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agosto 02, 2014
julio 31, 2013
diciembre 06, 2009
noviembre 26, 2009
SME: la resistencia continúa
SME: la resistencia continúa
En las poco más de seis semanas transcurridas desde el asalto policiaco ordenado por el gobierno federal a las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC) y la posterior extinción de ese organismo descentralizado por medio de un decreto presidencial, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) ha desarrollado, con el respaldo de distintos sectores de la sociedad organizada –movimientos populares, organizaciones no gubernamentales, izquierdas partidistas, sindicatos independientes e incontables ciudadanos aislados– una intensa campaña de resistencia gremial que, lejos de evidenciar indicios de debilitamiento, tiende a profundizarse.
A las masivas concentraciones que tuvieron lugar en esta capital los pasados 16 de octubre y 11 de noviembre –esta última como colofón del paro cívico nacional que se desarrolló ese mismo día en distintas entidades del país– se suman ahora las huelgas de hambre que 11 mujeres electricistas iniciaron el lunes a las afueras del edificio de la Comisión Federal de Electricidad, así como las que, desde ese mismo día, se llevan a cabo en Pachuca, Hidalgo, y en Toluca, estado de México. Por añadidura, varios cientos de sindicalistas cercaron ayer el Palacio Legislativo de San Lázaro, lo que llevó a la mesa directiva de la Cámara de Diputados a sellar los accesos del inmueble y a pedir el resguardo de la Policía Federal.
Los hechos que se comentan ponen en relieve el fracaso de la apuesta de la administración calderonista por acabar de tajo con el SME; por el contrario, sus agremiados han mantenido la cohesión organizativa y la voluntad de lucha para recuperar su fuente de trabajo, a pesar de las presiones ejercidas por el gobierno federal para que se sometan a un proceso de liquidación que es considerado por múltiples voces injustificado y hasta ilegal –así lo califican diversos jurisconsultos– y a contrapelo de las campañas de hostigamiento y de linchamiento mediático emprendidas por la alianza político-empresarial que detenta el poder en el país.
Hasta ahora, el empeño de la actual administración por desaparecer a LFC, y dejar de paso a más de 40 mil familias sin fuente de sustento, no sólo no ha tenido el respaldo social deseado por el gobierno federal –como demuestra la masiva asistencia popular a los actos referidos–, sino ha logrado que las distintas oposiciones políticas, sindicales y sociales del país encuentren un punto de convergencia y de unidad en el rechazo a la ofensiva del calderonismo contra los trabajadores y la propiedad pública.
En la circunstancia presente, ante la evidencia de un conflicto que, contra los cálculos y pronósticos del grupo gobernante, va de menos a más, es claro lo costoso que está resultando para el país la decisión tomada por el gobierno federal hace mes y medio: en todo este tiempo se ha profundizado la fractura política existente a escala nacional desde hace por lo menos tres años, se han acentuado los efectos de la crisis económica aún vigente –tanto por el incremento súbito en el número de desempleados como por las afectaciones derivadas de las interrupciones en el servicio eléctrico–, se han extendido las penurias y la zozobra en la población, y se ha abonado, en suma, al desarrollo de un nuevo foco de tensión y desasosiego nacional.
Ante las circunstancias referidas, es necesario que el gobierno federal exhiba prudencia, sensatez y visión de Estado al buscar una salida al conflicto creado por él mismo y que resulta a todas luces riesgoso para la estabilidad del país.
En las poco más de seis semanas transcurridas desde el asalto policiaco ordenado por el gobierno federal a las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC) y la posterior extinción de ese organismo descentralizado por medio de un decreto presidencial, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) ha desarrollado, con el respaldo de distintos sectores de la sociedad organizada –movimientos populares, organizaciones no gubernamentales, izquierdas partidistas, sindicatos independientes e incontables ciudadanos aislados– una intensa campaña de resistencia gremial que, lejos de evidenciar indicios de debilitamiento, tiende a profundizarse.
A las masivas concentraciones que tuvieron lugar en esta capital los pasados 16 de octubre y 11 de noviembre –esta última como colofón del paro cívico nacional que se desarrolló ese mismo día en distintas entidades del país– se suman ahora las huelgas de hambre que 11 mujeres electricistas iniciaron el lunes a las afueras del edificio de la Comisión Federal de Electricidad, así como las que, desde ese mismo día, se llevan a cabo en Pachuca, Hidalgo, y en Toluca, estado de México. Por añadidura, varios cientos de sindicalistas cercaron ayer el Palacio Legislativo de San Lázaro, lo que llevó a la mesa directiva de la Cámara de Diputados a sellar los accesos del inmueble y a pedir el resguardo de la Policía Federal.
Los hechos que se comentan ponen en relieve el fracaso de la apuesta de la administración calderonista por acabar de tajo con el SME; por el contrario, sus agremiados han mantenido la cohesión organizativa y la voluntad de lucha para recuperar su fuente de trabajo, a pesar de las presiones ejercidas por el gobierno federal para que se sometan a un proceso de liquidación que es considerado por múltiples voces injustificado y hasta ilegal –así lo califican diversos jurisconsultos– y a contrapelo de las campañas de hostigamiento y de linchamiento mediático emprendidas por la alianza político-empresarial que detenta el poder en el país.
Hasta ahora, el empeño de la actual administración por desaparecer a LFC, y dejar de paso a más de 40 mil familias sin fuente de sustento, no sólo no ha tenido el respaldo social deseado por el gobierno federal –como demuestra la masiva asistencia popular a los actos referidos–, sino ha logrado que las distintas oposiciones políticas, sindicales y sociales del país encuentren un punto de convergencia y de unidad en el rechazo a la ofensiva del calderonismo contra los trabajadores y la propiedad pública.
En la circunstancia presente, ante la evidencia de un conflicto que, contra los cálculos y pronósticos del grupo gobernante, va de menos a más, es claro lo costoso que está resultando para el país la decisión tomada por el gobierno federal hace mes y medio: en todo este tiempo se ha profundizado la fractura política existente a escala nacional desde hace por lo menos tres años, se han acentuado los efectos de la crisis económica aún vigente –tanto por el incremento súbito en el número de desempleados como por las afectaciones derivadas de las interrupciones en el servicio eléctrico–, se han extendido las penurias y la zozobra en la población, y se ha abonado, en suma, al desarrollo de un nuevo foco de tensión y desasosiego nacional.
Ante las circunstancias referidas, es necesario que el gobierno federal exhiba prudencia, sensatez y visión de Estado al buscar una salida al conflicto creado por él mismo y que resulta a todas luces riesgoso para la estabilidad del país.
octubre 22, 2009
ILEGALIDADES Y MENTIRAS DE LA EXTINCIÓN DE LFC
Ilegalidades y mentiras de la extinción de LFC
Claudia Sheinbaum Pardo
Las razones que el gobierno de facto ha dado para extinguir el organismo Luz y Fuerza del Centro (LFC) son fundamentalmente las siguientes: que el organismo se creó por un decreto presidencial y por tanto puede extinguirse con el mismo instrumento; que cada año hay cuantiosas transferencias presupuestales a LFC y que, por tanto, los costos del organismo son mayores que los ingresos, y que los trabajadores cuentan con privilegios inaceptables. Vale la pena resaltar y fortalecer diversos argumentos que se han puesto sobre la mesa, para desmentir estas afirmaciones.
1. El decreto de extinción es ilegal. Después de una larga historia que se inicia con la nacionalización de las empresas extranjeras de energía eléctrica y que llevó a mantener por décadas empresas públicas en liquidación, se creó Luz y Fuerza del Centro como organismo público descentralizado encargado del servicio público de energía eléctrica en la región centro del país. LFC fue creada por decreto presidencial en 1994, a solicitud del Congreso. En efecto, en 1989, se modifica el cuarto transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para que el Ejecutivo federal disponga la constitución, estructura y funcionamiento del servicio que venía proporcionando la Compañía de Luz y Fuerza del Centro en liquidación y sus asociadas. Por si esto fuera poco, el artículo 73 de la Constitución establece las facultades del Congreso, que en su numeral X claramente menciona a la energía eléctrica.
En pocas palabras, al señor Calderón y a sus asesores se les olvidó que el organismo público que quieren extinguir presta un servicio fundamental, que es la energía eléctrica, el cual está regulado por la Constitución y por la ley en la materia. Es decir, la extinción del organismo no se puede hacer por decreto presidencial, debe pasar por el Congreso.
2. Los altos costos de LFC son producto de las transferencias a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Los sistemas eléctricos constan, al menos, de cuatro áreas: generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica. Debido a que el sistema eléctrico nacional está interconectado y que a LFC se le han venido negando recursos para construir nuevas plantas generadoras (en los últimos dos años se le dieron recursos para instalar algunas plantas de turbogás porque el sistema tiene problemas de estabilidad) este organismo compra a CFE energía eléctrica, que después transmite, distribuye y comercializa. De enero de 2000 a la fecha (con algunos ajustes en 2008) el precio de venta de CFE a LFC se determina por las tarifas para el servicio público de alta tensión. La mayor parte de la energía se entrega en 400 kilovoltios, y en términos generales se aplica por tanto la tarifa conocida como HTL (tarifa horaria para servicio general en alta tensión, nivel transmisión para larga utilización). En 2008, CFE vendió a LFC 46 mil 419 millones de kilovatios-hora, a un costo de entre 1.1 y 1.3 pesos por kilovatio-hora. Es decir, en 2008, LFC tuvo que entregar a CFE al menos 51 mil millones de pesos. Mientras, en el tercer Informe de gobierno se establece que en 2008 las transferencias presupuestales a LFC fueron de 44 mil 639 millones de pesos.
Es decir, LFC genera menos de 10 por ciento de la energía que transmite, distribuye y comercializa, y por ello debe comprar kilovatios-hora a CFE. Pero CFE se la vende a la misma tarifa que a cualquier industrial, inclusive con penalizaciones horarias. Por esta razón, LFC tiene déficit. Si CFE entra a operar la región centro, entonces el supuesto déficit será de CFE.
3. Los privilegios. Con una campaña racista y clasista se ha dicho que LFC tiene altos costos, producto de los privilegios de los trabajadores. Se escandalizan cuando encuentran que un trabajador (nunca dicen las labores de alto riesgo que muchos de ellos realizan y la capacitación técnica que requieren) tiene salarios de 10 mil pesos mensuales. Sin embargo, la indignación no llega cuando se habla de los ingresos y prestaciones de los altos funcionarios públicos. De acuerdo con las consideraciones de la propuesta de ley de austeridad republicana del gobierno legítimo que se presentó hace unos días en la Cámara de Diputados, el ahorro que se alcanzaría al reducir a la mitad los salarios y prestaciones de los funcionarios públicos (nivel de director de área para arriba) de todo el gobierno federal asciende a la misma cantidad que las transferencias a LFC, 42 mil millones de pesos.
4. LFC requiere recursos. La antigüedad de los equipos, así como la carencia de sistemas de automatización del organismo, la hace ineficiente. Por ello, se requiere de financiamiento (como lo tiene CFE) para la modernización y ampliación de sus instalaciones. Es evidente que los trabajadores deben ser considerados en la modernización y restructura del organismo. Los vicios que pudieran encontrarse en el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) deben señalarse y corregirse; sin embargo, es evidente que no son, ni de lejos, el elemento central de la situación económica de LFC.
5. La verdadera razón de la extinción de LFC. El SME ha sido un obstáculo para la creciente privatización del servicio de energía eléctrica, y más recientemente de la concesión a privados del uso y aprovechamiento de la fibra óptica de CFE y de LFC (instalación que tienen la propiedad de transmitir tres tipos de información al mismo tiempo, por ejemplo, telefonía, Internet y televisión, y que recientemente se anunció que se quiere concesionar). Eliminar del escenario al SME les permite avanzar en su afán privatizador. Pero eso está por verse.
Claudia Sheinbaum Pardo
Las razones que el gobierno de facto ha dado para extinguir el organismo Luz y Fuerza del Centro (LFC) son fundamentalmente las siguientes: que el organismo se creó por un decreto presidencial y por tanto puede extinguirse con el mismo instrumento; que cada año hay cuantiosas transferencias presupuestales a LFC y que, por tanto, los costos del organismo son mayores que los ingresos, y que los trabajadores cuentan con privilegios inaceptables. Vale la pena resaltar y fortalecer diversos argumentos que se han puesto sobre la mesa, para desmentir estas afirmaciones.
1. El decreto de extinción es ilegal. Después de una larga historia que se inicia con la nacionalización de las empresas extranjeras de energía eléctrica y que llevó a mantener por décadas empresas públicas en liquidación, se creó Luz y Fuerza del Centro como organismo público descentralizado encargado del servicio público de energía eléctrica en la región centro del país. LFC fue creada por decreto presidencial en 1994, a solicitud del Congreso. En efecto, en 1989, se modifica el cuarto transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para que el Ejecutivo federal disponga la constitución, estructura y funcionamiento del servicio que venía proporcionando la Compañía de Luz y Fuerza del Centro en liquidación y sus asociadas. Por si esto fuera poco, el artículo 73 de la Constitución establece las facultades del Congreso, que en su numeral X claramente menciona a la energía eléctrica.
En pocas palabras, al señor Calderón y a sus asesores se les olvidó que el organismo público que quieren extinguir presta un servicio fundamental, que es la energía eléctrica, el cual está regulado por la Constitución y por la ley en la materia. Es decir, la extinción del organismo no se puede hacer por decreto presidencial, debe pasar por el Congreso.
2. Los altos costos de LFC son producto de las transferencias a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Los sistemas eléctricos constan, al menos, de cuatro áreas: generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica. Debido a que el sistema eléctrico nacional está interconectado y que a LFC se le han venido negando recursos para construir nuevas plantas generadoras (en los últimos dos años se le dieron recursos para instalar algunas plantas de turbogás porque el sistema tiene problemas de estabilidad) este organismo compra a CFE energía eléctrica, que después transmite, distribuye y comercializa. De enero de 2000 a la fecha (con algunos ajustes en 2008) el precio de venta de CFE a LFC se determina por las tarifas para el servicio público de alta tensión. La mayor parte de la energía se entrega en 400 kilovoltios, y en términos generales se aplica por tanto la tarifa conocida como HTL (tarifa horaria para servicio general en alta tensión, nivel transmisión para larga utilización). En 2008, CFE vendió a LFC 46 mil 419 millones de kilovatios-hora, a un costo de entre 1.1 y 1.3 pesos por kilovatio-hora. Es decir, en 2008, LFC tuvo que entregar a CFE al menos 51 mil millones de pesos. Mientras, en el tercer Informe de gobierno se establece que en 2008 las transferencias presupuestales a LFC fueron de 44 mil 639 millones de pesos.
Es decir, LFC genera menos de 10 por ciento de la energía que transmite, distribuye y comercializa, y por ello debe comprar kilovatios-hora a CFE. Pero CFE se la vende a la misma tarifa que a cualquier industrial, inclusive con penalizaciones horarias. Por esta razón, LFC tiene déficit. Si CFE entra a operar la región centro, entonces el supuesto déficit será de CFE.
3. Los privilegios. Con una campaña racista y clasista se ha dicho que LFC tiene altos costos, producto de los privilegios de los trabajadores. Se escandalizan cuando encuentran que un trabajador (nunca dicen las labores de alto riesgo que muchos de ellos realizan y la capacitación técnica que requieren) tiene salarios de 10 mil pesos mensuales. Sin embargo, la indignación no llega cuando se habla de los ingresos y prestaciones de los altos funcionarios públicos. De acuerdo con las consideraciones de la propuesta de ley de austeridad republicana del gobierno legítimo que se presentó hace unos días en la Cámara de Diputados, el ahorro que se alcanzaría al reducir a la mitad los salarios y prestaciones de los funcionarios públicos (nivel de director de área para arriba) de todo el gobierno federal asciende a la misma cantidad que las transferencias a LFC, 42 mil millones de pesos.
4. LFC requiere recursos. La antigüedad de los equipos, así como la carencia de sistemas de automatización del organismo, la hace ineficiente. Por ello, se requiere de financiamiento (como lo tiene CFE) para la modernización y ampliación de sus instalaciones. Es evidente que los trabajadores deben ser considerados en la modernización y restructura del organismo. Los vicios que pudieran encontrarse en el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) deben señalarse y corregirse; sin embargo, es evidente que no son, ni de lejos, el elemento central de la situación económica de LFC.
5. La verdadera razón de la extinción de LFC. El SME ha sido un obstáculo para la creciente privatización del servicio de energía eléctrica, y más recientemente de la concesión a privados del uso y aprovechamiento de la fibra óptica de CFE y de LFC (instalación que tienen la propiedad de transmitir tres tipos de información al mismo tiempo, por ejemplo, telefonía, Internet y televisión, y que recientemente se anunció que se quiere concesionar). Eliminar del escenario al SME les permite avanzar en su afán privatizador. Pero eso está por verse.
abril 02, 2008
AMLO: DENUNCIA CONTRATOS CON "UTILIDAD EXTRAORDINARIA DE 15,000 MILLONES DE DÓLARES"
Denuncia en contra del gobierno espurio MEXICO, D.F., 1 de abril (AFP/LA JORNADA/APRO).- Andrés Manuel López Obrador denunció el martes al gobierno espurio de Felipe Calderón de haber otorgado a la petrolera española Repsol -como única oferente- un contrato sobrevaluado para importar gas durante 15 años por 21,000 millones de dólares. El gobierno del ilegítimo Felipe Calderón “firmó un contrato el año pasado con la empresa Repsol de España para el suministro de 500 millones de pies cúbicos diarios de gas natural proveniente de Perú durante 15 años”, dijo Andrés Manuel en conferencia de prensa. López Obrador sañaló que, según los reportes de Repsol, el contrato representó una operación “de las más importantes y rentables que la empresa española haya realizado en el mundo”. Fue firmado el 18 de septiembre del 2007 por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) “sin que se presentara ninguna otra oferta, mientras que las autoridades mexicanas aceptaron pagar 21.000 millones de dólares, aunque el valor estimado en el contrato es de 15,000 millones de dólares”. López Obrador sostiene que aunque el contrato estimó el valor del gas en 15,000 millones de dólares, CFE pactó el precio al índice Henry Hub, el más caro del mundo, indicó. Según los cálculos de López Obrador y su equipo de análisis, para Repsol el gas que entregará México representa un costo real de 6,026 millones de dólares, lo que equivale a una “utilidad extraordinaria de 15,000 millones de dólares”. Señaló que Repsol firmó con el gobierno de Perú, en el período de Alejandro Toledo, un precio tope para el precio del gas que asegura un incremento en el precio de 5% durante los primeros seis años y de 7% durante los siguientes siete años. “No sabemos en qué términos se dieron las negociaciones de Repsol con el gobierno de Alejandro Toledo. Lo que sí sabemos es que existe una investigación en la contraloría actual”, puntualizó. Así, Andrés Manuel López Obrador presentó hoy un conjunto de documentos que comprueban cómo la trasnacional española Repsol obtendrá una utilidad de 15 mil millones de dólares por la venta a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de 500 millones de pies cúbicos diarios de gas importado del Perú para una planta generadora de energía eléctrica en Manzanillo, Colima. Informó que se constituirá una comisión anticorrupción que investigue este caso y que entregará los documentos a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, para que ésta a su vez requiera una investigación a la Auditoría Superior de la Federación. Leer más
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