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noviembre 23, 2007

EL TAÑIDO - LUIS JAVIER GARRIDO

Luis Javier Garrido
El tañido

El intento del clero capitalino por ayudar políticamente al gobierno de facto de Felipe Calderón con una provocación al pueblo está terminando por revertirse contra quienes lo urdieron, al plantear de nuevo la cuestión de las relaciones Estado-Iglesia.

1. El repique prolongado de las campanas de la Catedral Metropolitana el domingo 18 de noviembre no constituyó un llamado ordinario a misa, como lo han pretendido hacer creer –sin argumentos– representantes de la arquidiócesis, sino un acto premeditado de la mitra para sabotear la tercera reunión de la Convención Nacional Democrática (CND), reunida en la Plaza de la Constitución, buscando provocar la reacción de los asistentes que habían llegado de muy lejos para respaldar una vez más a Andrés Manuel López Obrador y a la CND, y distraer la atención del objetivo de la reunión que era plantear la defensa de la industria petrolera nacional ante la pretensión oficial de entregarla al capital extranjero.

2. Los 12 minutos de campanazos fuera de las normas litúrgicas y de las reglas de sensatez y de cordura que se imponían, dada la concentración de cientos de miles de personas que atendían con respeto un acto cívico anunciado desde meses atrás, no es accidental, como argumenta el alto clero, y no puede entenderse si no mediara una acción planeada y concertada de algunos prelados con el gobierno ilegítimo de Calderón, como se vio al cerrar la curia la Catedral, en una nueva acción irresponsable, en respuesta a la indignación de los grupos que penetraron al templo, sin importarle a la jerarquía hacer aparecer el fantasma de lo ocurrido en 1927.

3. La acusación venal de algunos clérigos y del abogado de la mitra contra Rosario Ibarra por haber supuestamente azuzado a la gente ha quedado desmentida y sólo ha servido para que se evidencie aún más la connivencia del arzobispo Norberto Rivera con Felipe Calderón, ayudándolo en el fraude de 2006 para pasarle después una costosa factura de nuevos privilegios en materia económica, educativa y política, todo en el marco de la “santa alianza” existente desde 2000 entre el PAN y diversos altos dignatarios de la Iglesia, lo que ha permitido a unos y otros obtener importantes beneficios personales con esos actos ilícitos de tráfico de influencias.
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