Los derechos humanos según Gómez Mont
Víctor M. Quintana S.
Ciudad Juárez es piedra de toque para los funcionarios públicos de todo nivel. El secretario de Gobernación vino a esta frontera a evaluar los resultados –casi nulos– del programa Todos somos Juárez a cien días de su arranque y, convencido de que la mejor defensa es el ataque, antes de que lo sometieran al fuego cruzado de los cuestionamientos, la emprendió contra periodistas, diputados locales y derechohumanistas.
Entre los temas que confrontan a Gómez Mont con la sociedad civil chihuahuense destaca la desaparición de tres jóvenes. El 29 de diciembre de 2009, 10 elementos uniformados del Ejército Mexicano detuvieron sin orden judicial a José Ángel Alvarado Herrera, Nitza Paola Alvarado Espinoza y Rocío Irene Alvarado Reyes en el ejido Benito Juárez del municipio de Buenaventura, Chihuahua. Cuando se le trata el asunto, Gómez Mont ha defendido al Ejército y el fuero militar, al tiempo que acusa a las organizaciones de derechos humanos de exageradas y generalizadoras en sus denuncias a los militares.
A pesar de que la Sedena y Gómez Mont niegan que elementos militares hayan participado en el operativo, la Red de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Chihuahua ha presentado pruebas contundentes que involucran a miembros del Ejército en la desaparición forzada de los jóvenes: el propio Ejército puso a disposición de la Agencia Estatal de Investigaciones la camioneta en la que viajaban Nitza y José Ángel al momento de su detención. Además, dos agentes del Ministerio Público –uno de apellido Leyva y otro de apellido Enríquez Duarte– informaron a la familia de los jóvenes que éstos permanecían detenidos en el 35 Batallón de Infantería, en Nuevo Casas Grandes. Más todavía: la Procuraduría General de la República (PGR) declinó la competencia del caso a favor de la Procuraduría Militar, lo cual constata que presume que elementos del Ejército estuvieron involucrados en los hechos.
Por su parte, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua ha minimizado la gravedad de la desaparición forzada de los muchachos al reclasificar la denuncia como una serie de hechos dentro de la Unidad de Investigaciones Especiales de Personas Ausentes y Extraviadas, la cual no investiga delitos.
Todos los intentos de la Red de Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos por obtener copia del expediente PGR/CHIH/JUA/27/2010-VII-A en la PGR han sido vanos. Sin embargo, un órgano de esta misma procuraduría, la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas (FEVIMTRA), informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que abrió la averiguación previa AP.PGR/FEVIMTRA/TRA/009/2010.
Hasta ahora las tres personas permanecen desaparecidas y sus familiares han sido hostigados continuamente por elementos del Ejército Mexicano. Gómez Mont alega que su dependencia ha atendido el caso: los familiares de los Alvarado y los representantes de la Red de Defensoras y Defensores fueron citados el 19 de mayo por la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación a una reunión en Ciudad Juárez. Ahí se les informó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dadas las pruebas ofrecidas por los familiares y la red, presentó de oficio solicitud de medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de Nitza Paola, Rocío Irene y José Ángel y que dicha corte solicitó información al Estado mexicano sobre la situación de estas personas.
Después de dos horas de trabajo quedó claro que ninguna autoridad ha realizado investigaciones ni acciones efectivas para presentar con vida a los jóvenes. Al finalizar la reunión, con excepción de la Sedena, tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como la estatal, y todos los representantes de las restantes dependencias de gobierno, incluso la de Gobernación, habían abandonado el edificio sin revisar la minuta y, por supuesto, sin firmarla. Así el Estado mexicano incumplió el mandato de la CIDH.
Ante la nula actuación del Estado mexicano, el 4 de junio del 2010, el presidente y el secretario de la CIDH comunicaron a las y los defensores de derechos humanos, representantes de las víctimas que se otorgan medidas provisionales por parte de este organismo internacional. Puras vergüenzas….
No basta, pues, que Gómez Mont renuncie al PAN para desempeñarse bien como constructor de los consensos que el país necesita. Ha de renunciar, sobre todo, a su actitud centralista, regañona, acusadora de los medios de comunicación y despreciativa de las organizaciones de derechos humanos, por más que se diga experto en la materia. De lo contrario, sería mejor que cambiara de giro. No le vendría mal ser el primer titular de la comisión nacional de defensa del fuero militar.
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junio 12, 2010
abril 14, 2010
agosto 12, 2009
EL ESTADO MEXICANO NO TIENE INTERES EN LOS DDHH
Felipe Calderón "no ve lo evidente": (Prodh)
Alfredo Méndez en La Jornada
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) aseguró ayer que el presidente Felipe Calderón “no quiere ver lo que es evidente”, y agregó que su postura de retar a que le prueben que soldados o policías violan garantías fundamentales en México “pone en evidencia el modo de proceder de un Estado que no tiene interés por los derechos humanos”. Leer más
LEY DE LAS SEMILLAS
SATIRICOSAS - Manú Dornbierer – 15-8-09
COSAS QUE NO SE DEBEN DECIR
2.- LA CORTE: BUENA PARA POCO Y MUY CARA
¿Para qué rayos sirvela Suprema Corte de Justicia de la Nación ? Para servir a los desgobiernos, al de Calderón en especial y al ejército que lo sostiene en el poder.
La Corte acaba de rechazar la posibilidad de que los militares agresores y hasta asesinos sean juzgados por civiles y no por ellos mismos, en un tribunal castrense solapador. Reynalda Morales, sinaloense, a la que a 4 soldados la dejaron sin marido en 2008 porque “lo confundieron con un narco” promovió ante la cínica corte de injusticia de esta nación hecha pedazos, la posibilidad de que los soldados como todos los que cometen asesinatos, torturas, violaciones, etc. sean juzgados, como lo que son, delincuentes comunes.
Ya se sabe que para los militares matar es parte de su trabajo y que si quieren medallas, tienen que ir a matar gente a una guerra, a supuestos enemigos, pero NO SE VALE. Matar y maltratar en su país a los civiles más inermes como los campesinos indígenas, por ejemplo, como lo hacen, escudados tras el fuero de un uniforme que con cierta frecuencia deshonran los soldados de México.
Es muy elocuente el caso, relacionado con” la privación arbitraria de la vida” de cuatro civiles en Sinaloa durante 2008, defendido por el Frente Cívico Sinaloense, Fundar – Centro de Investigación y Análisis y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez:
“La decisión de la SCJN al cancelar la posibilidad de que las víctimas civiles de abusos militares acudan al amparo para evitar que los militares se juzguen a sí mismos cierra a las propias víctimas el acceso a un recurso efectivo y a la protección judicial pues les impide acceder a un tribunal independiente e imparcial. Esto sitúa al Estado mexicano en situación de responsabilidad internacional. La decisión tomada hoy por la SCJN contrasta notablemente con los recientes posicionamientos públicos de varios ministros y ministras sobre el nuevo papel que, como sujetos de derechos, tienen las víctimas y los ofendidos dentro del proceso penal.
Al evadir la revisión de fondo del caso la Suprema Corte da un respaldo inequívoco al actual funcionamiento del fuero militar, que no es otro que el de ser un factor de impunidad y encubrimiento. En el caso resuelto el día de hoy se acudió a la Corte no en función de consideraciones abstractas sino a partir de la constatación reiterada de que cuando las instituciones castrenses investigan actos de tortura, homicidio, violación sexual y desaparición forzada, cometidos por sus mismos elementos, éstas desembocan en la impunidad”.
Hoy, afirman juristas, la SCJN ha dejado a las víctimas sin ningún recurso disponible para evitar que los militares se juzguen a sí mismos. Reynalda Morales, y los demás agraviados en casos análogos, sólo podrán encontrar en la justicia internacional la tutela efectiva de los derechos de las víctimas. Por lo que se seguirá responsabilizando al Estado mexicano en instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La SCJN evadió una vez más la obligación de constituirse como un órgano de garantía efectiva de los derechos humanos de quienes residimos en México. La impunidad que, contra lo señalado por Felipe Calderón, es en el México de hoy la norma y no la excepción, seguirá beneficiándose de un sistema de justicia carente de independencia e imparcialidad como lo es la jurisdicción castrense. La decisión tomada hoy desaprovecha una oportunidad histórica, la de poner controles civiles a las fuerzas armadas generalmente en la impunidad..
En cuanto a la manera aberrante como el presidente de la Corte pretendió desinteresar a sus colegas los ministros de la causa de los padres que perdieron a sus hijitos en la guardería ABC de Hermosillo, hay que preguntar si semejante inconsciencia, indiferencia y hasta crueldad en un funcionario altamente pagado por los mexicanos, está libre de toda responsabilidad que no sólo de crítica formal. El actual presidente de la Corte es Sergio Salvador Aguirre Anguiano, derechista, por los 4 costados, de la Universidad autónoma de Guadalajara, panista, nombrado ministro el 26 de enero de 1995 por el entonces presidente “priista” Ernesto Zedillo que canceló la anterior corte nombrada por Salinas y dejó semanas al país sin ella mientras creaba una a modo. ¿Está facultado el Congreso para llamarle la atención o acaso para retirarlo del jugosísimo puesto, ya que tampoco funciona? Leer más
Alfredo Méndez en La Jornada
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) aseguró ayer que el presidente Felipe Calderón “no quiere ver lo que es evidente”, y agregó que su postura de retar a que le prueben que soldados o policías violan garantías fundamentales en México “pone en evidencia el modo de proceder de un Estado que no tiene interés por los derechos humanos”. Leer más
LEY DE LAS SEMILLAS
SATIRICOSAS - Manú Dornbierer – 15-8-09
COSAS QUE NO SE DEBEN DECIR
2.- LA CORTE: BUENA PARA POCO Y MUY CARA
¿Para qué rayos sirve
La Corte acaba de rechazar la posibilidad de que los militares agresores y hasta asesinos sean juzgados por civiles y no por ellos mismos, en un tribunal castrense solapador. Reynalda Morales, sinaloense, a la que a 4 soldados la dejaron sin marido en 2008 porque “lo confundieron con un narco” promovió ante la cínica corte de injusticia de esta nación hecha pedazos, la posibilidad de que los soldados como todos los que cometen asesinatos, torturas, violaciones, etc. sean juzgados, como lo que son, delincuentes comunes.
Ya se sabe que para los militares matar es parte de su trabajo y que si quieren medallas, tienen que ir a matar gente a una guerra, a supuestos enemigos, pero NO SE VALE. Matar y maltratar en su país a los civiles más inermes como los campesinos indígenas, por ejemplo, como lo hacen, escudados tras el fuero de un uniforme que con cierta frecuencia deshonran los soldados de México.
Es muy elocuente el caso, relacionado con” la privación arbitraria de la vida” de cuatro civiles en Sinaloa durante 2008, defendido por el Frente Cívico Sinaloense, Fundar – Centro de Investigación y Análisis y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez:
“La decisión de la SCJN al cancelar la posibilidad de que las víctimas civiles de abusos militares acudan al amparo para evitar que los militares se juzguen a sí mismos cierra a las propias víctimas el acceso a un recurso efectivo y a la protección judicial pues les impide acceder a un tribunal independiente e imparcial. Esto sitúa al Estado mexicano en situación de responsabilidad internacional. La decisión tomada hoy por la SCJN contrasta notablemente con los recientes posicionamientos públicos de varios ministros y ministras sobre el nuevo papel que, como sujetos de derechos, tienen las víctimas y los ofendidos dentro del proceso penal.
Al evadir la revisión de fondo del caso la Suprema Corte da un respaldo inequívoco al actual funcionamiento del fuero militar, que no es otro que el de ser un factor de impunidad y encubrimiento. En el caso resuelto el día de hoy se acudió a la Corte no en función de consideraciones abstractas sino a partir de la constatación reiterada de que cuando las instituciones castrenses investigan actos de tortura, homicidio, violación sexual y desaparición forzada, cometidos por sus mismos elementos, éstas desembocan en la impunidad”.
Hoy, afirman juristas, la SCJN ha dejado a las víctimas sin ningún recurso disponible para evitar que los militares se juzguen a sí mismos. Reynalda Morales, y los demás agraviados en casos análogos, sólo podrán encontrar en la justicia internacional la tutela efectiva de los derechos de las víctimas. Por lo que se seguirá responsabilizando al Estado mexicano en instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La SCJN evadió una vez más la obligación de constituirse como un órgano de garantía efectiva de los derechos humanos de quienes residimos en México. La impunidad que, contra lo señalado por Felipe Calderón, es en el México de hoy la norma y no la excepción, seguirá beneficiándose de un sistema de justicia carente de independencia e imparcialidad como lo es la jurisdicción castrense. La decisión tomada hoy desaprovecha una oportunidad histórica, la de poner controles civiles a las fuerzas armadas generalmente en la impunidad..
En cuanto a la manera aberrante como el presidente de la Corte pretendió desinteresar a sus colegas los ministros de la causa de los padres que perdieron a sus hijitos en la guardería ABC de Hermosillo, hay que preguntar si semejante inconsciencia, indiferencia y hasta crueldad en un funcionario altamente pagado por los mexicanos, está libre de toda responsabilidad que no sólo de crítica formal. El actual presidente de la Corte es Sergio Salvador Aguirre Anguiano, derechista, por los 4 costados, de la Universidad autónoma de Guadalajara, panista, nombrado ministro el 26 de enero de 1995 por el entonces presidente “priista” Ernesto Zedillo que canceló la anterior corte nombrada por Salinas y dejó semanas al país sin ella mientras creaba una a modo. ¿Está facultado el Congreso para llamarle la atención o acaso para retirarlo del jugosísimo puesto, ya que tampoco funciona? Leer más
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