (haciendo caso omiso de que ésta es violatoria del derecho internacional), con el argumento de que todos los recursos del Estado han de ser utilizados para garantizar los derechos individuales y colectivos de los estadunidenses y defender los recursos estratégicos de su nación y sus instituciones básicas.
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4. El gobierno de Calderón, por el contrario, luego de sus acuerdos inconfesables de 2006 con la administración Bush, asumió que para privilegiar, por sobre los derechos de los mexicanos y de la nacion, los intereses económicos y políticos de la mafia panista-yunquista, y con un criterio servil a la potencia que lo mantenía en el cargo, debería establecerse como principio rector de su desquiciada “guerra contra el narco”, que de lo que se trataba era de hacer prevalecer los "intereses estratégicos" de Estados Unidos en el marco de la llamada Iniciativa Mérida, y no le importó atentar gravemente contra la seguridad individual y colectiva de los mexicanos, contra la de la nación y sus recursos estratégicos y contra la de las instituciones públicas, que se empeñó ferozmente en destruir con el argumento de que habían sido creadas durante los años del Estado "benefactor priísta".

5. Los hechos de estos cuatro años y medio no dejan lugar a dudas. Al crear una parafernalia de fuerzas policiacas y militares impreparadas para su "guerra privada", a las que se sumaron los grupos paramilitares oficiales, a Calderón y a los panistas no les importó la vida de los mexicanos, que fueron muriendo por cientos y luego por miles en lo que se justificó como "fuego cruzado" o "daños colaterales", atribuyéndole siempre esas muertes, ocasionadas por fuerzas oficiales, al que se bautizó como "el crimen organizado". El gobierno calderonista asumía, conforme a los manuales del Pentágono que seguía obsecuentemente, que de lo que se trataba era de generar un clima de miedo –y de terror– en el país, y especialmente entre los más pobres, para advertir a los movimientos sociales que serían criminalizados si alzaban la voz, como en efecto fue aconteciendo.

6. Las fuerzas de seguridad nacional no iban tampoco en este deplorable sexenio a velar por los derechos colectivos del pueblo, sino que por el contrario iban a garantizar su violación. Los derechos sociales de los mexicanos lejos de ser protegidos fueron violentados de continuo para hacer viable el modelo capitalista neoliberal, con el proyecto de hacer de México una gran maquila y, sobre todo, de entregar los recursos estratégicos del país a las trasnacionales aliadas al panismo, y así fueron pisoteados, con ayuda de las fuerzas de seguridad, los derechos de los maestros, de los mineros, de los electricistas, de los jóvenes y de los niños, y los del pueblo en general a la salud, a la educación, a la seguridad social, al trabajo.

7. Porque otro de los mayores despropósitos fue que el concepto panista de "seguridad" suponía la seguridad de los intereses de las trasnacionales y los del gobierno de Washington, y se estableció el principio aberrante de que las fuerzas mexicanas "de seguridad nacional", subordinadas a las agencias estadunidenses, deberían velar en territorio mexicano por la "seguridad alimenticia" de Estados Unidos y no la de México, por la "seguridad energética" de Estados Unidos y no la de México.

8. La seguridad de las instituciones de la República fue también comprometida, como en el caso del Ejército y la Marina, que en vez de cumplir con su tarea constitucional de velar por la seguridad del país frente a las amenazas del exterior, fueron subordinados a las agencias policiales estadunidenses para servir a los intereses estratégicos de ese país, y dedicados a esta tarea. A nadie sorprendió por lo mismo que en los papeles del Departamento de Estado difundidos por Wikileaks a través de La Jornada se publicara el miércoles 25 que Genaro García Luna (titular de Seguridad Nacional) ofreció a Estados Unidos en 2007 pleno acceso a todos los datos "de inteligencia" de México, en un acto de abierta traición a nuestro país. ¿O qué acaso en correspondencia Washington iba a dar a los funcionarios mexicanos pleno acceso a todos sus datos de inteligencia?

9. En medio del desastre al que Calderón y los panistas han llevado a México destaca la complicidad del PRI, coadyuvando con cinismo, al menos hasta los inicios de 2011, al proceso de desmantelamiento de la nación, del Estado y de los derechos de los mexicanos operado con el respaldo de las fuerzas mexicanas "de seguridad". Resulta por ello patética la imagen del senador priísta Manlio Fabio Beltrones acudiendo en 2009, no a la PGR sino a la embajada estadunidense, para que le informe sobre el operativo "de la Marina" en el que se asesinó al presunto capo Arturo Beltrán Leyva (cable 09MÉXICO3624).



mayo 23, 2011

mayo 20, 2011

La debacle

La debacle

Luis Javier Garrido

El proyecto de Washington de someter a América Latina a su esquema de seguridad nacional –que es la vía para controlar los recursos estratégicos de la región– ha encontrado en el gobierno de Felipe Calderón un instrumento que, aunque torpe e ineficiente a su juicio, se muestra cada vez más dócil y entreguista hacian los intereses estadunidenses, como lo ha demostrado en la falsa “guerra contra el narco”, y en consecuencia la Casa Blanca está resignándose a respaldar cada vez más al pa
nismo. Acción Nacional, asumiendo esta situación, busca a su vez usufructuar su entreguismo utilizando las múltiples complicidades establecidas con funcionarios estadunidenses para pretender enquistarse en 2012 en el poder.

1. El llamado delirante formulado por Calderón a sus colaboradores a impulsar en el último tercio del sexenio las contrarreformas neoliberales en materia laboral, energética y de seguridad que se reclaman desde Washington, y en el que insistió durante una larguísima reunión a la que convocó para ese efecto en el Centro Banamex el viernes 13 –durante la cual se asumió como un “churchilito” tropical–, no es por consiguiente más que otra demanda de apoyo, en la que incluyó también al PRI, para acelerar el desmantelamiento del Estado posrevolucionario, y entregar los últimos vestigios de la soberanía mexicana al capital trasnacional.

2. El discurso de la derecha mexicana no logra ya confundir a nadie, y cuando Calderón y los panistas hablan de “las reformas necesarias” a lo que están haciendo referencia es precisamente a la entrega por completo de México al control de Estados Unidos, dejando que las agencias estadunidenses se encarguen de “la seguridad interna del país”, que las multinacionales se apoderen de los recursos energéticos de México –y en particular del petróleo– y que los derechos laborales de los trabajadores se cancelen por completo para que el territorio nacional se transforme en una vasta maquila para supuestamente competir con China, lo que les urge culminar en lo que resta del sexenio. De ahí la urgencia de Los Pinos por convocar a las cámaras federales a un nuevo “periodo extraordinario” de sesiones, y también las ya no tan veladas amenazas al PRI que Calderón formula diariamente.

3. El gobierno de facto de Calderón no tiene otra oferta que hacer a Washington que la de entregarle por completo el país, de ahí que reitere una y otra vez hacia el exterior los signos de su sumisión: intentando no sólo hacer aprobar al vapor la legislación fascistoide en materia de seguridad y las contrarreformas energética y laboral, sino multiplicando las acciones que dan argumentos a Washington para una intervención más directa en México, como acontece con las matanzas de migrantes y ahora los episodios sangrientos en la frontera sur y en Guatemala, que en lo sucesivo van a reproducirse de la manera más burda, o con declaraciones que avalan las tesis del Pentágono. El embajador mexicano en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, haciendo ya suyo el discurso intervencionista de Washington, comparó hace dos días a los cárteles de México con organizaciones terroristas.
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4. La violencia la van ahora a imponer las agencias estadunidenses en el sureste mexicano y los países centroamericanos –como se ve tras lo acontecido en Guatemala–, cuyos principales gobernantes actúan ya como cómplices de la llamada Iniciativa Mérida y estos últimos acontecimientos deben ser un motivo de alerta para todos.

5. Los continuos llamamientos de Felipe Calderón al PRI para que sus legisladores aprueben en las cámaras esas contrarreformas legales que liquidan la viabilidad histórica de México van, por lo mismo, cargadas insidiosamente de la acusación de que durante los años del priísmo se desarrollaron los cárteles y el modelo que los panistas llaman “populista”, tratando de que Washington vete al futuro candidato presidencial del PRI de no aprobar este año el Institucional esos engendros seudolegales, lo que tiene a los priístas contra las cuerdas.

6. El modelo político que ha ido emergiendo en este sexenio para hacer de México un protectorado funcional a los intereses hegemónicos de Washington, diseñado de manera muy tosca por asesores extranjeros, es el de un Estado centralista con el argumento de que el federalismo propicia un desorden en materia de seguridad pública, como se reitera desde Los Pinos todos los días al acusar a los gobernadores del PRI (y del PRD) de falta de colaboración en “la guerra de Calderón”. Así se hizo intervenir desde 2007 a las fuerzas armadas en estados y municipios, sin sustento legal alguno y en flagrante violación a la Constitución; así se legisló en 2010, contradiciendo muchas otras leyes, que el narcomenudeo –que es por esencia un delito federal– debería ser en lo sucesivo local, y de la misma manera se pretende ahora que la Procuraduría General de la República puede “evaluar” y descalificar a los gobiernos locales (en manos del PRI y del PRD, naturalmente) por no cumplir a juicio del señor Calderón y sus colaboradores con sus responsabilidades en materia de seguridad.

7. La evaluación que pretende hacer Felipe Calderón de los gobiernos estatales (y en especial, desde luego, de los del PRI y del PRD) en lo relativo a sus acciones en materia de seguridad y por su colaboración en su “guerra contra el narco”, que empezó a delinear en una conferencia de prensa Juan Miguel Alcántara Soria el martes 17, es contraria a los fundamentos federales de la Constitución mexicana y configura una nueva injerencia inadmisible del gobierno central en la vida interna de los estados de la Federación que transgredería gravemente el orden constitucional, por lo que sorprende que no se haya producido una reacción vigorosa a tamaño despropósito.

8. El régimen federal se sustenta en la coexistencia de dos órdenes jurídicos distintos en el país: a) el federal y b) el particular de cada uno de los estados de la Federación, cada uno con su propia jurisdicción, y en el caso de México los delitos contra la salud son responsabilidad del gobierno federal, exclusivamente a través de la PGR y no tiene por qué ésta tratar de responsabilizar a las autoridades locales de su ineptitud y venalidad. ¿Qué pasaría en Estados Unidos, por ejemplo, si el gobierno de Obama intentara evaluar, fiscalizar o regañar a las autoridades policiacas del estado de Nueva York?

9. En medio del desastre al que Calderón y los panistas han llevado al país, no deja de sorprender, sin embargo, el tono delirante con el que el gobernante espurio mexicano pretende estar cambiando a México, manifestado en la reunión del viernes 13, en la que en el subtexto de su discurso pretende haber ya logrado destruir por completo el orden constitucional vigente y cree haber impuesto en el país un supuesto “orden” neoliberal, que nadie ha definido, y que él hace suyo como disciplinado empleado de las multinacionales.

10. La demencia de la derecha mexicana en su obsesión, primero por alcanzar y ahora por mantenerse en el poder, la ha conducido a destruir las instituciones de la República, a entregar el control de espacios estratégicos del país a agencias extranjeras, a llevar a los mexicanos al peor desastre social y económico de su historia, a hundir a todo México en un baño de sangre sin sentido que ha desquiciado la vida de un pueblo vejado y empobrecido como nunca, que por eso ahora le grita en todos los tonos a Felipe Calderón y a su equipo de ineptos y entreguistas que: “¡Ya basta!”


Juicio Penal Internacional a Felipe Calderón

To: International Criminal Court- Corte Penal Internacional

Juicio penal internacional en contra de Felipe Calderón, Joaquín Guzmán Loera, Genaro García Luna, Guillermo Galván Galván, Francisco Saynez Mendoza y demás autoridades, militares y narcotraficantes responsables de crímenes de gu
erra en México.

Los abajo firmantes solicitamos a la Corte Penal Internacional (CPI) ejercer su competencia respecto de los crímenes que a continuación se narran.

Felipe Calderón declaró el inicio de una “guerra” contra el narcotráfico, el 11 de diciembre de 2006, que ha resultado en la muerte de más de 40,000 seres humanos en los últimos 4 años. Para ello se ha valido de las fuerzas policíacas, el Ejército y Marina mexicanas. El uso del ejército en operativos contra el narcotráfico comenzó varios años atrás pero se intensificó en este período.

mayo 13, 2011

Cartón de Fisgón: Cómo la ves



Video: Marcha por la Paz (8 de Mayo)


El desencuentro

El desencuentro

Luis Javier Garrido

La crisis política y moral del régimen calderonista se está agravando tras las revelaciones de estos días a propósito de las ejecuciones de los migrantes, que vinculan directamente al gobierno del PAN con "el crimen organizado", por lo que cualquier posible entendimiento entre las fuerzas sociales y los panistas es prácticamente inviable.

1. El último y gravísimo escándalo que involucra al gobierno de Felipe Calderón ha ido creciendo de manera vertiginosa desde que el lunes 9 un grupo de indocumentados denunció que funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) los entregaron a grupos paramilitares para que los despojaran de sus pertenencias y los ejecutaran, pues muchas otras denuncias e informaciones se han presentado en los siguientes días haciendo ver que la administración panista de facto ha seguido de manera sistemática estas políticas criminales con los migrantes centroamericanos con fines políticos muy claros y buscando además de paso culpar de estos homicidios a los cárteles de la droga.

2. Las políticas que Washington le impuso a Calderón desde 2006 en el contexto del llamado Plan México, rebautizado como Iniciativa Mérida el 30 de junio de 2008 por acuerdo de George W. Bush, supusieron "seguridad" en el discurso pero en los hechos "la colombianización" de nuestro país, entre otras cosas instaurando un clima de violencia y de terror con el fin de amedrentar al pueblo y desviar su atención de las políticas entreguistas del gobierno, para ir a la vez creando las condiciones para una mayor penetración de las agencias de seguridad estadunidenses en territorio mexicano, sin olvidar que en la frontera norte estas políticas tuvieron una peculiaridad muy clara: la de reducir mediante operativos criminales de disuasión, que en los hechos involucraron a ambos gobiernos, el número de migrantes mexicanos y centroamericanos deseosos de cruzar la línea fronteriza.

3. Las muertes de migrantes se fueron así atribuyendo al "crimen organizado", es decir a los cárteles del narco, supuestamente para desvalijar a quienes muy poco traían, hasta que la masacre de 72 migrantes latinoamericanos que trataban de llegar a Estados Unidos, descubierta en el rancho de San Fernando (Tamaulipas) en agosto de 2010, evidenció lo absurdo de esta hipótesis. Un ecuatoriano, sobreviviente de la misma, relató a los medios desde un hospital en Quito que jamás nadie intentó desvalijarlo a él y a los demás y que se trató de una mera ejecución, como muchas otras, sin explicación, que se han producido en territorio nacional.

4. El escándalo actual suscitado por atroces evidencias es de una gravedad sin precedente, pues pone de manifiesto la connivencia entre las policías calderonistas y el grupo de Los Zetas, a quienes los agentes del INM habían vendido a estos migrantes, según ellos mismos lo denunciaron ante la PGR (La Jornada, 10 de mayo), y de nuevo plantea la cuestión fundamental de estos años: ¿dónde está el crimen organizado, en los cárteles o en el gobierno, o en ambos? O para utilizar el lenguaje aparentemente infantil pero perverso de Los Pinos: ¿quiénes son los buenos y quiénes los malos?
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5. El pueblo de México no se equivoca, de ahí que la marcha silenciosa por la paz convocada por el poeta Javier Sicilia, que culminó en la ciudad de México el 8 de mayo como una expresión colectiva de dolor y de duelo, iba dirigida no a los cárteles (como al día siguiente pretendieron la mayor parte de los medios), sino al gobierno de Felipe Calderón, responsable de haber llevado al país a este baño de sangre: no por equivocación ni por torpeza –como pretendían muchos de los coorganizadores de dicha marcha-caminata, que buscaron coparla y desviarla de su sentido más profundo–, sino por una decisión política amoral y criminal de los gobernantes actuales que busca privilegiar los intereses de unos cuantos beneficiarios del régimen y hacer viable la injerencia de Washington en los asuntos internos de México como consecuencia de "la colombianización" impuesta, en la que la muerte de miles vale por los intereses financieros, económicos y políticos en juego.

6. Y para que no haya dudas de nada, creyendo aprovechar el barullo y la confusión por los acontecimientos derivados de la inexistente “guerra contra el narco”, con un absoluto desprecio de la Constitución mexicana y de las luchas históricas del pueblo, durante su enésima visita a Washington, Felipe Calderón ofreció el martes 10 a los inversionistas estadunidenses la venta de "acciones de Pemex", a sabiendas de que esto es contrario al marco jurídico de la nación, e indicando que prepara otra contrarreforma para "modernizar" la paraestatal.

7. La pretensión de Javier Sicilia y de varios de los organizadores del movimiento de ser oídos por Calderón, e incluso de establecer con él "un diálogo", se tornó como era de suponerse en un absoluto desencuentro tras de que en su discurso del domingo 8 el poeta, intuyendo la realidad de las cosas, demandó la renuncia de Genaro García Luna (titular de Seguridad Pública), a lo que la cargada blanquiazul se opuso rotundamente a sabiendas de que no se pedía que se fuera por inepto sino, como se ha señalado un sinfín de veces, por ser el hombre de confianza de la Iniciativa Mérida y parte de los intereses del crimen organizado.

8. Un pueblo no tiene nada que ver con un gobernante de facto que está absolutamente en contra de los intereses populares, y que en vez de asumir que la principal responsabilidad de quien ocupa la titularidad del Ejecutivo es defender y preservar la vida de todos aquellos que se encuentran en territorio nacional, sigue dispuesto, con lógica genocida, a continuar sacrificando muchas vidas en aras de la plena imposición en México del modelo neoliberal que es intrínsecamente perverso, defendiendo intereses trasnacionales.

9. El plan de seis puntos contra la inseguridad propuesto por las organizaciones que buscan copar a Sicilia está, por lo mismo, fuera de la realidad, pues hace suyo el discurso de Calderón y de los partidos políticos con modificacioncitas legales que a nada conducen. Lo fundamental en estos momentos críticos es exigir el pleno respeto al marco constitucional, oponerse por todos los medios a la nueva legislación sobre seguridad y pugnar por el esclarecimiento de los crímenes del sexenio y el encausamiento de los responsables.

10. La Iniciativa Mérida hará "a nuestros socios regionales más seguros", dijo en 2008 Condoleezza Rice, entonces secretaria de Estado, al rubricar el documento, y eso mismo lo reitera cada vez que puede su sucesora en el cargo, Hillary Clinton. Los hechos muestran empero otra cosa y en particular que la militarización del país ha consolidado a los cárteles del narco y reordenado el negocio en función de los intereses de Washington, propiciando que las multinacionales avancen en su proyecto de saqueo del país, pero también que la violencia estatal es cada vez más ciega y que en la contabilidad oficial los muertos del pueblo no cuentan: porque es muy fácil atribuírselos al "crimen organizado". De ahí que el el pueblo no se canse una y otra vez de espetarle a Calderón el "¡Ya basta!"



mayo 07, 2011

El frenesí

El frenesí

Luis Javier Garrido

La contrarreforma oficial en materia "de seguridad nacional" de Felipe Calderón, tendiente a "legitimar" el establecimiento en México de un Estado policiaco-militar, no haría otra cosa que agudizar la escalada de la violencia y llevar a los mexicanos a una mayor inseguridad, pero no está descartada en definitiva, a pesar de los llamados a la cordura hechos al gobierno desde dentro y fuera del país, advirtiéndole que de aprobarse se hundiría a México en el más absoluto desprestigio, y sigue constituyendo una amenaza para todos los mexicanos.

1. El gobierno de facto calderonista, empeñado como se halla en este 2011 en mantener a un panista en la silla presidencial a fin de que prosiga el desmantelamiento de la nación y la entrega del control de las decisiones estratégicas del país a Washington, escucha menos que nunca a las voces del disenso y se halla inmerso en un monólogo que bien puede calificarse de fascistoide, en el que repite hasta la saciedad una misma cantaleta de barbaridades pretendiendo que está luchando contra el mal y señalando que las fuerzas armadas no retornarán a los cuarteles.

2. La marcha silenciosa por la paz convocada por el poeta Javier Sicilia, de Cuernavaca a la capital, tras la ejecución de su hijo Juan Francisco y otras personas el 28 de marzo (5 al 8 de mayo), lejos de ser escuchada ha suscitado por lo mismo la cólera oficial, en particular luego del fracaso de los operadores de Los Pinos para cooptar a los organizadores de este movimiento, que han rechazado someterse a la lógica de violencia del gobierno panista, y más aún al manifestar Javier Sicilia y sus compañeros su oposición al proyecto de "ley de seguridad". Las demandas de la caminata-marcha de esclarecer el multihomicidio de Morelos y de poner fin a la militarización del país están siendo de tal manera respondidas por el gobierno panista de la manera más torpe: por una parte haciendo detenciones absurdas de presuntos culpables, que nadie les cree, y luego desarrollando un discurso de intolerancia, insistiendo en la sinrazón de la militarización.

4. El berrinche –y la cerrazón– de Calderón ante el movimiento que partió ayer de Cuernavaca se evidenció al lanzar un nuevo y patético mensaje televisado la noche del miércoles, en el que ya onubilado insistió presa de un frenesí de violencia en su rechazo a las demandas de la marcha, y luego al aprovechar ayer la ceremonia del 5 de mayo y acusar a Sicilia de pretender "dividir a los mexicanos", como si no estuviera la gran mayoría unida en contra de sus políticas

5. Los móviles de los grupos minoritarios que respaldan la ley que busca militarizar México son facciosos, pero tienen un denominador común: avalan todos de manera irresponsable, consciente o inconscientemente, el creciente control de Washington sobre las instituciones mexicanas. Un sector de altos oficiales del Ejército exige la nueva ley pretendiendo que se hagan legales e impunes las acciones policiales que anticonstitucionalmente llevan a cabo, y al mismo tiempo exige un inadmisible papel de decisión en los asuntos de Estado, pero no parece preocuparles su subordinación al Pentágono. Los seudoempresarios o traficantes de influencias que se han apoderado de espacios privilegiados en el país creen que un Estado policiaco-militar abaratará el costo de la mano de obra, pero no se dan cuenta de que sus días estarán contados al tomar Washington el control de la situación.
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6. El escollo principal para frenar la militarización del país y la puesta en vigor de algunos de los principios aberrantes de la ley lo constituyen por lo mismo los compromisos de los panistas en este sexenio, primero con Bush hijo y luego con Obama. Estados Unidos ha hecho el objetivo fundamental de sus políticas al sur de la frontera el de hacer de México un Estado policiaco-militar, ya que el incremento de la violencia y la intensificación de la guerra contra el narco "justificarían", según ellos, su intervención militar abierta; de ahí que tienen a Calderón sometido en esa dirección, alentándolo a seguir destruyendo en desbocado frenesí las instituciones surgidas de la Revolución Mexicana.

7. La firma de Felipe Calderón el pasado 29 de abril de un "acuerdo" con los gobiernos ultraderechistas de Colombia, Chile y Perú para enfrentar a la iniciativa de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) –con la que los gobiernos más dignos del continente están buscando romper el dominio del capitalismo neoliberal– constituye una vergüenza para México, pero es una señal de la sumisión absoluta de Calderón a Washington y de su traición a las causas de Latinoamérica.

8. Washington definió desde los años 80 este proyecto de intervención creciente en México, pero no había sido hasta ahora, con el gobierno sumiso de Calderón, que le ha brindado con particular entreguismo todas las facilidades para ello, que se instauró de manera clara el proceso intervencionista en México, que urge detener.

9. Una legislación moderna en "seguridad nacional" –que no es la que quiere Calderón, empeñado en "colombianizar" a México– tiene que sustentarse en el respeto a una serie de principios constitucionales fundamentales que son hoy de observancia universal: a) el anteponer a cualquier política los derechos de los individuos conforme al artículo primero constitucional; b) el reconocer que estos derechos no puede suspenderlos más que el Congreso mediante una ley, como lo dispone el artículo 29; c) el reconocer que las fuerzas armadas (Ejército, Marina y Fuerza Aérea) no pueden en ningún caso, ni siquiera como excepción, ejercer funciones policiales o de Ministerio Público, tal y como lo establecen los artículos 21 y 129; d) el respetar el principio de que las fuerzas armadas y policiales mexicanas no pueden en ningún caso subordinarse a agencias extranjeras, como Calderón las ha obligado a hacerlo, ni mucho menos integrar misiones de intervención en otros países, ni siquiera de la ONU, que está hoy subordinada a Washington; y, desde luego, e) el reconocer que la investigación y persecución de los delitos debe correr a cargo de las policías judiciales o ministeriales, federal y locales, y con respeto irrestricto al sistema federal y a las autonomías municipales.

10. La seguridad nacional del país puede garantizarse con las instituciones actuales y el marco legal vigente. Por eso el reclamo que está uniendo a los mexicanos va dirigido a todos, pero sobre todo a quien ha generado y está alentando con sus políticas esa escalada de la violencia con fines sectarios y de grupo: el gobierno entreguista de Felipe Calderón, al que el pueblo no se cansará una y otra vez de decirle: "¡Ya basta!"