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Ante el cerco informativo, cada uno de nosotros será un medio de información. Ante el engaño y la manipulación nos haremos cargo de abrirle paso a la verdad.






abril 30, 2011

Cartón de Hernández: La silla


El escándalo

El escándalo

Luis Javier Garrido

La “Ley de Seguridad Nacional” de Felipe Calderón y los priístas, que intereses espurios insistieron torpemente en hacer aprobar en estos días (junto con una nueva contrarreforma político-electoral y la contrarreforma laboral), generando un enorme escándalo en el país, no puede ser moral o jurídicamente aprobada, pero tampoco políticamente, pues de hacerlo los legisladores convertirían a México en el ridículo del mundo occidental: un Estado policiaco-militar que se pretende moderno.

1. La aberración principal de la iniciativa de modificaciones constitucionales y legales en materia de seguridad que Felipe Calderón envió en 2010 al Congreso está en su pretensión fundamental: busca hacer viable y seudolegal el que las fuerzas armadas asuman en México funciones policiacas (lo que en los hechos ha acontecido en los últimos cuatro años en abierta violación al principio consignado en el artículo 21 constitucional), principio que no se ha establecido en la legislación de ningún país euro-occidental, salvo los casos de la Alemania nazi (1933-1945) y de la España franquista (1939-1976), que es en mucho el modelo del actual gobierno panista y de sus asesores del PP español.


2. La discusión sobre la minuta que envió el Senado a los diputados y los cambios que un reducido grupo de diputados priístas le hicieron es por consiguiente irrelevante pues toda la discusión debe hacerse sobre el tema de fondo, que es gravísimo: los militares y los marinos no pueden cumplir en un Estado moderno funciones de Ministerio Público ni de policías judiciales o ministeriales, ni mucho menos a nivel federal y local. Las modificaciones del diputado priísta Alfonso Navarrete Prida, aclaradas en La Jornada del jueves 28, sólo la hacen más fascista al pretender que la ilegalidad se puede vigilar y compartir, y por ese hecho deja de serlo.


3. La ley por esto mismo no es susceptible de ser “mejorada” o “revisada” en las cámaras sino que debe ser desechada en su totalidad: porque constituye una aberración jurídica que hundiría más al país en la inseguridad al darle a las fuerzas castrenses seudolegalmente facultades policiales y de MP, tanto en la supuesta “guerra contra el narco” como en materia política o social. Constituiría un ejercicio inútil el debatir durante semanas cómo hacer pasar ante la ciudadanía la tesis de que es “legítimo” el que el Ejército o la Marina actúen en un marco que la comunidad internacional estima es ilegal y para cumplir tareas en las que se considera universalmente que su participación constituye una amenaza para los derechos humanos fundamentales.

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4. Los militares no pueden cumplir funciones policiacas en los regímenes constitucionales modernos, ni siquiera como excepción, porque su preparación se supone es para defender a su nación de agresiones del exterior y no para investigar los delitos, tarea para la que no tienen la mínima preparación y los conocimientos requeridos y para la que se crean policías especializadas, a lo que se agrega la cuestión de su inercia impulsiva que en el México panista los ha llevado a cometer innumerables crímenes impunes.


5. La militarización del país instaurada por Calderón no ha permitido que las fuerzas armadas mexicanas desarrollen capacidades para realizar tarea alguna de investigación (las que llevan a cabo las agencias estadunidenses), pero sí ha conducido a que decenas de miles de militares y marinos se sumen a las filas del narcotráfico junto con su armamento, que integren ahora los grupos paramilitares organizados tanto por el gobierno federal como por los narcos, y que coadyuven con Washington para reorganizar en su favor el negocio. Y con la nueva ley se daría un impulso a este proceso que no ha hecho otra cosa que fortalecer a los cárteles como organizaciones armadas.


6. La Ley de Seguridad Nacional, con todas sus correcciones y manoseos, en la hipótesis improbable de que fuese aprobada, se convertiría en consecuencia en la mayor aberración jurídica en la historia constitucional de México, junto con la Constitución llamada de las Siete Leyes de 1836, que estableció en su segunda ley el llamado “Supremo Poder Conservador”, un cuarto poder por encima de los otros tres poderes, que podía decretar la nulidad de los actos de éstos, y que como es de suponerse fue de efímera duración. No ha dejado empero de recordarse en la historia constitucional de México como un ejemplo de las aberraciones a las que conduce el pensamiento fanático de la derecha mexicana, que entonces, como ahora, era un almácigo de militares, miembros de la jerarquía eclesiástica y ricos propietarios. A nadie extraña hoy por lo mismo que diversas organizaciones empresariales estén ciegamente pidiendo la aprobación de esta ley.


7. Las otras aberraciones de la “ley” derivan del uso discrecional que se pretende dar al Ejecutivo de las fuerzas armadas para luchar contra el narco, pero también contra el descontento social y político, autorizándolo a suspender a su capricho las garantías individuales y a quebrantar el federalismo al hacer entrar a su voluntad a las fuerzas armadas en la entidad federativa de su antojo, creando lo que se está denunciando todosa los días: un Estado policiaco-militar, y esto es absolutamente inadmisible.


8. El mantenimiento del “fuero militar” en México que se propone, en fin, a pesar de que ha sido cuestionado por múltiples agrupaciones internacionales, propiciaría que en el futuro inmediato marinos y militares actuaran sin temor alguno en materia de derechos humanos, sabiéndose de antemano impunes, por lo que no sería más que la cereza en el pastel del autoritarismo, y por eso es menester que se multipliquen las reflexiones.


9. En este momento de graves definiciones, cuya trascendencia no ha sido advertida por muchos sectores, aunque las decisiones a tomarse comprometan el destino de muchas generaciones, urge una movilización más vigorosa del pueblo mexicano. La situación crítica actual no ha sido creada por las circunstancias sino que la ha forzado el gobierno de la derecha, que no tiene otro argumento para seguirse apropiando de los recursos estratégicos de los mexicanos que el de hacer resurgir las primitivas doctrinas del fascismo y del franquismo, mal encubiertas por los sibilinos discursos de Felipe Calderón, el PAN y sus aliados priístas. Si México ha de prevalecer como una nación independiente y un espacio de libertades ha de ser por la lucha de todos.


10. Es imperioso que el pueblo de México tenga claridad de lo que representa una “guerra” de objetivos inconfesables y una legislación perversa que tiende a crear un Estado policiaco-militar, y no se frene para decirle a Felipe Calderón, al PAN y a sus aliados priístas que ellos son los verdaderos responsables de los crímenes y que: “¡Ya basta!”


abril 22, 2011

Cartón de Hernández: El lema del sexenio


Cartón de Hernández: Responsabilidades


La iniciativa

La iniciativa

Luis Javier Garrido

La descabellada “guerra contra el narco” de Felipe Calderón ha tenido como rasgo fundamental el estarse llevando a cabo en violación a principios centrales de la Constitución y de las leyes federales, por lo que el país ha vivido durante cuatro años en un estado de excepción hundiéndose en la ilegalidad, pero el gobierno de la derecha mexicana, lejos de rectificar, lo que pretende ahora es modificar las leyes de la República para hacer aún más viable ese autoritarismo desbocado.

1. Las transgresiones de Calderón al orden constitucional para lograr el objetivo de militarizar el país, tal y como lo pactó con Estados Unidos, han sido múltiples, pero basta señalar algunos de sus rasgos para comprender la gravedad de lo que acontece: a) el Ejecutivo ha asumido facultades que constitucionalmente no tiene, como si viviésemos en una monarquía, para lanzar esta “guerra” dejando al Congreso como una comparsa; b) se han suspendido de hecho las garantías individuales en casi la mitad de las entidades, en violación a lo prescrito por el 29 constitucional, que prevé que esto sólo puede acontecer mediante una ley votada por el Congreso; c) el sistema federal y la autonomía municipal están siendo reducidos a escombros, teniendo como eje de todo esto, d) al Ejército y a la Marina, que están actuando como policías al margen de la ley, pasando por sobre los derechos de los mexicanos en una subordinación cada vez mayor a Washington, y e) como corolario, se están entregando funciones del Estado mexicano a las agencias estadunidenses, que ya dan órdenes en el territorio nacional.

2. La iniciativa de modificaciones constitucionales y legales en materia de seguridad que Calderón envió en 2010 al Congreso a fin de hacer “constitucional” la política de violencia a la que ha llevado a México parece haber sido elaborada por una mente desquiciada, pues, con el pretexto de aprobar una Ley de Seguridad Nacional, se busca establecer un discrecionalismo presidencial para utilizar a las fuerzas armadas, hacer “legal” la actuación del Ejército y la Marina en funciones judiciales y colocar a ambos cuerpos como un poder por encima de la Constitución, abrir la vía a la represión de los movimientos sociales, dejar en manos del Ejecutivo la posibilidad de decretar por su sola voluntad la suspensión de las garantías, “legalizar” de paso el intervencionismo de Estados Unidos y, en suma, sentar las bases para un Estado militarizado.

3. Las luchas sociales del pueblo mexicano, como las de la mayor parte de los pueblos de la Tierra, han tendido a dos cuestiones fundamentales íntimamente vinculadas, a) el hacer valer sus derechos fundamentales, empezando por el derecho a la vida y el derecho a la felicidad, y b) el acotar al mismo tiempo las funciones de quienes gobiernan, entendidos como sus representantes, y estos dos aspectos los reduce a nada la iniciativa bárbara de Felipe Calderón.
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4. En los tres periodos de nuestra historia independiente en que la extrema derecha ha pretendido “gobernar” a México, y que han sido desastrosos para los mexicanos por su fanatismo depredador, los rasgos han sido los mismos. Al igual que en la primera república centralista (1836-1842) y que en la segunda (1843-1845), en la actual alternancia panista (2000-2011) el desprecio a la legalidad que evidencia un gobierno sustentado en los poderes eclesiástico y castrense y en las clases privilegiadas es absoluto.

5. Un proyecto tan descabellado como el que de Los Pinos se envió al Congreso, que trastoca por completo el orden constitucional y contraviene el marco legal internacional en materia de derechos humanos, se entendió desde hace meses que no iba a ser aprobado por las cámaras y que era sólo una moneda de negociación del gobierno panista para seguir abriendo, mediante una que otra contrarreforma, la vía a la entrega del país mediante el fortalecimiento de las atribuciones presidenciales y la “legalización” de las acciones bárbaras de las fuerzas armadas. Pero la información publicada por La Jornada el miércoles 20 y el jueves 21, en el sentido de que un sector de priístas y algunos perredistas están actuando ya en subordinación al panismo para intentar dar un albazo el lunes 25, aprobando buena parte de las exigencias calderonianas, ha alarmado a amplios sectores.

6. El móvil fundamental de esta estrategia de endurecimiento de las políticas oficiales está a la vista y no puede esconderse. La extrema derecha mexicana ha llevado hasta sus extremos su ambición de mantenerse en el poder para satisfacer una serie de intereses privados y no le preocupa destruir el precario estado de derecho ante los que entiende como riesgos para sus objetivos transexenales, el principal de los cuales es el descontento manifiesto de la administración Obama ante la forma en que se han implementado las políticas de militarización en función de la Iniciativa Mérida.

7. La iniciativa de Calderón sobre seguridad obedece a la ideología ultraconservadora del régimen, a los indicadores económicos que evidencian una agravación de la crisis generada por las políticas neoliberales, a la demanda de un sector de militares embravecidos por las críticas a su actuación, al miedo sicopatológico de los funcionarios panistas al pueblo y, desde luego, a la sique alterada de quienes están ejerciendo los cargos de responsabilidad estatal ante el escenario del 2012, pero sobre todo a las exigencias estadunidenses, que se manifiestan en los continuos señalamientos del fracaso de la instrumentación que han hecho los panistas de “la guerra contra el narco”, y de la ineptitud y corrupción de las fuerzas armadas mexicanas para cumplir tareas policiales.

8. La propuesta de modificaciones constitucionales y legales de Calderón no va a ser aprobada tal cual, desde luego, pero de no ser detenida y enviada a la congeladora por un grupo de legisladores conscientes, aquello que se apruebe de la iniciativa original, por muy poco que sea, va a ser desastroso para el país; de ahí la alerta en la sociedad.

9. El aspecto más grave de las políticas de militarización desbocada del territorio nacional no ha sido que éstas se lleven a cabo coartando de manera flagrante los derechos de los mexicanos y trasgrediendo principios centrales del marco constitucional, sino que esto haya sido posible por la corrupción de los legisladores, que no cumplieron con su función de frenar los desvaríos irracionales de un Ejecutivo al margen de la legalidad y, sobre todo, de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no han cumplido con el mandato de ser garantes de la constitucionalidad de las leyes y de los actos de la administración y son corresponsables de que México se halle hundido en la ilegalidad y en la barbarie.

10. El único freno posible a la irracionalidad de “la clase política” tiene que ser así, una vez más, el pueblo organizado, que una y otra vez le espete al gobierno de Felipe Calderón y a sus políticas de violencia un enérgico: “¡Ya basta!”

abril 15, 2011

Cartón de Hernández: Bola de irresponsables


Los beneficiarios

Los beneficiarios

Luis Javier Garrido

La pregunta de a quién beneficia la “guerra contra el narco” de Felipe Calderón tiene una respuesta evidente: al proyecto intervencionista de Washington y a los intereses económicos, financieros y políticos del grupo yunquista-calderonista en el poder en México. De ahí la negativa violenta de Calderón a detener la escalada de violencia en la que funda sus políticas de ambición transexenal.

1. El clamor nacional de “¡Ya basta!”, dirigido al gobierno del PAN, más intenso tras la ejecución del joven Juan Francisco Sicilia y sus compañeros el 28 de marzo en Temixco, Morelos, está siendo desvirtuado por una virulenta campaña propagandística y de desinformación del gobierno, pretendiendo que debe ser dirigido “al crimen organizado” y no a los panistas, que son, como todo mundo sabe, quienes han generado la violencia y la están administrando en función de sus intereses económicos y políticos, y que para muchos mexicanos forman parte de una mafia que debe ser calificada también como parte del “crimen organizado”.


2. Tras de que un grupo de trabajo de Naciones Unidas recomendó al gobierno el retiro, a corto plazo, del Ejército de este escenario (31 de marzo), un vocero oficial respondió que los militares continuarían en las calles, pero ahora que ha crecido la movilización promovida por el poeta Javier Sicilia –que al no obtener respuesta exige la renuncia de las autoridades de Morelos y anuncia una marcha a la capital–, el propio Calderón reiteró fúrico su negativa a terminar con la violencia en un discurso desbocado el martes 12, en el que pretendió eximirse de responsabilidad por haber llevado a México a un baño de sangre en función de intereses privados.


3. Las sinrazones del gobierno calderonista para seguir administrando la violencia y confundiendo a los mexicanos son muy claras: cumplir sus compromisos entreguistas con Washington, a fin de conseguir el respaldo de la Casa Blanca para que Acción Nacional siga en Los Pinos en 2012 y los beneficiarios de la violencia continúen adueñándose del país.

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4. La cuestión de ¿cuál es el sentido de la supuesta guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico? se la formula también, entre otros, Noam Chomsky en su último libro Esperanzas y realidades (Tendencias Editores, Barcelona, 2011), respondiéndose que para interpretarla habría que responder a la cuestión de “¿a quien beneficia?”, y no duda en afirmar, coincidiendo con diversos especialistas de Naciones Unidas, que esta “guerra” es una “caricatura”, pues ha dejado intactos los poderes económicos privados “que participan masivamente en el tinglado”.


5. El endurecimiento fascistoide del gobierno entraña por lo mismo una serie de señales a esos beneficiarios de la guerra “de Calderón” que son las grandes corporaciones trasnacionales, que él busca no lo abandonen en el año 2012. De ahí el perverso intento oficial por criminalizar al movimiento electricista y al SME, torpemente secundado por Marcelo Ebrard, también por ambiciones futuristas, o la desesperación de Los Pinos por hacer aprobar al Congreso la contrarreforma laboral que pretende dejar en letra muerta el artículo 123 y cancelar los derechos de los trabajadores mexicanos.


6. La política intervencionista de Estados Unidos en la era postbushiana se ha sustentado en cuatro “argumentos” que han quedado evidenciados en lo que va del siglo XXI como pretextos mal fundados: la defensa de los derechos humanos (Libia) y la lucha contra el terrorismo (Irak), la guerrilla (Colombia) y el narcotráfico (México), calificados alternativamente como narcoterrorismo. La pretendida “lucha contra el narcotráfico” es ahora el más utilizado, y por eso a pocos especialistas extrañó que la 28 Conferencia Internacional contra las Drogas, auspiciada por la DEA, se efectuara en Cancún del 5 al 7 de abril, ni que su presidente fuese Genaro García Luna, titular de Seguridad Pública –señalado en diversas ocasiones por sus vínculos con el narcopoder–, ni mucho menos que la principal conclusión de esta reunión fuese la tesis intervencionista de la administración Obama: que la lucha contra el narcotráfico debe ser en el futuro “global”, para obviamente “legalizar” la entrada de las agencias estadunidenses armadas a los países en los que Washington tenga intereses estratégicos.


7. Las sospechosas matanzas de días recientes, atribuidas sin fundamento al narco, inciden en este escenario de intervencionismo, pues tras el descubrimiento a principios de mes de por lo menos 120 fosas en San Fernando (Tamaulipas) –donde en agosto de 2010 fueron ejecutados 72 migrantes–, el miércoles 13 varios legisladores estadunidenses, tras reiterar el argumento de que México es un “Estado fallido” y que la situación representa un peligro para el pueblo de Estados Unidos, se plantearon la posibilidad de enviar tropas a nuestro país.


8. El senador Michael McCaul, tras pretender que no hay una estrategia “integral” de Washington sobre México y sugerir en una audiencia ante el Subcomité de Asuntos Hemisféricos de la Cámara de Representantes, se apliquen aquí “los esquemas de Colombia”, recordó que ahora hay un gobernante en México que quiere trabajar con ellos, pero que al desconocerse en Washington que acontecerá en las próximas elecciones y si seguirán teniendo, tras 2012, “las mismas oportunidades”, era la hora de diseñar una “nueva estrategia” que debería iniciarse con lo que llamó “una operación militar conjunta”.


9. Muy significativo es que el miércoles 13 en su programa nocturno los locutores de Televisa coincidieran con la tesis del “desastre institucional” que permite “justificar” el intervencionismo y que, como lo hicieron algunos diarios mexicanos del 14, sostuvieran que Tamaulipas “no es ya parte del Estado mexicano”, que no ejercen ahí sus funciones “el gobierno estatal ni las autoridades municipales” (Loret de Mola), que existe “un gobierno del crimen organizado” y estamos ante “un Estado fallido” (López Dóriga). A casi un año del homicidio no aclarado de Rodolfo Torre Cantú, candidato del PRI a la gubernatura, el 28 de junio de 2010, se busca arrebatar a los priístas la entidad, llevarla a un estado de excepción y, con vistas a 2012, utilizarla como el escenario de ensayo de un abierto intervencionismo estadunidense.


10. El consenso nacional que se ha ido generando en estos meses es muy claro frente a todo esto. La “estrategia” del gobierno panista de facto para supuestamente luchar contra el narco, ha generado una espiral de violencia y está permitiendo a las fuerzas más oscuras del yunquismo-calderonismo auspiciar matanzas brutales para justificar la tesis del “Estado fallido” y el intervencionismo de Washington, y no puede ser considerada como una “estrategia equivocada”, como suponen ciertos sectores. Es abiertamente una estrategia perversa, con objetivos económicos y políticos muy evidentes, y por eso se le está espetando a Calderón, señalado como responsable del desastre, ese contundente: ¡Ya basta!.


abril 10, 2011

Por qué no podemos aceptar

sábado 9 de abril de 2011

Por qué no podemos aceptar la propuesta de Javier Sicilia

Guadalupe Lizárraga

Con todo su dolor, Sicilia habla a los medios para pedirnos a los mexicanos, prácticamente que olvidemos el pasado y empecemos de nuevo. Nos pide que “Lleguemos a un pacto, por lo menos un pacto nacional entre nosotros, porque si no, no vamos a salir, pero la convocatoria no puede salir de mí, –dice– quienes están al frente del país son los que tienen que convocar a esto” y les pide a los sicarios que vuelvan a su "código de honor".

Y con todo respeto que nos merece su trágica pérdida, hemos de responder precisamente con la congruencia que el dolor de un país tan lastimado como el nuestro puede darnos. Pero la congruencia no puede venir sólo del dolor, ciertamente, tenemos que hacernos muchas preguntas, muchas reflexiones y hacer memoria para tomar decisiones colectivas, hoy, en un momento crítico en el que México sigue muriendo.

¿Contra quién sería ese pacto nacional que propone Sicilia? ¿Contra las mafias narcotraficantes? ¿Contra los que han estado asesinando impunemente a los jóvenes, mujeres y niños? ¿Cuál es el problema realmente? ¿El que asesinen indiscriminadamente, el que trafiquen ilegalmente, o el que queden en impunidad? ¿Podrá ser racional un ejecutor que ha degollado a una veintena de personas lo mismo que el narcojefe Chapo Guzmán que se ha vuelto multimillonario reconocido internacionalmente? ¿Realmente se puede hablar de un código de honor para asesinar? ¿El pacto es pedirles que sólo se maten entre ellos? ¿Y los 25 mil niños que trabajan para el narcotráfico, está bien que mueran, mientras no se metan con "nosotros", los del pacto? ¿Podrán estos “señores” criminales comprender la razón intrínseca en un pacto de esta naturaleza?

¿Quiénes son los que están al frente del país y que según Sicilia “tienen que convocar a ese pacto”? El actual titular del Ejecutivo federal es producto de una elección fraudulenta que nos impidió tener la certeza de resultados legítimos y legales de las elecciones en 2006, una historia repetida en nuestro país. ¿No es acaso un criminal quien se roba las elecciones? ¿No es acaso un criminal quien miente a sus electores? Por supuesto que hay de criminales a criminales. Pero, querido lector, te pido que sigas leyendo hasta el final del texto.

La investidura del presidente de la república no es suficiente para convocar un pacto de no violencia, y olvidar sus acciones del pasado, mediato e inmediato. La guerra existe por convenio firmado en noviembre de 2007 entre Calderón y Bush. Fue una decisión, al margen del pueblo. El gobierno mexicano ha recibido más de 2 221 millones de dólares para combatir al narcotráfico, pero el cártel de Joaquín Chapo Guzmán sigue intacto. Las narcomantas, que han aparecido junto a los muertos y decapitados desde 2006, han puesto en evidencia que el combate es selectivo y la reacción sanguinaria de los rivales del Chapo no va a parar hasta que se respeten sus plazas.

Al frente del país están también los legisladores y jueces. ¿No son acaso quienes nos están robando y acordando reformas en contra de nosotros mismos? ¿Son ellos los que quiere que nos convoquen a un pacto de no violencia, mientras permitimos que sean violentos contra los derechos de los trabajadores?

¿Qué han hecho por el pueblo mexicano estos “señores” del poder público, señor Sicilia? ¿Irse de vacaciones a París o a Roma con el erario, en plena crisis económica y cuando las muertes se cuentan por miles de jóvenes sin apellido prominente? ¿Por qué ellos, los del poder, habrían de convocarnos a un pacto contra el narcotráfico, si cada día nos cuestan las drogas que consumen personalmente, nos cuesta el alcohol que se beben, los viajes que realizan, los escandalosos sueldos que ganan? ¿No es eso violento?

¿Por qué los ciudadanos vamos a pactar con quienes nos están denigrando, los que nos están expulsando de nuestro propio país, los que nos están robando y amenazando a diario? No, señor Sicilia, hay un problema para aceptar su propuesta, al menos de muchos mexicanos que no podemos ni olvidar ni perdonar lo que le han hecho a nuestro país ni a nuestras familias.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación también está al frente de México. ¿Por qué habrían de convocarnos los jueces a un gran pacto nacional para frenar la violencia que les resulta indiferente a ellos? ¿Cuántos hijos de ministros y jueces han asesinado en estos cuatro años? ¿Cuántas hijas de jueces han secuestrado, violado y tirado en un terreno baldío? ¿Hay alguna hija de un alto funcionario que haya desaparecido junto con las jóvenes de Ciudad Juárez? ¿Cuántas casas de los ministros han incendiado, después de una denuncia de de derechos humanos? ¿Podrán abanderar un verdadero pacto estos “señores” que están tan ajenos a nuestro dolor y tan cercanos al crimen organizado?

Piense señor Sicilia, ¿por qué habríamos de pactar con quienes han declarado la absolución de criminales como Raúl Salinas de Gortari (2009), el desparecido ex diputado Manuel Muñoz Rocha que nunca pisó la cárcel, absuelto también en 2009, o en un caso más reciente el asesino confeso de Ciudad Juárez, Sergio Barraza Bocanegra, en 2010, sólo por mencionar algunos? ¿Acaso no han sido estos jueces los responsables de que nuestro sistema de justicia, local y nacional, esté quebrado, corrompido y sólo sirva para proteger a criminales confesos o disfrazados de funcionarios?

Piense, señor Sicilia, ¿realmente podemos dejarnos liderar por los criminales que ocupan el poder público? ¿O cómo le llamaría usted a un funcionario que recibe dinero por dejar absuelto a un criminal? ¿No sería también un criminal? ¿Y al funcionario que permite el paso de la droga en la aduana? ¿Y al presidente del país que insiste en la masacre, en vez de convocar a una cumbre para la legalización del tráfico? ¿No le resulta tan sospechoso que siendo tan fallida la guerra, tan costosa en vidas, se insista en la misma estrategia? ¿No es criminal eso?

No podemos aceptar ningún pacto, ninguna convocatoria, de quienes nos han ofendido, depredado y diezmado, sólo porque están ahora al frente del país. No señor. No podemos olvidar que “ellos”, los ocupantes de los poderes públicos, están al frente del país, no porque los ciudadanos los hayamos puesto. Llegaron ahí por el tráfico de influencias, por nepotismo y por corrupción.

Quienes están al frente del país son también los integrantes del Congreso de la Unión. ¿No son acaso quienes nos han robando y acordado reformas en contra de nosotros mismos? ¿Son ellos los que quiere usted que nos convoquen a un pacto de no violencia?

Usted dice, señor Sicilia, “que puede sentarse con todos los sectores a dialogar, pero el que tiene que convocarlos a un pacto nacional, por estar al frente del país, es el presidente Felipe Calderón”. Con todo respeto, usted señor Sicilia es una víctima más del mal gobierno de Felipe Calderón. No es una cuestión personal, ni mucho menos, es un problema sistémico que ningún diálogo con ningún sector puede arreglar. No es pues, un asunto de palabras. Nunca lo ha sido. Es un asunto de acciones colectivas contra ellos mismos, contra quienes tienen al país hundido.

El estado de derecho ha sido fracturado porque se permite la impunidad, a quienes les pagamos por no permitirla. Cada uno de los mexicanos con cierto poder, dinero o influencias políticas, puede violar a nuestras hijas y matar a nuestros hijos, y tener total impunidad. Con Carlos Salinas de Gortari aprendimos lo que era la impunidad de los poderosos. Eso no podemos olvidarlo ni perdonarlo. Calderón solamente es un peón del gran juego de ajedrez que se mueve en torno al narcotráfico. No nos pida que un criminal convoque a un pacto contra criminales.


Por eso, no podemos aceptar su propuesta. Hablo por mí, por mi familia y por los 40 mil asesinados que hoy no olvidan ni perdonan haber muerto.

abril 09, 2011

Cartón de Hernández: La otra alianza


Los buenos y los malos

Los buenos y los malos

Luis Javier Garrido

El discurso propagandístico del gobierno de Felipe Calderón en que ha sustentado su “guerra contra el narco” y con el que busca eludir su responsabilidad histórica por el desastre al que ha llevado al país, pretendiendo culpar de la violencia que ha destruido a México en los últimos cuatro años a las fuerzas “del mal” denominadas “el crimen organizado”, ha fracasado por completo y sólo los panistas parecen no darse cuenta de ello.

1. La ejecución de siete personas, en su mayoría jóvenes –entre ellos el hijo del poeta Javier Sicilia–, el pasado 28 de marzo en las cercanías de Cuernavaca, ha constituido un momento de viraje en la actitud de los mexicanos ante lo que acontece, pues ha colmado a amplios sectores que hasta ahora habían permanecido pasivos ante la depredación del país llevada a cabo por el gobierno calderonista, y se están sumando ya a los sectores más conscientes de la población manifestando por todos los medios su hartazgo ante las políticas con las que el gobierno del PAN ha ido hundiendo a México en lo que va de este sexenio y que no dudan ya en calificar de “criminales”.


2. Las imágenes de diversos noticiarios de televisión del miércoles 6 de abril tras las manifestaciones llevadas a cabo en Cuernavaca y otras ciudades del país no dejan lugar a dudas del sentir popular pues, al igual que con sus pancartas, los asistentes gritaban que se vayan, “¡Fuera Calderón!” y “los asesinos están en Los Pinos”, a pesar de que varios de los medios masivos intentaron presentar las movilizaciones como una demanda al gobierno para extremar sus políticas represivas o buscaban culpar del crimen al gobernador panista Marco Antonio Adame, molestos por la filtración de la información en la que el procurador estatal había afirmado que serían militares los responsables del homicidio de Juan Francisco Sicilia y sus compañeros.


3. Las ejecuciones de Cuernavaca han puesto de esta manera a discusión de nuevo la cuestión central de lo que acontece: ¿dónde está el lindero que permite distinguir las acciones de las fuerzas armadas “del Estado” y de las agencias estadunidenses, que están actuando de continuo violando la ley para amedrentar al pueblo y defender ciertos intereses del narco asociados a la “clase política” y financiera oficial, y las fuerzas armadas de los otros cárteles?


4. La militarización de México o “guerra contra el narco”, impuesta al gobierno de Felipe Calderón por Washington a cambio de respaldarlo en la elección fraudulenta de 2006, ya se sabe que buscaba desde un principio generar un escenario de caos y amedrentamiento, que permitiese a Estados Unidos controlar más directamente el aparato de Estado mexicano con el pretexto de velar por su “seguridad interna”, pero en realidad para adueñarse de nuestros recursos estratégicos, y a los panistas usufructuar el poder político en beneficio de diversos grupos mafiosos, y por lo mismo esa supuesta “guerra” se sustentó en un discurso maniqueo y mentiroso que pretendía que se libraba entre las fuerzas “del bien” y las “del mal”. Es decir, el mismo discurso que a Washington le ha permitido, de Afganistán e Irak hasta Libia, tratar de alcanzar objetivos económicos, uno de los cuales es desde luego el de reordenar en su beneficio el mercado del narcotráfico.

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5. La revisión de algunos de los episodios más terribles de este sexenio muestra que en buena parte de ellos no se trató de masacres cometidas por “los cárteles”, como dijo la versión oficial con la lógica de “los buenos” y “los malos”, sino de crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado por diversos motivos: la política de amedrentar a los jóvenes y a los sectores marginales, la connivencia de sectores de esas fuerzas de seguridad oficiales con grupos del narco, la represión ciega y no controlada de un personal poco preparado, los errores. En suma, la fascistización a la colombiana de las fuerzas oficiales.


6. Y aquí surge otra pregunta: ¿cuáles son los intereses de las elites políticas y financieras de Estados Unidos en el negocio? El actor estadunidense Edward James Olmos, de origen mexicano, que acudió a Cuernavaca a solidarizarse con el poeta Javier Sicilia y el movimiento de repudio a las políticas oficiales, tuvo serios problemas al ser entrevistado el miércoles 6 para explicar por qué en Estados Unidos, que es uno de los principales productores y el mayor consumidor de drogas en el mundo, las agencias estadunidenses no combaten a los cárteles como lo hacen en México y nadie acusa a la Casa Blanca de tener un entendimiento con “el crimen organizado”. Como tampoco hay políticas de “guerra contra el narco” en Rusia, en Francia, en Turquía o en España, o incluso en el Afganistán ocupado por el Pentágono, en donde los cárteles operan con plena libertad.


7. La resistencia popular tiene que hacer frente a un desafío cada vez mayor, pues las políticas estadunidenses lejos de moderarse son cada vez más agresivas, como muchos no parecen darse cuenta, y la sumisión del gobierno panista (y del PRI) es absoluta. El almirante James Winnefeld (jefe del Comando Norte) señaló el martes 5 ante el Congreso estadunidense que el gobierno de Felipe Calderón debe llevar su “guerra contra el narco” a la frontera sur, lo que fue reiterado ese mismo día en Cancún por Michele Leonhart (directora de la DEA) en la 28 Conferencia Internacional contra las Drogas, y nadie refutó esta tesis desde el gobierno.


8. La responsabilidad de Calderón y de los panistas en esta “guerra”, que no es contra el narco sino contra México, la comparte de manera fundamental el PRI, que avaló la designación como nueva procuradora de la República de la abogada Marisela Morales Ibáñez, quien ha dado muestras de falta de probidad y carencia de preparación para el cargo, y cuya designación anuncia que sólo va a fungir como marioneta de las agencias estadunidenses. Humberto Moreira, nuevo presidente del PRI, resultó bravucón en público pero agachón ante Calderón y Estados Unidos, y debe aceptar su corresponsabilidad en la violencia ciega que prevalece en el país y en el hecho de que las cámaras federales no constituyan un contrapeso ante las políticas del panismo, ni mucho menos una instancia de defensa de la soberanía nacional.


9. El hecho de controlar más directamente a la PGR no va a frenar a Washington de ejercer cada vez más presión contra el débil gobierno mexicano. Robert Mueller, director de la FBI, declaró el día 6 ante un subcomité de la Cámara de Representantes que la violencia en México ha alcanzado niveles “sin precedentes”, que reconoció son mayores que en los años de la Revolución Mexicana, lo que, insistió, amenaza a Estados Unidos (ignorando, desde luego, la responsabilidad de Washington en ello), e instó a extremar las políticas actuales.


abril 07, 2011

Discursos Javier Sicilia (abril 6, 2011)


A LAS FUERZAS ARMADAS DE MEXICO.

Ustedes han sido siempre los custodios de la paz de la nación. Por ello, nunca habríamos querido verlos fuera de sus cuarteles más que para repeler una invasión extranjera o para ayudarnos, como lo han hecho siempre, en las catástrofes naturales. Ahora los han sacado a la calle para combatir lo que a las policías pertenece. No los queríamos allí, pero allí los han puesto, provocando con ello una escalada en la violencia al incitar al crimen organizado a enfrentarse a ustedes con armas más poderosas. Son ya cuatro años de guerra y lejos de disminuir, el consumo y tráfico de drogas ha aumentado, lejos de sentirnos seguros, nos sentimos con miedo y coraje ante la impotencia de verlos pelear en nuestras calles. Por ello les exigimos, como ciudadanos de esa patria que defienden y custodian todos los días, que no permitan que en sus filas anide el crimen y crezca la complicidad.


Muchos de los asesinos que hoy dañan a la nación de manera terrible en nuestros hijos e hijas, provienen de la deserción de sus filas. La crueldad con la que esos desertores actúan tiene un origen que debe ser revisado cuidadosamente y sanado dentro de sus instituciones para que la deserción no se repita ni los códigos de honor que deben ser parte de la educación de las fuerzas armadas no se traicionen nunca ni en ninguna situación.

Bajo el peso de los casi 40,000 muertos que llevamos a nuestras espaldas, en medio de las mal llamadas bajas colaterales que su intervención en esta guerra ha producido, en medio del horror y del infierno que parecen no tener fin, en medio de la inseguridad que se ha apoderado del espacio y del tiempo de nuestra nación hasta convertir los espacios públicos y las horas, en los lugares y las horas equivocadas, en medio de esta miseria, ustedes deben devolvernos la confianza de que realmente custodian a la nación y de que no debemos temerles cuando nos encontramos frente a ustedes.
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Esa confianza, custodios de la patria, sólo podrá ser devuelta cuando ustedes dejen de mirarnos como meras estadísticas de guerra y cuiden las sagradas vidas de los jóvenes que son la vida de nuestra nación. Nuestros muertos, los muertos que llevamos todos en nuestro corazón a causa de esta absurda guerra, esos muertos que nos duelen, recuérdenlo bien, no son bajas colaterales, no son cifras, no son números en un expediente, no son abstracciones. Son seres humanos con un nombre, una historia, un rostro y sueños. Recuerden también que detrás de cada una de esas vidas cegadas hay padres, madres, hermanos, familias que como la mía y la de los muchachos que murieron también asesinados al lado de mi hijo Juan Francisco el 27 de marzo están amputadas y no podrán ya ser las mismas en la felicidad que merecían y les correspondía. Por ello, por ese dolor sin límite, hoy más que nunca el respeto a los derechos humanos debe obligarlos absolutamente a evitar esa tragedia que llaman irresponsablemente daños colaterales.

El dolor, custodios de la patria, que nos ha hecho salir a las calles y detenernos un momento delante de su casa es para finalmente decirles que el dolor no debe servir para sembrar odio sino para encontrar la paz, el amor y la justicia que perdimos.


A LA PGR.

Uno de los males fundamentales que tiene sumida a la nación en el dolor, en la muerte, en el miedo, en la desconfianza y la incertidumbre es no sólo la falta de una verdadera y sólida procuración de justicia en nuestro país, sino la corrupción que desde hace mucho tiempo se ha instalado en el corazón de sus instituciones. Esta obviedad que está en la mente, en la piel, en el dolor de los ciudadanos como una herida que no cierra, lleva cargando sobre sus espaldas no sólo casi 40,000 muertos, sino otros tantos miles de casos no resueltos por omisión, por comisión o por complicidad con el crimen. Los mejores de ustedes han tratado de sanear ese corazón fundamental para la vida de la sociedad. Pero se ha logrado poco. No sólo la mayoría de los casos quedan sin resolver y se archivan como si los sufrimientos y los agravios de seres humanos fueran sólo eso, casos, no vidas humilladas que piden la restitución de una dignidad perdida o arrebatada, sino que muchas veces también los asesinos que arrancan la vida de nuestros hijos salen de sus propias filas. Así lo expresó hace unos días el propio Procurador de Justicia de Morelos cuando en relación con la muerte de mi Juanelo, de Luis, de Julio y de Gabo, definió a sus asesinos como “personal que estuvo involucrado en instituciones públicas” y que pueden ser “policías, agentes ministeriales o militares”, para luego desdecirse por temor o compromisos con lo políticamente correcto.

Impartir justicia después de conocer la verdad de los hechos es probablemente la mayor responsabilidad que una autoridad puede tener. Cuando no se asume esta responsabilidad y, como ha sucedido a lo largo de décadas en esta nación, se conciente la impunidad, tenemos esta sociedad que alienta la violencia y debilita, como nos está sucediendo ahora, a todas las instituciones de la nación. Y sin justicia ni paz, yo les pregunto por todos los ciudadanos, ¿cómo se puede vivir?

Sabemos que en estos tiempos en donde por este consentimiento está desgarrado el corazón de nuestro país y se ha instalado en él la violencia irracional y el miedo, no es fácil ser un buen policía, un buen juez, un buen abogado, un buen fiscal. Sin embargo, no tenemos otra opción; ninguna otra opción. Si no tenemos policías, jueces, abogados, fiscales, honestos, valeroso y eficientes; si se rinden al crimen y a la corrupción, están condenando al país a la ignominia más desesperante y atroz.

Señor procurador de Morelos, señores procuradores de cada rincón del país, policías y miembros de los ministerios públicos cumplan con la justicia que no han procurado y que hoy les reclamamos. Sólo así tendrán de nuevo nuestra confianza y sabremos que no nos encontramos solos e inermes como hasta ahora nos encontramos. Reconozcan el lugar que tienen como pilares de esta casa que llamamos México

El dolor que nos ha hecho salir a las calles es, como se lo dijimos a las fuerzas armadas, al detenernos delante de su casa, no debe servir para sembrar el odio y fomentar el crimen sino para encontrar el amor, la paz y la justicia que perdimos.

Cumplan con su trabajo dignamente.

EN EL ZÓCALO

Los espantosos asesinatos de mi hijo Juan Francisco Sicilia Ortega, de Luis Antonio y Julio César Romero Jaime, y de Gabriel Alejo Escalera, han llenado de indignación y de dolor a la ciudadanía de Morelos y de la nación entera. Sus nombres, sus historias y sus sueños destrozados, que el amor de la ciudadanía sacó a la luz pública, ha hecho posible que se pusiera también nombre, historias y sueños a otros miles de muchachos asesinados y criminalizados por la violencia que se ha apoderado del país, de sus instituciones y de la imaginación del narcotráfico y de esa mal llamada clase política. Hasta antes de ellos, con algunas excepciones, esos muertos eran, como lo dije delante de las casa del ejército y de la justicia, simples cifras, simples abstracciones, bajas colaterales o criminales, “escorias”, como estúpidamente se les ha llamado. A partir de ellos, esas cifras son lo que siempre han sido y siempre deberán ser: vidas humanas cegadas y familias destrozadas, dolor que día tras día se ha ido acumulando en los corazones de todos los ciudadanos de este país. Juan Francisco Sicilia Ortega, Luis Antonio y Julio César Romero Jaime, Gabriel Alejo Escalera, no sólo son desde que los encontraron asesinados el nombre de todos esos muertos anónimos cuyos casos se encuentran en los archivos de las procuradurías y del ejército y en la desmemoria de nuestros gobernantes, son también el nombre de nuestros muchachos vivos, de nuestra juventud que corre el mismo peligro y a quienes no estamos dándole la vida que merecen. Porque mientras los pocos muchachos –cada vez menos– que pueden alcanzar un alto nivel educativo, carecen de empleo, son subcontratados o subpagados y están en peligro de ser asesinados como fueron asesinados nuestros hijos, los muchos otros que no pueden siquiera acceder a la educación y a la cultura, ni siquiera a un empleo subpagado, se encuentran a la deriva, con el horizonte roto, seres humanos que están o pueden ser reclutados por el crimen organizado para matar y terminar también asesinados.

No hablo de una fatalidad. Es lo que hemos construido con la corrupción de las instituciones, con el desgarramiento del tejido social, con la mezquindad de los pleitos y los intereses políticos que sólo buscan enriquecerse con la desgracia, el temor y la simulación; eso es lo que hemos construido cuando decidimos desalojar las virtudes de la educación y decidimos que sólo el dinero, la producción desmesurada, la competencia y el consumo sin límites serían nuestros dioses; eso es lo que hemos construido cuando hicimos del egoísmo y del enriquecimiento una virtud y arrojamos las riquezas de la cultura, de la educación, de la amistad, de la convivencia y de la solidaridad al terreno de las cosas inútiles.

Cuando los seres humanos tienen que levantarse día con día para hacer vivir a sus hijos con salarios miserables y saber que quizá no regresarán porque nuestras autoridades no están haciendo lo correcto; cuando los criminales, a fuerza de impunidad, han perdido sus códigos de honor; cuando, por lo mismo, deben vivir de lo que los católicos llamamos la esperanza en Dios, porque los gobernantes y los empresarios no pueden darle ya a sus compatriotas una esperanza humana, que es la sombra de la esperanza de Dios, cuando esto sucede, y es lo que está sucediendo, es señal de que empezamos ya a habitar en el infierno.

Desde que mi hijo Juan Francisco y Luis y Julio y Gabo fueron asesinados, sentí a cada uno de los muchachos y muchachas, y a cada niño y niña de esta nación como miembros de una misma familia –mi familia, mis hijos– que debemos cuidar para que sus sueños no se conviertan en la pesadillas que desde hace tiempo ha comenzado a invadirlos. No podemos permitir más que un muchacho, una muchacha, un niño o una niña sean asesinados. A ellos, los jóvenes de esta nación, que saben usar las redes sociales del espacio cibernético, le pedimos que se convoquen, que se unan, que salgan a las calles y que recuerden que desde siempre las juventudes han movido montañas y le han devuelto la esperanza a la humanidad, como lo vemos hoy en otras latitudes. Aduéñense del presente y decidan el destino y la nación que ustedes quieren.

Cuando sucedió esta desgracia yo no me encontraba en el país y ustedes, que están aquí y a los cuales les agradecemos infinitamente, tomaron, como hermanos, mi causa que es la de todos. Ustedes también tomaron por mí y por los demás padres de familia que estaban sin voz la responsabilidad de exigirle al gobierno de Marco Antonio Adame –un gobierno hasta ahora omiso– el esclarecimiento de los crímenes que debe darse a conocer hoy.

Hasta el momento sólo se nos ha informado que se han identificado a los asesinos, que se han girado las órdenes de aprensión, pero que los asesinos aún permanecen libres y que se desconocen los móviles de este asesinato irracional. Eso no nos basta. Por ello he decidido quedarme aquí, en esta plaza, delante de las ofrendas que han levantado por nuestros hijos, junto con todos aquellos que quieran acompañarme, y en oración, hasta el miércoles 13 de abril. Ese plazo es el que les damos al gobierno de Marco Antonio Adame para que frente a nosotros, frente al pueblo de Morelos, que convocamos a acompañarnos en esta plaza, toda la ciudadanía de Morelos que convocamos para ese día aquí, presenten ante la justicia a los asesinos de nuestros hijos y a sus cómplices. Si no los presentan con pruebas suficientes de que son realmente los asesinos queremos entonces ver salir al gobernador con su renuncia. Los gobernantes deben de entender que son nuestros representantes, nuestros servidores, y que si son inútiles e ineficientes deben irse sean del partido que sean y de la ideología que sea. Un gobierno, como nos lo enseñó Gandhi, sólo existe porque lo aceptamos. Si les retiramos nuestro apoyo ¿qué queda de él?

En el antiguo derecho romano existía una figura: el homo sacher (el hombre sagrado) cuyos crímenes el Estado no podía castigar, pero a quien cualquiera podía matar y quedar impune; un ser que al mismo tiempo que estaba excluido de todos sus derechos civiles era sagrado en un sentido negativo. Hoy en México todos somos de muchas maneras hombres sagrados, es decir, seres desnudos, carentes de protección política y susceptibles de ser asesinados por cualquiera. Hoy también, los ciudadanos que nos quedamos en esta plaza somos más que nunca –como lo fueron Juan Francisco, Luis, Julio, Gabo, la noche en que los asesinaron, como lo fueron también los niños de la guardería ABC, los hijos de las madres de Salvarcar, que hoy nos acompañan, y los casi 40,000 asesinados de este país– hombres sagrados y desnudos. Lo somos porque las autoridades del Estado así lo han decidido con su ineficiencia y porque ante sus omisiones quedamos expuestos a la irracionalidad de los criminales que han perdido cualquier proporción y límite. Si alguien puede protegernos y custodiarnos en estos momentos son millones de conciencias que, gracias a los medios, están atentas a lo que pueda sucedernos.

Hace unos días –y estoy por terminar– leí en esta misma plaza el último poema que escribiré (dedicado a mi Juanelo) hasta que el cuerpo de este México desgarrado en sus inocentes resucite. Ese silencio poético no es, como muchos lo han interpretado, una claudicación, sino un grito. Hay silencios más profundos y significativos que la palabra que viene de él y en él se recoge.

Desde ese silencio poético donde la palabra aguarda hacemos un llamado a las autoridades del país, al Presidente de la República, al Congreso de la Unión, al poder judicial, a los Congresos locales, a los Gobernadores, a los Presidentes Municipales, a los líderes de los partidos políticos, a sus miembros, a los llamados poderes fácticos, a los sindicatos, a los jerarcas de las Iglesias, a los empresarios, a los capos y a las mafias de toda laya para que escuchen. Este silencio doloroso y terrible está gritando cuatro hermosas y profundas palabras: dignidad, paz, justicia y concordia. Ese es el grito que está en el latido de nuestro amado México, el grito de nuestros hijos a quienes la inmisericorde violencia les asfixió la palabra en los pulmones y el de los que estamos aquí, de pie, sembrando nuestra esperanza y gritando por ellos.

Además opino que hay que devolverle la dignidad a esta nación y combatir la violencia con la poesía. Ni un joven ni un niño más asesinados.


abril 03, 2011

Cartón de Hernández: No al intervencionismo


Estamos hasta la madre: Javier Sicilia

‘Estamos hasta la madre’: Javier Sicilia

03/04/2011

PROCESO | México, DF.- El brutal asesinato de mi hijo Juan Francisco, de Julio César Romero Jaime, de Luis Antonio Romero Jaime y de Gabriel Anejo Escalera se suma a los de tantos otros muchachos y muchachas que han sido igualmente asesinados a lo largo y ancho del país a causa no sólo de la guerra desatada por el gobierno de Calderón contra el crimen organizado, sino del pudrimiento del corazón que se ha apoderado de la mal llamada “clase política” y de la “clase criminal”, que ha roto sus códigos de honor.

No quiero, en esta carta, hablarles de las virtudes de mi hijo, que eran inmensas, ni de las de los otros muchachos que vi florecer a su lado, estudiando, jugando, amando, creciendo para servir, como tantos otros muchachos, a este país que ustedes han desgarrado.

Hablar de ello no serviría más que para conmover lo que ya de por sí conmueve el corazón de la ciudadanía hasta la indignación. No quiero tampoco hablar del dolor de mi familia y de la familia de cada uno de los muchachos destruidos. Para ese dolor no hay palabras –sólo la poesía puede acercarse un poco a él, y ustedes no saben de poesía–. Lo que hoy quiero decirles desde esas vidas mutiladas, desde ese dolor que carece de nombre porque es fruto de lo que no pertenece a la naturaleza –la muerte de un hijo es siempre antinatural y por ello carece de nombre: entonces no se es huérfano ni viudo, se es simple y dolorosamente nada–, desde esas vidas mutiladas, desde ese sufrimiento, desde la indignación que esas muertes han provocado, es simplemente que estamos hasta la madre.

Estamos hasta la madre de ustedes, políticos –y cuando digo políticos no me refiero a ninguno en particular, sino a una buena parte de ustedes, incluyendo a quienes componen los partidos–, porque en sus luchas por el poder han desgarrado el tejido de la nación, porque en medio de esta guerra mal planteada, mal hecha, mal dirigida, de esta guerra que ha puesto al país en estado de emergencia, han sido incapaces –a causa de sus mezquindades, de sus pugnas, de su miserable grilla, de su lucha por el poder– de crear los consensos que la nación necesita para encontrar la unidad sin la cual este país no tendrá salida; estamos hasta la madre, porque la corrupción de las instituciones judiciales genera la complicidad con el crimen y la impunidad para cometerlo; porque, en medio de esa corrupción que muestra el fracaso del Estado, cada ciudadano de este país ha sido reducido a lo que el filósofo Giorgio Agamben llamó, con palabra griega, zoe: la vida no protegida, la vida de un animal, de un ser que puede ser violentado, secuestrado, vejado y asesinado impunemente; estamos hasta la madre porque sólo tienen imaginación para la violencia, para las armas, para el insulto y, con ello, un profundo desprecio por la educación, la cultura y las oportunidades de trabajo honrado y bueno, que es lo que hace a las buenas naciones; estamos hasta la madre porque esa corta imaginación está permitiendo que nuestros muchachos, nuestros hijos, no sólo sean asesinados sino, después, criminalizados, vueltos falsamente culpables para satisfacer el ánimo de esa imaginación; estamos hasta la madre porque otra parte de nuestros muchachos, a causa de la ausencia de un buen plan de gobierno, no tienen oportunidades para educarse, para encontrar un trabajo digno y, arrojados a las periferias, son posibles reclutas para el crimen organizado y la violencia; estamos hasta la madre porque a causa de todo ello la ciudadanía ha perdido confianza en sus gobernantes, en sus policías, en su Ejército, y tiene miedo y dolor; estamos hasta la madre porque lo único que les importa, además de un poder impotente que sólo sirve para administrar la desgracia, el dinero, el fomento de la competencia, de su pinche “competitividad” y del consumo desmesurado, que son otros nombres de la violencia.

De ustedes, criminales, estamos hasta la madre, de su violencia, de su pérdida de honorabilidad, de su crueldad, de su sinsentido.
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Antiguamente ustedes tenían códigos de honor. No eran tan crueles en sus ajustes de cuentas y no tocaban ni a los ciudadanos ni a sus familias. Ahora ya no distinguen. Su violencia ya no puede ser nombrada porque ni siquiera, como el dolor y el sufrimiento que provocan, tiene un nombre y un sentido. Han perdido incluso la dignidad para matar. Se han vuelto cobardes como los miserables Sonderkommandos nazis que asesinaban sin ningún sentido de lo humano a niños, muchachos, muchachas, mujeres, hombres y ancianos, es decir, inocentes. Estamos hasta la madre porque su violencia se ha vuelto infrahumana, no animal –los animales no hacen lo que ustedes hacen–, sino subhumana, demoniaca, imbécil. Estamos hasta la madre porque en su afán de poder y de enriquecimiento humillan a nuestros hijos y los destrozan y producen miedo y espanto.

Ustedes, “señores” políticos, y ustedes, “señores” criminales –lo entrecomillo porque ese epíteto se otorga sólo a la gente honorable–, están con sus omisiones, sus pleitos y sus actos envileciendo a la nación. La muerte de mi hijo Juan Francisco ha levantado la solidaridad y el grito de indignación –que mi familia y yo agradecemos desde el fondo de nuestros corazones– de la ciudadanía y de los medios. Esa indignación vuelve de nuevo a poner ante nuestros oídos esa acertadísima frase que Martí dirigió a los gobernantes: “Si no pueden, renuncien”. Al volverla a poner ante nuestros oídos –después de los miles de cadáveres anónimos y no anónimos que llevamos a nuestras espaldas, es decir, de tantos inocentes asesinados y envilecidos–, esa frase debe ir acompañada de grandes movilizaciones ciudadanas que los obliguen, en estos momentos de emergencia nacional, a unirse para crear una agenda que unifique a la nación y cree un estado de gobernabilidad real. Las redes ciudadanas de Morelos están convocando a una marcha nacional el miércoles 6 de abril que saldrá a las 5 de la tarde del monumento de la Paloma de la Paz para llegar hasta el Palacio de Gobierno, exigiendo justicia y paz. Si los ciudadanos no nos unimos a ella y la reproducimos constantemente en todas las ciudades, en todos los municipios o delegaciones del país, si no somos capaces de eso para obligarlos a ustedes, “señores” políticos, a gobernar con justicia y dignidad, y a ustedes, “señores” criminales, a retornar a sus códigos de honor y a limitar su salvajismo, la espiral de violencia que han generando nos llevará a un camino de horror sin retorno. Si ustedes, “señores” políticos, no gobiernan bien y no toman en serio que vivimos un estado de emergencia nacional que requiere su unidad, y ustedes, “señores” criminales, no limitan sus acciones, terminarán por triunfar y tener el poder, pero gobernarán o reinarán sobre un montón de osarios y de seres amedrentados y destruidos en su alma. Un sueño que ninguno de nosotros les envidia.

No hay vida, escribía Albert Camus, sin persuasión y sin paz, y la historia del México de hoy sólo conoce la intimidación, el sufrimiento, la desconfianza y el temor de que un día otro hijo o hija de alguna otra familia sea envilecido y masacrado, sólo conoce que lo que ustedes nos piden es que la muerte, como ya está sucediendo hoy, se convierta en un asunto de estadística y de administración al que todos debemos acostumbrarnos.

Porque no queremos eso, el próximo miércoles saldremos a la calle; porque no queremos un muchacho más, un hijo nuestro, asesinado, las redes ciudadanas de Morelos están convocando a una unidad nacional ciudadana que debemos mantener viva para romper el miedo y el aislamiento que la incapacidad de ustedes, “señores” políticos, y la crueldad de ustedes, “señores” criminales, nos quieren meter en el cuerpo y en el alma.

abril 02, 2011

No más sangre


Retiro del Ejército: ONU

  • Las fuerzas armadas se han convertido en una amenaza para los derechos humanos, dice

Retirar al Ejército de las calles, recomienda la ONU a México

  • El grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas considera que los militares no están facultados para realizar labores de seguridad pública
  • El acceso a la justicia, otro gran pendiente, señalan


Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Viernes 1º de abril de 2011, p. 7

El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias recomendó al gobierno de México que considere a corto plazo el retiro del Ejército de las labores de seguridad pública, toda vez que no está facultado para dicha labor, y por el contrario, su actuación se ha relacionado con el aumento de la criminalidad.

Durante la presentación del informe que la comisión elaboró tras visitar cuatro entidades del país –Distrito Federal, Chihuahua, Guerrero y Coahuila–, del 18 al 31 de marzo, sus miembros hicieron un recuento pormenorizado de las actuales actividades de lla institución castrense.

Un elemento analizado, dijeron, es la utilización de las fuerzas armadas como eje de la "guerra" contra el crimen organizado, puesto que los militares no recibieron entrenamiento para lidiar con civiles y patrullar las calles, sino para combatir a fuerzas extranjeras enemigas.

Aunque admitieron que la ola de inseguridad que azota al país es generada principalmente por los delincuentes, los especialistas de Naciones Unidas señalaron que en dicho fenómeno también hay una responsabilidad del Ejército y otros cuerpos de seguridad del Estado.
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En ese contexto, Ariel Dulitzky (Argentina) y Jasminka Dzumhur (Bosnia Herzegovina) enfatizaron que al asumir labores de vigilancia interna que no les corresponden, las fuerzas armadas se han convertido en una amenaza para los derechos humanos de la ciudadanía.

El grupo, dijeron, "recibió información creíble en relación con detenciones cometidas por fuerzas militares en contra de civiles", muchas de las cuales pueden configurar el delito de desaparición forzada, y en donde también se registró el uso de técnicas de tortura.

Sin embargo, dichos ilícitos no siempre se investigan bajo esa categoría, sino como secuestro o abuso de autoridad, lo que dificulta llevar un registro preciso de ellos. Además, muchos casos son analizados por la justicia militar y en esa medida se perpetúa la impunidad.

De acuerdo con información de organizaciones no gubernamentales, en lo que va del actual sexenio se han registrado alrededor de 3 mil desaparecidos, incluyendo las víctimas de los levantones ocurridos por la "guerra" contra el narcotráfico, pero no hay investigaciones oficiales que permitan definir la exactitud de dicho número.

El libanés Osman El-Hajjé afirmó que la comisión especial de Naciones Unidas no puede indicar al gobierno mexicano cuál es el mejor momento para retirar al Ejército de las calles, pero reiteró que los soldados deben permanecer en los cuarteles.

En el documento de 20 páginas dado a conocer por el grupo de trabajo, se mencionan otros elementos que han permitido la continuación de las desapariciones, entre ellos la falta de coordinación entre las dependencias del gobierno encargadas de investigarlas, y el hecho de que la gran mayoría de las entidades ni siquiera las han tipificado en sus códigos penales.

De igual manera, se criticó que la figura del arraigo se utilice de forma indiscriminada por parte de las autoridades, y sin que el recurso de amparo tenga la suficiente capacidad para defender a los inculpados de algún delito.

El acceso a la justicia fue señalado como otro gran pendiente en México, ya que en lugar de investigar los casos de desaparición forzada, las autoridades suelen desacreditar a las víctimas sin investigación previa, o simplemente se niegan a abrir un expediente sobre el caso. Además, las represalias contra los familiares son un acto frecuente.

Muestra de ello es que sólo 2.5 por ciento de las desapariciones ocurridas durante la llamada guerra sucia (en los años 60, 70 y 80 del siglo pasado) generaron una investigación penal, y de esa cantidad únicamente 20 casos fueron llevados ante un juez.

México, en resumen, carece de una política pública integral para prevenir, investigar y sancionar este delito, no garantiza el derecho de las víctimas a la reparación del daño, ni ha sido exitoso en la protección de grupos vulnerables, como niños, mujeres, migrantes, defensores de derechos humanos y periodistas, entre otros.

Por todo lo anterior, el grupo de trabajo de Naciones Unidas emitió una serie de recomendaciones preliminares al gobierno mexicano, entre las que figura la petición de que retire pronto al Ejército de las tareas de seguridad pública.

También le propone generar una base de datos confiable sobre las desapariciones forzadas en el país; incluir ese delito en los códigos penales de todos los estados y crear una ley general en la materia; cumplir a cabalidad los acuerdos internacionales sobre el tema, y aprobar a la brevedad la reforma sobre derechos humanos.

Asimismo, le sugiere reformar el Código de Justicia Militar para que todas las violaciones graves sean analizadas por tribunales civiles, y crear un sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas.

Las observaciones del informe son preliminares y la versión definitiva del mismo se presentará en marzo de 2012 ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, recordaron.

Astillero: Ejército, ¡al cuartel!

Astillero

  • Ejército, ¡al cuartel!
  • En "corto plazo", pide ONU
  • PGR: Marisela Michoacanazo
  • "Pruebas" y equívocos en Edomex

Julio Hernández López

El retorno de los militares a los cuarteles es una exigencia básica para ir desmontando el sistema de control social mediante el terror institucional que Felipe Calderón ha ido construyendo para disimular las gravísimas carencias de orden civil de su gobierno. El caos enrojecido que es hoy la nación tiene como origen la impreparación del ocupante de Los Pinos para conducir con pleno respeto a la legalidad a un país necesitado de guerrear contra otros males y no, como sucede ahora, de gastar gran parte del dinero público en acciones de casi imposible fiscalización confiable que en lugar de derrotar al objetivo buscado han provocado desbordamiento de la violencia, odio social prolongado, derogación fáctica de lo que quedaba del estado de derecho, fortalecimiento de ciertos cárteles que se van constituyendo en corporativos de control, y florecimiento en cantidad y ganancias del negocio en sí, el del tráfico de drogas.

Difícil y peligroso resulta en ese contexto abogar por el regreso de los soldados a los cuarteles, pues se suele contraponer con ribetes agresivos el hecho real de que la "delincuencia organizada" se ha desbordado y por tanto no puede haber otra forma de contenerla y reprimirla que con el uso extremo de las fuerzas militares, aun cuando éstas cometan a ojos vistas abusos constantes (entre otras cosas, porque la lógica del soldado es la de aniquilar al enemigo). Pero, así como una parte de la sociedad ha enarbolado la demanda de "No más sangre", es necesario también empujar la exigencia de que soldados y marinos regresen a sus cuarteles y que las autoridades civiles cumplan con sus responsabilidades en el marco de la legalidad, sin pervertir el sentido de las acciones de los militares y sin permitir que esas botas, hoy instaladas en el campo del combate al narcotráfico, acaben incursionando en terrenos políticos y electorales ante la incapacidad confesa de los civiles para arreglar los asuntos públicos. →→Leer más

El río de hierro

El río de hierro

Luis Javier Garrido

El proyecto de llevar a México a una subordinación absoluta a Estados Unidos, que ha sido objetivo fundamental de las políticas del gobierno de Felipe Calderón, sigue avanzando al continuarse incorporando a múltiples regiones a una situación de violencia extrema.

1. Los documentos del Departamento de Estado relativos al tráfico de armas de Estados Unidos a México en los últimos años, filtrados por Wikileaks y publicados por La Jornada los días 28 y 29 de marzo, confirman el hecho de que más allá de las declaraciones de los funcionarios de ambos gobiernos sobre sus aparentes intenciones y de las mutuas recriminaciones de los últimos días, existen una serie de complicidades al más alto nivel para llevar a nuestro país a un escenario de violencia cada vez mayor a fin de justificar la injerencia creciente de Washington en el manejo directo de los asuntos políticos y económicos mexicanos.


2. El envío de armas de alto poder a otro país para agudizar un conflicto y acelerar su descomposición forma parte del viejo arsenal de estrategias perversas del Departamento de Estado, como se está viendo en el caso de Libia, donde el gobierno estadunidense –para garantizar el éxito de su invasión– decidió entregar masivamente armamento a los rebeldes a pesar de la tibia oposición de varios de los gobiernos europeos que lo secundan con la tesis pronto abandonada de que “venimos a traer la paz y no la destrucción masiva”. El seudo argumento de que invadieron Libia para “defender los derechos humanos” y no en pos del petróleo queda así reducido a nada.


3. La entrada masiva a México de armamento de alto poder por la frontera norte (el “río de hierro”) que, desde el escándalo suscitado por el operativo Rápido y furioso, nadie duda que es promovida y organizada por agencias estadunidenses, ha sido sin embargo en las reuniones bilaterales –según los cables– un mecanismo permanente de presión de Estados Unidos hacia nuestro país para alcanzar una mayor injerencia en el manejo de las fuerzas armadas nacionales, como se ve en el cable 08MEXICO2160. El armamento ha proliferado –según se argumenta desde Estados Unidos– por la incompetencia de las autoridades mexicanas en el registro de armas y la imposibilidad de Washington para acceder plenamente a esa información, por la corrupción en las aduanas (que –se recuerda– aún no son manejadas por Estados Unidos) y por el desorden existente al respecto en la Defensa Nacional, todo lo cual requeriría, se sobrentiende, de un más directo control de agentes estadunidenses.

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4. Los reproches a Washington por el contrabando de armas, que le hacen tibiamente en público y en privado funcionarios mexicanos, se dice además en estos cables, carece de fundamento porque para Estados Unidos la mayor parte del envío de armas a México, y en particular de las más letales, procede de América Central (Cable 09MEXICO880), y es posible, se dice, por el nulo resguardo de la frontera sur y de las costas, lo que pone en peligro a Estados Unidos, como sostienen en su capital, al menos en tres conferencias bilaterales sobre el tráfico llevadas a cabo entre 2009 y 2010 en Cuernavaca (Morelos), Phoenix (Arizona) y Tapachula (Chiapas).


5. La “guerra contra el narco”, se dice en otro cable de Wikileaks, transcrito en sus reportajes por Blanche Petrich, se ha caracterizado porque al intensificarse los operativos estatales los cárteles son forzados a adquirir armamento cada vez más pesado (Cable 09MEXICO880), que va de armas antitanques a rifles de calibres no convencionales, lo que evidencia la estrategia de Obama avalada dócilmente por Calderón, pero que según Washington proviene también de los ejércitos centroamericanos.


6. El desorden y la corrupción existentes en el Ejército Mexicano, se dice en varios de los cables enviados desde la embajada hacia el Departamento de Estado, en la que es sin duda la imputación más grave, ha propiciado que armamento pesado entregado por Washington al gobierno mexicano termine en manos de los cárteles o sea utilizado para cometer múltiples crímenes, gravísimo señalamiento que abre al análisis una cuestión crítica: ¿dónde está el límite entre las fuerzas del Estado y las fuerzas de los cárteles? O, en otras palabras, ¿dónde está el narcopoder: en los campesinos pobres que hacen los cultivos –y a quienes se persigue–, en los cárteles o en las instancias financieras, burocráticas y militares del Estado?


7. La mayor parte de los cables de la embajada estadunidense al Departamento de Estado tiene una constante: subrayar la incompetencia de las dependencias mexicanas en “la lucha contra el narco”, las que se hallan además en conflicto permanente entre ellas (la PGR, la Secretaría de Seguridad Pública, la Sedena y la Marina), según los cables 07MÉXICO1854 y 09MEXICO3092. Una autoridad legal que no funciona (la PGR), se desprende de estas recriminaciones, ha cedido sus atribuciones en los hechos a una autoridad que no tiene un sustento constitucional (la Policía Federal).


8. Washington está logrando por eso nombrar a una funcionaria de sus confianzas, la abogada Marisela Morales Ibáñez, como nueva procuradora general, en sustitución del fracasado Arturo Chávez, nombramiento largamente anunciado pues el 8 de marzo fue palomeada en la Casa Blanca por Hillary Clinton con el pretexto del Día Internacional de la Mujer. Una mujer cuyos más destacados logros han sido el dar carpetazo al caso del homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo e integrar en 2005 el expediente para el desafuero de Andrés Manuel López Obrador y que se hizo célebre en 2009 por desacatar un mandato judicial sobre los testigos protegidos. Muy interesante habrá de ser por todo ello constatar qué senadores se oponen a ratificar la que es no una propuesta de Calderón sino de Obama.


9. El objetivo de Estados Unidos de mostrar a los narcos mexicanos como fuerzas armadas trasnacionales que amenazan su seguridad interna –lo que “justificaría” su más abierta intervención armada al sur de la frontera– ha seguido en tanto implacable, según nota reciente de David Brooks. El almirante James Winnefeld (jefe del Comando Norte) declaró el miércoles 30 ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes que los cárteles mexicanos son “una de las 10 fuerzas armadas más grandes del mundo”, al estimar que 40 mil millones de dólares fluyen de Estados Unidos a México en su beneficio, y ese mismo día Robert Mueller (director de la FBI) sostuvo ante el Comité Judicial del Senado que la violencia extrema de México sigue amenazando a su país.


10. El “río de hierro” está evidenciando cada vez más que el problema de México no lo constituye Estados Unidos, que con gobiernos republicanos o demócratas está siendo cada vez más intervencionista y tiene un proyecto para subordinar por completo a nuestro país. El problema fundamental de México lo constituye el tener un gobierno entreguista, como el de Felipe Calderón, que a fin de legitimarse y consolidarse en el poder nos llevó a este río de sangre que sigue cobrando la vida de muchos inocentes.