Alfredo Méndez en La Jornada
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) aseguró ayer que el presidente Felipe Calderón “no quiere ver lo que es evidente”, y agregó que su postura de retar a que le prueben que soldados o policías violan garantías fundamentales en México “pone en evidencia el modo de proceder de un Estado que no tiene interés por los derechos humanos”. Leer más
LEY DE LAS SEMILLAS
SATIRICOSAS - Manú Dornbierer – 15-8-09
COSAS QUE NO SE DEBEN DECIR
2.- LA CORTE: BUENA PARA POCO Y MUY CARA
¿Para qué rayos sirve
La Corte acaba de rechazar la posibilidad de que los militares agresores y hasta asesinos sean juzgados por civiles y no por ellos mismos, en un tribunal castrense solapador. Reynalda Morales, sinaloense, a la que a 4 soldados la dejaron sin marido en 2008 porque “lo confundieron con un narco” promovió ante la cínica corte de injusticia de esta nación hecha pedazos, la posibilidad de que los soldados como todos los que cometen asesinatos, torturas, violaciones, etc. sean juzgados, como lo que son, delincuentes comunes.
Ya se sabe que para los militares matar es parte de su trabajo y que si quieren medallas, tienen que ir a matar gente a una guerra, a supuestos enemigos, pero NO SE VALE. Matar y maltratar en su país a los civiles más inermes como los campesinos indígenas, por ejemplo, como lo hacen, escudados tras el fuero de un uniforme que con cierta frecuencia deshonran los soldados de México.
Es muy elocuente el caso, relacionado con” la privación arbitraria de la vida” de cuatro civiles en Sinaloa durante 2008, defendido por el Frente Cívico Sinaloense, Fundar – Centro de Investigación y Análisis y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez:
“La decisión de la SCJN al cancelar la posibilidad de que las víctimas civiles de abusos militares acudan al amparo para evitar que los militares se juzguen a sí mismos cierra a las propias víctimas el acceso a un recurso efectivo y a la protección judicial pues les impide acceder a un tribunal independiente e imparcial. Esto sitúa al Estado mexicano en situación de responsabilidad internacional. La decisión tomada hoy por la SCJN contrasta notablemente con los recientes posicionamientos públicos de varios ministros y ministras sobre el nuevo papel que, como sujetos de derechos, tienen las víctimas y los ofendidos dentro del proceso penal.
Al evadir la revisión de fondo del caso la Suprema Corte da un respaldo inequívoco al actual funcionamiento del fuero militar, que no es otro que el de ser un factor de impunidad y encubrimiento. En el caso resuelto el día de hoy se acudió a la Corte no en función de consideraciones abstractas sino a partir de la constatación reiterada de que cuando las instituciones castrenses investigan actos de tortura, homicidio, violación sexual y desaparición forzada, cometidos por sus mismos elementos, éstas desembocan en la impunidad”.
Hoy, afirman juristas, la SCJN ha dejado a las víctimas sin ningún recurso disponible para evitar que los militares se juzguen a sí mismos. Reynalda Morales, y los demás agraviados en casos análogos, sólo podrán encontrar en la justicia internacional la tutela efectiva de los derechos de las víctimas. Por lo que se seguirá responsabilizando al Estado mexicano en instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La SCJN evadió una vez más la obligación de constituirse como un órgano de garantía efectiva de los derechos humanos de quienes residimos en México. La impunidad que, contra lo señalado por Felipe Calderón, es en el México de hoy la norma y no la excepción, seguirá beneficiándose de un sistema de justicia carente de independencia e imparcialidad como lo es la jurisdicción castrense. La decisión tomada hoy desaprovecha una oportunidad histórica, la de poner controles civiles a las fuerzas armadas generalmente en la impunidad..
En cuanto a la manera aberrante como el presidente de la Corte pretendió desinteresar a sus colegas los ministros de la causa de los padres que perdieron a sus hijitos en la guardería ABC de Hermosillo, hay que preguntar si semejante inconsciencia, indiferencia y hasta crueldad en un funcionario altamente pagado por los mexicanos, está libre de toda responsabilidad que no sólo de crítica formal. El actual presidente de la Corte es Sergio Salvador Aguirre Anguiano, derechista, por los 4 costados, de la Universidad autónoma de Guadalajara, panista, nombrado ministro el 26 de enero de 1995 por el entonces presidente “priista” Ernesto Zedillo que canceló la anterior corte nombrada por Salinas y dejó semanas al país sin ella mientras creaba una a modo. ¿Está facultado el Congreso para llamarle la atención o acaso para retirarlo del jugosísimo puesto, ya que tampoco funciona? Leer más
