Editorial de La Jornada
Seguridad pública: reconocer y enmendar el fracaso
En un documento que presentó en Culiacán, capital de Sinaloa –una de las ciudades más afectadas por la crisis de seguridad pública que padece el país–, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señala que en los pasados 23 meses (del 1º de enero de 2007 al 1º de diciembre del presente año) han ocurrido más de 10 mil homicidios vinculados con el crimen organizado, cifra mayor a los de todo el sexenio anterior. Al presentar el informe, el titular del organismo, José Luis Soberanes, dijo que permanecen impunes 98.76 por ciento de los 43 mil delitos que diariamente se cometen en México, y que si al total de ilícitos denunciados se suman aquellos que no llegan al conocimiento de las autoridades, pueden calcularse en 16 millones 500 mil las víctimas anuales de la delincuencia; de lo anterior, el ombudsman concluyó que las acciones gubernamentales “han resultado ineficaces para el combate a la inseguridad; entre ellas, la inclusión de miembros de la fuerzas armadas en tareas de seguridad pública”.
El diagnóstico es demoledor, pero no es novedoso. Hace dos semanas, al cumplirse los 100 días del Acuerdo Nacional por la Justicia y la Seguridad, que se supone habría de arrojar resultados concretos, el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, José Antonio Ortega, acusó al gobierno que encabeza Felipe Calderón de “necear en mantener las mismas políticas y estrategias que han fracasado”.
Al margen de las cifras, cualquier ciudadano sabe, porque lo ha sufrido en carne propia o por experiencias de familiares, amigos o conocidos, que en la actual administración la inseguridad ha empeorado; que la violencia delictiva está más descontrolada que nunca y que ni los operativos policiaco-militares ni los discursos autocomplacientes han aliviado esta exasperante situación. Leer más
No hay comentarios.:
Publicar un comentario