Álvaro delgado
México, D.F., 17 de diciembre (apro).- Con una supuesta gallardía que jamás exhibió cuando las condiciones verdaderamente lo exigían, y que sólo revela la impostura de su conducta, Luis Carlos Ugalde presentó su renuncia a la presidencia del Instituto Federal Electoral (IFE) sólo para darse un brochazo de dignidad.
El mejor contraste lo representa Alicia Elene Pérez Duarte, quien renunció a su cargo de fiscal para la Atención de Delitos Cometidos contra Mujeres, porque sencillamente su trabajo no tenía sentido ni destino después que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) impartió cátedra de cómo garantizar impunidad a criminales pederastas coludidos con el poder público, como el emblemático gobernador Mario Marín Torres.
Se trata de dos conductas que revelan la concepción del servicio público y, también, el respeto que cada quien tiene de sí mismo:
Ugalde se aferró al cargo no para preservar la autonomía e independencia del IFE, desvirtuados ambos principios desde que hace cuatro años fue elegido él y los otros ocho consejeros --que ahí siguen--, sino para representar los intereses justamente de quienes lo impusieron --y quienes quieren seguir manteniéndolo-- y lucrar económicamente como forma de vida.
Pactada una jugosa liquidación y cobijado política y financieramente por los beneficiarios de la defraudación electoral --entre ellos los delincuentes impunes que forman parte del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y los panistas chihuahuenses del Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano (Celiderh)--, Ugalde aprovechó la ineptitud de los diputados para enrollarse en la bandera y presentar su renuncia. Sigue leyendo
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