La irresponsabilidad
Luis Javier Garrido
Las anticonstitucionales acciones del gobierno en materia energética y la incapacidad de Felipe Calderón para justificar el desastre de su administración y su afán por desresponsabilizarse, ponen otra vez en el centro de la discusión una cuestión fundamental: ¿quién está tomando las decisiones en México?
1. La negativa de los diputados del PRI a que la Cámara de Diputados pida a la Suprema Corte investigar la constitucionalidad de esos actos del gobierno, que dilataron en anunciar más de un mes (La Jornada, 19/11/09) en función de sus oscuras componendas con el PAN, y que el martes 24 va a oficializarse en el pleno ahondando la pendiente de ilegalidad en que se desliza el país, es un claro ejemplo de cómo las gravísimas decisiones se están tomando en función de los intereses de la clase política llevan al desmantelamiento de la nación.
2. El anuncio de que el PRI va a negarse a respaldar la controversia constitucional contra el decreto de Calderón del 11 de octubre, en el que éste asume facultades que sólo competen al Congreso al decretar la desaparición de una empresa pública –Luz y Fuerza del Centro–, ignorando la legislación laboral para cesar a 44 mil trabajadores –acto que a juicio de múltiples expertos constituyó una abierta violación a la Constitución–, confirma una vez más que los priístas continúan dando la espalda a la clase trabajadora y que la llamada clase política sigue en su conjunto dispuesta a llevar a México por la pendiente de la ilegalidad, sin darse cuenta de que está deslegitimando por completo al poder público.
3. En las negociaciones y pactos secretos que para todo llevan a cabo priístas y panistas, dentro del marco de los acuerdos entre Carlos Salinas y el PAN para cogobernar a México, esta grave decisión del PRI muestra de nuevo que la burocracia salinista no tiene otro proyecto que el mismo de los panistas: servir a las mafias de poder económico para continuar enriqueciéndose, y cierra una vez más la vía de la legalidad en el país. No en balde es el priísta Alfredo Elías Ayub el que está privatizando la Comisión Federal de Electricidad (CFE) –en contra de lo determinado en los artículos 25, 27 y 28 constitucionales– favoreciendo a empresas como Techint, según denunció Martín Esparza (secretario general del SME) durante un mitin frente a las oficinas de la trasnacional que tuvo lugar el día 18.
4. Las graves decisiones que se están tomando en México no las quiere asumir nadie, mostrando los integrantes de la clase política una absoluta cobardía que contrasta con lo que acontecía en el pasado, pues tan luego como las adoptan pagan costosísimas campañas en los medios desresponsabilizándose de lo aprobado, culpándose priístas y panistas hasta el ridículo por lo aprobado. →→Sigue leyendo
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