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Televisa dirigió el montaje Cassez
"Operativo" caso Cassez Televisa 2005
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enero 24, 2013
octubre 31, 2012
Boletas 2006: Verdad y justicia
Boletas 2006: Verdad y justicia
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Para el periodo comprendido entre el 12 y el 26 de noviembre próximos se tiene programada la destrucción de las boletas empleadas en las elecciones federales de 2006, luego de que el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobara la medida el pasado miércoles 3 con base en una disposición del Cofipe vigente en esa época que así lo ordena, a la par de los lineamientos que detallan el proceso de destrucción.
La medida fue aprobada pretextando el cumplimiento de la ley y aduciendo austeridad republicana, debido a los elevados costos que conlleva preservar la papelería electoral en bodegas rentadas con ese propósito que son resguardadas por personal de las Fuerzas Armadas. Al determinarlo de esa forma el Consejo General del IFE fue consciente de los intentos que diversas personas han hecho para tener acceso a las boletas de 2006, tanto en instancias nacionales como internacionales, sin que hasta ahora uno solo haya prosperado.
Seguramente habrá quien se pregunte el porqué de la insistencia por evitar la destrucción de esas boletas y de la pretensión de acceder a ellas. Nuevas elecciones se han llevado a cabo y según las autoridades electorales “México ha vivido una jornada ejemplar durante el 2012”. ¿Cuál sería entonces el sentido de preservar la papelería electoral de 2006? Sin embargo, frente a esta postura cabe una pregunta del todo necesaria e inquietante: ¿por qué a casi nadie le interesa?
Se vive muy a gusto con la ilusión de que se nos gobierna bajo un régimen democrático, en el cual las instituciones funcionan adecuadamente velando por el respeto y garantía de nuestros derechos. Con esa ilusión la gente puede dedicar su tiempo a hacer realidad sus intereses personales, desentendida de lo que le rodea. Desde esta visión idílica creemos que cada cierto tiempo podemos acudir a las urnas, votar entre alternativas realmente diferentes, traer a cuentas a nuestros gobiernos, cambiarlos si no nos cumplieron, decidir lo que queremos como sociedad, incluso participar activamente, y todo ello dentro de una competencia equitativa en la que los votos se respetan y gana la persona que más votos recibe.
Un candado necesario para perpetuar esta ilusión lo constituye el hecho de que las boletas electorales nunca puedan consultarse y, llegado el tiempo, se les pueda destruir. Las autoridades de todo tipo insisten en que no es necesario tener acceso a ellas porque basta y sobra con las actas electorales, que reflejan con toda fidelidad lo acontecido en los días de elecciones. Si se desnuda esta visión, lo que queda es un acto de fe como base del funcionamiento del sistema electoral: Creemos que las cosas caminan bien porque las autoridades así nos lo aseguran.
¿Cuál sería entonces el sentido de preservar la papelería electoral de 2006? Verdad y justicia. Por supuesto detrás de este par de palabras se encuentran realidades terribles y luchas heroicas. Sin desconocerlo, no es banal nombrar con ellas a la causa por el acceso a las boletas de 2006 y a la defensa del derecho a la información que se ha emprendido y continúa para intentar frenar su destrucción. ¿Habría sido posible 2006 sin 1988? ¿Si 2006 se olvida, que sigue para 2018?
Hoy día la búsqueda de la verdad histórica de 2006 prosigue tanto en instancias nacionales como internacionales. Aunque resulte en extremo compleja, esta lucha abre la oportunidad para que atestigüemos un diálogo entre garantes de nuestros derechos. Nuevamente, no falta quien critique esta insistencia, quien llame la atención por lo inconveniente de llevar hasta este límite a las instituciones encargadas de salvaguardar nuestros derechos, pero ¿qué más se puede hacer?
Con las reformas constitucionales sobre derechos humanos y amparo, publicadas en junio del año pasado, en México se cuenta con una constitución bastante moderna –aunque conserve disposiciones del todo criticables–. Un instrumento más para acrecentar la ilusión de que todo marcha bien, pero también una herramienta que tiene la capacidad de contribuir a cambiar las cosas. A partir de esas reformas, en el ordenamiento jurídico de nuestro país se ha reforzado a los órganos garantes de nuestros derechos, a los poderes judiciales al interior, y hacia al exterior, a los sistemas de protección de derechos humanos en sede universal e interamericana.
El caso de las boletas pone a prueba a todos esos órganos garantes y demostrará si entre ellos existe esperanza de diálogo, o si solamente se trata de instituciones aisladas que no ofrecen una defensa coordinada de derechos. En sede interna, lo que puede actuar con mayor celeridad para frenar la destrucción de las boletas es el amparo. Tocará al Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal conocer de un amparo colectivo. Podrá insistir en que el asunto es de materia electoral y rehusarse siquiera a estudiarlo, pero si se toma en serio las reformas constitucionales de 2011, tendría que admitir la demanda y ordenar de inmediato la suspensión de la destrucción de las boletas de 2006.
En su momento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desperdició la oportunidad de remediar las violaciones de derechos que la negativa de acceso a las boletas y su destrucción conllevan, declarando inadmisible la petición del director de Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda. No obstante, con una renovada integración, a la fecha puede enmendar su anterior determinación con motivo de la petición del investigador Sergio Aguayo.
Para negarse a estudiar el caso del director de Proceso esa comisión pretextó en su momento una distinción entre datos duros –las boletas– y datos procesados –las actas electorales–, que no se había justificado por qué resultaba insuficiente poder consultar solamente tales actas y por qué el hecho de tener acceso a aquellas acarreaba un riesgo de contaminarlas.
Si esa comisión se hubiera tomado en serio el deber de considerar un diálogo normativo entre la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Constitución de México, nunca hubiera podido razonar como lo hizo, pues es claro que en nuestro país no trasciende la distinción entre información en bruto y procesada, ni se tiene que justificar un interés para acceder a toda ella, así como que antes que querer destruir información es posible permitir su consulta tomándose todas las medidas que sean necesarias para evitar tal contaminación, porque de hecho es obligado preservarla en archivos administrativos actualizados.
En los próximos días se verá si para la segunda petición ante ella, la comisión cumple con su tarea como garante de derechos guiada por el principio de máxima protección de las personas o se limita a decidir que ese caso es sustancialmente igual al del director de Proceso. Por supuesto, el tema también permite abrir la reflexión al debate sobre el llamado “fortalecimiento” del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos.
México ha sido aliado de la comisión frente a otros países del continente que buscan minimizarla. Con todo, no es sensato considerar siquiera que en agradecimiento a ello se le pueden pasar a nuestro país claras violaciones a los derechos. El sentido de todo sistema de protección internacional es que sirva de garante para las personas, no para los Estados. Por eso tenemos el deber de defender dicho sistema al interior de nuestros países.
Finalmente, el caso de Rafael Rodríguez Castañeda, director de la revista Proceso, que no pudo ser siquiera analizado en sede interamericana, hoy día se encuentra presentado ante el sistema de protección de derechos de Naciones Unidas, pues apenas hace unos días se envió una comunicación en ese sentido que tocará resolver a su Comité de Derechos Humanos.
No se conocen antecedentes relativos a México en los que luego de que la defensa de una causa de derechos humanos fracasara ante la Comisión Interamericana, se elevara a sede universal, pero esa es una alternativa que posibilita el diálogo entre sistemas. Así deben interpretarse las normas que no prevén un plazo para presentar denuncias de derechos en sede universal y que en ella exclusivamente no se puedan admitir casos que al mismo tiempo estén bajo análisis en otras instancias.
No se puede anticipar si desde sede interamericana o sede universal llegarán a tiempo comunicaciones para frenar la destrucción de las boletas, pero justamente ese es el reto para nuestro diseño institucional de mecanismos de garantía de los derechos. El reto de la Comisión Interamericana y del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas será asumirse como garantes de las personas.
La responsabilidad del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa descansa en convertir a nuestro juicio de amparo en un recurso efectivo que sirva para impedir que la búsqueda de justicia en sede internacional quede sin materia. Aunque no se comparta la estrategia, también algo tendrá que decir el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para el caso de los partidos políticos.
Si todo falla las boletas serán destruidas, nunca se sabrá la verdad, ninguna autoridad será llamada a cuentas. ¿Cuánto tiempo tardará la historia en repetirse?
*Presidenta de Litiga, Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos (Litiga OLE).
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Para el periodo comprendido entre el 12 y el 26 de noviembre próximos se tiene programada la destrucción de las boletas empleadas en las elecciones federales de 2006, luego de que el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobara la medida el pasado miércoles 3 con base en una disposición del Cofipe vigente en esa época que así lo ordena, a la par de los lineamientos que detallan el proceso de destrucción.
La medida fue aprobada pretextando el cumplimiento de la ley y aduciendo austeridad republicana, debido a los elevados costos que conlleva preservar la papelería electoral en bodegas rentadas con ese propósito que son resguardadas por personal de las Fuerzas Armadas. Al determinarlo de esa forma el Consejo General del IFE fue consciente de los intentos que diversas personas han hecho para tener acceso a las boletas de 2006, tanto en instancias nacionales como internacionales, sin que hasta ahora uno solo haya prosperado.
Seguramente habrá quien se pregunte el porqué de la insistencia por evitar la destrucción de esas boletas y de la pretensión de acceder a ellas. Nuevas elecciones se han llevado a cabo y según las autoridades electorales “México ha vivido una jornada ejemplar durante el 2012”. ¿Cuál sería entonces el sentido de preservar la papelería electoral de 2006? Sin embargo, frente a esta postura cabe una pregunta del todo necesaria e inquietante: ¿por qué a casi nadie le interesa?
Se vive muy a gusto con la ilusión de que se nos gobierna bajo un régimen democrático, en el cual las instituciones funcionan adecuadamente velando por el respeto y garantía de nuestros derechos. Con esa ilusión la gente puede dedicar su tiempo a hacer realidad sus intereses personales, desentendida de lo que le rodea. Desde esta visión idílica creemos que cada cierto tiempo podemos acudir a las urnas, votar entre alternativas realmente diferentes, traer a cuentas a nuestros gobiernos, cambiarlos si no nos cumplieron, decidir lo que queremos como sociedad, incluso participar activamente, y todo ello dentro de una competencia equitativa en la que los votos se respetan y gana la persona que más votos recibe.
Un candado necesario para perpetuar esta ilusión lo constituye el hecho de que las boletas electorales nunca puedan consultarse y, llegado el tiempo, se les pueda destruir. Las autoridades de todo tipo insisten en que no es necesario tener acceso a ellas porque basta y sobra con las actas electorales, que reflejan con toda fidelidad lo acontecido en los días de elecciones. Si se desnuda esta visión, lo que queda es un acto de fe como base del funcionamiento del sistema electoral: Creemos que las cosas caminan bien porque las autoridades así nos lo aseguran.
¿Cuál sería entonces el sentido de preservar la papelería electoral de 2006? Verdad y justicia. Por supuesto detrás de este par de palabras se encuentran realidades terribles y luchas heroicas. Sin desconocerlo, no es banal nombrar con ellas a la causa por el acceso a las boletas de 2006 y a la defensa del derecho a la información que se ha emprendido y continúa para intentar frenar su destrucción. ¿Habría sido posible 2006 sin 1988? ¿Si 2006 se olvida, que sigue para 2018?
Hoy día la búsqueda de la verdad histórica de 2006 prosigue tanto en instancias nacionales como internacionales. Aunque resulte en extremo compleja, esta lucha abre la oportunidad para que atestigüemos un diálogo entre garantes de nuestros derechos. Nuevamente, no falta quien critique esta insistencia, quien llame la atención por lo inconveniente de llevar hasta este límite a las instituciones encargadas de salvaguardar nuestros derechos, pero ¿qué más se puede hacer?
Con las reformas constitucionales sobre derechos humanos y amparo, publicadas en junio del año pasado, en México se cuenta con una constitución bastante moderna –aunque conserve disposiciones del todo criticables–. Un instrumento más para acrecentar la ilusión de que todo marcha bien, pero también una herramienta que tiene la capacidad de contribuir a cambiar las cosas. A partir de esas reformas, en el ordenamiento jurídico de nuestro país se ha reforzado a los órganos garantes de nuestros derechos, a los poderes judiciales al interior, y hacia al exterior, a los sistemas de protección de derechos humanos en sede universal e interamericana.
El caso de las boletas pone a prueba a todos esos órganos garantes y demostrará si entre ellos existe esperanza de diálogo, o si solamente se trata de instituciones aisladas que no ofrecen una defensa coordinada de derechos. En sede interna, lo que puede actuar con mayor celeridad para frenar la destrucción de las boletas es el amparo. Tocará al Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal conocer de un amparo colectivo. Podrá insistir en que el asunto es de materia electoral y rehusarse siquiera a estudiarlo, pero si se toma en serio las reformas constitucionales de 2011, tendría que admitir la demanda y ordenar de inmediato la suspensión de la destrucción de las boletas de 2006.
En su momento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desperdició la oportunidad de remediar las violaciones de derechos que la negativa de acceso a las boletas y su destrucción conllevan, declarando inadmisible la petición del director de Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda. No obstante, con una renovada integración, a la fecha puede enmendar su anterior determinación con motivo de la petición del investigador Sergio Aguayo.
Para negarse a estudiar el caso del director de Proceso esa comisión pretextó en su momento una distinción entre datos duros –las boletas– y datos procesados –las actas electorales–, que no se había justificado por qué resultaba insuficiente poder consultar solamente tales actas y por qué el hecho de tener acceso a aquellas acarreaba un riesgo de contaminarlas.
Si esa comisión se hubiera tomado en serio el deber de considerar un diálogo normativo entre la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Constitución de México, nunca hubiera podido razonar como lo hizo, pues es claro que en nuestro país no trasciende la distinción entre información en bruto y procesada, ni se tiene que justificar un interés para acceder a toda ella, así como que antes que querer destruir información es posible permitir su consulta tomándose todas las medidas que sean necesarias para evitar tal contaminación, porque de hecho es obligado preservarla en archivos administrativos actualizados.
En los próximos días se verá si para la segunda petición ante ella, la comisión cumple con su tarea como garante de derechos guiada por el principio de máxima protección de las personas o se limita a decidir que ese caso es sustancialmente igual al del director de Proceso. Por supuesto, el tema también permite abrir la reflexión al debate sobre el llamado “fortalecimiento” del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos.
México ha sido aliado de la comisión frente a otros países del continente que buscan minimizarla. Con todo, no es sensato considerar siquiera que en agradecimiento a ello se le pueden pasar a nuestro país claras violaciones a los derechos. El sentido de todo sistema de protección internacional es que sirva de garante para las personas, no para los Estados. Por eso tenemos el deber de defender dicho sistema al interior de nuestros países.
Finalmente, el caso de Rafael Rodríguez Castañeda, director de la revista Proceso, que no pudo ser siquiera analizado en sede interamericana, hoy día se encuentra presentado ante el sistema de protección de derechos de Naciones Unidas, pues apenas hace unos días se envió una comunicación en ese sentido que tocará resolver a su Comité de Derechos Humanos.
No se conocen antecedentes relativos a México en los que luego de que la defensa de una causa de derechos humanos fracasara ante la Comisión Interamericana, se elevara a sede universal, pero esa es una alternativa que posibilita el diálogo entre sistemas. Así deben interpretarse las normas que no prevén un plazo para presentar denuncias de derechos en sede universal y que en ella exclusivamente no se puedan admitir casos que al mismo tiempo estén bajo análisis en otras instancias.
No se puede anticipar si desde sede interamericana o sede universal llegarán a tiempo comunicaciones para frenar la destrucción de las boletas, pero justamente ese es el reto para nuestro diseño institucional de mecanismos de garantía de los derechos. El reto de la Comisión Interamericana y del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas será asumirse como garantes de las personas.
La responsabilidad del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa descansa en convertir a nuestro juicio de amparo en un recurso efectivo que sirva para impedir que la búsqueda de justicia en sede internacional quede sin materia. Aunque no se comparta la estrategia, también algo tendrá que decir el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para el caso de los partidos políticos.
Si todo falla las boletas serán destruidas, nunca se sabrá la verdad, ninguna autoridad será llamada a cuentas. ¿Cuánto tiempo tardará la historia en repetirse?
*Presidenta de Litiga, Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos (Litiga OLE).
julio 23, 2010
El hachazo
El hachazo
Luis Javier Garrido
La huelga de hambre de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que está conmoviendo a amplios sectores del país, se está llevando a cabo en un escenario de intensificación de las acciones del gobierno de facto de Felipe Calderón por cancelar los derechos individuales y sociales de los trabajadores, como se ve ahora con la decisión oficial de reducir las pensiones.
1. El escenario que está viviendo México es el de una verdadera guerra librada desde la cúspide del poder contra los trabajadores del país, y muy pocos ya pueden negarlo al estarse imponiendo de manera atrabiliaria por orden de Los Pinos la contrarreforma laboral.
2. El hachazo aprobado en sesión secreta por los ministros de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a las pensiones por invalidez, vejez y cesantía de los trabajadores, reduciéndolas a un límite de 10 veces el salario mínimo (en vez del vigente de 25 salarios mínimos), denunciado ya por el analista Arturo Alcalde y objeto ayer de un amplio reportaje de La Jornada, constituye un nuevo atentado a la clase trabajadora y a la nación, pues es una decisión contra la razón y contra el derecho que violenta tanto la Constitución como la Ley del Seguro Social en aras de imponer las medidas neoliberales que convienen a un puñado de integrantes de la mafia en el poder.
3. La decisión de la segunda sala de la Corte, que priva a los trabajadores mexicanos del derecho constitucional y legal a una pensión justa, parte del hecho de que los ministros mexicanos pretenden tener, como lo han hecho ya evidente con diversos fallos, la facultad de legislar, suplantando de esta manera al Poder Legislativo, que es el único que puede hacerlo, lo que es inadmisible en un régimen constitucional de derecho, porque eso y no otra cosa es lo que entrañan sus últimos fallos. La facultad que otorga nuestro sistema constitucional a la Suprema Corte de esclarecer y desentrañar el sentido de un texto constitucional o legal no autoriza a los ministros a tergiversar a tal punto su sentido, de manera que lo hagan decir lo contrario de lo que era la voluntad del legislador. El derecho a la seguridad social, que comprende entre otros el derecho a la jubilación, debe estar, según el artículo 123 y la legislación en materia de seguridad social, encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores y no a su desamparo.
4. El Poder Judicial federal tiene en el sistema constitucional mexicano la alta responsabilidad de fungir como el defensor de la Constitución y de las leyes y no, como lo ha venido haciendo, por una serie de decisiones de los actuales ministros, la de actuar como un instrumento del Ejecutivo en turno para hacer viables las políticas de exacción de las corporaciones privadas, nacionales o extranjeras. Tiene el deber de proteger las garantías individuales y sociales de los mexicanos y no el privilegio de convalidar la violación de éstas, como acontece en la realidad del régimen de facto panista que busca instaurar un modelo de explotación de la clase trabajadora que no tiene parangón en América Latina.
5. El llamado paquete estratégico de reformas constitucionales y legales en materia laboral, que el gran capital nacional e internacional y algunas instancias internacionales como el Banco Mundial y el FMI le han exigido al gobierno panista de facto que sean aprobadas en México a fin de poder imponer de manera más plena el modelo neoliberal de explotación, y que constituye en su conjunto una enorme contrarreforma constitucional, está siendo de esta manera puesto en vigor. Al no tener consenso Calderón en las cámaras legislativas para hacerlo aprobar, está recurriendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que se arroga a su vez atribuciones que no tiene y está de hecho legislando. En vez de ser en consecuencia discutidos estos temas de manera pública y de frente a la nación por los legisladores de las dos cámaras, están siendo aprobados de manera clandestina, como resalta la nota de La Jornada, por sólo 11 individuos que han demostrado hasta la saciedad ser indignos del cargo que ocupan.
6. Ese es en suma el papel que en el modelo neoliberal de gobierno, que sí existe, se le ha asignado al Poder Judicial en nuestros países: el de fungir como un candado de seguridad de los privilegios de las grandes corporaciones. Así estaba previsto desde finales de 1994, cuando Ernesto Zedillo, al llegar a la silla presidencial, en una de sus primeras decisiones liquidó a la antigua Corte e instauró el tribunal actual a semejanza de la Corte Suprema de Estados Unidos, integrándolo con oscuros abogados conservadores, jubilando por cierto con multimillonarias pensiones a los antiguos ministros, a los que además de su sueldo íntegro se les otorgan más de 100 mil pesos de gastos mensuales para comidas y el privilegio de seguir contando con cargo al erario seguro de gastos médicos mayores, un chofer y un auxiliar, según nota de El Universal del 9 de marzo de 2009. La SCJN tiene 35 ministros jubilados o en retiro, se dice en ella, todos los cuales gozan de esta situación de privilegio que cuesta al país 76 millones de pesos al año.
7. ¿Es o no un marco de corrupción institucional en el que actúan los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los que por cierto no son juristas sino mediocres abogados conservadores funcionales a la derecha en el poder?
8. Los recientes fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al quebrantar la frágil legalidad existente, que ni de lejos era la más justa, y terminar con el acuerdo mínimo en lo fundamental que existía en el país, están contribuyendo no nada más al desprestigio de la institución como parecen creer algunos de los enriquecidos ministros, sino sobre todo a enrarecer la vida social al aniquilar cualquier posibilidad de vivir bajo un régimen de derecho y en consecuencia de hacer de México un país viable. El mensaje que mandan los irresponsables y corruptos integrantes actuales de la Corte es el mismo del fallo con el que buscaron legalizar el atentado de Calderón contra la empresa Luz y Fuerza del Centro convalidándole al Ejecutivo de facto el ejercicio de atribuciones que no tiene en la Constitución.
9. En el marco de esta guerra abierta entre el gobierno espurio de Calderón y la clase trabajadora mexicana, las fuerzas democráticas de México no tienen en consecuencia más alternativa, además de organizarse para el 2012, que la de seguir insistiendo en su misma lucha que supone, aunque parezca paradójico, a) el pugnar por el respeto a la legalidad existente, que los fallos de la Suprema Corte no pueden derogar, demandando el cumplimiento a la Constitución y las leyes de la República, e incluso acudiendo a las instancias internacionales, lo que supone además, de manera prioritaria, exigir al Congreso de la Unión que inicie un juicio político en contra de los ministros de la Suprema Corte por su proceder abiertamente violatorio del marco constitucional mexicano, pero también, y quizás sea lo más importante, b) llevando a su extremo las acciones de resistencia civil.
10. La huelga de hambre de Cayetano Estrada Cabrera y los demás trabajadores del SME, a costa de su salud y de su existencia misma, tiene por todo esto un significado más profundo que el de su lucha por la vida, que como dicen les está arrebatando el gobierno panista de Calderón con sus decisiones. Es un acto desesperado por la supervivencia de la nación.
Luis Javier Garrido
La huelga de hambre de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que está conmoviendo a amplios sectores del país, se está llevando a cabo en un escenario de intensificación de las acciones del gobierno de facto de Felipe Calderón por cancelar los derechos individuales y sociales de los trabajadores, como se ve ahora con la decisión oficial de reducir las pensiones.
1. El escenario que está viviendo México es el de una verdadera guerra librada desde la cúspide del poder contra los trabajadores del país, y muy pocos ya pueden negarlo al estarse imponiendo de manera atrabiliaria por orden de Los Pinos la contrarreforma laboral.
2. El hachazo aprobado en sesión secreta por los ministros de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a las pensiones por invalidez, vejez y cesantía de los trabajadores, reduciéndolas a un límite de 10 veces el salario mínimo (en vez del vigente de 25 salarios mínimos), denunciado ya por el analista Arturo Alcalde y objeto ayer de un amplio reportaje de La Jornada, constituye un nuevo atentado a la clase trabajadora y a la nación, pues es una decisión contra la razón y contra el derecho que violenta tanto la Constitución como la Ley del Seguro Social en aras de imponer las medidas neoliberales que convienen a un puñado de integrantes de la mafia en el poder.
3. La decisión de la segunda sala de la Corte, que priva a los trabajadores mexicanos del derecho constitucional y legal a una pensión justa, parte del hecho de que los ministros mexicanos pretenden tener, como lo han hecho ya evidente con diversos fallos, la facultad de legislar, suplantando de esta manera al Poder Legislativo, que es el único que puede hacerlo, lo que es inadmisible en un régimen constitucional de derecho, porque eso y no otra cosa es lo que entrañan sus últimos fallos. La facultad que otorga nuestro sistema constitucional a la Suprema Corte de esclarecer y desentrañar el sentido de un texto constitucional o legal no autoriza a los ministros a tergiversar a tal punto su sentido, de manera que lo hagan decir lo contrario de lo que era la voluntad del legislador. El derecho a la seguridad social, que comprende entre otros el derecho a la jubilación, debe estar, según el artículo 123 y la legislación en materia de seguridad social, encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores y no a su desamparo.
4. El Poder Judicial federal tiene en el sistema constitucional mexicano la alta responsabilidad de fungir como el defensor de la Constitución y de las leyes y no, como lo ha venido haciendo, por una serie de decisiones de los actuales ministros, la de actuar como un instrumento del Ejecutivo en turno para hacer viables las políticas de exacción de las corporaciones privadas, nacionales o extranjeras. Tiene el deber de proteger las garantías individuales y sociales de los mexicanos y no el privilegio de convalidar la violación de éstas, como acontece en la realidad del régimen de facto panista que busca instaurar un modelo de explotación de la clase trabajadora que no tiene parangón en América Latina.
5. El llamado paquete estratégico de reformas constitucionales y legales en materia laboral, que el gran capital nacional e internacional y algunas instancias internacionales como el Banco Mundial y el FMI le han exigido al gobierno panista de facto que sean aprobadas en México a fin de poder imponer de manera más plena el modelo neoliberal de explotación, y que constituye en su conjunto una enorme contrarreforma constitucional, está siendo de esta manera puesto en vigor. Al no tener consenso Calderón en las cámaras legislativas para hacerlo aprobar, está recurriendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que se arroga a su vez atribuciones que no tiene y está de hecho legislando. En vez de ser en consecuencia discutidos estos temas de manera pública y de frente a la nación por los legisladores de las dos cámaras, están siendo aprobados de manera clandestina, como resalta la nota de La Jornada, por sólo 11 individuos que han demostrado hasta la saciedad ser indignos del cargo que ocupan.
6. Ese es en suma el papel que en el modelo neoliberal de gobierno, que sí existe, se le ha asignado al Poder Judicial en nuestros países: el de fungir como un candado de seguridad de los privilegios de las grandes corporaciones. Así estaba previsto desde finales de 1994, cuando Ernesto Zedillo, al llegar a la silla presidencial, en una de sus primeras decisiones liquidó a la antigua Corte e instauró el tribunal actual a semejanza de la Corte Suprema de Estados Unidos, integrándolo con oscuros abogados conservadores, jubilando por cierto con multimillonarias pensiones a los antiguos ministros, a los que además de su sueldo íntegro se les otorgan más de 100 mil pesos de gastos mensuales para comidas y el privilegio de seguir contando con cargo al erario seguro de gastos médicos mayores, un chofer y un auxiliar, según nota de El Universal del 9 de marzo de 2009. La SCJN tiene 35 ministros jubilados o en retiro, se dice en ella, todos los cuales gozan de esta situación de privilegio que cuesta al país 76 millones de pesos al año.
7. ¿Es o no un marco de corrupción institucional en el que actúan los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los que por cierto no son juristas sino mediocres abogados conservadores funcionales a la derecha en el poder?
8. Los recientes fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al quebrantar la frágil legalidad existente, que ni de lejos era la más justa, y terminar con el acuerdo mínimo en lo fundamental que existía en el país, están contribuyendo no nada más al desprestigio de la institución como parecen creer algunos de los enriquecidos ministros, sino sobre todo a enrarecer la vida social al aniquilar cualquier posibilidad de vivir bajo un régimen de derecho y en consecuencia de hacer de México un país viable. El mensaje que mandan los irresponsables y corruptos integrantes actuales de la Corte es el mismo del fallo con el que buscaron legalizar el atentado de Calderón contra la empresa Luz y Fuerza del Centro convalidándole al Ejecutivo de facto el ejercicio de atribuciones que no tiene en la Constitución.
9. En el marco de esta guerra abierta entre el gobierno espurio de Calderón y la clase trabajadora mexicana, las fuerzas democráticas de México no tienen en consecuencia más alternativa, además de organizarse para el 2012, que la de seguir insistiendo en su misma lucha que supone, aunque parezca paradójico, a) el pugnar por el respeto a la legalidad existente, que los fallos de la Suprema Corte no pueden derogar, demandando el cumplimiento a la Constitución y las leyes de la República, e incluso acudiendo a las instancias internacionales, lo que supone además, de manera prioritaria, exigir al Congreso de la Unión que inicie un juicio político en contra de los ministros de la Suprema Corte por su proceder abiertamente violatorio del marco constitucional mexicano, pero también, y quizás sea lo más importante, b) llevando a su extremo las acciones de resistencia civil.
10. La huelga de hambre de Cayetano Estrada Cabrera y los demás trabajadores del SME, a costa de su salud y de su existencia misma, tiene por todo esto un significado más profundo que el de su lucha por la vida, que como dicen les está arrebatando el gobierno panista de Calderón con sus decisiones. Es un acto desesperado por la supervivencia de la nación.
julio 10, 2010
La bajeza
La bajeza
Luis Javier Garrido
El país se halla ya en la más absoluta ilegalidad tras la decisión vergonzosa del Poder Judicial de avalar el proceder anticonstitucional de Felipe Calderón de asaltar por la fuerza y sin sustento jurídico, el otoño pasado, las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro y violar los derechos laborales de 44 mil trabajadores.
1. El fallo, sin que mediara discusión alguna, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del 5 de julio ante la demanda de amparo del Sindicato Mexicano de Electricistas (aprobado de manera unánime por 10 de los 11 ministros presentes), declarando constitucional el decreto de Calderón del 11 de octubre de 2009 –en el que éste se arrogó facultades que no tiene para disponer del patrimonio de la nación y pisotear los derechos de los trabajadores al ordenar la extinción de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro– es una decisión política y no jurídica que quebranta gravemente el orden constitucional de México, como han coincidido en señalar los principales juristas del país.
2. No es esta la primera ocasión que la SCJN se cubre de ignominia al emitir un fallo que de manera abierta avala una violación del Ejecutivo a la Constitución, y aprueba la violación de los derechos de la nación para hacer posible que se apoderen de enclaves estratégicos de ella corporaciones extranjeras o atenta contra los derechos constitucionales de los trabajadores mexicanos, pero nunca antes un fallo del que se supone debería de ser el más alto tribunal del país quebranta de manera tan abierta el orden constitucional de la República, pues hace inexistentes los fundamentos torales de ésta, que sustentan la unidad de los mexicanos.
3. El mensaje que los que para muchos son ya sin excepción irresponsables ministros de la SCJN están enviando al país no podía ser más crítico en las actuales circunstancias, pues están diciéndole a la nación y a los mexicanos que como acontece en cualquier régimen despótico, en el de México no hay más legalidad que la de la fuerza de los grupos de mafiosos en el poder y de los intereses económicos a los que sirven, y que el gobierno de facto que tiene el país se halla al margen de cualquier legalidad en los días en que pretende celebrar 200 años de Independencia y 100 del inicio de una Revolución que no ha dejado de traicionar.
4. Las gravísimas consecuencias jurídicas y políticas de un fallo en este sentido, que no se cansó de anunciar desde semanas atrás Javier Lozano Alarcón, el secretario del Trabajo de Calderón (lo que hizo asumir que él había contribuido a su elaboración), fueron advertidas por múltiples juristas durante las sesiones del foro de análisis sobre el decreto llevadas a cabo en el Senado los días 29 y 30 de junio, quienes señalaron que por la trascendencia de los asuntos que entrañaba, una aberración de está índole no podría pasar inadvertida y confirmaría que en el país no hay un estado de derecho. Y esto es lo que muchos están ahora terminando por entender: que no existe en el país tribunal alguno que pueda defender los derechos de los mexicanos, y que al haberse quebrantado por completo la legalidad de la nación, los mexicanos para defenderse no tienen más disyuntiva que la de la resistencia cívica a ultranza, como lo está haciendo el Sindicato Mexicano de Electricistas al convocar a una mayor movilización de la nación, o la de la revolución armada, como algunos grupos lo están sosteniendo en diversas regiones del país.
5. La SCJN tiene en el régimen constitucional mexicano el papel relevante de ser el órgano de control de la constitucionalidad de las leyes y de los actos de la administración pública, tal y como le fue siendo definido a lo largo del siglo XIX y en la Constitución de 1917 y precisado tras las reformas de 1994, pero en el sistema político actual se ha convertido en una instancia que sólo sirve para satisfacer las órdenes del Ejecutivo y convalidar el proceso de desmantelamiento de la Constitución General de la República, al avalar el desacato abierto de ésta por las autoridades y la expedición de normas secundarias que la contradicen de manera abierta para instaurar en su lugar como norma suprema del país a las costumbres y prácticas no escritas de las corporaciones trasnacionales, para las que las naciones no tienen áreas estratégicas reservadas y ni existen derechos laborales.
6. El ministro Juan N. Silva Meza, quien pretende haber elaborado el dictamen que fue aprobado por el pleno, es amigo íntimo de Felipe Calderón desde que su familia acogió en la capital, a mediados del siglo pasado, a Luis Calderón Vega, padre de Felipe, según lo cuenta éste en sus apuntes autobiográficos, y llegó a la Corte en 1994 al ser tomada ésta por la extrema derecha, pero no tuvo la decencia de excusarse de conocer del asunto por este impedimento, de ahí que no extrañe la ausencia de argumentos jurídicos de dicho dictamen.
7. El documento aprobado por los ministros no puede explicar, en consecuencia, cómo en el régimen constitucional mexicano puede el titular del Ejecutivo ejercer atribuciones que la Constitución no le otorga y disponer del patrimonio de la nación como en las monarquías absolutistas europeas del siglo XVIII y de esta manera hacer suya una función que sólo corresponde al Congreso: la de legislar para crear y extinguir organismos públicos.
8. La burda estrategia diseñada en Los Pinos para que el fallo aberrante contra los electricistas pudiera parecer legal supuso emitirlo unos días después del que exoneró a los detenidos de Atenco, pero esto también le falló. El gobierno ordenó a la SCJN liberar a los campesinos atenquenses porque la presión nacional e internacional le hacía imposible mantenerlos detenidos, pero se equivocó al pretender utilizar políticamente la decisión para culpar del caso al gobernador mexiquense Peña Nieto en víspera de las elecciones, y también al tratarle de dar con ella una aureola de credibilidad a la Corte.
9. Los electricistas no tienen ahora más disyuntiva que la de insistir en su misma lucha demandando la reinstalación de todos los trabajadores no liquidados y el respeto a su organización sindical, aunque se abre también la vía para demandar al gobierno mexicano ante los tribunales internacionales y pedir al Congreso iniciar juicio político contra los ministros de la SCJN.
10. El respaldo decidido de los mexicanos en las semanas que vienen a esta lucha del SME constituye, por eso, como muchos han comprendido en este momento de trascendencia histórica, una defensa de los derechos de todos los trabajadores del país, que les están siendo cancelados de manera indiscriminada por la extrema derecha en el poder, así como de los propios derechos de la nación mexicana a disponer de sus recursos estratégicos para beneficio de todos.
Luis Javier Garrido
El país se halla ya en la más absoluta ilegalidad tras la decisión vergonzosa del Poder Judicial de avalar el proceder anticonstitucional de Felipe Calderón de asaltar por la fuerza y sin sustento jurídico, el otoño pasado, las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro y violar los derechos laborales de 44 mil trabajadores.
1. El fallo, sin que mediara discusión alguna, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del 5 de julio ante la demanda de amparo del Sindicato Mexicano de Electricistas (aprobado de manera unánime por 10 de los 11 ministros presentes), declarando constitucional el decreto de Calderón del 11 de octubre de 2009 –en el que éste se arrogó facultades que no tiene para disponer del patrimonio de la nación y pisotear los derechos de los trabajadores al ordenar la extinción de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro– es una decisión política y no jurídica que quebranta gravemente el orden constitucional de México, como han coincidido en señalar los principales juristas del país.
2. No es esta la primera ocasión que la SCJN se cubre de ignominia al emitir un fallo que de manera abierta avala una violación del Ejecutivo a la Constitución, y aprueba la violación de los derechos de la nación para hacer posible que se apoderen de enclaves estratégicos de ella corporaciones extranjeras o atenta contra los derechos constitucionales de los trabajadores mexicanos, pero nunca antes un fallo del que se supone debería de ser el más alto tribunal del país quebranta de manera tan abierta el orden constitucional de la República, pues hace inexistentes los fundamentos torales de ésta, que sustentan la unidad de los mexicanos.
3. El mensaje que los que para muchos son ya sin excepción irresponsables ministros de la SCJN están enviando al país no podía ser más crítico en las actuales circunstancias, pues están diciéndole a la nación y a los mexicanos que como acontece en cualquier régimen despótico, en el de México no hay más legalidad que la de la fuerza de los grupos de mafiosos en el poder y de los intereses económicos a los que sirven, y que el gobierno de facto que tiene el país se halla al margen de cualquier legalidad en los días en que pretende celebrar 200 años de Independencia y 100 del inicio de una Revolución que no ha dejado de traicionar.
4. Las gravísimas consecuencias jurídicas y políticas de un fallo en este sentido, que no se cansó de anunciar desde semanas atrás Javier Lozano Alarcón, el secretario del Trabajo de Calderón (lo que hizo asumir que él había contribuido a su elaboración), fueron advertidas por múltiples juristas durante las sesiones del foro de análisis sobre el decreto llevadas a cabo en el Senado los días 29 y 30 de junio, quienes señalaron que por la trascendencia de los asuntos que entrañaba, una aberración de está índole no podría pasar inadvertida y confirmaría que en el país no hay un estado de derecho. Y esto es lo que muchos están ahora terminando por entender: que no existe en el país tribunal alguno que pueda defender los derechos de los mexicanos, y que al haberse quebrantado por completo la legalidad de la nación, los mexicanos para defenderse no tienen más disyuntiva que la de la resistencia cívica a ultranza, como lo está haciendo el Sindicato Mexicano de Electricistas al convocar a una mayor movilización de la nación, o la de la revolución armada, como algunos grupos lo están sosteniendo en diversas regiones del país.
5. La SCJN tiene en el régimen constitucional mexicano el papel relevante de ser el órgano de control de la constitucionalidad de las leyes y de los actos de la administración pública, tal y como le fue siendo definido a lo largo del siglo XIX y en la Constitución de 1917 y precisado tras las reformas de 1994, pero en el sistema político actual se ha convertido en una instancia que sólo sirve para satisfacer las órdenes del Ejecutivo y convalidar el proceso de desmantelamiento de la Constitución General de la República, al avalar el desacato abierto de ésta por las autoridades y la expedición de normas secundarias que la contradicen de manera abierta para instaurar en su lugar como norma suprema del país a las costumbres y prácticas no escritas de las corporaciones trasnacionales, para las que las naciones no tienen áreas estratégicas reservadas y ni existen derechos laborales.
6. El ministro Juan N. Silva Meza, quien pretende haber elaborado el dictamen que fue aprobado por el pleno, es amigo íntimo de Felipe Calderón desde que su familia acogió en la capital, a mediados del siglo pasado, a Luis Calderón Vega, padre de Felipe, según lo cuenta éste en sus apuntes autobiográficos, y llegó a la Corte en 1994 al ser tomada ésta por la extrema derecha, pero no tuvo la decencia de excusarse de conocer del asunto por este impedimento, de ahí que no extrañe la ausencia de argumentos jurídicos de dicho dictamen.
7. El documento aprobado por los ministros no puede explicar, en consecuencia, cómo en el régimen constitucional mexicano puede el titular del Ejecutivo ejercer atribuciones que la Constitución no le otorga y disponer del patrimonio de la nación como en las monarquías absolutistas europeas del siglo XVIII y de esta manera hacer suya una función que sólo corresponde al Congreso: la de legislar para crear y extinguir organismos públicos.
8. La burda estrategia diseñada en Los Pinos para que el fallo aberrante contra los electricistas pudiera parecer legal supuso emitirlo unos días después del que exoneró a los detenidos de Atenco, pero esto también le falló. El gobierno ordenó a la SCJN liberar a los campesinos atenquenses porque la presión nacional e internacional le hacía imposible mantenerlos detenidos, pero se equivocó al pretender utilizar políticamente la decisión para culpar del caso al gobernador mexiquense Peña Nieto en víspera de las elecciones, y también al tratarle de dar con ella una aureola de credibilidad a la Corte.
9. Los electricistas no tienen ahora más disyuntiva que la de insistir en su misma lucha demandando la reinstalación de todos los trabajadores no liquidados y el respeto a su organización sindical, aunque se abre también la vía para demandar al gobierno mexicano ante los tribunales internacionales y pedir al Congreso iniciar juicio político contra los ministros de la SCJN.
10. El respaldo decidido de los mexicanos en las semanas que vienen a esta lucha del SME constituye, por eso, como muchos han comprendido en este momento de trascendencia histórica, una defensa de los derechos de todos los trabajadores del país, que les están siendo cancelados de manera indiscriminada por la extrema derecha en el poder, así como de los propios derechos de la nación mexicana a disponer de sus recursos estratégicos para beneficio de todos.
noviembre 20, 2009
La irresponsabilidad
La irresponsabilidad
Luis Javier Garrido
Las anticonstitucionales acciones del gobierno en materia energética y la incapacidad de Felipe Calderón para justificar el desastre de su administración y su afán por desresponsabilizarse, ponen otra vez en el centro de la discusión una cuestión fundamental: ¿quién está tomando las decisiones en México?
1. La negativa de los diputados del PRI a que la Cámara de Diputados pida a la Suprema Corte investigar la constitucionalidad de esos actos del gobierno, que dilataron en anunciar más de un mes (La Jornada, 19/11/09) en función de sus oscuras componendas con el PAN, y que el martes 24 va a oficializarse en el pleno ahondando la pendiente de ilegalidad en que se desliza el país, es un claro ejemplo de cómo las gravísimas decisiones se están tomando en función de los intereses de la clase política llevan al desmantelamiento de la nación.
2. El anuncio de que el PRI va a negarse a respaldar la controversia constitucional contra el decreto de Calderón del 11 de octubre, en el que éste asume facultades que sólo competen al Congreso al decretar la desaparición de una empresa pública –Luz y Fuerza del Centro–, ignorando la legislación laboral para cesar a 44 mil trabajadores –acto que a juicio de múltiples expertos constituyó una abierta violación a la Constitución–, confirma una vez más que los priístas continúan dando la espalda a la clase trabajadora y que la llamada clase política sigue en su conjunto dispuesta a llevar a México por la pendiente de la ilegalidad, sin darse cuenta de que está deslegitimando por completo al poder público.
3. En las negociaciones y pactos secretos que para todo llevan a cabo priístas y panistas, dentro del marco de los acuerdos entre Carlos Salinas y el PAN para cogobernar a México, esta grave decisión del PRI muestra de nuevo que la burocracia salinista no tiene otro proyecto que el mismo de los panistas: servir a las mafias de poder económico para continuar enriqueciéndose, y cierra una vez más la vía de la legalidad en el país. No en balde es el priísta Alfredo Elías Ayub el que está privatizando la Comisión Federal de Electricidad (CFE) –en contra de lo determinado en los artículos 25, 27 y 28 constitucionales– favoreciendo a empresas como Techint, según denunció Martín Esparza (secretario general del SME) durante un mitin frente a las oficinas de la trasnacional que tuvo lugar el día 18.
4. Las graves decisiones que se están tomando en México no las quiere asumir nadie, mostrando los integrantes de la clase política una absoluta cobardía que contrasta con lo que acontecía en el pasado, pues tan luego como las adoptan pagan costosísimas campañas en los medios desresponsabilizándose de lo aprobado, culpándose priístas y panistas hasta el ridículo por lo aprobado. →→Sigue leyendo
Luis Javier Garrido
Las anticonstitucionales acciones del gobierno en materia energética y la incapacidad de Felipe Calderón para justificar el desastre de su administración y su afán por desresponsabilizarse, ponen otra vez en el centro de la discusión una cuestión fundamental: ¿quién está tomando las decisiones en México?
1. La negativa de los diputados del PRI a que la Cámara de Diputados pida a la Suprema Corte investigar la constitucionalidad de esos actos del gobierno, que dilataron en anunciar más de un mes (La Jornada, 19/11/09) en función de sus oscuras componendas con el PAN, y que el martes 24 va a oficializarse en el pleno ahondando la pendiente de ilegalidad en que se desliza el país, es un claro ejemplo de cómo las gravísimas decisiones se están tomando en función de los intereses de la clase política llevan al desmantelamiento de la nación.
2. El anuncio de que el PRI va a negarse a respaldar la controversia constitucional contra el decreto de Calderón del 11 de octubre, en el que éste asume facultades que sólo competen al Congreso al decretar la desaparición de una empresa pública –Luz y Fuerza del Centro–, ignorando la legislación laboral para cesar a 44 mil trabajadores –acto que a juicio de múltiples expertos constituyó una abierta violación a la Constitución–, confirma una vez más que los priístas continúan dando la espalda a la clase trabajadora y que la llamada clase política sigue en su conjunto dispuesta a llevar a México por la pendiente de la ilegalidad, sin darse cuenta de que está deslegitimando por completo al poder público.
3. En las negociaciones y pactos secretos que para todo llevan a cabo priístas y panistas, dentro del marco de los acuerdos entre Carlos Salinas y el PAN para cogobernar a México, esta grave decisión del PRI muestra de nuevo que la burocracia salinista no tiene otro proyecto que el mismo de los panistas: servir a las mafias de poder económico para continuar enriqueciéndose, y cierra una vez más la vía de la legalidad en el país. No en balde es el priísta Alfredo Elías Ayub el que está privatizando la Comisión Federal de Electricidad (CFE) –en contra de lo determinado en los artículos 25, 27 y 28 constitucionales– favoreciendo a empresas como Techint, según denunció Martín Esparza (secretario general del SME) durante un mitin frente a las oficinas de la trasnacional que tuvo lugar el día 18.
4. Las graves decisiones que se están tomando en México no las quiere asumir nadie, mostrando los integrantes de la clase política una absoluta cobardía que contrasta con lo que acontecía en el pasado, pues tan luego como las adoptan pagan costosísimas campañas en los medios desresponsabilizándose de lo aprobado, culpándose priístas y panistas hasta el ridículo por lo aprobado. →→Sigue leyendo
noviembre 13, 2009
LA RECHIFLA
La rechifla
Luis Javier Garrido
El llamado del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) a restaurar el orden constitucional y a instaurar un nuevo pacto social, reiterado en las movilizaciones del día 11, está marcando una nueva etapa en la lucha de los electricistas que la convierte en un movimiento nacional.
1. El éxito de las movilizaciones de la jornada del paro nacional, convocado por el SME el miércoles 11, durante la cual nuevamente cientos de miles de mexicanos se movilizaron en respaldo a la lucha de los trabajadores electricistas, ha sorprendido a todos y está dejando al gobierno de Calderón en una situación de perplejidad la que sólo parece poder enfrentar con la manipulación de la información.
2. En el país existe ya un abismo absoluto entre quienes pretenden gobernar y el pueblo, y eso hace inviable cualquier proyecto de gobierno. La rechifla que dieron 30 mil aficionados a Felipe Calderón al inaugurar el miércoles 11 el estadio Territorio Santos-Modelo, de Torreón, y las pancartas, mantas y manifestaciones de abucheo en la jornada cívica del paro nacional al espurio michoacano ese mismo día, no evidencian nada más el agravio creciente del pueblo, sino que anuncian una situación mucho más crítica de la que se advierte desde el poder.
3. El gobierno espurio de Calderón no atina en tanto más que a buscar consolidar su alianza con el priísmo salinista, y así en un acto patético otorgó el mismo día 11 nada menos que el Premio Nacional de Ingeniería al millonario Alfredo Elías Ayub, director de la Comisión Federal de Electricidad, quien ha sido el instrumento para entregar el sector eléctrico a las multinacionales y ahora se asume como el esquirol mayor.
4. Los empresarios que se reunieron durante varios días en San Pedro Garza García se desgarraron las vestiduras por la que entienden como crítica situación nacional, y fueron uno a uno lanzando llamados alarmistas, pero no fueron capaces de reconocer que son los principales culpables de lo que acontece al haber impuesto en 2006 por medio de la violencia electoral a un gobernante espurio al que sabían que podían manejar como su pelele y que no ha hecho otra cosa que instaurar un gobierno de ineptitud y de corrupción. Y lo son doblemente porque insisten en ignorar que la crisis económica no viene del contexto internacional, que sólo la agravó, sino del trasnochado modelo neoliberal que de manera fascista pretenden seguir imponiendo al país. Sigue leyendo
Luis Javier Garrido
El llamado del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) a restaurar el orden constitucional y a instaurar un nuevo pacto social, reiterado en las movilizaciones del día 11, está marcando una nueva etapa en la lucha de los electricistas que la convierte en un movimiento nacional.
1. El éxito de las movilizaciones de la jornada del paro nacional, convocado por el SME el miércoles 11, durante la cual nuevamente cientos de miles de mexicanos se movilizaron en respaldo a la lucha de los trabajadores electricistas, ha sorprendido a todos y está dejando al gobierno de Calderón en una situación de perplejidad la que sólo parece poder enfrentar con la manipulación de la información.
2. En el país existe ya un abismo absoluto entre quienes pretenden gobernar y el pueblo, y eso hace inviable cualquier proyecto de gobierno. La rechifla que dieron 30 mil aficionados a Felipe Calderón al inaugurar el miércoles 11 el estadio Territorio Santos-Modelo, de Torreón, y las pancartas, mantas y manifestaciones de abucheo en la jornada cívica del paro nacional al espurio michoacano ese mismo día, no evidencian nada más el agravio creciente del pueblo, sino que anuncian una situación mucho más crítica de la que se advierte desde el poder.
3. El gobierno espurio de Calderón no atina en tanto más que a buscar consolidar su alianza con el priísmo salinista, y así en un acto patético otorgó el mismo día 11 nada menos que el Premio Nacional de Ingeniería al millonario Alfredo Elías Ayub, director de la Comisión Federal de Electricidad, quien ha sido el instrumento para entregar el sector eléctrico a las multinacionales y ahora se asume como el esquirol mayor.
4. Los empresarios que se reunieron durante varios días en San Pedro Garza García se desgarraron las vestiduras por la que entienden como crítica situación nacional, y fueron uno a uno lanzando llamados alarmistas, pero no fueron capaces de reconocer que son los principales culpables de lo que acontece al haber impuesto en 2006 por medio de la violencia electoral a un gobernante espurio al que sabían que podían manejar como su pelele y que no ha hecho otra cosa que instaurar un gobierno de ineptitud y de corrupción. Y lo son doblemente porque insisten en ignorar que la crisis económica no viene del contexto internacional, que sólo la agravó, sino del trasnochado modelo neoliberal que de manera fascista pretenden seguir imponiendo al país. Sigue leyendo
agosto 12, 2009
EL ESTADO MEXICANO NO TIENE INTERES EN LOS DDHH
Felipe Calderón "no ve lo evidente": (Prodh)
Alfredo Méndez en La Jornada
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) aseguró ayer que el presidente Felipe Calderón “no quiere ver lo que es evidente”, y agregó que su postura de retar a que le prueben que soldados o policías violan garantías fundamentales en México “pone en evidencia el modo de proceder de un Estado que no tiene interés por los derechos humanos”. Leer más
LEY DE LAS SEMILLAS
SATIRICOSAS - Manú Dornbierer – 15-8-09
COSAS QUE NO SE DEBEN DECIR
2.- LA CORTE: BUENA PARA POCO Y MUY CARA
¿Para qué rayos sirvela Suprema Corte de Justicia de la Nación ? Para servir a los desgobiernos, al de Calderón en especial y al ejército que lo sostiene en el poder.
La Corte acaba de rechazar la posibilidad de que los militares agresores y hasta asesinos sean juzgados por civiles y no por ellos mismos, en un tribunal castrense solapador. Reynalda Morales, sinaloense, a la que a 4 soldados la dejaron sin marido en 2008 porque “lo confundieron con un narco” promovió ante la cínica corte de injusticia de esta nación hecha pedazos, la posibilidad de que los soldados como todos los que cometen asesinatos, torturas, violaciones, etc. sean juzgados, como lo que son, delincuentes comunes.
Ya se sabe que para los militares matar es parte de su trabajo y que si quieren medallas, tienen que ir a matar gente a una guerra, a supuestos enemigos, pero NO SE VALE. Matar y maltratar en su país a los civiles más inermes como los campesinos indígenas, por ejemplo, como lo hacen, escudados tras el fuero de un uniforme que con cierta frecuencia deshonran los soldados de México.
Es muy elocuente el caso, relacionado con” la privación arbitraria de la vida” de cuatro civiles en Sinaloa durante 2008, defendido por el Frente Cívico Sinaloense, Fundar – Centro de Investigación y Análisis y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez:
“La decisión de la SCJN al cancelar la posibilidad de que las víctimas civiles de abusos militares acudan al amparo para evitar que los militares se juzguen a sí mismos cierra a las propias víctimas el acceso a un recurso efectivo y a la protección judicial pues les impide acceder a un tribunal independiente e imparcial. Esto sitúa al Estado mexicano en situación de responsabilidad internacional. La decisión tomada hoy por la SCJN contrasta notablemente con los recientes posicionamientos públicos de varios ministros y ministras sobre el nuevo papel que, como sujetos de derechos, tienen las víctimas y los ofendidos dentro del proceso penal.
Al evadir la revisión de fondo del caso la Suprema Corte da un respaldo inequívoco al actual funcionamiento del fuero militar, que no es otro que el de ser un factor de impunidad y encubrimiento. En el caso resuelto el día de hoy se acudió a la Corte no en función de consideraciones abstractas sino a partir de la constatación reiterada de que cuando las instituciones castrenses investigan actos de tortura, homicidio, violación sexual y desaparición forzada, cometidos por sus mismos elementos, éstas desembocan en la impunidad”.
Hoy, afirman juristas, la SCJN ha dejado a las víctimas sin ningún recurso disponible para evitar que los militares se juzguen a sí mismos. Reynalda Morales, y los demás agraviados en casos análogos, sólo podrán encontrar en la justicia internacional la tutela efectiva de los derechos de las víctimas. Por lo que se seguirá responsabilizando al Estado mexicano en instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La SCJN evadió una vez más la obligación de constituirse como un órgano de garantía efectiva de los derechos humanos de quienes residimos en México. La impunidad que, contra lo señalado por Felipe Calderón, es en el México de hoy la norma y no la excepción, seguirá beneficiándose de un sistema de justicia carente de independencia e imparcialidad como lo es la jurisdicción castrense. La decisión tomada hoy desaprovecha una oportunidad histórica, la de poner controles civiles a las fuerzas armadas generalmente en la impunidad..
En cuanto a la manera aberrante como el presidente de la Corte pretendió desinteresar a sus colegas los ministros de la causa de los padres que perdieron a sus hijitos en la guardería ABC de Hermosillo, hay que preguntar si semejante inconsciencia, indiferencia y hasta crueldad en un funcionario altamente pagado por los mexicanos, está libre de toda responsabilidad que no sólo de crítica formal. El actual presidente de la Corte es Sergio Salvador Aguirre Anguiano, derechista, por los 4 costados, de la Universidad autónoma de Guadalajara, panista, nombrado ministro el 26 de enero de 1995 por el entonces presidente “priista” Ernesto Zedillo que canceló la anterior corte nombrada por Salinas y dejó semanas al país sin ella mientras creaba una a modo. ¿Está facultado el Congreso para llamarle la atención o acaso para retirarlo del jugosísimo puesto, ya que tampoco funciona? Leer más
Alfredo Méndez en La Jornada
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) aseguró ayer que el presidente Felipe Calderón “no quiere ver lo que es evidente”, y agregó que su postura de retar a que le prueben que soldados o policías violan garantías fundamentales en México “pone en evidencia el modo de proceder de un Estado que no tiene interés por los derechos humanos”. Leer más
LEY DE LAS SEMILLAS
SATIRICOSAS - Manú Dornbierer – 15-8-09
COSAS QUE NO SE DEBEN DECIR
2.- LA CORTE: BUENA PARA POCO Y MUY CARA
¿Para qué rayos sirve
La Corte acaba de rechazar la posibilidad de que los militares agresores y hasta asesinos sean juzgados por civiles y no por ellos mismos, en un tribunal castrense solapador. Reynalda Morales, sinaloense, a la que a 4 soldados la dejaron sin marido en 2008 porque “lo confundieron con un narco” promovió ante la cínica corte de injusticia de esta nación hecha pedazos, la posibilidad de que los soldados como todos los que cometen asesinatos, torturas, violaciones, etc. sean juzgados, como lo que son, delincuentes comunes.
Ya se sabe que para los militares matar es parte de su trabajo y que si quieren medallas, tienen que ir a matar gente a una guerra, a supuestos enemigos, pero NO SE VALE. Matar y maltratar en su país a los civiles más inermes como los campesinos indígenas, por ejemplo, como lo hacen, escudados tras el fuero de un uniforme que con cierta frecuencia deshonran los soldados de México.
Es muy elocuente el caso, relacionado con” la privación arbitraria de la vida” de cuatro civiles en Sinaloa durante 2008, defendido por el Frente Cívico Sinaloense, Fundar – Centro de Investigación y Análisis y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez:
“La decisión de la SCJN al cancelar la posibilidad de que las víctimas civiles de abusos militares acudan al amparo para evitar que los militares se juzguen a sí mismos cierra a las propias víctimas el acceso a un recurso efectivo y a la protección judicial pues les impide acceder a un tribunal independiente e imparcial. Esto sitúa al Estado mexicano en situación de responsabilidad internacional. La decisión tomada hoy por la SCJN contrasta notablemente con los recientes posicionamientos públicos de varios ministros y ministras sobre el nuevo papel que, como sujetos de derechos, tienen las víctimas y los ofendidos dentro del proceso penal.
Al evadir la revisión de fondo del caso la Suprema Corte da un respaldo inequívoco al actual funcionamiento del fuero militar, que no es otro que el de ser un factor de impunidad y encubrimiento. En el caso resuelto el día de hoy se acudió a la Corte no en función de consideraciones abstractas sino a partir de la constatación reiterada de que cuando las instituciones castrenses investigan actos de tortura, homicidio, violación sexual y desaparición forzada, cometidos por sus mismos elementos, éstas desembocan en la impunidad”.
Hoy, afirman juristas, la SCJN ha dejado a las víctimas sin ningún recurso disponible para evitar que los militares se juzguen a sí mismos. Reynalda Morales, y los demás agraviados en casos análogos, sólo podrán encontrar en la justicia internacional la tutela efectiva de los derechos de las víctimas. Por lo que se seguirá responsabilizando al Estado mexicano en instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La SCJN evadió una vez más la obligación de constituirse como un órgano de garantía efectiva de los derechos humanos de quienes residimos en México. La impunidad que, contra lo señalado por Felipe Calderón, es en el México de hoy la norma y no la excepción, seguirá beneficiándose de un sistema de justicia carente de independencia e imparcialidad como lo es la jurisdicción castrense. La decisión tomada hoy desaprovecha una oportunidad histórica, la de poner controles civiles a las fuerzas armadas generalmente en la impunidad..
En cuanto a la manera aberrante como el presidente de la Corte pretendió desinteresar a sus colegas los ministros de la causa de los padres que perdieron a sus hijitos en la guardería ABC de Hermosillo, hay que preguntar si semejante inconsciencia, indiferencia y hasta crueldad en un funcionario altamente pagado por los mexicanos, está libre de toda responsabilidad que no sólo de crítica formal. El actual presidente de la Corte es Sergio Salvador Aguirre Anguiano, derechista, por los 4 costados, de la Universidad autónoma de Guadalajara, panista, nombrado ministro el 26 de enero de 1995 por el entonces presidente “priista” Ernesto Zedillo que canceló la anterior corte nombrada por Salinas y dejó semanas al país sin ella mientras creaba una a modo. ¿Está facultado el Congreso para llamarle la atención o acaso para retirarlo del jugosísimo puesto, ya que tampoco funciona? Leer más
junio 26, 2009
CALDERÓN HA PERDIDO LA RUTA DEL BUEN GOBIERNO
Juega con fuego al anular a los poderes estatales, advierte
Calderón ha perdido la ruta del buen gobierno: Castro y Castro
Jesús Aranda en La Jornada
El gobierno de Felipe Calderón está dando la espalda a nuestro federalismo al pretender que no necesita permiso de nadie para combatir al narcotráfico, sostiene el ministro retirado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juventino V. Castro y Castro, quien advirtió que podríamos perder a la patria, disolviendo nuestra conjunción de voluntades libres y soberanas, que tanta sangre mexicana derramó para fortalecerse.
Al comentar las palabras del Ejecutivo federal dichas en Xochitepec, Morelos, en el sentido de que su gobierno no pide permiso para realizar acciones contra delincuentes, además de demandar a los gobiernos de los estados que colaboren en lugar de reclamar por los operativos de seguridad, Castro y Castro destacó su especial preocupación por la actitud presidencial.
Federalismo en riesgo
Con acciones como las realizadas por las fuerzas armadas en Michoacán o como en Sonora con motivo del incendio de una guardería del IMSS, dijo Castro y Castro, Calderón está jugando con fuego, uno que está a punto de devorar a nuestro federalismo.
En una reflexión por escrito, de la cual tiene copia La Jornada, el antiguo ministro indica que pareciera que quien ejerce el poder federal ha perdido la ruta del buen gobierno, cuando no sólo aplica su derecho a perseguir material y judicialmente a los narcotraficantes, sino que bajo ese pretexto jurisdiccional aprehende arbitrariamente, desarregla y anula a los gobiernos locales –principalmente a quienes constituyen sus fuerzas de seguridad–, pretendiendo que su autoridad está por encima de los poderes de los estados libres y soberanos. Nuestra federalidad, enfatiza, constituye una unidad y no se puede ejercer sino en los límites de lo pactado.
En lo que a mi respecta, concluye Castro, me atengo a lo establecido por la SCJN en una tesis de jurisprudencia en el sentido de que Conforme al artículo 40 de la Constitución, la República Mexicana es un Estado Federal, en el que, por lo mismo, están divididas las atribuciones del poder soberano entre la Federación y los estados.
Calderón ha perdido la ruta del buen gobierno: Castro y Castro
Jesús Aranda en La Jornada
El gobierno de Felipe Calderón está dando la espalda a nuestro federalismo al pretender que no necesita permiso de nadie para combatir al narcotráfico, sostiene el ministro retirado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juventino V. Castro y Castro, quien advirtió que podríamos perder a la patria, disolviendo nuestra conjunción de voluntades libres y soberanas, que tanta sangre mexicana derramó para fortalecerse.
Al comentar las palabras del Ejecutivo federal dichas en Xochitepec, Morelos, en el sentido de que su gobierno no pide permiso para realizar acciones contra delincuentes, además de demandar a los gobiernos de los estados que colaboren en lugar de reclamar por los operativos de seguridad, Castro y Castro destacó su especial preocupación por la actitud presidencial.
Federalismo en riesgo
Con acciones como las realizadas por las fuerzas armadas en Michoacán o como en Sonora con motivo del incendio de una guardería del IMSS, dijo Castro y Castro, Calderón está jugando con fuego, uno que está a punto de devorar a nuestro federalismo.
En una reflexión por escrito, de la cual tiene copia La Jornada, el antiguo ministro indica que pareciera que quien ejerce el poder federal ha perdido la ruta del buen gobierno, cuando no sólo aplica su derecho a perseguir material y judicialmente a los narcotraficantes, sino que bajo ese pretexto jurisdiccional aprehende arbitrariamente, desarregla y anula a los gobiernos locales –principalmente a quienes constituyen sus fuerzas de seguridad–, pretendiendo que su autoridad está por encima de los poderes de los estados libres y soberanos. Nuestra federalidad, enfatiza, constituye una unidad y no se puede ejercer sino en los límites de lo pactado.
En lo que a mi respecta, concluye Castro, me atengo a lo establecido por la SCJN en una tesis de jurisprudencia en el sentido de que Conforme al artículo 40 de la Constitución, la República Mexicana es un Estado Federal, en el que, por lo mismo, están divididas las atribuciones del poder soberano entre la Federación y los estados.
julio 13, 2008
APOYAN LA REFORMA AL ARTÍCULO 41 CONSTITUCIONAL
Prohibir a particulares contratar espots, saludable para la democracia: Amedi
Gustavo Castillo García
La reforma al artículo 41 constitucional, que impide a particulares y empresas contratar espacios en radio y televisión para difundir propaganda, es positiva, toda vez que evita “que quieran influir en la decisión de los ciudadanos”, ya que “ello ha sido un factor que altera la equidad de oportunidades que, de acuerdo con su presencia electoral, deben tener los partidos y candidatos”, consideró la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), luego de que algunos de sus integrantes se reunieron con ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Encabezados por el ex senador Javier Corral, políticos, juristas, académicos, periodistas, escritores, artistas, actores y productores entregaron una carta al presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, y otros cuatro ministros, en la que exponen su respaldo a la reforma constitucional que en materia electoral prohíbe la contratación de propaganda en radio y televisión a particulares.
Durante la reunión, en la que estuvieron presentes Carmen Aristegui, Luis Javier Solana y Jaime Cárdenas Gracia, entre otros, expusieron su interés en debatir públicamente el tema de las adiciones al artículo 41 constitucional con los integrantes del llamado “grupo de los 15” intelectuales, que se ha manifestado en favor de que particulares puedan pagar espots electorales en radio y televisión, y que han promovido amparos en contra de esa reforma. Leer más
marzo 16, 2008
CARMEN ARISTEGUI, LAS BOLETAS
Las boletas
Carmen Aristegui F.
REFORMA 14 Mar. 08
En septiembre de 2006 el entonces Presidente electo, Felipe Calderón, envió una carta al entonces presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde. Ahí, le pedía que se preservaran los materiales electorales de ese año "durante el tiempo que sea posible..." en "...abono a la certeza y confianza de los ciudadanos" y para contribuir "al mejor entendimiento entre los mexicanos". Viene al caso recordar estas palabras a raíz del fallo que la Corte emitió esta semana sobre el tema del acceso a las boletas electorales. Con una votación dividida y argumentaciones encontradas, la Corte privilegió la materia electoral por encima del derecho a la información. La mayoría decidió negar el amparo solicitado por el director de Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, en contra de la resolución de una jueza federal que en septiembre del año pasado dio la razón al IFE en su negativa de permitir llegar directamente a la papelería electoral. La solicitud fue negada, en su momento, al periodista de Proceso Daniel Lizárraga y también, en su momento, a la colega Delia Angélica Ortiz, entonces de W Radio. A pesar de que el fallo de la Corte impide el acceso a la papelería y se remite a lo que establece la ley electoral, las boletas no pueden ser destruidas porque aún debe resolverse el amparo promovido por el doctor Sergio Aguayo, quien se ha declarado agnóstico sobre las eleccio- nes del 2006. No cree que hubo o que no hubo fraude en 2006, pero alega su derecho a saber. La Corte no resolvió el fondo de la impugnación sobre el derecho a saber que marca el 6o. de la Constitución. Para la mayoría el proceso electoral ya está terminado, por lo que las boletas se pueden destruir. La ministra Luna Ramos, por su parte, sorprendió al decir que el proceso comicial "sigue abierto" en tanto no se destruyan los paquetes electorales.
No se trata de guardar por guardar estos materiales, sino de recurrir a ellos para generar conocimiento a través de investigaciones académicas y periodísticas sobre lo que pasó en la elección presidencial. Es un asunto de transparencia y una prueba sobre la eficacia en el acceso a la información pública. Las peticiones para acceder a esos materiales no han atentado nunca contra el principio de definitividad de la elección ni cosa parecida. Nunca se planteó -porque no hay ni había lugar para ello- pretensión alguna de abrir un nuevo cauce para impugnar judicialmente la elección presidencial. El Tribunal resolvió -no exento de críticas- la elección y eso era y es jurídicamente inatacable. El tema del resguardo de los materiales llevó al IFE a definir si son o no documentos públicos, por ejemplo, las boletas electorales. Se construyó una definición de antología que les negaba esa condición y que sirvió de base para negar el acceso a las boletas. El TEPJF, por su parte, le negó a Proceso el acceso a las boletas, estableciendo que éstas no son de acceso público, pues su contenido es "secreto y anónimo". Así como lo lee. El Tribunal equiparó al acto físico de cruzar con un crayón una papeleta sin que nadie lo vea a uno con el contenido de la preferencia electoral contenida en la papeleta. Lo que es secreto y anónimo es la identidad de quien votó, no el contenido de la papeleta que -como pocas cosas en la democracia- debe ser abierto y público. El caso es que con criterios como los del IFE y del Tribunal se ha recorrido un camino empedrado y tortuoso que atenta contra la información.
La novedad hoy es la declaración del actual presidente del IFE, Leonardo Valdés, que, en sentido contrario de su antecesor, se pronunció a favor de que los ciudadanos conozcan las boletas electorales de la pasada elección. "Mi punto de vista es que en los términos de la Ley de Acceso a la Información, los ciudadanos deben tener acceso a los documentos oficiales y es mi convicción que las boletas electorales son un documento oficial... debería mostrarse el contenido de esos documentos". Buenas definiciones conceptuales pero que, por lo visto, de nada valdrán: "En el caso que el Tribunal decida que es materia electoral y que en consecuencia no ha lugar a mostrar las boletas, el IFE procederá a su destrucción". En pocas palabras la convicción de Valdés de poco servirá si el Tribunal decide lo contrario. Así que, a menos que alguien decida recurrir a las instancias internacionales, la destrucción parece inminente. No podrá hacerse -como dice Octavio Rodríguez Araujo- la autopsia al cadáver electoral. ¿Tienen o no los ciudadanos derecho a conocer, por vías no jurisdiccionales, el resultado de una elección? ¿Es un despropósito pedir que, desde el punto de vista histórico y periodístico, se pueda revisar la papelería de la elección más confrontada de la historia? ¿Se vale o no poner a revisión el trabajo del IFE y del Tribunal Electoral, por la vía de la ciencias sociales? ¿Qué tipo de efectos se causarían en la sociedad mexicana al revisarse las boletas electorales y obtener de ahí ratificaciones o rectificaciones de lo que cada quien piensa de lo ocurrido aquel domingo 2 de julio? ¿Alguien piensa que un ejercicio como el que se realizó en Florida cuando Bush salió Presidente en una elección controvertida pueda alterar la gobernabilidad o los equilibrios sociales en México? ¿Quién le teme a qué?
Carmen Aristegui F.
REFORMA 14 Mar. 08
En septiembre de 2006 el entonces Presidente electo, Felipe Calderón, envió una carta al entonces presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde. Ahí, le pedía que se preservaran los materiales electorales de ese año "durante el tiempo que sea posible..." en "...abono a la certeza y confianza de los ciudadanos" y para contribuir "al mejor entendimiento entre los mexicanos". Viene al caso recordar estas palabras a raíz del fallo que la Corte emitió esta semana sobre el tema del acceso a las boletas electorales. Con una votación dividida y argumentaciones encontradas, la Corte privilegió la materia electoral por encima del derecho a la información. La mayoría decidió negar el amparo solicitado por el director de Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, en contra de la resolución de una jueza federal que en septiembre del año pasado dio la razón al IFE en su negativa de permitir llegar directamente a la papelería electoral. La solicitud fue negada, en su momento, al periodista de Proceso Daniel Lizárraga y también, en su momento, a la colega Delia Angélica Ortiz, entonces de W Radio. A pesar de que el fallo de la Corte impide el acceso a la papelería y se remite a lo que establece la ley electoral, las boletas no pueden ser destruidas porque aún debe resolverse el amparo promovido por el doctor Sergio Aguayo, quien se ha declarado agnóstico sobre las eleccio- nes del 2006. No cree que hubo o que no hubo fraude en 2006, pero alega su derecho a saber. La Corte no resolvió el fondo de la impugnación sobre el derecho a saber que marca el 6o. de la Constitución. Para la mayoría el proceso electoral ya está terminado, por lo que las boletas se pueden destruir. La ministra Luna Ramos, por su parte, sorprendió al decir que el proceso comicial "sigue abierto" en tanto no se destruyan los paquetes electorales.
No se trata de guardar por guardar estos materiales, sino de recurrir a ellos para generar conocimiento a través de investigaciones académicas y periodísticas sobre lo que pasó en la elección presidencial. Es un asunto de transparencia y una prueba sobre la eficacia en el acceso a la información pública. Las peticiones para acceder a esos materiales no han atentado nunca contra el principio de definitividad de la elección ni cosa parecida. Nunca se planteó -porque no hay ni había lugar para ello- pretensión alguna de abrir un nuevo cauce para impugnar judicialmente la elección presidencial. El Tribunal resolvió -no exento de críticas- la elección y eso era y es jurídicamente inatacable. El tema del resguardo de los materiales llevó al IFE a definir si son o no documentos públicos, por ejemplo, las boletas electorales. Se construyó una definición de antología que les negaba esa condición y que sirvió de base para negar el acceso a las boletas. El TEPJF, por su parte, le negó a Proceso el acceso a las boletas, estableciendo que éstas no son de acceso público, pues su contenido es "secreto y anónimo". Así como lo lee. El Tribunal equiparó al acto físico de cruzar con un crayón una papeleta sin que nadie lo vea a uno con el contenido de la preferencia electoral contenida en la papeleta. Lo que es secreto y anónimo es la identidad de quien votó, no el contenido de la papeleta que -como pocas cosas en la democracia- debe ser abierto y público. El caso es que con criterios como los del IFE y del Tribunal se ha recorrido un camino empedrado y tortuoso que atenta contra la información.
La novedad hoy es la declaración del actual presidente del IFE, Leonardo Valdés, que, en sentido contrario de su antecesor, se pronunció a favor de que los ciudadanos conozcan las boletas electorales de la pasada elección. "Mi punto de vista es que en los términos de la Ley de Acceso a la Información, los ciudadanos deben tener acceso a los documentos oficiales y es mi convicción que las boletas electorales son un documento oficial... debería mostrarse el contenido de esos documentos". Buenas definiciones conceptuales pero que, por lo visto, de nada valdrán: "En el caso que el Tribunal decida que es materia electoral y que en consecuencia no ha lugar a mostrar las boletas, el IFE procederá a su destrucción". En pocas palabras la convicción de Valdés de poco servirá si el Tribunal decide lo contrario. Así que, a menos que alguien decida recurrir a las instancias internacionales, la destrucción parece inminente. No podrá hacerse -como dice Octavio Rodríguez Araujo- la autopsia al cadáver electoral. ¿Tienen o no los ciudadanos derecho a conocer, por vías no jurisdiccionales, el resultado de una elección? ¿Es un despropósito pedir que, desde el punto de vista histórico y periodístico, se pueda revisar la papelería de la elección más confrontada de la historia? ¿Se vale o no poner a revisión el trabajo del IFE y del Tribunal Electoral, por la vía de la ciencias sociales? ¿Qué tipo de efectos se causarían en la sociedad mexicana al revisarse las boletas electorales y obtener de ahí ratificaciones o rectificaciones de lo que cada quien piensa de lo ocurrido aquel domingo 2 de julio? ¿Alguien piensa que un ejercicio como el que se realizó en Florida cuando Bush salió Presidente en una elección controvertida pueda alterar la gobernabilidad o los equilibrios sociales en México? ¿Quién le teme a qué?
marzo 14, 2008
COMPROBACIÓN LÓGICA: SÍ HUBO FRAUDE
Comprobación lógica: sí hubo fraude
Octavio Rodríguez Araujo en
Puede traicionarme la memoria, pero me parece recordar que lo solicitado por la revista Proceso sobre las boletas electorales de la elección presidencial de 2006 era acceso a ellas para volverlas a contar, y no, como ha resuelto
Desde el principio, tanto la revista como algunos universitarios solicitaron contar los votos a sabiendas de que dicha acción, de haberse permitido, no cambiaría los resultados electorales, sino sólo resolvería la gran incógnita de muchos mexicanos de si los resultados fueron correctos o no. La negativa de seis magistrados contra cinco demuestra, una vez más, que la gente del poder no quiere que se le haga la autopsia, por decirlo así, al cadáver electoral. Hay presunción fundada de que dicha víctima fue asesinada; no se tiene la certeza de cómo exactamente se cometió el crimen, si fue asfixiada o murió de un golpe en la cabeza o de un balazo. La autopsia nos revelaría algo al respecto o, quizá, que la víctima en realidad no fue asesinada sino que falleció de lo que los médicos llaman muerte natural. Con el conteo extraoficial y sin validez jurídica se aclararía si hubo o no fraude electoral, si ganó Calderón o López Obrador. Nada más, pues, aunque tramposamente, es cosa juzgada, y ya ni modo.
Sin embargo, temerosos los del poder establecido, se han negado a aclarar estas dudas, a pesar de que sería en beneficio de la salud de la nación. Han preferido negar un derecho a la transparencia electoral que tenemos todos los ciudadanos; han preferido pasar a la historia como marrulleros autoritarios, que aclararle al mundo cómo fueron en realidad las elecciones federales pasadas. El siguiente paso será, si la lógica del poder se cumple, que el IFE ordene destruir las boletas electorales, es decir el cuerpo del delito. Y los mexicanos nos quedaremos siempre con la duda, al igual que tal vez nunca sepamos quién en realidad mató a Colosio, por ejemplo.
Los seis magistrados de
Es una lástima que Felipe Calderón, dada la pequeña diferencia entre sus supuestos votos y los supuestos votos de su principal contrincante, no haya sido el primero en pedir que los votos se volvieran a contar. Lo único que logró con su contumacia fue aumentar la duda sobre su triunfo, olvidando la vieja máxima que dice que el que calla otorga, o la otra que dice que el que nada debe nada teme.
Si me doy cuenta de que me falta la cartera en el bolsillo y atrás de mí veo a un personaje que trata de pasar inadvertido o que lleva a cabo movimientos sospechosos, puedo pensar que él fue el ladrón. Llamo al policía más cercano y éste le pide que vacíe sus bolsillos. Si se niega, se hará más sospechoso, y si accede y no se le encuentra mi cartera, me disculparé ampliamente y reconoceré que me equivoqué y que ese personaje es inocente. Pero Calderón no quiso hacerlo, el IFE de Ugalde tampoco, el tribunal electoral ignoró infinidad de pruebas sobre la suciedad de las elecciones y falló en contra de que se contaran todos los votos. ¿Cuál puede ser la única conclusión lógica? Que no quisieron que se supiera la verdad. El máximo tribunal de la nación ha hecho lo mismo, ocultar la evidencia y dar pie para que las boletas sean destruidas. ¿Podré creer en las instituciones de
Muchos amigos míos, tanto los muy enterados como otros medio apáticos, me han dicho que no hubo fraude y me han dado decenas de argumentos; pero ellos, a diferencia de quien se ostenta como gobernante y de nuestros magistrados, sí estuvieron de acuerdo en que las boletas electorales fueran contadas de nuevo por personas ajenas al poder institucional y confiables por lo mismo. Unos lo dijeron públicamente y otros no, por temor a perder su trabajo, pero pensaron que no hubiera habido ningún problema en el recuento, incluso –en opinión de ellos– para ratificar que las irregularidades habidas en el cómputo oficial no hubieran cambiado sustancialmente los resultados. Nada. Los del poder institucional cerraron filas y terminaron siendo cómplices, por lo menos, de mantener la duda entre quienes pensamos que sí fue fraudulenta esa elección y que no triunfó Calderón. Con su terquedad confirman, para mí, que sí hubo trampa y que el golpe de Estado ex ante (del que he escrito en otros momentos) sí se llevó a cabo, aunque poco podamos hacer ahora para cambiar las cosas.
Es una lástima que estas cosas ocurran en México. Pero, contra lo que probablemente piensan los del poder, no nos acostumbraremos: seguiremos la ruta de la oposición en la medida de nuestras posibilidades. Y, una conclusión inevitable: las instituciones son dudosas y poco confiables.
febrero 17, 2008
MANÚ DORNBIERER, EL GOBIERNO APOYA LA PEDOFILIA
El gobierno apoya la pedofilia
sábado, 16 de febrero de 2008
Satiricosas
Manú Dornbierer
1.- Pidió al gobierno de México “aplicar los mismos recursos y esfuerzos que actualmente destina para el combate de la delincuencia organizada al desmantelamiento de redes de pedofilia y al esclarecimiento de homicidios de mujeres en Ciudad Juárez”. Así como a la erradicación de la pobreza y mejores condiciones de vida para la población.
2.- A través de reuniones con familiares de las víctimas se enteró de que todos ellos afirman “no tener acceso a la justicia, tras 15 años de asesinatos en esa ciudad fronteriza”. (En efecto empezaron con el primer gobernador panista, Francisco Barrio, que no supo o quiso detenerlos).
3.- Dijo que considera “fundamentalmente inapropiado el uso de militares en tareas de seguridad pública, pero que si es la última opción, hay que garantizar que sea a corto plazo”. También pidió garantizar la participación de instancias civiles en la investigación y sanción de violaciones a los derechos humanos, así como un sistema de rendición de cuentas permanente del Ejército y su supervisión por organismos civiles.
4.- Aseguró estar preocupada por violaciones a los derechos humanos en México, entre los que se encuentran los asesinatos de periodistas, la concentración de medios de comunicación en unos cuantos grupos de poder, la criminalización de la protesta social y el proceso de reforma constitucional al sistema de justicia penal.
Como miembro del Consejo de Ginebra de Naciones Unidas, a partir de abril, México será sometido a una revisión periódica. Comenzarán a funcionar procesos transparentes, los estados miembros presentarán informes de garantías a la par de los reportes de organizaciones civiles y agencias del organismo internacional.
¿No le gusta al “Gobierno de
Louise Arbour? Entonces que decida salirse de
enero 04, 2008
LA DEFINICIÓN, LUIS JAVIER GARRIDO
La definición
El gobierno ilegítimo de Felipe Calderón no oculta ya a un año de su imposición que uno de sus objetivos centrales es el desmantelamiento total de
1. El año de 2008 se ha iniciado con el gobierno calderonista de facto empeñado en imponer las políticas que exigen algunos poderes trasnacionales y la mafia mexicana coludida con ellos, y así anuncia que no cederá en su propósito de proseguir la privatización de Pemex y de
2. La respuesta de las organizaciones sociales y democráticas ante la cerrazón de los fanáticos panistas y priístas que gobiernan al país ha sido en este caso unánime y han definido un plan de lucha que en lo inmediato supone a) múltiples acciones de resistencia civil, pero también b) una defensa por la vía jurídica, que a fin de cuentas es no sólo de los derechos fundamentales de los campesinos mexicanos, sino del orden constitucional mismo.
3. Los abogados de las organizaciones campesinas de varios estados han empezado la lucha por la vía legal e interpondrán en breve, según anunciaba
diciembre 19, 2007
LA DIGNIDAD Y LA DESVERGÜENZA
La dignidad y la desvergüenza
Álvaro delgado
México, D.F., 17 de diciembre (apro).- Con una supuesta gallardía que jamás exhibió cuando las condiciones verdaderamente lo exigían, y que sólo revela la impostura de su conducta, Luis Carlos Ugalde presentó su renuncia a la presidencia del Instituto Federal Electoral (IFE) sólo para darse un brochazo de dignidad.
El mejor contraste lo representa Alicia Elene Pérez Duarte, quien renunció a su cargo de fiscal para la Atención de Delitos Cometidos contra Mujeres, porque sencillamente su trabajo no tenía sentido ni destino después que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) impartió cátedra de cómo garantizar impunidad a criminales pederastas coludidos con el poder público, como el emblemático gobernador Mario Marín Torres.
Se trata de dos conductas que revelan la concepción del servicio público y, también, el respeto que cada quien tiene de sí mismo:
Ugalde se aferró al cargo no para preservar la autonomía e independencia del IFE, desvirtuados ambos principios desde que hace cuatro años fue elegido él y los otros ocho consejeros --que ahí siguen--, sino para representar los intereses justamente de quienes lo impusieron --y quienes quieren seguir manteniéndolo-- y lucrar económicamente como forma de vida.
Álvaro delgado
México, D.F., 17 de diciembre (apro).- Con una supuesta gallardía que jamás exhibió cuando las condiciones verdaderamente lo exigían, y que sólo revela la impostura de su conducta, Luis Carlos Ugalde presentó su renuncia a la presidencia del Instituto Federal Electoral (IFE) sólo para darse un brochazo de dignidad.
El mejor contraste lo representa Alicia Elene Pérez Duarte, quien renunció a su cargo de fiscal para la Atención de Delitos Cometidos contra Mujeres, porque sencillamente su trabajo no tenía sentido ni destino después que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) impartió cátedra de cómo garantizar impunidad a criminales pederastas coludidos con el poder público, como el emblemático gobernador Mario Marín Torres.
Se trata de dos conductas que revelan la concepción del servicio público y, también, el respeto que cada quien tiene de sí mismo:
Ugalde se aferró al cargo no para preservar la autonomía e independencia del IFE, desvirtuados ambos principios desde que hace cuatro años fue elegido él y los otros ocho consejeros --que ahí siguen--, sino para representar los intereses justamente de quienes lo impusieron --y quienes quieren seguir manteniéndolo-- y lucrar económicamente como forma de vida.
Pactada una jugosa liquidación y cobijado política y financieramente por los beneficiarios de la defraudación electoral --entre ellos los delincuentes impunes que forman parte del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y los panistas chihuahuenses del Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano (Celiderh)--, Ugalde aprovechó la ineptitud de los diputados para enrollarse en la bandera y presentar su renuncia. Sigue leyendo
diciembre 10, 2007
"NOS VAN A MATAR" : LAS PRUEBAS DE LA REGRESIÓN QUE VIVE EL PAÍS
La impunidad avalada por
Las pruebas de la regresión que vive el país
Héctor Ramón González Cuellar
Esta historia es una evidencia mayor de que el estado de derecho no converge con la justicia. A 36 horas después de que
Resulta indignante escuchar a los seis ministros de
Promesas incumplidas
http://www.youtube.com/watch?v=Buj-Ge78V64
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