¿Pacificación? ¡Queremos paz, queremos justicia!

Editorial

Publicado en el número 175 de El Zenzontle Agosto de 2018

¿Pacificación? ¡Queremos paz, queremos justicia!

Los regímenes autoritarios del mundo y en particular los de América Latina han utilizado el nombre de pacificación para la estrategia combinada de fuerza y control sobre la población, luego de una crisis política, el ascenso de la insurgencia popular o la presencia de violencias “ilegales” que amenazan la seguridad del Estado.

En el México de estos días, el término pacificación es parte del proyecto del que será nuevo gobierno a partir del próximo 1 de diciembre presidido por Andrés Manuel López Obrador. Los aspectos que contiene según lo anunciado son posibles amnistías, instalación de comisiones de la verdad para casos especiales, mantener un mando único, presencia de un fiscal propuesto por el nuevo presidente, creación de guardia nacional, debate sobre la legalización del consumo de algunas drogas y su posible producción y comercio regulados por el Estado, y el establecimiento de acuerdos fronterizos de seguridad tanto con los gobiernos de Estados Unidos y con los del triángulo norte de Centroamérica.

Pareciera ser un cambio en alguna medida importante frente a lo ejercido por lo menos en los pasados dos sexenios, el del panista Felipe Calderón y el del priista Enrique Peña Nieto, ambos responsables de una intensa y amplia guerra contra el pueblo, disfrazada primero de guerra contra las drogas y luego como guerra al crimen organizado. Lo que consideramos guerra contra los pueblos por sus resultados en 12 años: 200 mil muertos, casi 40 mil desaparecidos 35 mil desplazados forzados, homicidios crecientes, ejecuciones extrajudiciales masacres y fosas clandestinas.

La situación es dominada por un abanico muy diverso del sostenido negocio del crimen que va del narcotráfico a la trata y tráfico de personas, de la venta de órganos humanos, el saqueo de zonas arqueológicas, el huachicol para extraer gasolina y gas, al robo a ferrocarriles de carga y al despojo de recursos del agua, la tierra y el aire de las comunidades. Un negocio afirmado por las empresas vendedoras de armas, banqueros que lavan el dinero y trasnacionales que utilizan militares y paramilitares (del narco o sicarios de políticos) para invadir y despojar a los territorios de los pueblos con violencia.

Violencia que alcanzó a hombres y mujeres de todas las edades, que sacrifica a periodistas, defensoras de derechos humanos, luchadores sociales y población inerme de las comunidades rurales indígenas y mestizas, a los barrios urbanos, las escuelas, los centros de trabajo y las calles. Violencia que acompañan como testigos, cómplices, pero también como asesinos miembros del ejército, de la marina, de la policía federal, las estatales y municipales y muchísimos grupos de paramilitares de dentro o fuera de las instituciones, incluso muchos pagados por grupos empresariales como sucedía con las guardias blancas o “brigadas de limpieza social”.

México está convertido en un campo de terror y de guerra. La respuesta del Estado y de los poderes del dinero ha sido una ley de seguridad interior, aún no validada por la Suprema Corte de Justicia, pero aplicada en los hechos junto a las muchas leyes y nomas represivas y simulaciones de justicia con las que han pretendido ocultar tanta sevicia, negando fosas, cárceles y desapariciones, así como impidiendo la búsqueda de la verdad y la justicia.

Y de este tejido de violencia institucionalizada poco o nada se dice por el equipo de la próxima secretaria de gobernación, la de seguridad y por quienes trabajan para renovar las procuradurías.

Lo que no se dice también cuenta

La pacificación entonces: ¿romperá la cadena del plan Mérida, así tenga otro nombre, reforzando la línea de seguridad nacional que Estados Unidos ha dispuesto para su dominio geoestratégico? ¿Está por venir la fase de cumplimiento (aunque sea recortado) de la Ley de Seguridad Interior? ¿Continuarán militares y marinos en calles y caminos? ¿Habrá cambios para que no se deporte a migrantes o se ayude a que lo siga haciendo el gobierno racista de Estados unidos? ¿Seguirá la impunidad y el ocultamiento de la verdad ante desapariciones, ejecuciones y masacres de luchadores y defensores sociales? ¿Seguirá el feminicidio y el racismo como violencia normalizada por el sistema?

Si no hay justicia no habrá paz y, la violencia tendrá como rostro de una pacificación que calme, controle o reprima primero a los pobres y nunca a los criminales del poder.

Si el terror que aplican los de arriba permanece, si no se castiga a sus responsables y se arranca su raíz capitalista, patriarcal y racista, el pueblo en cualesquiera de sus expresiones organizadas tendrá que tomar la legítima decisión de protegerse, resistir y rebelarse.

Editorial: Tiempos ominosos

Tiempos ominosos

D

onald Trump, el aspirante presidencial republicano, se impuso ayer a su rival demócrata, Hillary Clinton, y su partido refrendaba un amplio dominio en ambas cámaras del Poder Legislativo. Semejante vuelco en la cúpula del poder político de la principal potencia del mundo es, desde luego, preocupante, si se tienen en cuenta los propósitos vertidos por el empresario neoyorquino durante su campaña, casi todos cargados de amenazas, fobias, belicismo, intolerancia y autoritarismo, y no pocos de los cuales han tenido como blanco a México y a los mexicanos.

Paradójicamente, este resultado, inesperado de acuerdo con la mayoría de las encuestas, que coincidían en conceder márgenes mínimos de ventaja a Clinton, expresa el tamaño del descontento social en Estados Unidos, en la medida en que el sufragio para el republicano es una expresión de rechazo al sistema político, a los partidos tradicionales y a las instituciones.

Asimismo, el que a pesar de los masivos y significativos respaldos recibidos, la demócrata no haya sido capaz de traducir en resultados reales sus respaldos y sus ventajas en encuestas, es indicativo de la impopularidad y la erosión de la credibilidad de su figura política, así como de un desinterés ciudadano en la tarea –que era ciertamente necesaria por razones de sentido común– de impedir la llegada de Trump a la Casa Blanca.

En términos de ética social y de conciencia cívica, la victoria de Trump es un dato devastador. El que una mentalidad tan rudimentaria, agresiva y chovinista haya logrado atraer a casi la mitad de los electores indica la persistencia de grandes bastiones de atraso político que contrastan con la modernidad de que hace gala el vecino país del norte.

Por desgracia, el triunfo del empresario racista, misógino, inescrupuloso y belicoso podría llevar al mundo a enfrentar una situación parecida a la que padeció cuando la administración de Bill Clinton fue sucedida por la de George W. Bush: un hito que marcó un generalizado retroceso en la legalidad internacional, los derechos humanos, la paz y la transparencia.

Un agravante adicional es que esas tendencias autoritarias, regresivas y fóbicas podrían contagiarse a algunos de los socios occidentales de Estados Unidos, como Francia, que está en vísperas de un proceso electoral. De hecho, la dirigente del ultraderechista Frente Nacional no esperó a que se consolidara la ventaja definitiva de Trump sobre Clinton para enviar, vía Twitter, un mensaje de felicitación al primero.

Otro efecto que puede sentirse desde ahora mismo es la inestabilidad financiera que se ha desatado en las bolsas y que puede perdurar cuando menos hasta el relevo presidencial en la Casa Blanca, previsto para enero del año entrante. Ese interregno podría generar un quebranto perdurable en diversas economías. En la nuestra, por lo pronto, en unas horas el peso mexicano había experimentado una devaluación mayor a la sufrida en el curso de todo este año.

Por último, está por verse el margen real de poder que el establishment estadunidense concederá al virtual presidente electo. Debe recordarse, a este efecto, que los intereses corporativos del país vecino conforman poderes fácticos que aprecian, por encima de todo, la estabilidad.

Leer en La Jornada 

http://www.jornada.unam.mx/2016/11/09/opinion/002a1edi

TEPJF: institucionalidad lesionada

TEPJF: institucionalidad lesionada

Desde febrero pasado, meses antes de la reciente elección, el abanderado de la coalición Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, pidió al Instituto Federal Electoral (IFE) que impidiera y, en su caso, sancionara irregularidades como la compra de votos, el rebase en los gastos de campaña y la inequidad en la cobertura por la mayor parte de los medios informativos, especialmente los electrónicos. A esa petición el IFE respondió que no tenía facultades para evitar o castigar tales infracciones a la ley electoral en tanto éstas no fueran perpetradas. Fue evidente también la actitud omisa de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales (Fepade). En las semanas siguientes la ciudadanía constató el exceso de recursos en la campaña del candidato priísta, Enrique Peña Nieto. Por lo demás, desde el día mismo de los comicios se dieron a conocer miles de testimonios fotográficos, videográficos y notariales que documentaban la compra de sufragios para la fórmula del partido tricolor.

Posteriormente, la coalición de izquierda divulgó docenas de documentos, confirmados uno a uno como auténticos, que evidenciaban diversos manejos de dinero de procedencia desconocida, posiblemente ilícita, en el contexto de la campaña peñanietista. Por todo lo anterior, la parte agraviada pidió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que fallara la invalidez de la elección, toda vez que ésta no cumplió con las características establecidas en la Constitución.

En tal circunstancia, con un resultado electoral inverosímil a ojos de millones de ciudadanos, el tribunal tenía ante sí la disyuntiva de calificar, esclarecer e investigar las pruebas presentadas; corregir, de esa forma, las omisiones del IFE y de la Fepade; dar con ello certidumbre y solidez a los procesos electorales, y sentar un precedente para impedir la repetición de los mecanismos de distorsión de la voluntad popular, o bien recurrir a formulismos legales para declararlas improcedentes y desechar en su totalidad el recurso del Movimiento Progresista.

Los magistrados del TEPJF optaron, en la sesión de ayer, por lo segundo: dieron la espalda a los testimonios de las irregularidades y buscaron –y encontraron– pretextos legalistas para descalificarlos. En la lógica enunciada por los magistrados, la única prueba admisible habría sido, acaso, una reconstrucción de hechos, realizada ante sus ojos y con todos los protagonistas presentes, de los desaseos electorales que fueron vistos, por lo demás, por innumerables ciudadanos.

La falta de pulcritud y la parcialidad fue llevada a tal punto que Salvador Olimpo Nava Gomar se adelantó a los procedimientos jurídicos para referirse a Peña Nieto como presidente electo y a calificar de elecciones libes y auténticas el proceso pasado, en tanto que su colega Flavio Galván se refirió al proceso culminado ayer como juicio anecdótico sin acto impugnado.

En suma, los magistrados no juzgaron la legalidad de la elección, sino que se limitaron, basados en una interpretación estrechísima de las leyes e ignorando indicios de la comisión de posibles delitos graves, a descalificar al Movimiento Progresista y a sus recursos de impugnación. Porque, a contrapelo de lo que afirmó el magistrado Manuel González Oropeza, la ley no es aplicable si no se interpreta, y en el caso presente los integrantes del organismo decidieron dar a la Constitución y a las normas electorales una interpretación omisa, complaciente y, para colmo, sumamente lesiva para el conjunto de la institucionalidad política del país. Porque, ante su negativa a investigar y esclarecer el cúmulo de irregularidades del pasado proceso comicial, abren la puerta a la perpetuación de prácticas electorales repudiables, a un gravísimo descrédito de los procesos democráticos y a un nuevo gobierno carente de legitimidad.

Alto a la violencia

Alto a la violencia

Editorial de La Jornada

Ante el paroxismo de violencia en el que han desembocado las acciones de la delincuencia organizada en el país y la “guerra” en su contra en la que se empecina el gobierno federal, resulta inocultable que las víctimas principales del conflicto en curso son la población misma, sus garantías y su seguridad, el tejido institucional y la integridad moral de la República.

Las declaraciones reiteradas y los despliegues –aparatosos, pero sin resultados– de fuerzas públicas frente a escenas de barbarie y crueldad como las que se desplegaron el sábado en Acapulco son del todo inaceptables, como lo son, también, la pasividad y la inacción sociales ante esta catástrofe.

Además de los 30 mil muertos en lo que va de la presente administración, algunos saldos visibles de la estrategia oficial en materia de seguridad, legalidad y justicia son, precisamente, la destrucción de la seguridad, de la legalidad y de la justicia en extensas regiones del país, el desvanecimiento de las garantías individuales, el aumento de la impunidad y la multiplicación del poder delictivo en todos los órdenes: de fuego, de cooptación e infiltración, financiero e incluso político.

Las cifras que arrojan la procuración y la impartición de justicia son tan alarmantes como el saldo rojo: en este cuatrienio la gran mayoría de los presuntos delincuentes detenidos han resultado absueltos y liberados, ya sea por deficiencias en la integración de las acusaciones, por corrupción judicial o por una combinación de ambos factores. El resultado es, por una parte, una situación de completo desamparo de la población y, por la otra, la casi total impunidad de los criminales.

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Adicionalmente, los datos –incluso los oficiales– permiten entrever que las diversas modalidades de la delincuencia conforman por sí mismas un sector económico, acaso el más pujante en el contexto de una recuperación incierta, en el mejor de los casos, o basada, en buena parte, en las ganancias del narcotráfico, como lo señalan diversos especialistas. El lavado de decenas de miles de millones de dólares cada año tendría que ser suficiente elemento de juicio para concluir que la vía de la persecución policial y militar no puede, por sí misma, derrotar a los cárteles del narcotráfico.

A pesar de los alegatos sostenidos por el discurso gubernamental en el sentido de que la mayor parte de los muertos de esta “guerra” han sido integrantes de las organizaciones criminales, el derecho a la vida es una garantía individual que corresponde a todas las personas, independientemente de su situación jurídica. Y, en rigor, los cerca de 30 mil individuos que han tenido una muerte violenta en el contexto del actual conflicto eran inocentes, toda vez que no fueron declarados culpables por un órgano jurisdiccional facultado para ello.

La actual administración ya no está en condiciones, en los dos años que le restan, de conseguir algo semejante a logros reales en materia de imposición del estado de derecho, como no sean acciones puramente mediáticas. Puede, en cambio, si se empecina en su fallida estrategia antidelictiva, empeorar la situación de peligro, terror y zozobra en la que viven grandes núcleos de población, comprometer la soberanía nacional más de lo que ya lo ha hecho y propiciar el avance de la desintegración institucional que ya se vive.

La defensa de la legalidad carece de sentido si no se empieza por garantizar el respeto a la más básica de las garantías consagradas en la Constitución: el derecho a la vida. Lo procedente, en consecuencia, no es priorizar el desmantelamiento de los grupos delictivos, sino la pacificación del país.

El gobierno calderonista debe asumir, de cara a la sociedad, los costos políticos de su decisión inicial: el emprender una “guerra” –la expresión es de sus promotores– contra la delincuencia sin contar con la preparación institucional y operativa necesaria, sin comprender a cabalidad la extensión del problema, sin considerar sus aspectos sociales, económicos y financieros, y sin tener la legitimidad política que se habría requerido para convocar al país a la unidad y la movilización contra las organizaciones criminales.

Por definición, a la criminalidad organizada no se le puede pedir que actúe con responsabilidad, apego a derecho o sentido de Estado. Por su propia supervivencia, la sociedad tiene ante sí el deber de dirigirse a las autoridades para que éstas rectifiquen y empiecen a adoptar acciones concretas para poner un alto al baño de sangre en curso.

SME: la resistencia continúa

SME: la resistencia continúa

En las poco más de seis semanas transcurridas desde el asalto policiaco ordenado por el gobierno federal a las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC) y la posterior extinción de ese organismo descentralizado por medio de un decreto presidencial, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) ha desarrollado, con el respaldo de distintos sectores de la sociedad organizada –movimientos populares, organizaciones no gubernamentales, izquierdas partidistas, sindicatos independientes e incontables ciudadanos aislados– una intensa campaña de resistencia gremial que, lejos de evidenciar indicios de debilitamiento, tiende a profundizarse.

A las masivas concentraciones que tuvieron lugar en esta capital los pasados 16 de octubre y 11 de noviembre –esta última como colofón del paro cívico nacional que se desarrolló ese mismo día en distintas entidades del país– se suman ahora las huelgas de hambre que 11 mujeres electricistas iniciaron el lunes a las afueras del edificio de la Comisión Federal de Electricidad, así como las que, desde ese mismo día, se llevan a cabo en Pachuca, Hidalgo, y en Toluca, estado de México. Por añadidura, varios cientos de sindicalistas cercaron ayer el Palacio Legislativo de San Lázaro, lo que llevó a la mesa directiva de la Cámara de Diputados a sellar los accesos del inmueble y a pedir el resguardo de la Policía Federal.

Los hechos que se comentan ponen en relieve el fracaso de la apuesta de la administración calderonista por acabar de tajo con el SME; por el contrario, sus agremiados han mantenido la cohesión organizativa y la voluntad de lucha para recuperar su fuente de trabajo, a pesar de las presiones ejercidas por el gobierno federal para que se sometan a un proceso de liquidación que es considerado por múltiples voces injustificado y hasta ilegal –así lo califican diversos jurisconsultos– y a contrapelo de las campañas de hostigamiento y de linchamiento mediático emprendidas por la alianza político-empresarial que detenta el poder en el país.

Hasta ahora, el empeño de la actual administración por desaparecer a LFC, y dejar de paso a más de 40 mil familias sin fuente de sustento, no sólo no ha tenido el respaldo social deseado por el gobierno federal –como demuestra la masiva asistencia popular a los actos referidos–, sino ha logrado que las distintas oposiciones políticas, sindicales y sociales del país encuentren un punto de convergencia y de unidad en el rechazo a la ofensiva del calderonismo contra los trabajadores y la propiedad pública.

En la circunstancia presente, ante la evidencia de un conflicto que, contra los cálculos y pronósticos del grupo gobernante, va de menos a más, es claro lo costoso que está resultando para el país la decisión tomada por el gobierno federal hace mes y medio: en todo este tiempo se ha profundizado la fractura política existente a escala nacional desde hace por lo menos tres años, se han acentuado los efectos de la crisis económica aún vigente –tanto por el incremento súbito en el número de desempleados como por las afectaciones derivadas de las interrupciones en el servicio eléctrico–, se han extendido las penurias y la zozobra en la población, y se ha abonado, en suma, al desarrollo de un nuevo foco de tensión y desasosiego nacional.

Ante las circunstancias referidas, es necesario que el gobierno federal exhiba prudencia, sensatez y visión de Estado al buscar una salida al conflicto creado por él mismo y que resulta a todas luces riesgoso para la estabilidad del país.

SME Mujeres en huelga de hambre en CFE Tercer día 25-11-2009

AMLO sobre los medios

AMLO sobre los medios

Ayer, en la concentración en la que se conmemoró el tercer aniversario del movimiento de resistencia civil pacífica que encabeza, Andrés Manuel López Obrador enunció los diez puntos de un proyecto político pensando en la transformación del país y con miras al 2012. Se trata de un documento que merece la atención de la opinión pública, por cuanto representa la postura de un sector que agrupa a una porción significativa de la ciudadanía y sin el cual no puede entenderse la vida política del país.

Pese a los empeños sistemáticos del México formal –las instituciones y la mayor parte de los medios– por silenciar, desaparecer, minimizar y ridiculizar a ese movimiento, el hecho es que ha logrado persistir, ha avanzado en organización y ha ganado pulsos fundamentales, como el que tuvo lugar el año pasado en torno al intento gubernamental de privatizar segmentos esenciales de la industria petrolera. Por añadidura, e independientemente de la simpatía o la aversión que pueda generar el lopezobradorismo, no se puede desconocer que desde sus filas han surgido advertencias atinadas y propuestas que, si hubieran sido atendidas, habrían evitado problemas mayúsculos al país. Ejemplo de ello fueron los tempranos señalamientos del gobierno legítimo acerca de la gravedad y profundidad de la crisis económica mundial que se acercaba, en momentos en que la administración calderonista se empeñaba en desconocer los riesgos que han devenido catástrofe para la situación material de millones de personas.

Desde que el gobierno foxista trató de destruir la candidatura presidencial de López Obrador, cuando éste se desempeñaba como jefe del gobierno capitalino, la masa mediática adoptó una actitud beligerante contra el político tabasqueño. Esa actitud se articuló posteriormente con la campaña de abierto linchamiento mediático en los meses previos a las impugnadas elecciones de julio de 2006; salvo excepciones, los medios electrónicos e impresos se desempeñaron como órganos de propaganda del oficialismo panista y contribuyeron, de esa forma, a deslegitimar los comicios e aquel año, los cuales quedaron irremediablemente manchados, además, por la injerencia presidencial en el proceso, por el desaseo con que se condujo el Instituto Federal Electoral (IFE) y por la insostenible resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la que se rechazó la evidente necesidad de verificar resultados inciertos mediante un nuevo recuento de la totalidad de los votos y se dio por buena una elección presidencial afectada, según reconoció ese mismo órgano judicial, por irregularidades graves.

A tres años de aquellos sucesos, el poder de los medios no ha dejado de ensancharse en formas que contravienen el orden constitucional. Un caso específico son los poderes legislativos de facto que ha conseguido el pulpo de concesionarios de medios electrónicos para impedir cualquier apertura en ese ámbito y para asegurar condiciones de operación lesivas para la soberanía nacional y para el interés público.

Es relevante y atendible, por estas razones, el señalamiento formulado ayer en el Zócalo capitalino por López Obrador sobre la necesidad de democratizar los medios informativos mediante el otorgamiento de nuevas concesiones: que haya todos los canales de televisión o estaciones de radio que sean técnicamente posibles, con absoluta libertad, sólo impidiendo que se concentren en unas cuantas manos, como sucede actualmente.

Debe agregarse que la democratización de los medios pasa necesariamente por el establecimiento de una reglamentación democrática, plural y transparente de la publicidad oficial, pagada con recursos que pertenecen a la sociedad y que se maneja, sin embargo, con tales discrecionalidad y arbitrariedad que parecería que se trata de dineros privados de los funcionarios públicos.

Ciertamente, entre las enormes asignaturas pendientes del país en materia de democracia, una de las principales es la existencia de una masa mediática que, sin serlo, se comporta como monopolio, y recibe tratamiento de tal; que tiende a uniformar la información para consagrar el discurso oficial como pensamiento único, y que en esas condiciones antidemocráticas ha concentrado un músculo financiero, mediático y político que distorsiona y pervierte el quehacer republicano.

VIDEO : UN EXITO EL PARO NACIONAL

Concentración del SME en Reforma

http://www.youtube.com/watch?v=votUjMFLelA

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Paro nacional e histórico


El paro cívico nacional realizado ayer por convocatoria del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) logró sumar amplias muestras de apoyo en distintos puntos del territorio nacional –estado de México, Puebla, Morelos, Hidalgo, Michoacán, Chiapas, Jalisco, Oaxaca– y congregó, en una multitudinaria manifestación que desbordó el Zócalo capitalino y las calles aledañas, a distintas organizaciones del sindicalismo independiente (los gremios de Trabajadores de la Industria Nuclear, de Telefonistas, de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, entre otros), al movimiento lopezobradorista, a los adherentes de la otra campaña, a la izquierda partidista, a organizaciones campesinas y estudiantiles, así como a agrupaciones sociales y a multitud de individuos aislados.

Con la masiva concentración en el centro de esta capital culminó una jornada sin precedente en la historia de las causas populares del país, en la que se asistió a la convergencia entre los distintos sectores de la oposición partidista, sindical y de la sociedad organizada, y al posible nacimiento de un amplio bloque antagónico a la alianza político-empresarial y mediática que ostenta el poder (público y privado) del país, pese a los esfuerzos de esta última por desarticular tales expresiones a través de las campañas de desinformación, linchamiento mediático y provocaciones manifiestas. Sigue leyendo

¿Apoyo? ¿Cuál apoyo?

Víctor Hernández
12 de Noviembre, 2009 SDPNOTICIAS

Reforma publicó ayer un video de un par de discusiones entre automovilistas y el SME durante un bloqueo intermitente que hicieron de una calle en las inmediaciones de Luz y Fuerza del Centro mientras llevaban a cabo un mitin de protesta.

Lo que más destacó reforma fue una imagen de un trabajador del SME golpeando un barandal de la calle con un palo para hacer ruido (nunca golpeó a ninguna persona). Este manifestante llevaba un casco de motociclista—cualquiera supondría que en previsión a la represión que el gobierno federal, en efecto, desató ayer contra diversos manifestantes en las carreteras que conectan al DF con Puebla, Quertaro y EdoMex.
En ese incidente, el del trabajador haciendo ruido en un barandal, dos automovilistas les discuten a los del SME. Un automovilista les dice: “¿Cómo quieren que los apoyemos así?” (es decir, bloqueando la calle.)

Yo le pregunto a todos los que dijeron algo por el estilo: ¿Cuál apoyo?

De verdad, señoras y señores ¿Cuál apoyo?

¿Estarían las cosas como están si realmente la gente que dice “apoyar” desde la comodidad del sillón de su casa hubiera salido a la calle a manifestarse no sólo contra la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, sino de las cochinadas que han hecho el PAN y el PRI como el alza a los impuestos? Leer más

SEGURIDAD PÚBLICA : RECONOCER Y ENMENDAR EL FRACASO

Editorial de La Jornada

Seguridad pública: reconocer y enmendar el fracaso

En un documento que presentó en Culiacán, capital de Sinaloa –una de las ciudades más afectadas por la crisis de seguridad pública que padece el país–, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señala que en los pasados 23 meses (del 1º de enero de 2007 al 1º de diciembre del presente año) han ocurrido más de 10 mil homicidios vinculados con el crimen organizado, cifra mayor a los de todo el sexenio anterior. Al presentar el informe, el titular del organismo, José Luis Soberanes, dijo que permanecen impunes 98.76 por ciento de los 43 mil delitos que diariamente se cometen en México, y que si al total de ilícitos denunciados se suman aquellos que no llegan al conocimiento de las autoridades, pueden calcularse en 16 millones 500 mil las víctimas anuales de la delincuencia; de lo anterior, el ombudsman concluyó que las acciones gubernamentales “han resultado ineficaces para el combate a la inseguridad; entre ellas, la inclusión de miembros de la fuerzas armadas en tareas de seguridad pública”.

El diagnóstico es demoledor, pero no es novedoso. Hace dos semanas, al cumplirse los 100 días del Acuerdo Nacional por la Justicia y la Seguridad, que se supone habría de arrojar resultados concretos, el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, José Antonio Ortega, acusó al gobierno que encabeza Felipe Calderón de “necear en mantener las mismas políticas y estrategias que han fracasado”.

Al margen de las cifras, cualquier ciudadano sabe, porque lo ha sufrido en carne propia o por experiencias de familiares, amigos o conocidos, que en la actual administración la inseguridad ha empeorado; que la violencia delictiva está más descontrolada que nunca y que ni los operativos policiaco-militares ni los discursos autocomplacientes han aliviado esta exasperante situación. Leer más

EL ESTADO DE LA BARBARIE

Editorial

El Estado de la Barbarie

Noroeste/Redacción

18-11-2008

Homicidios, "levantones", asaltos a bancos y robo de autos a destajo, secuestros, incluso de menores de edad, jornaleros agrícolas y comunicadores, y ahora el ataque con granadas a las instalaciones del periódico El Debate delinean la verdadera y triste realidad del Estado de Sinaloa, no la que pretende mostrar Jesús Aguilar Padilla en su Cuarto Informe de Gobierno.

Los reprobables atentados recientes a la libertad de expresión, con las granadas detonadas en el diario local, así como con la privación ilegal de la libertad del periodista deportivo Nelson Amparán, son muestra de la grave inseguridad que sufren los sinaloenses en la entidad.

La administración de Jesús Aguilar Padilla será recordada como aquella con la que Sinaloa retrocede al Estado de Barbarie, en el que la vida institucional es inexistente, porque la violencia ha sido promovida a su máxima expresión desde el poder mismo a través del autoritarismo, el abuso y el ejercicio patrimonial del poder, la violación a la ley, la corrupción y la alianza con el crimen organizado, específicamente el narcotráfico, por lo que el sello distintivo de este sexenio son la violencia y la narcopolítica. Leer más en Noroeste

LA CONFESIÓN DE KESSEL

Editorial de La Jornada

La confesión de Kessel

Ayer, en el contexto del foro empresarial México, cumbre de negocios, que se realiza en Monterrey, Nuevo León, la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Georgina Kessel, dijo: “Alrededor de 70 por ciento de las actividades de Pemex (Petróleos Mexicanos) en exploración y producción ya las realizan otras empresas”. Tal aserto representa una confesión de ilegalidad, un reconocimiento de que la reforma petrolera recientemente aprobada, y aún no promulgada, simplemente busca regularizar una práctica ilícita, y una admisión de que el laberíntico proceso que condujo a su aprobación ha sido una simulación y una impostura del gobierno federal y de sus aliados en el Congreso.

Es necesario recordar que la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional, aún vigente, afirma que “sólo la Nación podrá llevar a cabo las distintas explotaciones de los hidrocarburos, que constituyen la industria petrolera (la cual) abarca (entre otras cosas) la exploración, la explotación, la refinación, el transporte, el almacenamiento, la distribución y las ventas de primera mano del petróleo y los productos que se obtengan de su refinación”. Es decir, el gobierno actual y los precedentes han venido violando en forma deliberada y reiterada la Carta Magna y la ley reglamentaria –lo que conlleva una gravísima responsabilidad política–, y las reformas referidas han sido una mera forma de dar cobertura legal a una situación de facto a todas luces ilícita.

Por añadidura, la funcionaria dijo que las modificaciones pactadas por Los Pinos con las bancadas de Acción Nacional, el Revolucionario Institucional y un sector del Partido de la Revolución Democrática “tienen los mismos objetivos” que la iniciativa abiertamente privatizadora que el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, envió al Senado el 8 de abril. La pregunta obligada es, entonces, para qué se incluyeron en esas propuestas párrafos e incisos que entregaban segmentos enteros de la industria petrolera a consorcios particulares, a sabiendas de que habrían de enfrentar una fuerte oposición política, social y técnica, y por qué no se optó desde un principio por enviar una versión menos impresentable, como la que finalmente se aprobó. Sea cual fuere la respuesta, queda en el aire, tras las declaraciones de la titular de la Sener, una sensación de trampa, de simulación, de tomadura de pelo, como lo fue, desde un principio, el aserto gubernamental de que las iniciativas inicialmente ensayadas “no eran privatizadoras”.

Cabe preguntarse, por lo demás, qué explicación darán a sus bases y a sus electores los dirigentes y legisladores perredistas –Guadalupe Acosta Naranjo, Graco Ramírez, Carlos Navarrete y otros– que se sumaron con entusiasmo y “orgullo” a una maniobra que, ahora es meridianamente claro, apuntaba a legalizar una privatización que ya se venía dando en los hechos.

En cualquier forma, la escandalosa declaración de Kessel plantea una disyuntiva ineludible: o se emprende de inmediato un esclarecimiento de la sostenida ilegalidad en la que ha venido operando la industria petrolera (cuando menos, 70 por ciento de ella), o se concede la existencia de un poder público cínico, que sólo se compromete a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes en las ceremonias de toma de protesta.

En manos privadas, 70% de la exploración y producción de crudo

La defensa de la soberanía

Rayuela

Y todavía habrá “izquierdistas” que digan que no hacía falta poner ningún candado a la reforma de Pemex.

ANTE LA BARBARIE, RESPUESTA IMPROCEDENTE

Editorial

La Jornada

Ante la barbarie, respuesta improcedente

La noche del lunes pasado, durante la celebración del 198 aniversario del inicio de la Independencia, varios artefactos explosivos fueron activados en la repleta plaza Melchor Ocampo, de Morelia, Michoacán. El saldo del atentado es, según cifras de la procuraduría estatal, de siete muertos y más de un centenar de heridos.

El ataque, abominable desde cualquier perspectiva, constituye un nuevo escalón en la barbarie que sacude al territorio nacional, en la medida en que ha tomado como objetivo a personas inocentes y ajenas a los conflictos entre organizaciones criminales y a las pugnas entre éstas y las corporaciones de seguridad pública.

Si se considera que este atentando artero contra civiles fue perpetrado en la ciudad natal del titular del Ejecutivo federal, en el momento culminante de la más significativa ceremonia republicana y horas antes de la mayor exhibición de fuerza militar por parte del poder público –es decir, con la garantía de una cobertura informativa masificada e instantánea–, es inevitable percibir en esta atrocidad tanto la intención de provocar un impacto mediático de gran escala en todo el país como la carga simbólica de un inequívoco mensaje de desafío a las más altas instancias del Estado.

La sociedad se encuentra ante un hecho delictivo de extremada violencia que escapa, al parecer, a la lógica tradicional de disputas territoriales, venganzas y ajustes de cuentas en el seno de la delincuencia organizada, y asiste al surgimiento de ataques homicidas perpetrados sin otro propósito que causar pánico y zozobra en la población y en las autoridades.

En el desfile militar de ayer, en un discurso fuera de programa, Felipe Calderón Hinojosa formuló severas descalificaciones contra los autores del atentado, lo vinculó de alguna forma con la fractura política que vive el país, exhortó a la oposición a renunciar a sus posturas e hizo un enésimo llamado a la unidad nacional que, según él, ameritan sus estrategias contra la criminalidad. La alocución referida falló en el tono, expresó ideas erróneas y, lejos de aportar elementos para la comprensión de lo ocurrido, introdujo factores adicionales de confusión ante la opinión pública: en una circunstancia como la presente cabe esperar de una jefatura de Estado firmeza, sí, pero también serenidad y mesura en la formulación de los problemas. En cambio, los ácidos denuestos vertidos por Calderón contra los agresores criminales dejaron ver inseguridad y descontrol. Adicionalmente, por más que haya resultado tentador el empleo de la expresión “traidores a la patria” en un discurso de 16 de septiembre, llamar así a quienes, en rigor, no lo son –y no hay aquí afán alguno de exculpar a los responsables del atentado, sino reclamo de precisión conceptual–, confunde y distorsiona la percepción pública del fenómeno delictivo. Lo más preocupante del mensaje comentado es la referencia a la polarización política que afecta a la ciudadanía, como si esa división fuese un factor causal o un agravante de la escalada de violencia delictiva y como si, para erradicarla, bastara con que la oposición depusiera sus diferencias con la administración actual.

La fractura referida, hay que recordarlo, no empezó antenoche en el Zócalo capitalino, sino en las postrimerías del foxismo, cuando el régimen intentó impedir por todos los medios –legales e ilegales– la llegada al poder de un proyecto alternativo de sociedad y de país, y se profundizó en el desaseado proceso electoral de julio de 2006, que culminó con la conformación de una presidencia impugnada por un tercio del electorado y deficitaria en legitimidad. El colapso de la seguridad pública y la ofensiva de la criminalidad, en cambio, son resultado de la desintegración social causada por el ciclo de gobiernos neoliberales todavía vigente y por la falta de visión y pericia de la actual administración.

El movimiento opositor al que Calderón Hinojosa exhortó ayer a la claudicación es, sin embargo, diametralmente opuesto a la salvaje violencia delictiva que se hizo notar en Morelia: mientras que ésta sembraba la muerte, el dolor y el pánico en la plaza central de esa ciudad, los seguidores de Andrés Manuel López Obrador hacían gala de civismo y espíritu pacífico en el principal espacio público de la ciudad de México, cercado por las fuerzas federales de seguridad, y que, sin embargo, fue ocupado, utilizado y desalojado en completo orden y disciplina por los integrantes de la resistencia civil. No hay razón ni justificación, por lo tanto, para mezclar, en una misma alocución, asuntos tan distintos e inconexos como las contiendas políticas en curso y el sangriento acoso de la criminalidad organizada.

EJERCICIO CIUDADANO EJEMPLAR

Editorial

Petróleo: balance de la consulta ciudadana

La consulta ciudadana sobre la reforma petrolera, Yo decido, que se realizó ayer en esta capital y en nueve entidades de la República, constituye en esencia un ejercicio ciudadano ejemplar, que transcurrió con calma y civilidad, y que arroja resultados positivos con respecto al futuro del país y a su vida democrática.

El resultado, una victoria contundente del No –superior a 80 por ciento– al proyecto de privatización parcial de Petróleos Mexicanos (Pemex) elaborado por el Ejecutivo federal, es un indicador claro de la oposición ciudadana ante la eventual entrega de segmentos de la industria nacional del petróleo a manos de particulares, y confirma lo que ya se había manifestado en las calles y constatado en los debates que tuvieron lugar en Xicoténcatl del 13 de mayo al 22 de julio: la inviabilidad del conjunto de iniciativas presidenciales en los terrenos jurídico, constitucional, económico y político.

En lo inmediato, el resultado de la consulta de ayer reviste importancia porque definirá el rumbo de un movimiento ciudadano en defensa del petróleo amplio y creciente, que ya logró frenar un albazo legislativo y promover la realización de los foros de discusión en el Senado. Ambos hechos representan triunfos inequívocos de la organización ciudadana y plantean, en conjunto, un parteaguas en la historia política del país: mediante ellos se evitó la disolución de la propiedad pública más importante de la nación, se puso en evidencia la desinformación de los legisladores en torno a un tema de capital importancia y se les forzó a escuchar las diversas posturas sobre el manejo y el porvenir de la industria nacional de los hidrocarburos.

Por añadidura, la auscultación pública de ayer plasmó la articulación formal de toda una corriente de opinión ante los designios privatizadores, entreguistas y antinacionales, entre cuyas expresiones está la ya mencionada iniciativa presidencial, pero también la propuesta presentada esta misma semana por el Partido Revolucionario Institucional que es, a decir de diversos analistas, una versión edulcorada de las propuestas presidenciales. Leer editorial completo

Editorial de La Jornada

Editorial

País inhóspito para los jóvenes

Los números de la primera Encuesta Nacional de Exclusión, Intolerancia y Violencia, levantada en los bachilleratos públicos del país entre 13 mil 104 alumnos de 15 a 19 años, proporcionan un diagnóstico crudo y brutal del extravío: más de 54 por ciento de los encuestados dicen estar tristes, 13 de cada cien han atentado contra su vida y casi 9 por ciento han pensado en el suicidio. Las dificultades para afrontar la existencia se ahondan entre las mujeres y en las regiones pobres. Así, 24.5 por ciento de las jóvenes oaxaqueñas han deseado morir y 21.7 por ciento han intentado poner fin a su vida. No es de extrañar que, en general, el mapa de la depresión juvenil parezca corresponderse con el de la miseria y la pobreza: es en Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Durango, Tlaxcala, San Luis Potosí, Puebla, Guerrero, Jalisco y Morelos donde está más extendido el descontento de los muchachos con el mundo que los rodea.

Más allá de que la adolescencia conlleve aparejados conflictos con el entorno y angustias ante el futuro, no hay motivos para pensar que la melancolía, el sentimiento de soledad, las ganas de llorar y la percepción de la existencia propia como “un fracaso” entre los mexicanos de 15 a 19 años sean fenómenos propios de la edad, consecuencia de lecturas nihilistas o rebote de modas globales. Antes de las consideraciones clínicas hay razones sociales y económicas que permiten explicar semejante estado de postración de los jóvenes del país: la desintegración y la ruptura de los tejidos sociales, la falta de empleo de los padres y de perspectivas de trabajo para los hijos o, en el menos malo de los casos, las deplorables e injustas condiciones laborales de unos y de otros, las pésimas condiciones de vivienda y transporte en que subsisten millones de familias, la desolación ante una economía sin horizontes de movilidad social, la negación sistemática de garantías constitucionales básicas por parte de las autoridades de todos los ámbitos y niveles, así como una disociación permanente entre los escenarios idílicos del discurso oficial y una realidad de miseria, desigualdades, atropellos, exclusión, marginación, inseguridad e impunidad.

A lo largo de dos décadas, la tecnocracia neoliberal imperante ha llevado el sistema de educación pública a grados de desastre –lo prueba el mal desempeño de la gran mayoría de los aspirantes a ingresar en los centros de educación superior del Estado– y ha construido un país en el que los jóvenes pobres no tienen otros horizontes de desarrollo personal que la economía informal, la emigración, la delincuencia o, en el mejor de los casos, la incorporación a trabajos mal pagados, inciertos, inseguros, insalubres y carentes de perspectivas de superación. Como parte de la implantación deliberada del modelo político-económico que impera, la convivencia social ha sido suplantada por la ley de la selva de la competencia feroz, los derechos han sido sustituidos por “oportunidades” y la beneficencia privada ha remplazado a casi todas las instituciones de solidaridad y de redistribución de la riqueza. Sigue leyendo

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA HOMOFOBIA

Editorial de La Jornada

Combate a la homofobia, compromiso ineludible

Hoy se celebra el Día Internacional contra la Homofobia, en conmemoración de la fecha en que la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad de su lista de “enfermedades mentales”, en 1990, y se reconoció así el derecho de millones de personas a vivir su orientación sexual de manera libre, digna, al margen de la violencia y la discriminación. En la actualidad, sin embargo, en México, como en muchos otros países, la homofobia es flagelo vigente que agravia tanto a quienes la padecen como al conjunto de la sociedad.

Para poner el asunto en perspectiva, basta con señalar que nuestro país ocupa el segundo lugar en América Latina con respecto al número de crímenes por homofobia, y que entre 1995 y 2006, de acuerdo con datos de la Comisión Ciudadana de Crímenes de Odio por Homofobia (CCCOH), fueron asesinadas 420 personas debido a su orientación sexual. La cifra, de suyo alarmante, resulta conservadora si se toma en cuenta que, según estimaciones de diversos organismos, por cada caso reportado de estos delitos existen al menos tres más que no se denuncian. Al día de hoy, se calcula que en México ocurren cada mes alrededor de 15 homicidios de este tipo.

Esta circunstancia, aunque preocupante y vergonzosa, no resulta extraña en un contexto en que el denuesto contra quienes no asumen el rol de género dominante en la sociedad es una práctica cotidiana, aceptada e incluso alentada, lo que deriva en una especie de proscripción de facto de la homosexualidad. Las cifras así lo indican: a inicios de esta década, dos de cada tres mexicanos rechazaban compartir vivienda con homosexuales; y alrededor de una tercera parte de los integrantes de ese sector de la población afirmaban ser víctimas de burlas, humillaciones y violencia física o sicológica, la mayoría de las veces en entornos como el familiar, escolar o laboral.

Es innegable que se han dado avances en contra de la discriminación de las llamadas minorías sexuales y en favor del reconocimiento de sus derechos: la Ley de Sociedades en Convivencia, aprobada por el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en noviembre de 2006, si bien no se constriñe a las parejas homosexuales, si da a éstas la posibilidad de que formalicen, por medio de un acto jurídico vinculante, su determinación de establecer “un hogar común con voluntad de permanencia y ayuda mutua”; el discurso oficial pugna por la no discriminación y en el mismo sentido apunta la instauración, por parte de la Cámara de Diputados, del 17 de mayo como Día Nacional de Lucha contra la Homofobia, secundada por el Gobierno del Distrito Federal desde el año pasado. Sin embargo, hacen falta acciones más concretas en el combate ese fenómeno social. En particular, es urgente que se cubran los vacíos existentes en la legislación mexicana, principalmente aquellos que profundizan la discriminación y contribuyen en alguna medida a que la violencia contra la disidencia sexual permanezca impune.

Cabe hacer votos porque las autoridades del país asuman un compromiso verdadero y ostensible con las garantías que deben gozar todos los mexicanos. De su lado, la población debe entender que el respeto a la diversidad sexual es indicador de una sociedad sana, progresista y comprometida con los derechos humanos, con la pluralidad humana y con la vida misma.

Editorial de La Jornada 2008/05/13

Editorial

Calderón: delincuencia y despropósitos

En una inopinada reiteración de sus exhortaciones para el combate a la delincuencia, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, exigió ayer a la sociedad en general, a los medios informativos, y a los poderes Judicial y Legislativo, respaldo a sus estrategias de seguridad. Entre otras cosas, “exigió” a los ciudadanos que “no sean cómplices de la ilegalidad” y que denuncien los delitos; dijo que el Judicial “tiene” que emprender una transformación para “cerrarle el paso a la impunidad”, sugiriendo que es responsabilidad exclusiva de ese poder el hecho de que delincuentes como el presunto asesino material del jefe policiaco Edgar Millán se encuentren fuera de la cárcel a pesar de su trayectoria criminal.

Por añadidura, el gobernante “exigió” a los medios informativos que “manifiesten y divulguen las acciones” gubernamentales que “están deteniendo la estructura de los criminales, que es una estrategia que busca sembrar terror, es una estrategia compartida por los propios medios de comunicación” (sic), y a renglón seguido lanzó una acusación absurda e inaceptable: “quienes insinúan que el gobierno se haga para atrás en esta estrategia son, precisamente, quienes buscan que nosotros abandonemos a periodistas, a ciudadanos, a empresarios, a agricultores, a jóvenes, a la suerte y a las garras de la delincuencia”.

Lo que podría ser una fundada expresión de nerviosismo ante los dudosos resultados de las acciones policiaco-militares en curso –dudosos según las propias cifras oficiales, que apuntan a un deterioro sostenido de la seguridad pública y a un incremento de la violencia delictiva en lo que va de la administración calderonista– adquirió, en el discurso presidencial, el tono de órdenes –contrarias a la elemental lógica republicana– a los otros poderes de la Unión, de imperativos a los pocos medios que ostentan posturas críticas para que se hagan eco, sin chistar, del optimismo del discurso oficial, y de reparto de acusaciones por el avance de la delincuencia organizada, fenómeno que se explica, en buena medida, por las falencias e ineptitudes –improvisación, triunfalismo, desconocimiento– con las que el propio Ejecutivo federal emprendió su cruzada contra la criminalidad y la inseguridad. Sigue leyendo

EDITORIAL DE "LA JORNADA" (ABRIL 09, 2008)

Editorial

Privatización y engaño

Si en política forma es fondo, la manera tramposa y equívoca en que se promovió, gestionó y presentó la iniciativa gubernamental de reforma energética entregada ayer en la tarde al Senado de la República refleja la esencia de la propuesta, contraria a los intereses de la nación y parcialmente privatizadora, a pesar de lo expresado unas horas después, en un mensaje en cadena nacional, por el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa. En conjunto, las cinco propuestas (Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, Ley de la Comisión del Petróleo y reformas a las leyes Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, de la Comisión Reguladora de Energía, y Orgánica de la Administración Pública Federal) apuntan a abrir al capital privado las labores de refinación y transporte (incluidos los oleoductos) de crudo, así como a ampliar el margen de discrecionalidad para que Petróleos Mexicanos (Pemex) efectúe contratos por asignación directa y contrate deuda. En cuanto a la antigua y procedente demanda de dotar a la paraestatal de autonomía administrativa para impedir que siga siendo saqueada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la iniciativa calderonista la reduce a una renovación del mecanismo de control presidencial sobre Pemex, con la propuesta de que la empresa quede bajo un consejo de administración de 15 integrantes, de los cuales 10 serían nombrados desde Los Pinos, uno más sería el secretario de Energía en turno y los cuatro restantes, designados por el sindicato petrolero.

Los documentos enviados por la Presidencia a Xicoténcatl abundan en párrafos que no cambian nada, que incluso empeoran la redacción actual de las leyes cuya modificación se propone (como el artículo 3, inciso I, de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional), que constituyen abiertos contrasentidos (“Cualquier controversia relacionada con la licitación, adjudicación o ejecución de los contratos deberá resolverse conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos y someterse a la jurisdicción de los tribunales competentes de México o a tribunales arbitrales nacionales o internacionales”) o que abren negocios colaterales a empresas financieras privadas (bancarias, bursátiles, fondos de inversión), como los “bonos ciudadanos”, presentados en forma ocurrente como “un mecanismo innovador tendiente a que los mexicanos se beneficien de manera directa del buen desempeño de Petróleos Mexicanos”. Los cinco documentos enviados ayer al Senado por Calderón (quien, un día antes “no tenía idea” de la iniciativa) son, en suma, una continuación de la estrategia de engaños a la opinión pública y de una campaña en la que, lejos de informar a la sociedad, se buscó confundirla, desinformarla y distraerla para intentar un avance sustancial en la privatización y el desmantelamiento de la industria petrolera propiedad de la nación.

Pero todo ello no alcanza para ocultar el punto sustancial, que es la propuesta de modificación al artículo 4 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27, a fin de permitir al capital privado que intervenga en la refinación y transporte de hidrocarburos, en el entendido de que la segunda de esas actividades le permitiría operar oleoductos. Se plantea, en suma, entregar a particulares uno de los segmentos de mayor valor agregado de la industria petrolera, para que éstos realicen negocios de cifras astronómicas, y con ello la propuesta no respeta, sino que contraviene, lo dispuesto en el artículo 27 de la Carta Magna. Por añadidura, los cambios legales propuestos constituyen una manera un tanto extraña de “fortalecer a Pemex”, de “asegurar que México cuente con petróleo, no sólo para los próximos años, sino para las futuras generaciones” y de propiciar “que la riqueza petrolera genere más bienestar para todos”. Como lo previeron muchas voces, se busca repetir, con los hidrocarburos, la maniobra que, vía una ley secundaria, abrió la industria eléctrica al capital privado.

En síntesis, la propuesta del Ejecutivo federal atenta contra uno de los fundamentos centrales del México contemporáneo: el principio de que la propiedad de los recursos naturales corresponde a la nación y que la industria energética en general, y la petrolera en particular, deben ser monopolios públicos. Si ese es el fondo, la forma es en extremo desaseada: se empieza por un promocional equívoco sobre el supuesto tesoro de las aguas profundas y la pretendida necesidad de entregarle parte de él a empresas extranjeras y, sin rubor alguno, se acaba poniendo la operación política de la reforma en manos de Juan Camilo Mouriño, señalado por el conflicto de intereses en que habría incurrido como representante popular y funcionario público del sector energético, por un lado y, por el otro, contratista privado de Pemex.

Las intenciones de quienes ocupan el gobierno federal son, muy a su pesar, y en un sentido paradójico, transparentes: esta iniciativa de reformas del grupo en el poder no responde a los intereses nacionales, sino al inagotable apetito oligárquico de disponer de enormes sumas de dinero público, y no precisamente para asegurar “que ningún joven mexicano se quede sin estudiar una carrera técnica o profesional”, como se señaló en forma demagógica; para ese objetivo, o para otros igualmente nobles, habría bastado y sobrado con los excedentes de la factura petrolera que desaparecieron sin dejar rastro durante la administración pasada, de la que la actual es heredera y continuadora.

HACIA UN ESTADO POLICIACO

Hacia un Estado policiaco

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer, con 462 votos en favor, seis en contra y dos abstenciones, el controvertido proyecto de reformas constitucionales en materia judicial –conocidao popularmente como ley Gestapo–, que incluye disposiciones severamente criticadas por organismos defensores de los derechos humanos y por otros sectores de la sociedad, como la extinción de dominio, la atribución de facultades extraordinarias al Ministerio Público (MP) y a los cuerpos policiacos, el acceso de las autoridades a los datos personales y bancarios de los sospechosos, y la inclusión de la figura del arraigo –que podrá ser hasta por 80 días– en el marco constitucional.

Por fortuna logró evitarse la supresión de las modificaciones al artículo 16 de la Constitución, mediante las cuales se autorizaba el allanamiento de domicilios por las policías, sin orden judicial de por medio, por más que el fracaso de esa adulteración aberrante del marco legal no obedeció a un espíritu de respeto a las garantías individuales, sino a una lógica pragmática de los legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), quienes, ante la oposición de los diputados del Frente Amplio Progresista (FAP), decidieron eliminarla para alcanzar los dos tercios de la votación necesarios para la aprobación del proyecto en su conjunto.

Así, aunque se eliminó el allanamiento injustificado de los domicilios, se mantuvieron intactas otras disposiciones violatorias a los derechos humanos, entre las que destacan la facultad que, en lo sucesivo, tendrán las policías para realizar detenciones discrecionales y arbitrarias, así como la inclusión del arraigo en el marco legal vigente, que rompen con el principio constitucional de presunción de inocencia, abren un amplio margen para el atropello de las libertades ciudadanas y colocan a la población en su conjunto en un estado de indefensión ante la autoridad.

El combate al crimen es una de las responsabilidades irrenunciables del gobierno y, para realizarla, éste debe contar con instrumentos jurídicos adecuados y eficaces, pero no lesivos para las garantías individuales. Esto no es cosa menor en el contexto de un país en el que los derechos humanos son violentados en forma cotidiana y en el que el gobierno ha exhibido constante indiferencia al respecto. Como botón de muestra ha de recordarse que, durante la visita de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, aseguró que “en México no hay mayor amenaza a los derechos humanos que la que representa el crimen organizado”, como si fueran menores los atropellos que cometen las propias fuerzas públicas y que han mostrado un claro incremento en esta administración y en la pasada.

Por otra parte, la reforma judicial exhibe una terrible insensibilidad ante las causas profundas de la delincuencia, como la miseria, la desigualdad, la falta de educación, el desempleo, los ínfimos niveles de vida de grandes sectores de la población, la desintegración familiar y la descomposición del tejido social. La lucha contra la delincuencia, por tanto, no debiera centrarse en aparatosos despliegues militares ni en reformas retrógradas y autoritarias que colocan al país en la lógica de un Estado policial, sino en la atención gubernamental a los factores señalados.

Se argumenta que las alteraciones al marco constitucional operadas ayer son indispensables para garantizar la seguridad ciudadana y el Estado de derecho. Pero salta a la vista que con el incremento de atribuciones a las corporaciones policiales nacionales, cuyo grave descontrol es admitido hasta por los altos círculos del gobierno, no se logrará más que incrementar la zozobra de la población, la cual no gana nada en protección contra la delincuencia pero queda prácticamente inerme ante los abusos de la policía. Flaco favor, por último, puede hacerse al estado de derecho cuando se socava uno de sus pilares esenciales, que son de las garantías individuales. Lo aprobado ayer es una regresión a las ideas de “paz y orden” porfiristas, expresión de una mentalidad autoritaria e impermeable al entendimiento de las realidades nacionales, y resulta tan peligroso como impresentable. Debe ser revertido.