Luis Javier Garrido
El tesoro
El caso de Felipe Calderón y Juan Camilo Mouriño es patético, pues en su torpe empeño por defenderse ante las evidencias de los actos de corrupción que están cometiendo en la industria petrolera, buscan ahora apoderarse de la dirección nacional del PRD e imponer a un secuaz suyo.
1. La urgencia que tiene el gobierno de facto de Felipe Calderón por acelerar la privatización de la industria petrolera responde a dos intereses fundamentales, ninguno de los cuales son del pueblo mexicano. Las mafias de poder económico que controlan a Calderón –y a las que él está ya asociado– quieren modificar el marco constitucional y legal en materia petrolera para a) proseguir el desmantelamiento del Estado nacional mexicano conforme al proyecto neoliberal impuesto desde Washington, y b) a fin de poder explotar en beneficio propio lo que en las leyes mexicanas es un bien público: que debe servir a todos y no a unos cuantos.
2. La publicación de una serie de datos sobre los actos de corrupción cometidos por Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación, en la industria petrolera, y que involucran directamente a Felipe Calderón, quien aparece como beneficiario de la privatización, abrieron, sin embargo, una crisis política que no sólo pone en entredicho cualquier iniciativa del gobierno espurio en materia energética, sino la supervivencia misma del régimen calderonista, cuya ineficiencia, desprecio a la ley y escandalosos actos de corrupción tienen hartos no sólo a los mexicanos, sino de paso a muchos grupos de poder aliados suyos, y al no poder responder a la situación el gobierno de facto está agravando su situación.
3. El extraordinario discurso de Andrés Manuel López Obrador el 18 de marzo en
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