El general retirado Ángeles Dauahare habla en este video de los vínculos de Genaro García Luna con el narcotráfico, en especial con el Cártel del Pacífico y de lo que él informaba a Felipe Calderón.
mensaje-db
Ante el cerco informativo, cada uno de nosotros será un medio de información. Ante el engaño y la manipulación nos haremos cargo de abrirle paso a la verdad.
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octubre 02, 2018
¿Pacificación? ¡Queremos paz, queremos justicia!
Editorial
Publicado en el número 175 de El Zenzontle
Agosto de 2018
¿Pacificación? ¡Queremos paz, queremos justicia!
Los regímenes autoritarios del mundo y en particular los de América
Latina han utilizado el nombre de pacificación para la estrategia combinada de
fuerza y control sobre la población, luego de una crisis política, el ascenso
de la insurgencia popular o la presencia de violencias “ilegales” que amenazan
la seguridad del Estado.
En el México de estos días, el término pacificación es parte del
proyecto del que será nuevo gobierno a partir del próximo 1 de diciembre
presidido por Andrés Manuel López Obrador. Los aspectos que contiene según lo
anunciado son posibles amnistías, instalación de comisiones de la verdad para
casos especiales, mantener un mando único, presencia de un fiscal propuesto por
el nuevo presidente, creación de guardia nacional, debate sobre la legalización
del consumo de algunas drogas y su posible producción y comercio regulados por
el Estado, y el establecimiento de acuerdos fronterizos de seguridad tanto con
los gobiernos de Estados Unidos y con los del triángulo norte de Centroamérica.
Pareciera ser un
cambio en alguna medida importante frente a lo ejercido por lo menos en los
pasados dos sexenios, el del panista Felipe Calderón y el del priista Enrique
Peña Nieto, ambos responsables de una intensa y amplia guerra contra el pueblo,
disfrazada primero de guerra contra las drogas y luego como guerra al crimen
organizado. Lo que consideramos guerra contra los pueblos por sus resultados en
12 años: 200 mil muertos, casi 40 mil desaparecidos 35 mil desplazados
forzados, homicidios crecientes, ejecuciones extrajudiciales masacres y fosas
clandestinas.
La situación es dominada por un abanico muy diverso del sostenido
negocio del crimen que va del narcotráfico a la trata y tráfico de personas,
de la venta de órganos humanos, el saqueo de zonas arqueológicas, el huachicol
para extraer gasolina y gas, al robo a ferrocarriles de carga y al despojo de
recursos del agua, la tierra y el aire de las comunidades. Un negocio afirmado
por las empresas vendedoras de armas, banqueros que lavan el dinero y
trasnacionales que utilizan militares y paramilitares (del narco o sicarios de
políticos) para invadir y despojar a los territorios de los pueblos con
violencia.
Violencia que alcanzó a hombres y mujeres de todas las edades, que
sacrifica a periodistas, defensoras de derechos humanos, luchadores sociales y
población inerme de las comunidades rurales indígenas y mestizas, a los barrios
urbanos, las escuelas, los centros de trabajo y las calles. Violencia que
acompañan como testigos, cómplices, pero también como asesinos miembros del
ejército, de la marina, de la policía federal, las estatales y municipales y
muchísimos grupos de paramilitares de dentro o fuera de las instituciones,
incluso muchos pagados por grupos empresariales como sucedía con las guardias
blancas o “brigadas de limpieza social”.
México está convertido en un campo de terror y de guerra. La respuesta
del Estado y de los poderes del dinero ha sido una ley de seguridad interior,
aún no validada por la Suprema Corte de Justicia, pero aplicada en los hechos
junto a las muchas leyes y nomas represivas y simulaciones de justicia con las
que han pretendido ocultar tanta sevicia, negando fosas, cárceles y
desapariciones, así como impidiendo la búsqueda de la verdad y la justicia.
Y de este tejido de violencia institucionalizada poco o nada se dice
por el equipo de la próxima secretaria de gobernación, la de seguridad y por
quienes trabajan para renovar las procuradurías.
Lo que no se dice también cuenta
La pacificación entonces: ¿romperá la cadena del plan Mérida, así
tenga otro nombre, reforzando la línea de seguridad nacional que Estados Unidos
ha dispuesto para su dominio geoestratégico? ¿Está por venir la fase de
cumplimiento (aunque sea recortado) de la Ley de Seguridad Interior?
¿Continuarán militares y marinos en calles y caminos? ¿Habrá cambios para que
no se deporte a migrantes o se ayude a que lo siga haciendo el gobierno racista
de Estados unidos? ¿Seguirá la impunidad y el ocultamiento de la verdad ante
desapariciones, ejecuciones y masacres de luchadores y defensores sociales?
¿Seguirá el feminicidio y el racismo como violencia normalizada por el sistema?
Si no hay justicia no habrá paz y, la violencia tendrá como rostro
de una pacificación que calme, controle o reprima primero a los pobres y nunca
a los criminales del poder.
Si el terror que aplican los de arriba permanece, si no se castiga
a sus responsables y se arranca su raíz capitalista, patriarcal y racista, el
pueblo en cualesquiera de sus expresiones organizadas tendrá que tomar la
legítima decisión de protegerse, resistir y rebelarse.
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marzo 10, 2018
México: La encrucijada electoral
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febrero 16, 2017
Los derechos humanos y la seguridad interior - Entrevista con investigador de Fundar
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febrero 27, 2015
marzo 25, 2014
marzo 17, 2014
febrero 24, 2014
Julio Scherer con el Mayo Zambada
ENTREVISTA DE JULIO SCHERER A EL MAYO ZAMBADA
“Si me atrapan o me matan… nada cambia”
Una expresión de Julio Scherer García ha quedado grabada con hierro candente, entre muchas otras, en quienes colaboramos con él. “Si el Diablo me ofrece una entrevista, voy a los infiernos…”. En el mayor de los sigilos, bajo la exigencia de reserva absoluta que él respetó y respeta, el fundador de Proceso fue convocado a encontrarse con Ismael El Mayo Zambada. “Tenía interés en conocerlo”, le dijo el capo del cártel de Sinaloa, colega y compadre de El Chapo Guzmán. En el encuentro, que terminó en puntos suspensivos, El Mayo Zambada dejó un reto: “Me pueden agarrar en cualquier momento… o nunca”.
Un día de febrero recibí en Proceso un mensaje que ofrecía datos claros acerca de su veracidad. Anunciaba que Ismael Zambada deseaba conversar conmigo. La nota daba cuenta del sitio, la hora y el día en que una persona me conduciría al refugio del capo. No agregaba una palabra.
A partir de ese día ya no me soltó el desasosiego. Sin embargo, en momento alguno pensé en un atentado contra mi persona. Me sé vulnerable y así he vivido. No tengo chofer, rechazo la protección y generalmente viajo solo, la suerte siempre de mi lado.
La persistente inquietud tenía que ver con el trabajo periodístico. Inevitablemente debería contar las circunstancias y pormenores del viaje, pero no podría dejar indicios que llevaran a los persecutores del capo hasta su guarida. Recrearía tanto como me fuera posible la atmósfera del suceso y su verdad esencial, pero evitaría los datos que pudieran convertirme en un delator.
Me hizo bien recordar a Octavio Paz, a quien alguna vez le oí decir, enfático como era: “Hasta el último latido del corazón, una vida puede rodar para siempre.”
Una mañana de sol absoluto, mi acompañante y yo abordamos un taxi del que no tuve ni la menor idea del sitio al que nos conduciría. Tras un recorrido breve, subimos a un segundo automóvil, luego a un tercero y finalmente a un cuarto. Caminamos en seguida un rato largo hasta detenernos ante una fachada color claro. Una señora nos abrió la puerta y no tuve manera de mirarla. Tan pronto corrió el cerrojo, desapareció.
La casa era de dos pisos, sólida. Por ahí había cinco cuadros, pájaros deformes en un cielo azuloso. En contraste, las paredes de las tres recámaras mostraban un frío abandono. En la sala habían sido acomodados sillones y sofás para unas diez personas y la mesa del comedor preveía seis comensales.
Me asomé a la cocina y abrí el refrigerador, refulgente y vacío. La curiosidad me llevó a buscar algún teléfono y sólo advertí aparatos fijos para la comunicación interna. La recámara que me fue asignada tenía al centro una cama estrecha y un buró de tres cajones polvosos. El colchón, sin sábana que lo cubriera, exhibía la pobreza de un cobertor viejo.
Probé el agua de la regadera, fría, y en el lavamanos vi cuatro botellas de Bonafont y un jabón usado. Hambrientos, el mensajero y yo salimos a la calle para comer, beber lo que fuera y estirar las piernas. Caminamos sin rumbo hasta una fonda grata, la música a un razonable volumen. Hablamos sin conversar, las frases cortadas sin alusión alguna a Zambada, al narco, la inseguridad, el ejército que patrullaba las zonas periféricas de la ciudad.
Volvimos a la casa desolada ya noche. Nos levantaríamos a las siete de la mañana. A las ocho del día siguiente desayunamos en un restaurante como hay muchos. Yo evitaba cualquier expresión que pudiera interpretarse como un signo de impaciencia o inquietud, incluso la mirada insistente a los ojos, una forma de la interrogación profunda. El tiempo se estiraba, indolente, y comíamos con lentitud.
Las horas siguientes transcurrieron entre las cuatro paredes ya conocidas. Yo llevaba conmigo un libro y me sumergí en la lectura, a medias. Mi acompañante parecía haber nacido para el aislamiento. Como si nada existiera a su alrededor, llegué a pensar que él mismo pudiera haber desaparecido sin darse cuenta, sin advertirlo. Me duele escribir que no tenía más vida que la servidumbre, la existencia sin otro horizonte que el minuto que viene.
“Ya nos avisarán –me dijo sorpresivamente–. La llamada vendrá por el celular.”
Pasó un tiempo informe, sin manecillas. ‘Paciencia’, me decía.
Salimos al fin a la oscuridad de la noche. En unas horas se cruzarían el ocaso y el amanecer sin luz ni sombra, quieto el mundo.
Viajamos en una camioneta, seguidos de otra. La segunda desapareció de pronto y ocupó su lugar una tercera. Nos seguía, constante, a cien metros de distancia. Yo sentía la soledad y el silencio en un paisaje de planicies y montañas.
Por veredas y caminos sinuosos ascendimos una cuesta y de un instante a otro el universo entero dio un vuelco. Sobre una superficie de tierra apisonada y bajo un techo de troncos y bejucos, habíamos llegado al refugio del capo, cotizada su cabeza en millones de dólares, famoso como el Chapo y poderoso como el colombiano Escobar, en sus días de auge, zar de la droga.
Ismael Zambada me recibió con la mano dispuesta al saludo y unas palabras de bienvenida:
–Tenía mucho interés en conocerlo.
–Muchas gracias –respondí con naturalidad.
Me encontraba en una construcción rústica de dos recámaras y dos baños, según pude comprobar en los minutos que me pude apartar del capo para lavarme. Al exterior había una mesa de madera tosca para seis comensales, y bajo un árbol que parecía un bosque, tres sillas mecedoras con una pequeña mesa al centro. Me quedó claro que el cobertizo había sido levantado con el propósito de que el capo y su gente pudieran abandonarlo al primer signo de alarma. Percibí un pequeño grupo de hombres Juramentados.
A corta distancia del narco, los guardaespaldas iban y venían, a veces los ojos en el jefe y a ratos en el panorama inmenso que se extendía a su alrededor. Todos cargaban su pistola y algunos, además, armas largas. Dueño de mí mismo, pero nervioso, vi en el suelo un arma negra que brillaba intensamente bajo un sol vertical. Me dije, deliberadamente forzada la imagen: podría tratarse de un animal sanguinario que dormita.
–Lo esperaba para que almorzáramos juntos–, me dijo Zambada y señaló la silla que ocuparía, ambos de frente.
Observé de reojo a su emisario, las mandíbulas apretadas. Me pedía que no fuera a decir que ya habíamos desayunado.
Al instante fuimos servidos con vasos de jugo de naranja y vasos de leche, carne, frijoles, tostadas, quesos que se desmoronaban entre los dedos o derretían en el paladar, café azucarado.
–Traigo conmigo una grabadora electrónica con juego para muchas horas–, aventuré con el propósito de ir creando un ambiente para la entrevista.
–Platiquemos primero.
Le pregunté al capo por Vicente, Vicentillo.
–Es mi primogénito, el primero de cinco. Le digo “Mijo”. También es mi compadre.
Zambada siguió en la reseña personal:
–Tengo a mi esposa, cinco mujeres, quince nietos y un bisnieto. Ellas, las seis, están aquí, en los ranchos, hijas del monte, como yo. El monte es mi casa, mi familia, mi protección, mi tierra, el agua que bebo. La tierra siempre es buena, el cielo no.
–No le entiendo.
–A veces el cielo niega la lluvia.
Hubo un silencio que aproveché de la única manera que me fue posible:
–¿Y Vicente?
–Por ahora no quiero hablar de él. No sé si está en Chicago o Nueva York. Sé que estuvo en Matamoros.
–He de preguntarle, soy lo que soy. A propósito de su hijo, ¿vive usted su extradición con remordimientos que lo destrocen en su amor de padre?
–Hoy no voy a hablar de “Mijo”. Lo lloro.
–¿Grabamos?
Silencio.
–Tengo muchas preguntas–, insistí ya debilitado.
–Otro día. Tiene mi palabra.
Lo observaba. Sobrepasa el 1.80 de estatura y posee un cuerpo como una fortaleza, más allá de una barriga apenas pronunciada. Viste una playera y sus pantalones de mezclilla azul mantienen la línea recta de la ropa bien planchada. Se cubre con una gorra y el bigote recortado es de los que sugieren una sutil y permanente ironía.
–He leído sus libros y usted no miente–, me dice.
Detengo la mirada en el capo, los labios cerrados.
–Todos mienten, hasta Proceso. Su revista es la primera, informa más que todos, pero también miente.
–Señáleme un caso.
–Reseñó un matrimonio que no existió.
–¿El del Chapo Guzmán?
–Dio hasta pormenores de la boda.
–Sandra Ávila cuenta de una fiesta a la que ella concurrió y en la que estuvo presente el Chapo.
–Supe de la fiesta, pero fue una excepción en la vida del Chapo. Si él se exhibiera o yo lo hiciera, ya nos habrían agarrado.
–¿Algunas veces ha sentido cerca al ejército?
–Cuatro veces. El Chapo más.
–¿Qué tan cerca?
–Arriba, sobre mi cabeza. Huí por el monte, del que conozco los ramajes, los arroyos, las piedras, todo. A mí me agarran si me estoy quieto o me descuido, como al Chapo. Para que hoy pudiéramos reunirnos, vine de lejos. Y en cuanto terminemos, me voy.
–¿Teme que lo agarren?
–Tengo pánico de que me encierren.
–Si lo agarraran, ¿terminaría con su vida?
–No sé si tuviera los arrestos para matarme. Quiero pensar que sí, que me mataría.
Advierto que el capo cuida las palabras. Empleó el término arrestos, no el vocablo clásico que naturalmente habría esperado.
Zambada lleva el monte en el cuerpo, pero posee su propio encierro. Sus hijos, sus familias, sus nietos, los amigos de los hijos y los nietos, a todos les gustan las fiestas. Se reúnen con frecuencia en discos, en lugares públicos y el capo no puede acompañarlos. Me dice que para él no son los cumpleaños, las celebraciones en los santos, pasteles para los niños, la alegría de los quince años, la música, el baile.
–¿Hay en usted espacio para la tranquilidad?
–Cargo miedo.
–¿Todo el tiempo?
–Todo.
–¿Lo atraparán, finalmente?
–En cualquier momento o nunca.
Zambada tiene sesenta años y se inició en el narco a los dieciséis. Han transcurrido cuarenta y cuatro años que le dan una gran ventaja sobre sus persecutores de hoy. Sabe esconderse, sabe huir y se tiene por muy querido entre los hombres y las mujeres donde medio vive y medio muere a salto de mata.
–Hasta hoy no ha aparecido por ahí un traidor–, expresa de pronto para sí. Lo imagino insondable.
–¿Cómo se inició en el narco?
Su respuesta me hace sonreír.
–Nomás.
–¿Nomás?
Vuelvo a preguntar:
–¿Nomás?
Vuelve a responder:
–Nomás.
Por ahí no sigue el diálogo y me atengo a mis propias ideas: el narcotráfico como un imán irresistible y despiadado que persigue el dinero, el poder, los yates, los aviones, las mujeres propias y ajenas con las residencias y los edificios, las joyas como cuentas de colores para jugar, el impulso brutal que lleve a la cúspide. En la capacidad del narcotráfico existe, ya sin horizonte y aterradora, la capacidad para triturar.
Zambada no objeta la persecución que el gobierno emprende para capturarlo. Está en su derecho y es su deber. Sin embargo, rechaza las acciones bárbaras del Ejército.
Los soldados, dice, rompen puertas y ventanas, penetran en la intimidad de las casas, siembran y esparcen el terror. En la guerra desatada encuentran inmediata respuesta a sus acometidas. El resultado es el número de víctimas que crece incesante. Los capos están en la mira, aunque ya no son las figuras únicas de otros tiempos.
–¿Qué son entonces? –pregunto.
Responde Zambada con un ejemplo fantasioso:
–Un día decido entregarme al gobierno para que me fusile. Mi caso debe ser ejemplar, un escarmiento para todos. Me fusilan y estalla la euforia. Pero al cabo de los días vamos sabiendo que nada cambió.
–¿Nada, caído el capo?
–El problema del narco envuelve a millones. ¿Cómo dominarlos? En cuanto a los capos, encerrados, muertos o extraditados, sus reemplazos ya andan por ahí.
A juicio de Zambada, el gobierno llegó tarde a esta lucha y no hay quien pueda resolver en días problemas generados por años. Infiltrado el gobierno desde abajo, el tiempo hizo su “trabajo” en el corazón del sistema y la corrupción se arraigó en el país. Al presidente, además, lo engañan sus colaboradores. Son embusteros y le informan de avances, que no se dan, en esta guerra perdida.
–¿Por qué perdida?
–El narco está en la sociedad, arraigado como la corrupción.
–Y usted, ¿qué hace ahora?
–Yo me dedico a la agricultura y a la ganadería, pero si puedo hacer un negocio en los Estados Unidos, lo hago. Yo pretendía indagar acerca de la fortuna del capo y opté por valerme de la revista Forbes para introducir el tema en la conversación.
Lo vi a los ojos, disimulado un ánimo ansioso:
–¿Sabía usted que Forbes incluye al Chapo entre los grandes millonarios del mundo?
–Son tonterías.
Tenía en los labios la pregunta que seguiría, ahora superflua, pero ya no pude contenerla. –¿Podría usted figurar en la lista de la revista?
–Ya le dije. Son tonterías.
–Es conocida su amistad con el Chapo Guzmán y no podría llamar la atención que usted lo esperara fuera de la cárcel de Puente Grande el día de la evasión. ¿Podría contarme de qué manera vivió esa historia?
–El Chapo Guzmán y yo somos amigos, compadres y nos hablamos por teléfono con frecuencia. Pero esa historia no existió. Es una mentira más que me cuelgan. Como la invención de que yo planeaba un atentado contra el presidente de la República. No se me ocurriría.
–Zulema Hernández, mujer del Chapo, me habló de la corrupción que imperaba en Puente Grande y de qué manera esa corrupción facilitó la fuga de su amante. ¿Tiene usted noticia acerca de los acontecimientos de ese día y cómo se fueron desarrollando?
–Yo sé que no hubo sangre, un solo muerto. Lo demás, lo desconozco.
Inesperada su pregunta, Zambada me sorprende:
–¿Usted se interesa por el Chapo?
–Sí, claro.
–¿Querría verlo?
–Yo lo vine a ver a usted.
–¿Le gustaría…?
–Por supuesto.
–Voy a llamarlo y a lo mejor lo ve.
La conversación llega a su fin. Zambada, de pie, camina bajo la plenitud del sol y nuevamente me sorprende:
–¿Nos tomamos una foto?
Sentí un calor interno, absolutamente explicable. La foto probaba la veracidad del encuentro con el capo.
Zambada llamó a uno de sus guardaespaldas y le pidió un sombrero. Se lo puso, blanco, finísimo.
–¿Cómo ve?
–El sombrero es tan llamativo que le resta personalidad.
–¿Entonces con la gorra?
–Me parece.
El guardaespaldas apuntó con la cámara y disparó.
Recuerdo de una boda…
En la última semana de agosto de 2007, la reportera Patricia Dávila viajó a l pueblo de Canelas, Durango, localizado en el corazón de lo que se conoce como el Triángulo Dorado de la droga –en los límites de los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango– , para recabar información y contar los pormenores de la boda de Joaquín El Chapo Guzmán Loera y Emma Coronel Aispuro, los cuales fueron publicados en la edición 1609 de Proceso.
La ceremonia se realizó en La Angostura, una de las localidades más alejadas de Canelas, la cabecera municipal. En época de lluvias, el acceso a esa región toma tres horas y media en motoneta.
Con testimonios documentales, como el del periódico local El Correo de la Montaña, mensajes por internet de testigos y hasta versiones de autoridades que pidieron no ser identificadas, Proceso dio cuenta de cómo se fue preparando la boda desde cinco meses antes, a partir de un baile celebrado el 6 de enero de ese año.
De acuerdo con esos testimonios, la ceremonia en La Angostura se realizó el 2 de julio, aunque se había divulgado que se llevaría a cabo al día siguiente. A diferencia del tumultuoso baile del Día de Reyes, en esta ocasión sólo estuvieron presentes familiares de la novia y personas muy allegadas a El Chapo. Un día después de la boda, La Angostura fue ocupada por soldados.
junio 25, 2013
mayo 29, 2013
mayo 27, 2013
enero 19, 2013
noviembre 17, 2012
Los crímenes de guerra de Calderón
Los crímenes de guerra de Calderón
Por: Sanjuana Martínez - noviembre 12 de 2012
¿Veremos a Felipe Calderón sentado en el banquillo de los acusados del Tribunal Penal Internacional?
A partir del 1 de diciembre, el señor Calderón perderá su investidura de jefe de Estado, una patente de corso que ha funcionado a lo largo de la historia, como protección para los mandatarios acusados de crímenes de guerra, lesa humanidad o genocidio.
Hace un año, un grupo de mexicanos decidimos firmar una denuncia contra Felipe Calderón ante el Tribunal Penal Internacional por crímenes contra la humanidad cometidos durante su sexenio en el marco de su guerra contra el narcotráfico que ha dejado alrededor de 100 mil muertos, 300 mil desaparecidos y un millón y medio de desplazados.
Entre los 470 casos graves expuestos de ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas, desplazamiento y reclutamiento de menores, Calderón ha sido señalado como el principal responsable de estos delitos internacionales por omisión, sostener y encubrir las acciones de las Fuerzas Armadas.
Pues bien, el primer paso para hacer realidad la imagen de Felipe Calderón sentando en el banquillo de los acusados del TPI acaba de suceder: el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias informó el pasado viernes que analiza 17 casos graves de desaparición forzada cometidos por el Ejército, la Marina y las distintas policías.
En su 98 sesión general –celebrada del 31 de octubre al 9 de noviembre en Ginebra, Suiza–, la ONU señala que estos 17 casos son urgentes y deben ser atendidos de manera inmediata por el gobierno mexicano. Son desapariciones forzadas, por tanto, son crímenes contra la humanidad imprescriptibles, lo cual quiere decir que perseguirán a su autor intelectual hasta la eternidad. Felipe Calderón es además del autor intelectual, el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, por lo tanto tendrá que responder algún día por sus crímenes.
Los casos serán presentados en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo de 2013, es decir, cuando Calderón se encuentre en su retiro dorado en algún país del mundo, pero las miradas estarán puestas sobre él.
El Estatuto de Roma es muy claro al respecto y establece que los jefes de Estado deben de abstenerse de dar órdenes que pudieran implicar violaciones al derecho internacional humanitario. También deben proteger a la población civil, algo que Felipe Calderón ignoró completamente ante su escalada de terror en su lucha encarnizada contra los cárteles de la droga.
Entre los crímenes de guerra cometidos por Calderón figuran los relacionados con los migrantes. En la querella de 700 páginas están incluidos los funcionarios de migración que durante su sexenio se dedicaron a “vender” a los migrantes centroamericanos al crimen organizado: más de 120 mil migrantes siguen desaparecidos.
Si Calderón no fue capaz de suspender su guerra ante el elevado número de muertes, o bien de prevenir físicamente los estragos de violencia ocasionados en la población civil, el riesgo de genocidio está latente. Y este es el caso concreto que afecta a los migrantes centroamericanos, un auténtico genocidio, cometido nada menos que por el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas de México.
Los grandes crímenes de guerra de Felipe Calderón se centran precisamente en las desapariciones forzadas. ¿Cuántos agentes del Estado han participado en la desaparición de 300 mil personas durante su sexenio? La cifra de 300 mil personas desaparecidas se basa en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Sistema Nacional de Seguridad Pública y el último informe de la ONU, según ha declarado Marien Rivera, coordinadora del área de seguridad del Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC).
De acuerdo con datos de organizaciones no gubernamentales, el 40 por ciento de las desapariciones fueron cometidas por Ejército, Marina o las distintas policías. Eso quiere decir que se transforman en desapariciones forzadas y 17 de estos casos paradigmáticos fueron ya aceptados por la ONU.
La ONU no es el único organismo internacional que ha denunciado los crímenes de guerra de Felipe Calderón, también están los informes de Human Rights Watch, de Amnistía Internacional y de una buena parte de las ONGs establecidas en México.
Hay que incluir, en los crímenes de guerra de Felipe Calderón, el apartado necesario de las ejecuciones extrajudiciales con exponentes tan claros y confesos como el general Bibiano Villa y también la matanza indiscriminada de más de 30 defensores de derechos humanos y activistas.
Por último, a Felipe Calderón también se le enjuiciará por los crímenes contra periodistas: más de 120 asesinados, 15 desaparecidos y cientos de agresiones a medios de comunicación, ya que el 65 por ciento de los delitos los cometieron fuerzas del Estado.
En el proceso internacional que se sigue contra él, habrá un elemento muy importante: la impunidad durante su sexenio que no permitió la tutela efectiva de la justicia a favor de las víctimas ni la reparación. Particularmente, las Fuerzas Armadas siguen gozando de impunidad gracias a una patente de corso llamada fuero militar. Los soldados y marinos se convirtieron así, en una casta de privilegiados por encima de la ley, con cientos de crímenes en su haber, fuerzas armadas con permiso de matar, robar, torturar, desaparecer.
El artículo 28 del Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional señala plenamente la responsabilidad de Calderón: “El jefe militar o el que actúe efectivamente como jefe militar será penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo, o su autoridad y control efectivo, según sea el caso, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esas fuerzas cuando: Hubiere sabido o, en razón de las circunstancias del momento, hubiere debido saber que las fuerzas estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos; y no hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento”.
Por tanto, los crímenes de guerra de Felipe Calderón guardan relación con las actividades bajo su mando y control efectivo. El Ejecutivo fue testigo perenne del sufrimiento ocasionado por sus decisiones de Estado y permaneció indolente ante el cúmulo de delitos cometidos contra su pueblo. No previno ni reprimió la comisión de estos delitos. No atendió las demandas de justicia por los crímenes cometidos por sus Fuerzas Armadas. No escuchó las súplicas de las víctimas torturadas; ni los gritos de auxilio de las poblaciones desplazadas bajo el asedio del crimen organizado, el Ejército y la Marina. No quiso ver las desapariciones forzadas, ni los menores obligados a convertirse en sicarios. No observó los Centros Clandestinos de Detención con cientos de detenidos-desaparecidos, ni los miles de inocentes en las cárceles sin debido proceso. No consideró atender los asesinatos en centros de rehabilitación, el aumento de los feminicidios, la trata de mujeres y niñas. No redujo los ataques contra la población civil…
Los crímenes de guerra de Felipe Calderón son imprescriptibles y lo perseguirán hasta el final de sus días. El banquillo de los acusados en el Tribunal Penal Internacional lo espera.
Este contenido ha sido publicado originalmente por SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/opinion/12-11-2012/10649
Por: Sanjuana Martínez - noviembre 12 de 2012
¿Veremos a Felipe Calderón sentado en el banquillo de los acusados del Tribunal Penal Internacional?
A partir del 1 de diciembre, el señor Calderón perderá su investidura de jefe de Estado, una patente de corso que ha funcionado a lo largo de la historia, como protección para los mandatarios acusados de crímenes de guerra, lesa humanidad o genocidio.
Hace un año, un grupo de mexicanos decidimos firmar una denuncia contra Felipe Calderón ante el Tribunal Penal Internacional por crímenes contra la humanidad cometidos durante su sexenio en el marco de su guerra contra el narcotráfico que ha dejado alrededor de 100 mil muertos, 300 mil desaparecidos y un millón y medio de desplazados.
Entre los 470 casos graves expuestos de ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas, desplazamiento y reclutamiento de menores, Calderón ha sido señalado como el principal responsable de estos delitos internacionales por omisión, sostener y encubrir las acciones de las Fuerzas Armadas.
Pues bien, el primer paso para hacer realidad la imagen de Felipe Calderón sentando en el banquillo de los acusados del TPI acaba de suceder: el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias informó el pasado viernes que analiza 17 casos graves de desaparición forzada cometidos por el Ejército, la Marina y las distintas policías.
En su 98 sesión general –celebrada del 31 de octubre al 9 de noviembre en Ginebra, Suiza–, la ONU señala que estos 17 casos son urgentes y deben ser atendidos de manera inmediata por el gobierno mexicano. Son desapariciones forzadas, por tanto, son crímenes contra la humanidad imprescriptibles, lo cual quiere decir que perseguirán a su autor intelectual hasta la eternidad. Felipe Calderón es además del autor intelectual, el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, por lo tanto tendrá que responder algún día por sus crímenes.
Los casos serán presentados en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo de 2013, es decir, cuando Calderón se encuentre en su retiro dorado en algún país del mundo, pero las miradas estarán puestas sobre él.
El Estatuto de Roma es muy claro al respecto y establece que los jefes de Estado deben de abstenerse de dar órdenes que pudieran implicar violaciones al derecho internacional humanitario. También deben proteger a la población civil, algo que Felipe Calderón ignoró completamente ante su escalada de terror en su lucha encarnizada contra los cárteles de la droga.
Entre los crímenes de guerra cometidos por Calderón figuran los relacionados con los migrantes. En la querella de 700 páginas están incluidos los funcionarios de migración que durante su sexenio se dedicaron a “vender” a los migrantes centroamericanos al crimen organizado: más de 120 mil migrantes siguen desaparecidos.
Si Calderón no fue capaz de suspender su guerra ante el elevado número de muertes, o bien de prevenir físicamente los estragos de violencia ocasionados en la población civil, el riesgo de genocidio está latente. Y este es el caso concreto que afecta a los migrantes centroamericanos, un auténtico genocidio, cometido nada menos que por el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas de México.
Los grandes crímenes de guerra de Felipe Calderón se centran precisamente en las desapariciones forzadas. ¿Cuántos agentes del Estado han participado en la desaparición de 300 mil personas durante su sexenio? La cifra de 300 mil personas desaparecidas se basa en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Sistema Nacional de Seguridad Pública y el último informe de la ONU, según ha declarado Marien Rivera, coordinadora del área de seguridad del Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC).
De acuerdo con datos de organizaciones no gubernamentales, el 40 por ciento de las desapariciones fueron cometidas por Ejército, Marina o las distintas policías. Eso quiere decir que se transforman en desapariciones forzadas y 17 de estos casos paradigmáticos fueron ya aceptados por la ONU.
La ONU no es el único organismo internacional que ha denunciado los crímenes de guerra de Felipe Calderón, también están los informes de Human Rights Watch, de Amnistía Internacional y de una buena parte de las ONGs establecidas en México.
Hay que incluir, en los crímenes de guerra de Felipe Calderón, el apartado necesario de las ejecuciones extrajudiciales con exponentes tan claros y confesos como el general Bibiano Villa y también la matanza indiscriminada de más de 30 defensores de derechos humanos y activistas.
Por último, a Felipe Calderón también se le enjuiciará por los crímenes contra periodistas: más de 120 asesinados, 15 desaparecidos y cientos de agresiones a medios de comunicación, ya que el 65 por ciento de los delitos los cometieron fuerzas del Estado.
En el proceso internacional que se sigue contra él, habrá un elemento muy importante: la impunidad durante su sexenio que no permitió la tutela efectiva de la justicia a favor de las víctimas ni la reparación. Particularmente, las Fuerzas Armadas siguen gozando de impunidad gracias a una patente de corso llamada fuero militar. Los soldados y marinos se convirtieron así, en una casta de privilegiados por encima de la ley, con cientos de crímenes en su haber, fuerzas armadas con permiso de matar, robar, torturar, desaparecer.
El artículo 28 del Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional señala plenamente la responsabilidad de Calderón: “El jefe militar o el que actúe efectivamente como jefe militar será penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo, o su autoridad y control efectivo, según sea el caso, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esas fuerzas cuando: Hubiere sabido o, en razón de las circunstancias del momento, hubiere debido saber que las fuerzas estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos; y no hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento”.
Por tanto, los crímenes de guerra de Felipe Calderón guardan relación con las actividades bajo su mando y control efectivo. El Ejecutivo fue testigo perenne del sufrimiento ocasionado por sus decisiones de Estado y permaneció indolente ante el cúmulo de delitos cometidos contra su pueblo. No previno ni reprimió la comisión de estos delitos. No atendió las demandas de justicia por los crímenes cometidos por sus Fuerzas Armadas. No escuchó las súplicas de las víctimas torturadas; ni los gritos de auxilio de las poblaciones desplazadas bajo el asedio del crimen organizado, el Ejército y la Marina. No quiso ver las desapariciones forzadas, ni los menores obligados a convertirse en sicarios. No observó los Centros Clandestinos de Detención con cientos de detenidos-desaparecidos, ni los miles de inocentes en las cárceles sin debido proceso. No consideró atender los asesinatos en centros de rehabilitación, el aumento de los feminicidios, la trata de mujeres y niñas. No redujo los ataques contra la población civil…
Los crímenes de guerra de Felipe Calderón son imprescriptibles y lo perseguirán hasta el final de sus días. El banquillo de los acusados en el Tribunal Penal Internacional lo espera.
Este contenido ha sido publicado originalmente por SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/opinion/12-11-2012/10649
enero 11, 2012
Calderón y Ejército con acceso total a las agendas y eventos del narcotráfico
Calderón y Ejército con acceso total a las agendas y eventos del narcotráfico: Sargento Vázquez Álvarez
10 de enero del 2012
México Violento
Entrevista al Sargento Segundo Ricardo Vázquez Álvarez
El gobierno de Felipe Calderón y el Ejército son especialistas en incriminar a las personas vinculándolos al narcotráfico. Tienen acceso a todas las agendas de los cárteles, y están subordinados a éstos, según las denuncias del Sto. Vázquez Álvarez.
Guadalupe Lizárraga: De acuerdo a las fechas que das en tu mensaje, ¿significa que no eres un militar activo?
Sto. Ricardo Vázquez: No, ya no estoy activo, fui dado de baja arbitraria e ilegalmente del ejército el día 26 de octubre de 2001. Esto, derivado de que yo cumpliría 10 años de servicio activo el dia 2 de marzo de 2002 y seria acreedor a la Condecoración de Perseverancia de 5/a Clase. Lo cual hubiera implicado que se me diera una prestación económica mensual por efecto de mi condecoración y mis años prestados al ejército.
Mi caso fue el inicio de muchos otros casos en los que dan de baja de esta forma “legaloide” a personal militar de mi antigüedad y a quienes cumplirían 20 años de servicio. En el caso de éstos, lo hacen para evitar que pasaran a situación de retiro y cobren mensualmente una pensión. Para ahorrarse ese dinero, optaron por arrestarnos a cada rato y por cualquier cosa, y después de cierto tiempo de arresto, pueden justificar el convocar al consejo de honor y determinar nuestra baja.
GL: ¿En qué basas las acusaciones del sometimiento del gobierno de Calderón al crimen organizado? En esto coincides con las denuncias de la periodista Anabel Hernández, sin embargo, el que las declaraciones provengan de un militar o un ex militar es muy significativo.
RV: Hay varias razones en las que me baso, pero te diré la más fuerte y esencial: en lo que respecta al ejército y fuerza aérea (no hablaré de la Armada porque desconozco sus aparatos y estructura), se cuenta con un estado mayor (Estado Mayor de la Defensa Nacional EMDN, no confundir con el Estado Mayor Presidencial). Este órgano administrativo-operativo militar cuenta con varias secciones, pero dos de ellas enfocadas en la supuesta "lucha" anti narco. Una es la Sección Segunda (Inteligencia) y la Sección Séptima, antes llamada Décima (Operaciones contra el narcotráfico).
Dichas secciones del EMDN, cuentan con toda la información de todos los cárteles y narcos que hay aquí en México, en Estados Unidos y Colombia principalmente. En estas secciones se cuentan con las agendas, ubicaciones temporales y permanentes de cada narcotraficante y de cada cártel, pero esta información sólo se usa en el sentido de prestar apoyo y defender a los narcos en el poder (en este caso el Chapo Guzmán) y erradicarle sus competencias.
Si de verdad el delincuente Calderón hubiese tenido la voluntad y las ganas de erradicar el narcotráfico, como prometió hacerlo, ya lo habría hecho, en muy poco tiempo y con menos sangre, usando esta información contenida en el Estado Mayor de la Defensa Nacional que he mencionado.
He escuchado a los camaradas que protestan contra el ejército, en el sentido de que los aparatos de inteligencia militar y logística no sirven contra el narco. Yo les contesto que sí sirven, pero sólo sirven para servir al narco y erradicar a los que les estorbamos y a quienes sabemos la verdad y ésta es que Calderón, desde Los Pinos, y antes Fox, el gobierno está plenamente subordinado al narcotráfico.
Estos aparatos de inteligencia militar han dado resultados fehacientemente en este sentido. Tenemos el caso de los estudiantes asesinados en Villas de Salvárcar en Ciudad Juárez, a los que Calderón dijo: "los mataron por narcos y por pandilleros"; también el caso de los jóvenes estudiantes asesinados en plena escuela en el Tec de Monterrey en Nuevo León, el secuestro y asesinato de los hermanos LeBaron en Juárez. Otro caso son las familias asesinadas a tiros en una vil emboscada en los retenes militares asesinados expresamente por personal militar en Sinaloa, las jóvenes violadas por militares en Chihuahua... Todos estos casos demuestran que, efectivamente, si sirven los aparatos de inteligencia militar: únicamente para reprimir y masacrar al pueblo.
Yo, como militar, podría decirte: ¿de qué sirve mantener al ejército y sus logísticas, si sólo están para reprimir y servir al enemigo convirtiéndose en traidores y enemigos de la patria? ¿De qué sirven tantos zánganos del ejército llamados “Diplomados de Estado Mayor”, si sólo sirven para comportarse en la mesa, en un banquete, para mostrar que saben usar el cuchillo y tenedor, y aprendieron sólo el arte de cómo pisotear al subalterno y cómo arrastrarse cínicamente ante el superior?
GL: ¿Cuál es tu hipótesis sobre las masacres? ¿Por qué todos los días hay asesinatos masivos en diferentes regiones de México?
RV: No hay duda que algunas matanzas son verdaderamente derivadas de ajuste de cuentas entre narcos. Pero cuando se trata de empresarios, rancheros, estudiantes, policías o militares asesinados, no necesariamente son resultado de narcotraficantes. Está demostrado que el ejército y el gobierno son especialistas en denigrar la memoria de las personas que ellos mismos mandan ejecutar.
Argumentan que las víctimas fueron asesinadas por narcos, pandilleros o por drogadictos. Como lo hemos podido seguir en los diferentes medios oficialistas y alternos, se ha documentado que muchas de las masacres son perpetradas contra jóvenes o personas que se estaban rehabilitando para dejar las drogas y poder insertarse en la sociedad sin vicio alguno, los asesinan por que un vicioso rehabilitado es un cliente menos para el narco y lo que el narco requiere no son sólo asesinos, sicarios y personal a sus órdenes, también requieren viciosos que compren sus drogas, para así enriquecerse más.
Calderón dice hasta el cansancio que los que estamos contra su "estrategia" somos narcos o delincuentes. Nosotros, ante la evidencia clara (los miles de cadáveres) sabemos que es el mismo ejército en alianza con el narco, el que comete estas masacres. Hay muchísimas masacres en el país, pero el narcotráfico está intacto, y el jefe de jefes, el Chapo, sigue impune y más rico que nunca.
GL: ¿El Ejército está dividido? ¿Hay una parte del ejército que puede ser confiable para los mexicanos y otra no?
RV: Hubo división en el ejército cuando fue lo del desafuero de AMLO. El General Vega García le reclamó al expresidente Fox que no iba a permitir división alguna en las fuerzas armadas por ningún motivo y le exigió que parara lo del desafuero a Obrador. Ante este antecedente, los narcotraficantes y Calderón tomaron medidas para evitar alguna división dentro del ejército en sus actividades ilícitas.
Por ello, justo en tiempos electorales en 2006, Calderón firmó un pacto con el narco comprometiéndose a relevar a los mandos militares, marinos y policíacos que fueran patriotas y ajenos al narco, para ser relevados por personal militar, naval y policial vinculados con el narco.
Hoy en día, hay militares, policías y marinos asesinados por no querer ser parte de esa pandilla gubernamental aliada al narco. En el mejor de los casos, para no matarlos, los manchan en sus nombres, su prestigio, y les fabrican delitos vinculándolos con los narcos para condenarlos injustamente. Y mantienen en cargos militares, policiales y navales de alto rango a personal que en realidad está vinculada hasta los dientes con los narcos.
GL: Si es así, ¿cómo pueden identificar los mexicanos, los ciudadanos de a pie, a los soldados leales con el pueblo?
RV: Esa pregunta tiene una respuesta muy fácil: se les puede identificar muertos, en la cárcel o denigrados en sus nombres, como yo.
GL: Hay denuncias formales contra el Ejército nacional por parte de organismos no gubernamentales de tortura, secuestro y violaciones. ¿Son parte de las estrategias de genocidio o son acciones individuales de los militares?
RV: Son tácticas terroristas para extraer información o sembrar el miedo en alguna población como ocurre en Birmania con los batallones de violadores. El hecho de violar a una persona portando un uniforme, o incluso de civil, es un acto total y absolutamente aberrante. Pero son tácticas aprendidas por la CIA y en la Escuela de las Américas. Y sí, son estrategias de genocidio pero constituidas por acciones individuales de militares, ejecutadas bajo órdenes, lógicamente son órdenes contrarias a las leyes y reglamentos y contra la Constitución misma pero se realizan.
GL: ¿Cómo es que puedes pensar distinto a los demás e incluso defender derechos de militares retirados en medio de tanta corrupción?
RV: Yo no pienso distinto a los demás, si te refieres a la mentalidad del soldado. Lo que pasa es que la diferencia es muy clara: una cosa es ser soldado como nosotros, y otra cosa es ser mercenario como los que trabajan para el gobierno de Calderón.
Defiendo los derechos de los militares retirados porque ellos son mis padres y abuelos militares, aunque no propiamente de sangre. Pero sí, en cierta forma, ellos son mis padres, abuelos y hermanos de armas, y es un acto cobarde dejar tirado a un camarada herido en el campo de batalla. Mis camaradas en retiro ahora ejercen una lucha y yo no puedo ser ajeno a ésta, aunque yo no estoy retirado todavía. Somos hermanos de armas, desde el soldado hasta el general de División.
GL: ¿Temes realmente por tu vida? ¿Crees que puedes estar en la mira del crimen organizado por denunciar u oponerte a Calderón, siendo el comandante en jefe del Ejército?
RV: Yo no temo por mi vida, porque soy hombre muerto, ya que mi juramento como militar es simple: alcanzar la victoria o perder la vida, y eso es mi pan de cada día como guerrero. Sabiendo que puedo morir a manos de la delincuencia organizada de Los Pinos, debo defenderme. No la tendrán ellos tan fácil conmigo. Podrán matarme, pero me llevo conmigo al menos a unos treinta de ellos para no irme solo. No me voy a dejar morir como borreguito en el matadero, moriré peleando como león en un campo de batalla. Temo únicamente por la vida de mi familia y los demás camaradas que no pudieran defenderse. Calderón solo se mete con los que puede, nunca atacará a quien pueda darle batalla y defenderse. Sólo agarra a los más débiles y a los pacíficos, y los masacra.
El gobierno de Felipe Calderón y el Ejército son especialistas en incriminar a las personas vinculándolos al narcotráfico. Tienen acceso a todas las agendas de los cárteles, y están subordinados a éstos, según las denuncias del Sto. Vázquez Álvarez.
Guadalupe Lizárraga: De acuerdo a las fechas que das en tu mensaje, ¿significa que no eres un militar activo?
Sto. Ricardo Vázquez: No, ya no estoy activo, fui dado de baja arbitraria e ilegalmente del ejército el día 26 de octubre de 2001. Esto, derivado de que yo cumpliría 10 años de servicio activo el dia 2 de marzo de 2002 y seria acreedor a la Condecoración de Perseverancia de 5/a Clase. Lo cual hubiera implicado que se me diera una prestación económica mensual por efecto de mi condecoración y mis años prestados al ejército.
Mi caso fue el inicio de muchos otros casos en los que dan de baja de esta forma “legaloide” a personal militar de mi antigüedad y a quienes cumplirían 20 años de servicio. En el caso de éstos, lo hacen para evitar que pasaran a situación de retiro y cobren mensualmente una pensión. Para ahorrarse ese dinero, optaron por arrestarnos a cada rato y por cualquier cosa, y después de cierto tiempo de arresto, pueden justificar el convocar al consejo de honor y determinar nuestra baja.
GL: ¿En qué basas las acusaciones del sometimiento del gobierno de Calderón al crimen organizado? En esto coincides con las denuncias de la periodista Anabel Hernández, sin embargo, el que las declaraciones provengan de un militar o un ex militar es muy significativo.
RV: Hay varias razones en las que me baso, pero te diré la más fuerte y esencial: en lo que respecta al ejército y fuerza aérea (no hablaré de la Armada porque desconozco sus aparatos y estructura), se cuenta con un estado mayor (Estado Mayor de la Defensa Nacional EMDN, no confundir con el Estado Mayor Presidencial). Este órgano administrativo-operativo militar cuenta con varias secciones, pero dos de ellas enfocadas en la supuesta "lucha" anti narco. Una es la Sección Segunda (Inteligencia) y la Sección Séptima, antes llamada Décima (Operaciones contra el narcotráfico).
Dichas secciones del EMDN, cuentan con toda la información de todos los cárteles y narcos que hay aquí en México, en Estados Unidos y Colombia principalmente. En estas secciones se cuentan con las agendas, ubicaciones temporales y permanentes de cada narcotraficante y de cada cártel, pero esta información sólo se usa en el sentido de prestar apoyo y defender a los narcos en el poder (en este caso el Chapo Guzmán) y erradicarle sus competencias.
Si de verdad el delincuente Calderón hubiese tenido la voluntad y las ganas de erradicar el narcotráfico, como prometió hacerlo, ya lo habría hecho, en muy poco tiempo y con menos sangre, usando esta información contenida en el Estado Mayor de la Defensa Nacional que he mencionado.
He escuchado a los camaradas que protestan contra el ejército, en el sentido de que los aparatos de inteligencia militar y logística no sirven contra el narco. Yo les contesto que sí sirven, pero sólo sirven para servir al narco y erradicar a los que les estorbamos y a quienes sabemos la verdad y ésta es que Calderón, desde Los Pinos, y antes Fox, el gobierno está plenamente subordinado al narcotráfico.
Estos aparatos de inteligencia militar han dado resultados fehacientemente en este sentido. Tenemos el caso de los estudiantes asesinados en Villas de Salvárcar en Ciudad Juárez, a los que Calderón dijo: "los mataron por narcos y por pandilleros"; también el caso de los jóvenes estudiantes asesinados en plena escuela en el Tec de Monterrey en Nuevo León, el secuestro y asesinato de los hermanos LeBaron en Juárez. Otro caso son las familias asesinadas a tiros en una vil emboscada en los retenes militares asesinados expresamente por personal militar en Sinaloa, las jóvenes violadas por militares en Chihuahua... Todos estos casos demuestran que, efectivamente, si sirven los aparatos de inteligencia militar: únicamente para reprimir y masacrar al pueblo.
Yo, como militar, podría decirte: ¿de qué sirve mantener al ejército y sus logísticas, si sólo están para reprimir y servir al enemigo convirtiéndose en traidores y enemigos de la patria? ¿De qué sirven tantos zánganos del ejército llamados “Diplomados de Estado Mayor”, si sólo sirven para comportarse en la mesa, en un banquete, para mostrar que saben usar el cuchillo y tenedor, y aprendieron sólo el arte de cómo pisotear al subalterno y cómo arrastrarse cínicamente ante el superior?
GL: ¿Cuál es tu hipótesis sobre las masacres? ¿Por qué todos los días hay asesinatos masivos en diferentes regiones de México?
RV: No hay duda que algunas matanzas son verdaderamente derivadas de ajuste de cuentas entre narcos. Pero cuando se trata de empresarios, rancheros, estudiantes, policías o militares asesinados, no necesariamente son resultado de narcotraficantes. Está demostrado que el ejército y el gobierno son especialistas en denigrar la memoria de las personas que ellos mismos mandan ejecutar.
Argumentan que las víctimas fueron asesinadas por narcos, pandilleros o por drogadictos. Como lo hemos podido seguir en los diferentes medios oficialistas y alternos, se ha documentado que muchas de las masacres son perpetradas contra jóvenes o personas que se estaban rehabilitando para dejar las drogas y poder insertarse en la sociedad sin vicio alguno, los asesinan por que un vicioso rehabilitado es un cliente menos para el narco y lo que el narco requiere no son sólo asesinos, sicarios y personal a sus órdenes, también requieren viciosos que compren sus drogas, para así enriquecerse más.
Calderón dice hasta el cansancio que los que estamos contra su "estrategia" somos narcos o delincuentes. Nosotros, ante la evidencia clara (los miles de cadáveres) sabemos que es el mismo ejército en alianza con el narco, el que comete estas masacres. Hay muchísimas masacres en el país, pero el narcotráfico está intacto, y el jefe de jefes, el Chapo, sigue impune y más rico que nunca.
GL: ¿El Ejército está dividido? ¿Hay una parte del ejército que puede ser confiable para los mexicanos y otra no?
RV: Hubo división en el ejército cuando fue lo del desafuero de AMLO. El General Vega García le reclamó al expresidente Fox que no iba a permitir división alguna en las fuerzas armadas por ningún motivo y le exigió que parara lo del desafuero a Obrador. Ante este antecedente, los narcotraficantes y Calderón tomaron medidas para evitar alguna división dentro del ejército en sus actividades ilícitas.
Por ello, justo en tiempos electorales en 2006, Calderón firmó un pacto con el narco comprometiéndose a relevar a los mandos militares, marinos y policíacos que fueran patriotas y ajenos al narco, para ser relevados por personal militar, naval y policial vinculados con el narco.
Hoy en día, hay militares, policías y marinos asesinados por no querer ser parte de esa pandilla gubernamental aliada al narco. En el mejor de los casos, para no matarlos, los manchan en sus nombres, su prestigio, y les fabrican delitos vinculándolos con los narcos para condenarlos injustamente. Y mantienen en cargos militares, policiales y navales de alto rango a personal que en realidad está vinculada hasta los dientes con los narcos.
GL: Si es así, ¿cómo pueden identificar los mexicanos, los ciudadanos de a pie, a los soldados leales con el pueblo?
RV: Esa pregunta tiene una respuesta muy fácil: se les puede identificar muertos, en la cárcel o denigrados en sus nombres, como yo.
GL: Hay denuncias formales contra el Ejército nacional por parte de organismos no gubernamentales de tortura, secuestro y violaciones. ¿Son parte de las estrategias de genocidio o son acciones individuales de los militares?
RV: Son tácticas terroristas para extraer información o sembrar el miedo en alguna población como ocurre en Birmania con los batallones de violadores. El hecho de violar a una persona portando un uniforme, o incluso de civil, es un acto total y absolutamente aberrante. Pero son tácticas aprendidas por la CIA y en la Escuela de las Américas. Y sí, son estrategias de genocidio pero constituidas por acciones individuales de militares, ejecutadas bajo órdenes, lógicamente son órdenes contrarias a las leyes y reglamentos y contra la Constitución misma pero se realizan.
GL: ¿Cómo es que puedes pensar distinto a los demás e incluso defender derechos de militares retirados en medio de tanta corrupción?
RV: Yo no pienso distinto a los demás, si te refieres a la mentalidad del soldado. Lo que pasa es que la diferencia es muy clara: una cosa es ser soldado como nosotros, y otra cosa es ser mercenario como los que trabajan para el gobierno de Calderón.
Defiendo los derechos de los militares retirados porque ellos son mis padres y abuelos militares, aunque no propiamente de sangre. Pero sí, en cierta forma, ellos son mis padres, abuelos y hermanos de armas, y es un acto cobarde dejar tirado a un camarada herido en el campo de batalla. Mis camaradas en retiro ahora ejercen una lucha y yo no puedo ser ajeno a ésta, aunque yo no estoy retirado todavía. Somos hermanos de armas, desde el soldado hasta el general de División.
GL: ¿Temes realmente por tu vida? ¿Crees que puedes estar en la mira del crimen organizado por denunciar u oponerte a Calderón, siendo el comandante en jefe del Ejército?
RV: Yo no temo por mi vida, porque soy hombre muerto, ya que mi juramento como militar es simple: alcanzar la victoria o perder la vida, y eso es mi pan de cada día como guerrero. Sabiendo que puedo morir a manos de la delincuencia organizada de Los Pinos, debo defenderme. No la tendrán ellos tan fácil conmigo. Podrán matarme, pero me llevo conmigo al menos a unos treinta de ellos para no irme solo. No me voy a dejar morir como borreguito en el matadero, moriré peleando como león en un campo de batalla. Temo únicamente por la vida de mi familia y los demás camaradas que no pudieran defenderse. Calderón solo se mete con los que puede, nunca atacará a quien pueda darle batalla y defenderse. Sólo agarra a los más débiles y a los pacíficos, y los masacra.
octubre 10, 2011
Juicio Internacional a Calderón
To: International Criminal Court- Corte Penal
Internacional
Juicio penal internacional en contra de Felipe Calderón, Joaquín Guzmán Loera, Genaro García Luna, Guillermo Galván Galván, Francisco Saynez Mendoza y demás autoridades, militares y narcotraficantes responsables de crímenes de guerra en México.
Los abajo firmantes solicitamos a la Corte Penal Internacional (CPI) ejercer su competencia respecto de los crímenes que a continuación se narran.
Felipe Calderón declaró el inicio de una “guerra” contra el narcotráfico, el 11 de diciembre de 2006, que ha resultado en la muerte de más de 40,000 seres humanos en los últimos 4 años. Para ello se ha valido de las fuerzas policíacas, el Ejército y Marina mexicanas. El uso del ejército en operativos contra el narcotráfico comenzó varios años atrás pero se intensificó en este período. Calderón ha ordenado continuar con dicha guerra a pesar de que organismos internacionales le han solicitado dejar de emplear al Ejército en funciones que deberían desarrollar los cuerpos policíacos (Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, informe preeliminar, marzo 2011). Tan sólo en 2010 este conflicto armado ha causado más muertes que la guerra emprendida por los Estados Unidos de Norteamérica en Afganistán y Paquistán (Barómetro de Conflictos, Universidad de Heidelberg Alemania) y ha dejado también más desplazados, esto es, alrededor de 120,000 personas debido a la violencia generalizada (Internal Displacement Monitoring Center 2010). La situación de los jóvenes y niños es particularmente vulnerable: mil 226 de los muertos que perecieron en fuego cruzado o ataques directos, de diciembre de 2006 a diciembre de 2010, son niños, niñas y adolescentes (Red por los Derechos de la Infancia en México).
Se han repetido sistemáticamente violaciones a los derechos humanos, debido al contexto de conflicto armado en el que nos encontramos. México, Afganistán y Somalia, son las naciones con el mayor número de reporteros secuestrados y nuestro país es el más peligroso del continente para los medios de comunicación (Reporteros sin fronteras).
Vivimos un conflicto armado prolongado que enfrenta autoridades gubernamentales y grupos armados organizados así como a estos grupos entre sí, combatiendo por el control territorial para el tráfico de drogas. Sin embargo, aún en las guerras existen límites y en ésta se han rebasado de forma catastrófica:
El ejército mexicano ha asesinado a civiles e incluso a niños completamente ajenos al conflicto, en retenes militares y durante operativos. Ha torturado y asesinado a civiles sabiendo que no guardan relación con el conflicto y además ha intentado encubrir estos hechos para no castigar a los responsables como en el caso de los estudiantes asesinados en el TEC de Monterrey el 19 de marzo de 2010 (recomendación No. 45/2010 Comisión Nacional de los Derechos Humanos). Este tipo de crímenes son competencia de la CPI conforme al artículo 8 2) e) i) del Estatuto de Roma.
El ejército también ha encubierto y dejado impune la violación sexual de mujeres cometida por soldados durante operativos de búsqueda de delincuentes, con lo que ha fomentado el empleo de esta práctica en su guerra contra el narcotráfico (Caso Fernández Ortega y otros. Vs. México así como Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México Corte Interamericana de Derechos Humanos). Estos crímenes también son competencia de la CPI conforme al artículo 8.2 e) vii) del Estatuto de Roma. Es práctica cotidiana la realización de ejecuciones extrajudiciales, que responden a la idea de que los jueces mexicanos liberan a los narcotraficantes por lo que los militares prefieren asesinarlos. La Marina incluso difundió fotografías del cuerpo sin vida de Arturo Beltrán Leyva, que había sido manipulado y mutilado con evidentes fines intimidatorios (El País 18-12-2009 y El Universal 19-12-2009). Este crimen es competencia de la CPI conforme al artículo 8 2) c) iv) del Estatuto de Roma.
Además Calderón ha ordenado agredir sistemáticamente a migrantes centroamericanos que se dirige a los Estados Unidos de Norteamérica. Es tan evidente que se trata de una política del Gobierno panista –concebida desde Washington- que incluso se ha comenzado a legislar para convertirla en una obligación a cargo de las autoridades. Ya han comenzado a hacerse públicas las consecuencias de esta política de Estado. En abril de 2011 se encontró una fosa común con 72 personas migrantes en Tamaulipas y casos semejantes se han repetido reiteradamente. La CNDH documentó la participación de autoridades públicas en los secuestros contra migrantes desde 2009 (Informe Especial sobre los casos de Secuestro en Contra de Migrantes). Recientemente personas centroamericanas denunciaron que fueron “vendidas” por agentes del Instituto Nacional de Migración al grupo delictivo de Los Zetas (La Jornada, 10 de mayo 2011). Estos delitos pueden ser tipificados como crímenes de lesa humanidad.
Los cárteles de la droga practican mutilaciones cotidianamente, tanto para intimidar a los grupos en conflicto, como para enviar mensajes. Muchas de las personas decapitadas son civiles. También reclutan niños menores de 15 años de edad, que llegan a convertirse en sicarios. Se estima que entre 30 a 43 mil menores de edad han sido enrolados por grupos criminales (Infancia y Conflicto Armado en México Red por los derechos de la infancia en México). Este crimen es competencia de la CPI conforme al artículo 8. 2 c) i y 8. 2 e) vii) del Estatuto de Roma.
Además se han generalizado los ataques a centros de rehabilitación en donde se agrupa a enfermos y adictos a las drogas, como los ocurridos el 26 de junio de 2010 en Durango, el 5 de diciembre 2010 en dos centros en Ciudad Juárez y el 10 de junio de 2010 en Chihuahua por citar solamente algunos. Este crimen es competencia de la CPI conforme al artículo 8. 2 e) iv) del Estatuto de Roma.
Estos son solamente algunos de los crímenes que vivimos cotidianamente en México.
El conflicto se caracteriza por la rampante impunidad, pues no existe sanción para los soldados, sicarios o los superiores que ordenan estos crímenes y posteriormente encubren a los culpables. Lamentablemente los tribunales de nuestro país se encuentran prácticamente impedidos para juzgar al titular del ejecutivo federal (artículo 108 constitucional) añadiéndose a ello la falta de autonomía del fiscal en México (Procurador General de la República), lo que también significa que no se persigue a los altos funcionarios civiles y militares, responsables de esta crisis. Tampoco es posible llevar ante la justicia a los soldados que materialmente han violado, torturado, desaparecido y asesinado a mexicanos debido al inaceptable alcance del fuero militar. Cuando un soldado comete cualquier delito en contra de civiles, los hechos son juzgados por tribunales militares (art. 57 Código de Justicia Militar). La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha señalado que la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos, por lo que México está violando derechos humanos (Caso Radilla Pacheco vs. México).
Ante la negativa en nuestro país para castigar a los responsables de estos crímenes, corresponde a la CPI terminar con la insultante impunidad que ha prevalecido en México, desde hace por lo menos 4 años. Pedimos al Fiscal Luis Moreno-Ocampo, iniciar de oficio una investigación sobre la base de la información que acompaña este escrito, de conformidad con el artículo 15.1 del Estatuto de Roma de la CPI.
Sincerely,
The Undersigned
abril 02, 2011
Retiro del Ejército: ONU
- Las fuerzas armadas se han convertido en una amenaza para los derechos humanos, dice
Retirar al Ejército de las calles, recomienda la ONU a México
- El grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas considera que los militares no están facultados para realizar labores de seguridad pública
- El acceso a la justicia, otro gran pendiente, señalan
Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Viernes 1º de abril de 2011, p. 7
El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias recomendó al gobierno de México que considere a corto plazo el retiro del Ejército de las labores de seguridad pública, toda vez que no está facultado para dicha labor, y por el contrario, su actuación se ha relacionado con el aumento de la criminalidad.
Durante la presentación del informe que la comisión elaboró tras visitar cuatro entidades del país –Distrito Federal, Chihuahua, Guerrero y Coahuila–, del 18 al 31 de marzo, sus miembros hicieron un recuento pormenorizado de las actuales actividades de lla institución castrense.
Un elemento analizado, dijeron, es la utilización de las fuerzas armadas como eje de la "guerra" contra el crimen organizado, puesto que los militares no recibieron entrenamiento para lidiar con civiles y patrullar las calles, sino para combatir a fuerzas extranjeras enemigas.
Aunque admitieron que la ola de inseguridad que azota al país es generada principalmente por los delincuentes, los especialistas de Naciones Unidas señalaron que en dicho fenómeno también hay una responsabilidad del Ejército y otros cuerpos de seguridad del Estado.
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En ese contexto, Ariel Dulitzky (Argentina) y Jasminka Dzumhur (Bosnia Herzegovina) enfatizaron que al asumir labores de vigilancia interna que no les corresponden, las fuerzas armadas se han convertido en una amenaza para los derechos humanos de la ciudadanía.
El grupo, dijeron, "recibió información creíble en relación con detenciones cometidas por fuerzas militares en contra de civiles", muchas de las cuales pueden configurar el delito de desaparición forzada, y en donde también se registró el uso de técnicas de tortura.
Sin embargo, dichos ilícitos no siempre se investigan bajo esa categoría, sino como secuestro o abuso de autoridad, lo que dificulta llevar un registro preciso de ellos. Además, muchos casos son analizados por la justicia militar y en esa medida se perpetúa la impunidad.
De acuerdo con información de organizaciones no gubernamentales, en lo que va del actual sexenio se han registrado alrededor de 3 mil desaparecidos, incluyendo las víctimas de los levantones ocurridos por la "guerra" contra el narcotráfico, pero no hay investigaciones oficiales que permitan definir la exactitud de dicho número.
El libanés Osman El-Hajjé afirmó que la comisión especial de Naciones Unidas no puede indicar al gobierno mexicano cuál es el mejor momento para retirar al Ejército de las calles, pero reiteró que los soldados deben permanecer en los cuarteles.
En el documento de 20 páginas dado a conocer por el grupo de trabajo, se mencionan otros elementos que han permitido la continuación de las desapariciones, entre ellos la falta de coordinación entre las dependencias del gobierno encargadas de investigarlas, y el hecho de que la gran mayoría de las entidades ni siquiera las han tipificado en sus códigos penales.
De igual manera, se criticó que la figura del arraigo se utilice de forma indiscriminada por parte de las autoridades, y sin que el recurso de amparo tenga la suficiente capacidad para defender a los inculpados de algún delito.
El acceso a la justicia fue señalado como otro gran pendiente en México, ya que en lugar de investigar los casos de desaparición forzada, las autoridades suelen desacreditar a las víctimas sin investigación previa, o simplemente se niegan a abrir un expediente sobre el caso. Además, las represalias contra los familiares son un acto frecuente.
Muestra de ello es que sólo 2.5 por ciento de las desapariciones ocurridas durante la llamada guerra sucia (en los años 60, 70 y 80 del siglo pasado) generaron una investigación penal, y de esa cantidad únicamente 20 casos fueron llevados ante un juez.
México, en resumen, carece de una política pública integral para prevenir, investigar y sancionar este delito, no garantiza el derecho de las víctimas a la reparación del daño, ni ha sido exitoso en la protección de grupos vulnerables, como niños, mujeres, migrantes, defensores de derechos humanos y periodistas, entre otros.
Por todo lo anterior, el grupo de trabajo de Naciones Unidas emitió una serie de recomendaciones preliminares al gobierno mexicano, entre las que figura la petición de que retire pronto al Ejército de las tareas de seguridad pública.
También le propone generar una base de datos confiable sobre las desapariciones forzadas en el país; incluir ese delito en los códigos penales de todos los estados y crear una ley general en la materia; cumplir a cabalidad los acuerdos internacionales sobre el tema, y aprobar a la brevedad la reforma sobre derechos humanos.
Asimismo, le sugiere reformar el Código de Justicia Militar para que todas las violaciones graves sean analizadas por tribunales civiles, y crear un sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas.
Las observaciones del informe son preliminares y la versión definitiva del mismo se presentará en marzo de 2012 ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, recordaron.
En ese contexto, Ariel Dulitzky (Argentina) y Jasminka Dzumhur (Bosnia Herzegovina) enfatizaron que al asumir labores de vigilancia interna que no les corresponden, las fuerzas armadas se han convertido en una amenaza para los derechos humanos de la ciudadanía.
El grupo, dijeron, "recibió información creíble en relación con detenciones cometidas por fuerzas militares en contra de civiles", muchas de las cuales pueden configurar el delito de desaparición forzada, y en donde también se registró el uso de técnicas de tortura.
Sin embargo, dichos ilícitos no siempre se investigan bajo esa categoría, sino como secuestro o abuso de autoridad, lo que dificulta llevar un registro preciso de ellos. Además, muchos casos son analizados por la justicia militar y en esa medida se perpetúa la impunidad.
De acuerdo con información de organizaciones no gubernamentales, en lo que va del actual sexenio se han registrado alrededor de 3 mil desaparecidos, incluyendo las víctimas de los levantones ocurridos por la "guerra" contra el narcotráfico, pero no hay investigaciones oficiales que permitan definir la exactitud de dicho número.
El libanés Osman El-Hajjé afirmó que la comisión especial de Naciones Unidas no puede indicar al gobierno mexicano cuál es el mejor momento para retirar al Ejército de las calles, pero reiteró que los soldados deben permanecer en los cuarteles.
En el documento de 20 páginas dado a conocer por el grupo de trabajo, se mencionan otros elementos que han permitido la continuación de las desapariciones, entre ellos la falta de coordinación entre las dependencias del gobierno encargadas de investigarlas, y el hecho de que la gran mayoría de las entidades ni siquiera las han tipificado en sus códigos penales.
De igual manera, se criticó que la figura del arraigo se utilice de forma indiscriminada por parte de las autoridades, y sin que el recurso de amparo tenga la suficiente capacidad para defender a los inculpados de algún delito.
El acceso a la justicia fue señalado como otro gran pendiente en México, ya que en lugar de investigar los casos de desaparición forzada, las autoridades suelen desacreditar a las víctimas sin investigación previa, o simplemente se niegan a abrir un expediente sobre el caso. Además, las represalias contra los familiares son un acto frecuente.
Muestra de ello es que sólo 2.5 por ciento de las desapariciones ocurridas durante la llamada guerra sucia (en los años 60, 70 y 80 del siglo pasado) generaron una investigación penal, y de esa cantidad únicamente 20 casos fueron llevados ante un juez.
México, en resumen, carece de una política pública integral para prevenir, investigar y sancionar este delito, no garantiza el derecho de las víctimas a la reparación del daño, ni ha sido exitoso en la protección de grupos vulnerables, como niños, mujeres, migrantes, defensores de derechos humanos y periodistas, entre otros.
Por todo lo anterior, el grupo de trabajo de Naciones Unidas emitió una serie de recomendaciones preliminares al gobierno mexicano, entre las que figura la petición de que retire pronto al Ejército de las tareas de seguridad pública.
También le propone generar una base de datos confiable sobre las desapariciones forzadas en el país; incluir ese delito en los códigos penales de todos los estados y crear una ley general en la materia; cumplir a cabalidad los acuerdos internacionales sobre el tema, y aprobar a la brevedad la reforma sobre derechos humanos.
Asimismo, le sugiere reformar el Código de Justicia Militar para que todas las violaciones graves sean analizadas por tribunales civiles, y crear un sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas.
Las observaciones del informe son preliminares y la versión definitiva del mismo se presentará en marzo de 2012 ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, recordaron.
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