HACIA UN ESTADO POLICIACO

Hacia un Estado policiaco

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer, con 462 votos en favor, seis en contra y dos abstenciones, el controvertido proyecto de reformas constitucionales en materia judicial –conocidao popularmente como ley Gestapo–, que incluye disposiciones severamente criticadas por organismos defensores de los derechos humanos y por otros sectores de la sociedad, como la extinción de dominio, la atribución de facultades extraordinarias al Ministerio Público (MP) y a los cuerpos policiacos, el acceso de las autoridades a los datos personales y bancarios de los sospechosos, y la inclusión de la figura del arraigo –que podrá ser hasta por 80 días– en el marco constitucional.

Por fortuna logró evitarse la supresión de las modificaciones al artículo 16 de la Constitución, mediante las cuales se autorizaba el allanamiento de domicilios por las policías, sin orden judicial de por medio, por más que el fracaso de esa adulteración aberrante del marco legal no obedeció a un espíritu de respeto a las garantías individuales, sino a una lógica pragmática de los legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), quienes, ante la oposición de los diputados del Frente Amplio Progresista (FAP), decidieron eliminarla para alcanzar los dos tercios de la votación necesarios para la aprobación del proyecto en su conjunto.

Así, aunque se eliminó el allanamiento injustificado de los domicilios, se mantuvieron intactas otras disposiciones violatorias a los derechos humanos, entre las que destacan la facultad que, en lo sucesivo, tendrán las policías para realizar detenciones discrecionales y arbitrarias, así como la inclusión del arraigo en el marco legal vigente, que rompen con el principio constitucional de presunción de inocencia, abren un amplio margen para el atropello de las libertades ciudadanas y colocan a la población en su conjunto en un estado de indefensión ante la autoridad.

El combate al crimen es una de las responsabilidades irrenunciables del gobierno y, para realizarla, éste debe contar con instrumentos jurídicos adecuados y eficaces, pero no lesivos para las garantías individuales. Esto no es cosa menor en el contexto de un país en el que los derechos humanos son violentados en forma cotidiana y en el que el gobierno ha exhibido constante indiferencia al respecto. Como botón de muestra ha de recordarse que, durante la visita de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, aseguró que “en México no hay mayor amenaza a los derechos humanos que la que representa el crimen organizado”, como si fueran menores los atropellos que cometen las propias fuerzas públicas y que han mostrado un claro incremento en esta administración y en la pasada.

Por otra parte, la reforma judicial exhibe una terrible insensibilidad ante las causas profundas de la delincuencia, como la miseria, la desigualdad, la falta de educación, el desempleo, los ínfimos niveles de vida de grandes sectores de la población, la desintegración familiar y la descomposición del tejido social. La lucha contra la delincuencia, por tanto, no debiera centrarse en aparatosos despliegues militares ni en reformas retrógradas y autoritarias que colocan al país en la lógica de un Estado policial, sino en la atención gubernamental a los factores señalados.

Se argumenta que las alteraciones al marco constitucional operadas ayer son indispensables para garantizar la seguridad ciudadana y el Estado de derecho. Pero salta a la vista que con el incremento de atribuciones a las corporaciones policiales nacionales, cuyo grave descontrol es admitido hasta por los altos círculos del gobierno, no se logrará más que incrementar la zozobra de la población, la cual no gana nada en protección contra la delincuencia pero queda prácticamente inerme ante los abusos de la policía. Flaco favor, por último, puede hacerse al estado de derecho cuando se socava uno de sus pilares esenciales, que son de las garantías individuales. Lo aprobado ayer es una regresión a las ideas de “paz y orden” porfiristas, expresión de una mentalidad autoritaria e impermeable al entendimiento de las realidades nacionales, y resulta tan peligroso como impresentable. Debe ser revertido.

HACIA LA DICTADURA

Hacia la dictadura 

jueves, 28 de febrero de 2008



* En medio de las denuncias de la creación de un Estado Policiaco, la Comisión de Defensa Nacional debatirá la aprobación de un decreto para reglamentar el Artículo 29 Constitucional e incluir la figura de estado de excepción, que permitiría al Ejecutivo limitar el ejercicio de las garantías individuales
* Con la Ley Marcial, habría vía libre para reprimir cualquier movimiento popular que intente impedir la privatización del sector energético

Alfonso Suárez del Real, secretario de la Comisión de Defensa Nacional.




MEXICO, D.F., 27 de febrero (LA JORNADA).- En medio de las denuncias de la creación de un Estado Policiaco y de la aprobación de la reforma en materia penal, la Comisión de Defensa Nacional debatirá la aprobación de un decreto para reglamentar el artículo 29 Constitucional con objeto de incluir la figura de estado de excepción, que permitiría al Ejecutivo Federal limitar el ejercicio de las garantías individuales, por lo que habría vía libre para reprimir cualquier movimiento popular que intente impedir la privatización del sector energético
El estado de excepción, que no se encuentra contenido en las leyes nacionales sería decretado por causas de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, (cuando se) impida el ejercicio de los medios ordinarios del Estado para afrontarlo, generándose la necesidad de otorgar facultades extraordinarias al Ejecutivo Federal a través del decreto de estado de emergencia que al efecto apruebe el Congreso de la Unión, en detrimento limitado y temporal de ciertas garantías de los gobernados.
En la actual redacción del Artículo 29 de la Constitución se enuncia como única posibilidad de decretarlo de la siguiente forma: “suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación” que pone en riesgo a la sociedad.
No se decreta otorgar facultades extraordinarias al Ejecutivo. De tal forma, la decisión última de suspender garantías corresponde al Congreso de la Unión y no al Presidente de la República, como se pretende en el artículo tercero de la iniciativa, al establecerse que “el Ejecutivo Federal deberá emitir el decreto de estado de excepción”, y el Congreso únicamente podrá determinar el plazo de duración del decreto.
Además el Artículo 17 determina que “el decreto de estado de excepción implica otorgar al Ejecutivo federal, las facultades extraordinarias para dar solución definitiva al caso de que se trate”.
Alfonso Suárez del Real, secretario de la Comisión de Defensa Nacional, advierte que la atribución de las “autorizaciones necesarias” para que el Ejecutivo haga frente a la situación de emergencia “debe ser evaluada y concedida, por el Congreso de la Unión, de manera independiente y únicamente en los casos y con el procedimiento que se señala en el propio Artículo 29. Rechazamos, también y de manera categórica, las facultades que se le otorga al presidente de la República para que, cuando lo considere necesario, emita una Ley Marcial, otorgando facultades constitucionales de los órganos civiles de seguridad y procuración de justicia, a las fuerzas armadas”.
“El grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática renueva su compromiso con la justicia y la construcción de un Estado democrático social y de Derecho y expresa su más profundo rechazo a todas aquellas iniciativas que pretenden limitar el ejercicio de los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución”.
En sus disposiciones generales, la iniciativa de Ley sostiene en su artículo primero, tener “por objeto regular las medidas que debe aplicar el Ejecutivo Federal ante un estado de excepción que se genere en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, en cuyo caso es imperativo suspender –en todo el país o en lugar determinado– las garantías que impidan hacer frente a la situación, rápida y fácilmente”.
Una vez decretado el estado de excepción, y conforme al grado de afectación que éste represente para la república, “el Ejecutivo federal deberá emitir el decreto de estado de excepción. Las prevenciones generales contenidas en el decreto, deberán ser aplicadas proporcionalmente a las circunstancias del caso”.
Más adelante, en el artículo sexto se concede una prerrogativa al Congreso de la Unión “El decreto de estado de excepción, estará vigente por el tiempo que el Congreso considere necesario. Dicho plazo podrá ser prorrogado por el Congreso a solicitud del Ejecutivo federal”.
En las atribuciones del Ejecutivo, el articulo 17 de la ley concede facultades extraordinarias al presidente de la República: “El decreto de estado de excepción implica otorgar al Ejecutivo federal, las facultades extraordinarias necesarias para dar solución definitiva al caso de que se trate, a fin de preservar la seguridad de la nación”.  Leer nota en Por Esto!

LA LEY GESTAPO EN SENTIDO CONTRARIO A LOS DERECHOS HUMANOS

COMUNICADO DE PRENSA

TEMA:

REFORMA PENAL

LA REFORMA PENAL MARCHA EN SENTIDO CONTRARIO A LAS NORMAS DE DERECHOS HUMANOS

• El reto de una reforma penal es combatir al delito manteniendo

el respeto a los derechos humanos.

• Es necesario discutir públicamente los temas de arraigo, allanamiento sin orden judicial y régimen de excepción para procesar a personas acusadas de pertenecer a la delincuencia organizada.

• Hacemos una petición formal al Congreso de la Unión para que aplace su deliberación y conceda tiempo para analizar las modificaciones constitucionales en materia penal, tomando en cuenta el respeto a los derechos humanos y actuando en plena congruencia con los tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito.

Las reformas constitucionales en materia de seguridad y justicia fueron votadas en comisiones este día y serán admitidas en primera lectura el próximo jueves 21 de febrero, previendo que el martes siguiente sean aprobadas en sesión plenaria por la Cámara de Diputados.

La iniciativa de reformas plantea, entre otras cosas, el tránsito de un sistema mixto, predominantemente inquisitivo, hacia uno acusatorio, esto es, que se funda en la presunción de inocencia del inculpado y del que formarán parte los juicios orales.

Pese a que lo anterior, junto con la procuración de una defensoría pública de calidad y la acción penal privada, constituyen un avance significativo en nuestro sistema de justicia penal, la iniciativa contiene elementos que, por el contrario, representan un retroceso en materia de derechos humanos al instituir prácticas que distan mucho de lo establecido por los estándares internacionales en la materia.

Entre los aspectos que más gravemente atentan contra el respeto y protección de los derechos humanos en el ámbito penal y han sido objeto de profunda preocupación por parte de la sociedad civil y la población en general, se encuentra la pretensión de elevar a rango constitucional la posibilidad de arraigar al presunto responsable de un delito, es decir detener preventivamente a una persona, con lo que se vulnera la presunción de inocencia. El arraigo ya fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en virtud de que afecta la libertad individual de las personas y fue cuestionado también por el Grupo de Trabajo de detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas.

En el mismo sentido, la reforma penal plantea la posibilidad de practicar allanamientos sin que medie orden judicial, bajo el supuesto de flagrancia o peligro para la vida de una persona.

Los hechos pasados en San Salvador Atenco, en donde se perpetraron graves violaciones de derechos humanos a manos de fuerzas policíacas sin control judicial, son una clara muestra del abuso en que puede derivar esta facultad discrecional.

La propuesta de reformas contempla asimismo la creación de un régimen de excepción para procesar a personas acusadas de pertenecer a la delincuencia organizada o de la comisión de los delitos de violación, secuestro, homicidio doloso y otros cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves en contra de la seguridad nacional. Desde una perspectiva de respeto y protección a los derechos humanos sin distinción, lo anterior resulta un serio atentado al principio de igualdad jurídica y no discriminación.

Dicha disposición podría fungir como fundamento legal para perseguir movimientos sociales de protesta toda vez que define de manera ambigua el concepto de “delincuencia organizada”.

En virtud de lo anterior, exigimos al Estado mexicano que, en todo caso, emplee la definición prevista por la Convención de Palermo de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, de la cual forma parte México y establece que es delincuencia organizada la que “exista durante cierto tiempo y actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la convención con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material”.

La iniciativa de marras fue aprobada por la Cámara de Diputados y turnada al Senado en diciembre pasado. La cámara revisora, por su parte, tuvo a bien eliminar la disposición que permitía al Procurador General de la República acceder sin mandato judicial a la información fiscal, electoral y financiera de una persona. No obstante, ratificó la figura del allanamiento sin orden judicial previa y, además, eliminó las de por sí mínimas limitaciones legales para que tuviera lugar, es decir la justificación objetiva que obligaba a tener conocimiento, datos o información que indicaran la existencia inequívoca de una amenaza actual.

Las organizaciones civiles que suscribimos el presente pronunciamiento somos sensibles ante la escalada criminal que azota al país, convirtiendo a la violencia en un elemento perturbador de la realidad cotidiana. Así lo demuestran los enfrentamientos entre elementos del Ejército mexicano, policías y delincuentes que han dejado lastimadas a muchas comunidades a lo largo y ancho del país. Condenamos las violaciones de derechos humanos que han dejado como saldo los operativos contra el crimen organizado, pero también el uso de la violencia con cualquier fin, por lo que expresamos nuestra más profunda indignación ante los hechos violentos que tuvieron lugar el pasado viernes en la Ciudad de México.

Sin embargo, como organizaciones conscientes de la obligación de las autoridades a conducirse con apego a la legalidad y las más altas normas de respeto a los derechos humanos, no podemos avalar una reforma de seguridad y justicia como la que se ha reseñado.

El reto de una reforma penal es combatir al delito manteniendo el respeto a los derechos humanos.

Así lo sostuvo la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos durante su más reciente visita a nuestro país, hace apenas once días.

En virtud de lo anterior, nos preocupa que la Carta Magna marche en sentido contrario a la vigencia de los derechos humanos, razón por la cual hacemos un llamado a todas las personas para que envíen cartas al diputado que las representa pidiéndole que vote en contra de esta reforma penal.

Es necesario que se discutan públicamente los temas de arraigo, allanamiento sin orden judicial y régimen de excepción para procesar a personas acusadas de pertenecer a la delincuencia organizada.

En virtud de ello, hacemos una petición formal al Congreso de la Unión para que aplace su deliberación y conceda tiempo para analizar las modificaciones constitucionales en materia penal, tomando en cuenta el respeto a los derechos humanos y actuando en plena congruencia con los tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito.

CENTRO DE DERECHOS HUMANOS “FRAY FRANCISCO DE VITORIA”, A.C.

CENTRO DE DERECHOS HUMANOS “MIGUEL AGUSTÍN PRO JUÁREZ”, A.C.

COMISIÓN MEXICANA DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, A.C.

(CMDPDH)

COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS AJUSCO

DECA EQUIPO PUEBLO, A.C.

ESPACIO DESC

FUNDAR CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS

INSTITUTO MEXICANO DE DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA

SALUD INTEGRAL PARA LA MUJER, A.C. (SIPAM)

SIN FRONTERAS, IAP

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C.

Tehuantepec 142 Col. Roma Sur

Tel. 55 64 25 82

Fax. 55 84 27 31

www.cmdpdh.org

EL ENGAÑO DE LA REFORMA JUDICIAL

Bernardo Bátiz V.
jusbbv@hotmail.com

El engaño de la reforma judicial

No los diputados, sino los coordinadores de las bancadas del PRI y del PAN en la cámara, anuncian que en unos días concluirán la primera etapa de la reforma constitucional en materia penal, que se ha presentado al público consumidor como “la reforma judicial”. Si lo hacen, estarán consumando una acción política que tarde o temprano se les echará en cara y que todavía podría frenarse en las legislaturas de los estados, pues para una reforma constitucional no basta la aprobación en el Congreso federal.

Pero vamos por partes. Tanto Emilio Gamboa como Héctor Larios, coordinadores del PRI y del PAN en la Cámara de Diputados, atropellan la forma y el fondo al pretender imponer la reforma de marras; la forma en cuanto ellos toman la palabra por todos sus compañeros legisladores, acuerdan entre sí y olvidan el principio básico del derecho parlamentario, según el cual todos los legisladores son iguales en su representación y su voto es individual y libre. El que los coordinadores acuerden y los demás tan sólo confirmen disminuye el papel del órgano colegiado y convierte a los diputados, de representantes de la nación, con plena autonomía para opinar y para votar en los asuntos de su competencia, en simples peones del ajedrez político que juegan sus jefes o patrones, que no coordinadores.

Pero allá ellos. Lo más importante es el atropello a los derechos humanos con reformas que significan un retroceso respecto de la legislación actual y que además contravienen declaraciones contenidas en pactos internacionales aceptados mundialmente y suscritos por México.

Esto es grave sin duda; juristas que no pueden ser tachados de izquierdistas, como Ricardo Franco Guzmán, Sergio García Ramírez y Luis María Aguilar, entre otros, se han pronunciado en diversos foros y en distintos tonos en contra de las pretendidas reformas y han señalado el grave riesgo de que constituyan la formalización de la autorización a los atropellos policiacos y a la violación de derechos humanos elementales. Pero hay todavía algo más: la reforma judicial ha sido manejada en forma mediática, como un producto de mercado que hay que “vender”, y así se han dicho sobre ella mentiras y verdades a medias.  Leer más >>>

LUIS JAVIER GARRIDO, EL MIEDO

Luis Javier Garrido

El miedo 

El contexto político del país se ha ido enrareciendo por una razón fundamental: el gobierno de Felipe Calderón tiene miedo del pueblo mexicano ante sus posibles reacciones por las políticas antipopulares y antinacionales que está tratando de imponer para favorecer a los grupos a los que les está pagando facturas por el fraude.

1. El gobierno de facto de Calderón tiene miedo, y es eso y no otra cosa lo que explica el endurecimiento del marco autoritario neoliberal, ya de por sí urgido del autoritarismo, con la presencia del Ejército en las calles, la reforma penal violatoria de los derechos humanos, el encarcelamiento ilegal de dirigentes sociales y la campaña propagandística cada vez más desbocada que llevan a cabo Televisa, Tv Azteca y las emisoras de radio, mintiendo sobre la realidad y violando el derecho a la información.

2. Los panistas han actuado con miedo desde los inicios del sexenio porque: a) saben bien que representan los intereses de una ínfima minoría, a la que están respondiendo pagándole por la ayuda que les brindó para llegar ilegalmente al poder, y b) porque entienden que con sus políticas están lesionando seriamente a los mexicanos y atentando contra el futuro independiente de la nación.

3. El equipo de Calderón se ha frenado en cantar victoria luego del gasolinazo y ante los avances que ha tenido en los procesos de privatización del IMSS y del ISSSTE, porque aún no puede responder al capital trasnacional en lo que constituye el principal reclamo histórico de éste: la entrega total del sector energético, y en particular de Pemex, modificándose las leyes a fin de poder tener esos consorcios todas las garantías y la seguridad jurídica. Y no ha podido porque tiene miedo.

4. Las dudas de Juan Camilo Mouriño y de los operadores de Calderón de cómo instrumentar la contrarreforma energética se deben al difícil contexto en el que tiene dos obstáculos, uno menor pues: a) en el PRI prevalece la tesis de que hay que proseguir con el escenario de la simulación y privatizar de hecho sin hacerlo de derecho, es decir, sin cambiar la Constitución, o en otras palabras privatizar diciendo que no se está haciendo, pero uno mayor es b) la ofensiva de Andrés Manuel López Obrador y del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, que sostienen con una razón histórica irrefutable que hay que defender a ultranza el petróleo en manos de la nación pues es la espina dorsal de la economía mexicana.  Sigue leyendo

FECAL PRETENDE IMPONER ESTADO AUTORITARIO

miércoles, 06 febrero 2008


Pretende FCH imponer estado autoritario
 
“Mano dura” ante la inconformidad social
Peligrosa y retrógrada la reforma judicial
Fracasó el programa económico: Di Costanzo
Recesión de EU golpeará fuerte a México



Por Lilia Arellano

Durante la Conmemoración del 91 Aniversario de la Constitución de 1917, realizada en medio de un impresionante dispositivo de seguridad en el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro, Felipe Calderón evidenció la urgencia de su gestión de transitar de un estado democrático o aparentemente democrático a uno abiertamente autoritario, para lo cual es indispensable probar la reforma judicial, aún antes que la energética, ante los riesgos que corre su administración, no sólo por el embate de los cárteles de la droga y el nulo éxito de su fallida estrategia para enfrentarlos -a pesar de haber dejado en las fuerzas armadas el peso total de esta “guerra” que se va perdiendo en todos los frentes-, sino también por el descontento social que día a día se incrementa hasta grados que pueden poner en peligro la estabilidad política de la Nación, tal y como ha sido advertido no sólo por las fuerzas de partidos opositores sino directamente por las organizaciones campesinas de todas las filiaciones políticas, los trabajadores, sus sindicatos y otras organizaciones sociales y civiles.
Ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia; el presidente del Senado, Santiago Creel; el representante de la Cámara de Diputados, Arnoldo Ochoa; y gobernadores del PRI, PAN y PRD, Calderón llamó a la sociedad en general, a los tres poderes de la Unión y a los distintos niveles de gobierno, a concretar un “acuerdo o pacto nacional” por la legalidad y la seguridad, a fin de establecer el ambiente propicio para la aprobación definitiva de la reforma judicial que, como ya lo advirtieron las organizaciones de derechos humanos del país y del extranjero, “contiene elementos verdaderamente preocupantes y deplorables”, atenta contra derechos y significa un retroceso, además de que “otorga mayor benignidad al poder y mayores restricciones al individuo”.
A pesar de las constantes violaciones a la Constitución que realiza su gobierno, el michoacano llamó a cumplir la Carta Magna para formar un frente común que, dijo, garantice la seguridad de las familias y la libertad de los ciudadanos, así como el combate a la delincuencia y la corrupción, y se pronunció por la aplicación irrestricta de la ley para hacer prevalecer el orden por encima de intereses particulares. El panista fue enfático al señalar que “debemos seguir la lucha para hacer prevalecer el orden y combatir a quienes pretenden imponer sus intereses al margen de la ley”.
Así, el mensaje de Calderón este 5 de febrero fue claro: ante la desesperación social que clama por mayor eficacia del Estado en la lucha contra la delincuencia y en la administración pública de los recursos de la Nación para atender las demandas y necesidades de la población, la administración calderonista no abre la mano sino la cierra y responde con mano dura. Calderón pierde aceptación entre la población mexicana y se le multiplican los problemas económicos, políticos y sociales, porque no encuentra la fórmula para hacerles frente, por lo que busca parapetarse en un sistema de administración y procuración de justicia a modo, a fin de poder aplicarle todo el peso de la ley a sus detractores y opositores.  Sigue leyendo >>>

¿TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS Y TODOS?

07-02-2008

Red inicia campaña contra criminalización de las protestas sociales

Adital

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "¿Todos los derechos para todas y todos?" (Rede TDT) inició ayer (05) una campaña contra la criminalización de la protesta social que en los últimos años se ha intensificado en México. Hay en el país un "proceso en el cual se equipara y trata como delincuentes a las personas y organizaciones que realizan protestas sociales", dijo la Red TDT.

La campaña, que tiene la participación de decenas de organizaciones sociales y de derechos humanos mexicanas, realizará la mayor parte de sus acciones en los estados, regiones y comunidades donde los grupos de la Red TDT actúan cotidianamente. Son 20 estados, que durante todo el mes de febrero realizarán acciones de difusión de la campaña.

Para criminalizar las protestas, el gobierno realiza detenciones arbitrarias, equipara a luchadores sociales con delincuentes, agrava las acusaciones (acusándolos de delitos políticos o contra la seguridad nacional), convierte en ilegal la protesta social y no cumple un proceso legal debido. Además, el gobierno cerró los espacios de diálogo con los movimientos. Cada vez más, se está aplicando la legislación penal para controlar el descontento social.

En nota, sin embargo, la Red TDT sostiene que la "protesta social es la expresión del descontento ciudadano frente a decisiones en las cuales no estuvieron involucrados, les desfavorecen o perjudican". Lo que los movimientos buscan al manifestarse es reclamar del gobierno que se comprometa con los derechos humanos, algo que no viene haciendo. Ellos ven las manifestaciones como el único camino para hacerse oír.  Leer más >>>

Video: Rosario Ibarra de Piedra, detener la Ley Gestapo

http://video.google.es/videoplay?docid=1106669782835429499

Quieren volver "legal" lo que es ilegal

"Se debería hacer algo fuerte, se necesita la opinión de la gente. Tenemos que hacer muchas cosas, tenemos que unirnos y salir a la calle".

"Una consulta popular, algo que el pueblo ordenara... yo tengo un ejemplo muy claro en mi memoria para echar abajo esta ley: el desafuero de Andrés Manuel López Obrador.

Decían que lo iban a desaforar y que se iba a ir y que se iba a ir, y ¿qué pasó?... salió a la calle un millón de personas y se murió el desafuero".