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diciembre 06, 2009
noviembre 26, 2009
SME: la resistencia continúa
SME: la resistencia continúa
En las poco más de seis semanas transcurridas desde el asalto policiaco ordenado por el gobierno federal a las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC) y la posterior extinción de ese organismo descentralizado por medio de un decreto presidencial, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) ha desarrollado, con el respaldo de distintos sectores de la sociedad organizada –movimientos populares, organizaciones no gubernamentales, izquierdas partidistas, sindicatos independientes e incontables ciudadanos aislados– una intensa campaña de resistencia gremial que, lejos de evidenciar indicios de debilitamiento, tiende a profundizarse.
A las masivas concentraciones que tuvieron lugar en esta capital los pasados 16 de octubre y 11 de noviembre –esta última como colofón del paro cívico nacional que se desarrolló ese mismo día en distintas entidades del país– se suman ahora las huelgas de hambre que 11 mujeres electricistas iniciaron el lunes a las afueras del edificio de la Comisión Federal de Electricidad, así como las que, desde ese mismo día, se llevan a cabo en Pachuca, Hidalgo, y en Toluca, estado de México. Por añadidura, varios cientos de sindicalistas cercaron ayer el Palacio Legislativo de San Lázaro, lo que llevó a la mesa directiva de la Cámara de Diputados a sellar los accesos del inmueble y a pedir el resguardo de la Policía Federal.
Los hechos que se comentan ponen en relieve el fracaso de la apuesta de la administración calderonista por acabar de tajo con el SME; por el contrario, sus agremiados han mantenido la cohesión organizativa y la voluntad de lucha para recuperar su fuente de trabajo, a pesar de las presiones ejercidas por el gobierno federal para que se sometan a un proceso de liquidación que es considerado por múltiples voces injustificado y hasta ilegal –así lo califican diversos jurisconsultos– y a contrapelo de las campañas de hostigamiento y de linchamiento mediático emprendidas por la alianza político-empresarial que detenta el poder en el país.
Hasta ahora, el empeño de la actual administración por desaparecer a LFC, y dejar de paso a más de 40 mil familias sin fuente de sustento, no sólo no ha tenido el respaldo social deseado por el gobierno federal –como demuestra la masiva asistencia popular a los actos referidos–, sino ha logrado que las distintas oposiciones políticas, sindicales y sociales del país encuentren un punto de convergencia y de unidad en el rechazo a la ofensiva del calderonismo contra los trabajadores y la propiedad pública.
En la circunstancia presente, ante la evidencia de un conflicto que, contra los cálculos y pronósticos del grupo gobernante, va de menos a más, es claro lo costoso que está resultando para el país la decisión tomada por el gobierno federal hace mes y medio: en todo este tiempo se ha profundizado la fractura política existente a escala nacional desde hace por lo menos tres años, se han acentuado los efectos de la crisis económica aún vigente –tanto por el incremento súbito en el número de desempleados como por las afectaciones derivadas de las interrupciones en el servicio eléctrico–, se han extendido las penurias y la zozobra en la población, y se ha abonado, en suma, al desarrollo de un nuevo foco de tensión y desasosiego nacional.
Ante las circunstancias referidas, es necesario que el gobierno federal exhiba prudencia, sensatez y visión de Estado al buscar una salida al conflicto creado por él mismo y que resulta a todas luces riesgoso para la estabilidad del país.
En las poco más de seis semanas transcurridas desde el asalto policiaco ordenado por el gobierno federal a las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC) y la posterior extinción de ese organismo descentralizado por medio de un decreto presidencial, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) ha desarrollado, con el respaldo de distintos sectores de la sociedad organizada –movimientos populares, organizaciones no gubernamentales, izquierdas partidistas, sindicatos independientes e incontables ciudadanos aislados– una intensa campaña de resistencia gremial que, lejos de evidenciar indicios de debilitamiento, tiende a profundizarse.
A las masivas concentraciones que tuvieron lugar en esta capital los pasados 16 de octubre y 11 de noviembre –esta última como colofón del paro cívico nacional que se desarrolló ese mismo día en distintas entidades del país– se suman ahora las huelgas de hambre que 11 mujeres electricistas iniciaron el lunes a las afueras del edificio de la Comisión Federal de Electricidad, así como las que, desde ese mismo día, se llevan a cabo en Pachuca, Hidalgo, y en Toluca, estado de México. Por añadidura, varios cientos de sindicalistas cercaron ayer el Palacio Legislativo de San Lázaro, lo que llevó a la mesa directiva de la Cámara de Diputados a sellar los accesos del inmueble y a pedir el resguardo de la Policía Federal.
Los hechos que se comentan ponen en relieve el fracaso de la apuesta de la administración calderonista por acabar de tajo con el SME; por el contrario, sus agremiados han mantenido la cohesión organizativa y la voluntad de lucha para recuperar su fuente de trabajo, a pesar de las presiones ejercidas por el gobierno federal para que se sometan a un proceso de liquidación que es considerado por múltiples voces injustificado y hasta ilegal –así lo califican diversos jurisconsultos– y a contrapelo de las campañas de hostigamiento y de linchamiento mediático emprendidas por la alianza político-empresarial que detenta el poder en el país.
Hasta ahora, el empeño de la actual administración por desaparecer a LFC, y dejar de paso a más de 40 mil familias sin fuente de sustento, no sólo no ha tenido el respaldo social deseado por el gobierno federal –como demuestra la masiva asistencia popular a los actos referidos–, sino ha logrado que las distintas oposiciones políticas, sindicales y sociales del país encuentren un punto de convergencia y de unidad en el rechazo a la ofensiva del calderonismo contra los trabajadores y la propiedad pública.
En la circunstancia presente, ante la evidencia de un conflicto que, contra los cálculos y pronósticos del grupo gobernante, va de menos a más, es claro lo costoso que está resultando para el país la decisión tomada por el gobierno federal hace mes y medio: en todo este tiempo se ha profundizado la fractura política existente a escala nacional desde hace por lo menos tres años, se han acentuado los efectos de la crisis económica aún vigente –tanto por el incremento súbito en el número de desempleados como por las afectaciones derivadas de las interrupciones en el servicio eléctrico–, se han extendido las penurias y la zozobra en la población, y se ha abonado, en suma, al desarrollo de un nuevo foco de tensión y desasosiego nacional.
Ante las circunstancias referidas, es necesario que el gobierno federal exhiba prudencia, sensatez y visión de Estado al buscar una salida al conflicto creado por él mismo y que resulta a todas luces riesgoso para la estabilidad del país.
noviembre 01, 2009
"NO PUDIERON SALIRSE CON LA SUYA" : ESPARZA
Reconoce al SME personalidad jurídica; resolverá cuando se falle el juicio de amparo
No pudo la JFCA declarar el fin de las relaciones laborales en Luz y Fuerza del Centro
Esto será resuelto en paz, con apoyo popular y con los recursos que da la ley, señala Esparza
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Domingo 1º de noviembre de 2009, p. 7
La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) no pudo declarar ayer el fin de las relaciones laborales, individuales y colectivas, en Luz y Fuerza del Centro (LFC). En cambio reconoció la personalidad jurídica del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que deberá seguir representando, en este proceso, los intereses de sus afiliados.
Lo anterior fue posible tras la suspensión provisional que concedió la víspera un juzgado federal, respecto del amparo que solicitó el SME sobre la cancelación del decreto presidencial (11 de octubre) de extinción de LFC.
El SME exige, en consecuencia, la vigencia del contrato colectivo de trabajo, la reinstalación de 44 mil empleados y el pago de salarios caídos.
Tras una audiencia de 10 horas, Martín Esparza, dirigente del SME, habló ante miles de electricistas que lo esperaban fuera de la JFCA, pese al frío nocturno.
Con el acta de la audiencia en mano –donde estampó su firma–, les dijo que ese tribunal no pudo dictar un laudo para finiquitar las relaciones laborales, en tanto se resuelve en definitiva el amparo.
Hoy se frotaban las manos en la junta [...]. Ya se frotaban las manos las trasnacionales, como Iberdrola; guste o no al Ejecutivo, a [Javier] Lozano, a las trasnacionales, la materia de trabajo es propiedad del SME, manifestó.
Anunció una nueva etapa en las acciones del SME, que incluye agotar la vía jurídica para revertir el decreto que liquida LFC, pero sobre todo impulsar el movimiento social con apoyo popular.
Citó a asamblea general para el lunes. Allí se propondrá colocar banderas rojinegras en los centros de trabajo, como símbolo de impulso a la huelga nacional.
Hoy es un día importantísimo, porque no se pudieron salir con la suya, declaró. Leer más
No pudo la JFCA declarar el fin de las relaciones laborales en Luz y Fuerza del Centro
Esto será resuelto en paz, con apoyo popular y con los recursos que da la ley, señala Esparza
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Domingo 1º de noviembre de 2009, p. 7
La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) no pudo declarar ayer el fin de las relaciones laborales, individuales y colectivas, en Luz y Fuerza del Centro (LFC). En cambio reconoció la personalidad jurídica del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que deberá seguir representando, en este proceso, los intereses de sus afiliados.
Lo anterior fue posible tras la suspensión provisional que concedió la víspera un juzgado federal, respecto del amparo que solicitó el SME sobre la cancelación del decreto presidencial (11 de octubre) de extinción de LFC.
El SME exige, en consecuencia, la vigencia del contrato colectivo de trabajo, la reinstalación de 44 mil empleados y el pago de salarios caídos.
Tras una audiencia de 10 horas, Martín Esparza, dirigente del SME, habló ante miles de electricistas que lo esperaban fuera de la JFCA, pese al frío nocturno.
Con el acta de la audiencia en mano –donde estampó su firma–, les dijo que ese tribunal no pudo dictar un laudo para finiquitar las relaciones laborales, en tanto se resuelve en definitiva el amparo.
Hoy se frotaban las manos en la junta [...]. Ya se frotaban las manos las trasnacionales, como Iberdrola; guste o no al Ejecutivo, a [Javier] Lozano, a las trasnacionales, la materia de trabajo es propiedad del SME, manifestó.
Anunció una nueva etapa en las acciones del SME, que incluye agotar la vía jurídica para revertir el decreto que liquida LFC, pero sobre todo impulsar el movimiento social con apoyo popular.
Citó a asamblea general para el lunes. Allí se propondrá colocar banderas rojinegras en los centros de trabajo, como símbolo de impulso a la huelga nacional.
Hoy es un día importantísimo, porque no se pudieron salir con la suya, declaró. Leer más
octubre 22, 2009
ILEGALIDADES Y MENTIRAS DE LA EXTINCIÓN DE LFC
Ilegalidades y mentiras de la extinción de LFC
Claudia Sheinbaum Pardo
Las razones que el gobierno de facto ha dado para extinguir el organismo Luz y Fuerza del Centro (LFC) son fundamentalmente las siguientes: que el organismo se creó por un decreto presidencial y por tanto puede extinguirse con el mismo instrumento; que cada año hay cuantiosas transferencias presupuestales a LFC y que, por tanto, los costos del organismo son mayores que los ingresos, y que los trabajadores cuentan con privilegios inaceptables. Vale la pena resaltar y fortalecer diversos argumentos que se han puesto sobre la mesa, para desmentir estas afirmaciones.
1. El decreto de extinción es ilegal. Después de una larga historia que se inicia con la nacionalización de las empresas extranjeras de energía eléctrica y que llevó a mantener por décadas empresas públicas en liquidación, se creó Luz y Fuerza del Centro como organismo público descentralizado encargado del servicio público de energía eléctrica en la región centro del país. LFC fue creada por decreto presidencial en 1994, a solicitud del Congreso. En efecto, en 1989, se modifica el cuarto transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para que el Ejecutivo federal disponga la constitución, estructura y funcionamiento del servicio que venía proporcionando la Compañía de Luz y Fuerza del Centro en liquidación y sus asociadas. Por si esto fuera poco, el artículo 73 de la Constitución establece las facultades del Congreso, que en su numeral X claramente menciona a la energía eléctrica.
En pocas palabras, al señor Calderón y a sus asesores se les olvidó que el organismo público que quieren extinguir presta un servicio fundamental, que es la energía eléctrica, el cual está regulado por la Constitución y por la ley en la materia. Es decir, la extinción del organismo no se puede hacer por decreto presidencial, debe pasar por el Congreso.
2. Los altos costos de LFC son producto de las transferencias a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Los sistemas eléctricos constan, al menos, de cuatro áreas: generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica. Debido a que el sistema eléctrico nacional está interconectado y que a LFC se le han venido negando recursos para construir nuevas plantas generadoras (en los últimos dos años se le dieron recursos para instalar algunas plantas de turbogás porque el sistema tiene problemas de estabilidad) este organismo compra a CFE energía eléctrica, que después transmite, distribuye y comercializa. De enero de 2000 a la fecha (con algunos ajustes en 2008) el precio de venta de CFE a LFC se determina por las tarifas para el servicio público de alta tensión. La mayor parte de la energía se entrega en 400 kilovoltios, y en términos generales se aplica por tanto la tarifa conocida como HTL (tarifa horaria para servicio general en alta tensión, nivel transmisión para larga utilización). En 2008, CFE vendió a LFC 46 mil 419 millones de kilovatios-hora, a un costo de entre 1.1 y 1.3 pesos por kilovatio-hora. Es decir, en 2008, LFC tuvo que entregar a CFE al menos 51 mil millones de pesos. Mientras, en el tercer Informe de gobierno se establece que en 2008 las transferencias presupuestales a LFC fueron de 44 mil 639 millones de pesos.
Es decir, LFC genera menos de 10 por ciento de la energía que transmite, distribuye y comercializa, y por ello debe comprar kilovatios-hora a CFE. Pero CFE se la vende a la misma tarifa que a cualquier industrial, inclusive con penalizaciones horarias. Por esta razón, LFC tiene déficit. Si CFE entra a operar la región centro, entonces el supuesto déficit será de CFE.
3. Los privilegios. Con una campaña racista y clasista se ha dicho que LFC tiene altos costos, producto de los privilegios de los trabajadores. Se escandalizan cuando encuentran que un trabajador (nunca dicen las labores de alto riesgo que muchos de ellos realizan y la capacitación técnica que requieren) tiene salarios de 10 mil pesos mensuales. Sin embargo, la indignación no llega cuando se habla de los ingresos y prestaciones de los altos funcionarios públicos. De acuerdo con las consideraciones de la propuesta de ley de austeridad republicana del gobierno legítimo que se presentó hace unos días en la Cámara de Diputados, el ahorro que se alcanzaría al reducir a la mitad los salarios y prestaciones de los funcionarios públicos (nivel de director de área para arriba) de todo el gobierno federal asciende a la misma cantidad que las transferencias a LFC, 42 mil millones de pesos.
4. LFC requiere recursos. La antigüedad de los equipos, así como la carencia de sistemas de automatización del organismo, la hace ineficiente. Por ello, se requiere de financiamiento (como lo tiene CFE) para la modernización y ampliación de sus instalaciones. Es evidente que los trabajadores deben ser considerados en la modernización y restructura del organismo. Los vicios que pudieran encontrarse en el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) deben señalarse y corregirse; sin embargo, es evidente que no son, ni de lejos, el elemento central de la situación económica de LFC.
5. La verdadera razón de la extinción de LFC. El SME ha sido un obstáculo para la creciente privatización del servicio de energía eléctrica, y más recientemente de la concesión a privados del uso y aprovechamiento de la fibra óptica de CFE y de LFC (instalación que tienen la propiedad de transmitir tres tipos de información al mismo tiempo, por ejemplo, telefonía, Internet y televisión, y que recientemente se anunció que se quiere concesionar). Eliminar del escenario al SME les permite avanzar en su afán privatizador. Pero eso está por verse.
Claudia Sheinbaum Pardo
Las razones que el gobierno de facto ha dado para extinguir el organismo Luz y Fuerza del Centro (LFC) son fundamentalmente las siguientes: que el organismo se creó por un decreto presidencial y por tanto puede extinguirse con el mismo instrumento; que cada año hay cuantiosas transferencias presupuestales a LFC y que, por tanto, los costos del organismo son mayores que los ingresos, y que los trabajadores cuentan con privilegios inaceptables. Vale la pena resaltar y fortalecer diversos argumentos que se han puesto sobre la mesa, para desmentir estas afirmaciones.
1. El decreto de extinción es ilegal. Después de una larga historia que se inicia con la nacionalización de las empresas extranjeras de energía eléctrica y que llevó a mantener por décadas empresas públicas en liquidación, se creó Luz y Fuerza del Centro como organismo público descentralizado encargado del servicio público de energía eléctrica en la región centro del país. LFC fue creada por decreto presidencial en 1994, a solicitud del Congreso. En efecto, en 1989, se modifica el cuarto transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para que el Ejecutivo federal disponga la constitución, estructura y funcionamiento del servicio que venía proporcionando la Compañía de Luz y Fuerza del Centro en liquidación y sus asociadas. Por si esto fuera poco, el artículo 73 de la Constitución establece las facultades del Congreso, que en su numeral X claramente menciona a la energía eléctrica.
En pocas palabras, al señor Calderón y a sus asesores se les olvidó que el organismo público que quieren extinguir presta un servicio fundamental, que es la energía eléctrica, el cual está regulado por la Constitución y por la ley en la materia. Es decir, la extinción del organismo no se puede hacer por decreto presidencial, debe pasar por el Congreso.
2. Los altos costos de LFC son producto de las transferencias a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Los sistemas eléctricos constan, al menos, de cuatro áreas: generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica. Debido a que el sistema eléctrico nacional está interconectado y que a LFC se le han venido negando recursos para construir nuevas plantas generadoras (en los últimos dos años se le dieron recursos para instalar algunas plantas de turbogás porque el sistema tiene problemas de estabilidad) este organismo compra a CFE energía eléctrica, que después transmite, distribuye y comercializa. De enero de 2000 a la fecha (con algunos ajustes en 2008) el precio de venta de CFE a LFC se determina por las tarifas para el servicio público de alta tensión. La mayor parte de la energía se entrega en 400 kilovoltios, y en términos generales se aplica por tanto la tarifa conocida como HTL (tarifa horaria para servicio general en alta tensión, nivel transmisión para larga utilización). En 2008, CFE vendió a LFC 46 mil 419 millones de kilovatios-hora, a un costo de entre 1.1 y 1.3 pesos por kilovatio-hora. Es decir, en 2008, LFC tuvo que entregar a CFE al menos 51 mil millones de pesos. Mientras, en el tercer Informe de gobierno se establece que en 2008 las transferencias presupuestales a LFC fueron de 44 mil 639 millones de pesos.
Es decir, LFC genera menos de 10 por ciento de la energía que transmite, distribuye y comercializa, y por ello debe comprar kilovatios-hora a CFE. Pero CFE se la vende a la misma tarifa que a cualquier industrial, inclusive con penalizaciones horarias. Por esta razón, LFC tiene déficit. Si CFE entra a operar la región centro, entonces el supuesto déficit será de CFE.
3. Los privilegios. Con una campaña racista y clasista se ha dicho que LFC tiene altos costos, producto de los privilegios de los trabajadores. Se escandalizan cuando encuentran que un trabajador (nunca dicen las labores de alto riesgo que muchos de ellos realizan y la capacitación técnica que requieren) tiene salarios de 10 mil pesos mensuales. Sin embargo, la indignación no llega cuando se habla de los ingresos y prestaciones de los altos funcionarios públicos. De acuerdo con las consideraciones de la propuesta de ley de austeridad republicana del gobierno legítimo que se presentó hace unos días en la Cámara de Diputados, el ahorro que se alcanzaría al reducir a la mitad los salarios y prestaciones de los funcionarios públicos (nivel de director de área para arriba) de todo el gobierno federal asciende a la misma cantidad que las transferencias a LFC, 42 mil millones de pesos.
4. LFC requiere recursos. La antigüedad de los equipos, así como la carencia de sistemas de automatización del organismo, la hace ineficiente. Por ello, se requiere de financiamiento (como lo tiene CFE) para la modernización y ampliación de sus instalaciones. Es evidente que los trabajadores deben ser considerados en la modernización y restructura del organismo. Los vicios que pudieran encontrarse en el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) deben señalarse y corregirse; sin embargo, es evidente que no son, ni de lejos, el elemento central de la situación económica de LFC.
5. La verdadera razón de la extinción de LFC. El SME ha sido un obstáculo para la creciente privatización del servicio de energía eléctrica, y más recientemente de la concesión a privados del uso y aprovechamiento de la fibra óptica de CFE y de LFC (instalación que tienen la propiedad de transmitir tres tipos de información al mismo tiempo, por ejemplo, telefonía, Internet y televisión, y que recientemente se anunció que se quiere concesionar). Eliminar del escenario al SME les permite avanzar en su afán privatizador. Pero eso está por verse.
EL SWITCH
El switch
Luis Javier Garrido
La decisión del gobierno calderonista de asaltar las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (10 de octubre) y decretar su desaparición (11 de octubre) como una vía para acelerar la privatización de la industria eléctrica del país y ofrecer pingües negocios a las mafias a las que se halla asociado se le ha revertido de inmediato, pues está poniendo en pie de lucha no tan sólo a los trabajadores electricistas y a múltiples sindicatos sino a amplios sectores de la nación que lo acusan de actuar en la más absoluta ilegalidad.
1. El decreto de Felipe Calderón ordenando la extinción de Luz y Fuerza del Centro, publicado en una edición especial del Diario Oficial de la Federación el domingo 11 (pp. 2-5), es un documento inconstitucional porque aun en el supuesto de que el espurio michoacano fuese gobernante legítimo del país, no tendría facultades para suprimir con su sola firma una entidad pública, creada como consecuencia de la nacionalización de la industria eléctrica del país el 27 de septiembre de 1960 y la reforma constitucional del 30 de diciembre de ese año, y regulada por un cúmulo de leyes federales, y no es tratando de fundamentarse en leyes secundarias anticonstitucionales como los panistas pueden salir del embrollo en el que se han metido.
2. La decisión atrabiliaria e ilegal del gobierno a la deriva que pretende encabezar el panista michoacano es, además de ética y jurídicamente inaceptable, por atentar contra los derechos de los más de 43 mil trabajadores a los que deja sin empleo, un acto de traición a la patria que vulnera los intereses fundamentales de la nación, ya que busca acelerar de manera anticonstitucional la privatización de una industria estratégica fundamental para un desarrollo soberano e independiente del país, y eso lo comprendieron los cientos de miles de manifestantes que desfilaron ayer 15 de octubre de la columna a la Independencia a la Plaza de la Constitución –en una marcha que superó todas las expectativas–, muchos de los cuales exigieron la remoción inmediata de Calderón, que no tiene otra propuesta de gobierno que la de violentar de continuo el orden fundamental de la República para satisfacer intereses espurios, y demandaron que sea sometido a juicio político. Sigue leyendo
Luis Javier Garrido
La decisión del gobierno calderonista de asaltar las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (10 de octubre) y decretar su desaparición (11 de octubre) como una vía para acelerar la privatización de la industria eléctrica del país y ofrecer pingües negocios a las mafias a las que se halla asociado se le ha revertido de inmediato, pues está poniendo en pie de lucha no tan sólo a los trabajadores electricistas y a múltiples sindicatos sino a amplios sectores de la nación que lo acusan de actuar en la más absoluta ilegalidad.
1. El decreto de Felipe Calderón ordenando la extinción de Luz y Fuerza del Centro, publicado en una edición especial del Diario Oficial de la Federación el domingo 11 (pp. 2-5), es un documento inconstitucional porque aun en el supuesto de que el espurio michoacano fuese gobernante legítimo del país, no tendría facultades para suprimir con su sola firma una entidad pública, creada como consecuencia de la nacionalización de la industria eléctrica del país el 27 de septiembre de 1960 y la reforma constitucional del 30 de diciembre de ese año, y regulada por un cúmulo de leyes federales, y no es tratando de fundamentarse en leyes secundarias anticonstitucionales como los panistas pueden salir del embrollo en el que se han metido.
2. La decisión atrabiliaria e ilegal del gobierno a la deriva que pretende encabezar el panista michoacano es, además de ética y jurídicamente inaceptable, por atentar contra los derechos de los más de 43 mil trabajadores a los que deja sin empleo, un acto de traición a la patria que vulnera los intereses fundamentales de la nación, ya que busca acelerar de manera anticonstitucional la privatización de una industria estratégica fundamental para un desarrollo soberano e independiente del país, y eso lo comprendieron los cientos de miles de manifestantes que desfilaron ayer 15 de octubre de la columna a la Independencia a la Plaza de la Constitución –en una marcha que superó todas las expectativas–, muchos de los cuales exigieron la remoción inmediata de Calderón, que no tiene otra propuesta de gobierno que la de violentar de continuo el orden fundamental de la República para satisfacer intereses espurios, y demandaron que sea sometido a juicio político. Sigue leyendo
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