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Ante el cerco informativo, cada uno de nosotros será un medio de información. Ante el engaño y la manipulación nos haremos cargo de abrirle paso a la verdad.
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septiembre 14, 2024
junio 04, 2020
Ángeles Dauahare revela lo que sabía de Genaro García Luna
El general retirado Ángeles Dauahare habla en este video de los vínculos de Genaro García Luna con el narcotráfico, en especial con el Cártel del Pacífico y de lo que él informaba a Felipe Calderón.
noviembre 01, 2019
octubre 31, 2019
febrero 22, 2019
noviembre 25, 2018
agosto 28, 2018
AMLO y los militares
Andrés Manuel López Obrador dio marcha atrás: con permiso de Enrique Peña Nieto, el presidente electo acudió a las secretarías de la Defensa y de Marina para asegurarles a sus titulares que se mantendrán los “usos y costumbres” en la designación de sus sucesores, algo que había criticado durante su campaña. Y también al contrario de lo que había venido planteando con anterioridad, declaró que las Fuerzas Armadas seguirán actuando en labores de seguridad, al menos hasta que la Policía Federal sea capaz de enfrentar la violencia que azota al país.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se contuvo ante los militares. Su confrontación con los altos mandos del Ejército y la Marina durante la campaña presidencial acabó en acercamiento.
Apegado a “los usos y costumbres” del estamento militar, no sólo fue él quien los visitó en sus centros de mando, sino que designará a sus sucesores en las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina de entre los generales y almirantes que ellos le propongan.
Entre los prospectos destacan quienes han estado en primera línea en la estrategia de “guerra al narcotráfico” que López Obrador ha criticado desde antes de ser candidato presidencial. El asesinato de civiles en Tlatlaya, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el recrudecimiento de la violencia en Guerrero y Michoacán o la desaparición forzada de personas en Tamaulipas están detrás de las hojas de servicio de los generales y almirantes del primer círculo de los altos mandos y que aspiran a ser los jefes militares en el gobierno de López Obrador.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se contuvo ante los militares. Su confrontación con los altos mandos del Ejército y la Marina durante la campaña presidencial acabó en acercamiento.
Apegado a “los usos y costumbres” del estamento militar, no sólo fue él quien los visitó en sus centros de mando, sino que designará a sus sucesores en las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina de entre los generales y almirantes que ellos le propongan.
Entre los prospectos destacan quienes han estado en primera línea en la estrategia de “guerra al narcotráfico” que López Obrador ha criticado desde antes de ser candidato presidencial. El asesinato de civiles en Tlatlaya, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el recrudecimiento de la violencia en Guerrero y Michoacán o la desaparición forzada de personas en Tamaulipas están detrás de las hojas de servicio de los generales y almirantes del primer círculo de los altos mandos y que aspiran a ser los jefes militares en el gobierno de López Obrador.
diciembre 18, 2017
Layda Sansores: Ley de Seguridad Interior es la militarización del país lo quieran reconocer o no
La Ley de Seguridad Interior es una ley de mierda, que expresa la vileza de un hombre débil arrodillado ante los Estados Unidos y al poder militar: Senadora Layda Sansores
diciembre 05, 2017
marzo 24, 2017
AMLO: Respetamos a las fuerzas armadas
AMLO: Los soldados son pueblo uniformado, son hijos de campesinos, de obreros y están con nosotros; así lo expresaron en la elección del 2006 y en el 2012 y así lo harán en el 2018.
febrero 16, 2017
Los derechos humanos y la seguridad interior - Entrevista con investigador de Fundar
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diciembre 14, 2016
junio 12, 2010
Los derechos humanos según Gómez Mont
Los derechos humanos según Gómez Mont
Víctor M. Quintana S.
Ciudad Juárez es piedra de toque para los funcionarios públicos de todo nivel. El secretario de Gobernación vino a esta frontera a evaluar los resultados –casi nulos– del programa Todos somos Juárez a cien días de su arranque y, convencido de que la mejor defensa es el ataque, antes de que lo sometieran al fuego cruzado de los cuestionamientos, la emprendió contra periodistas, diputados locales y derechohumanistas.
Entre los temas que confrontan a Gómez Mont con la sociedad civil chihuahuense destaca la desaparición de tres jóvenes. El 29 de diciembre de 2009, 10 elementos uniformados del Ejército Mexicano detuvieron sin orden judicial a José Ángel Alvarado Herrera, Nitza Paola Alvarado Espinoza y Rocío Irene Alvarado Reyes en el ejido Benito Juárez del municipio de Buenaventura, Chihuahua. Cuando se le trata el asunto, Gómez Mont ha defendido al Ejército y el fuero militar, al tiempo que acusa a las organizaciones de derechos humanos de exageradas y generalizadoras en sus denuncias a los militares.
A pesar de que la Sedena y Gómez Mont niegan que elementos militares hayan participado en el operativo, la Red de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Chihuahua ha presentado pruebas contundentes que involucran a miembros del Ejército en la desaparición forzada de los jóvenes: el propio Ejército puso a disposición de la Agencia Estatal de Investigaciones la camioneta en la que viajaban Nitza y José Ángel al momento de su detención. Además, dos agentes del Ministerio Público –uno de apellido Leyva y otro de apellido Enríquez Duarte– informaron a la familia de los jóvenes que éstos permanecían detenidos en el 35 Batallón de Infantería, en Nuevo Casas Grandes. Más todavía: la Procuraduría General de la República (PGR) declinó la competencia del caso a favor de la Procuraduría Militar, lo cual constata que presume que elementos del Ejército estuvieron involucrados en los hechos.
Por su parte, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua ha minimizado la gravedad de la desaparición forzada de los muchachos al reclasificar la denuncia como una serie de hechos dentro de la Unidad de Investigaciones Especiales de Personas Ausentes y Extraviadas, la cual no investiga delitos.
Todos los intentos de la Red de Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos por obtener copia del expediente PGR/CHIH/JUA/27/2010-VII-A en la PGR han sido vanos. Sin embargo, un órgano de esta misma procuraduría, la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas (FEVIMTRA), informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que abrió la averiguación previa AP.PGR/FEVIMTRA/TRA/009/2010.
Hasta ahora las tres personas permanecen desaparecidas y sus familiares han sido hostigados continuamente por elementos del Ejército Mexicano. Gómez Mont alega que su dependencia ha atendido el caso: los familiares de los Alvarado y los representantes de la Red de Defensoras y Defensores fueron citados el 19 de mayo por la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación a una reunión en Ciudad Juárez. Ahí se les informó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dadas las pruebas ofrecidas por los familiares y la red, presentó de oficio solicitud de medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de Nitza Paola, Rocío Irene y José Ángel y que dicha corte solicitó información al Estado mexicano sobre la situación de estas personas.
Después de dos horas de trabajo quedó claro que ninguna autoridad ha realizado investigaciones ni acciones efectivas para presentar con vida a los jóvenes. Al finalizar la reunión, con excepción de la Sedena, tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como la estatal, y todos los representantes de las restantes dependencias de gobierno, incluso la de Gobernación, habían abandonado el edificio sin revisar la minuta y, por supuesto, sin firmarla. Así el Estado mexicano incumplió el mandato de la CIDH.
Ante la nula actuación del Estado mexicano, el 4 de junio del 2010, el presidente y el secretario de la CIDH comunicaron a las y los defensores de derechos humanos, representantes de las víctimas que se otorgan medidas provisionales por parte de este organismo internacional. Puras vergüenzas….
No basta, pues, que Gómez Mont renuncie al PAN para desempeñarse bien como constructor de los consensos que el país necesita. Ha de renunciar, sobre todo, a su actitud centralista, regañona, acusadora de los medios de comunicación y despreciativa de las organizaciones de derechos humanos, por más que se diga experto en la materia. De lo contrario, sería mejor que cambiara de giro. No le vendría mal ser el primer titular de la comisión nacional de defensa del fuero militar.
Víctor M. Quintana S.
Ciudad Juárez es piedra de toque para los funcionarios públicos de todo nivel. El secretario de Gobernación vino a esta frontera a evaluar los resultados –casi nulos– del programa Todos somos Juárez a cien días de su arranque y, convencido de que la mejor defensa es el ataque, antes de que lo sometieran al fuego cruzado de los cuestionamientos, la emprendió contra periodistas, diputados locales y derechohumanistas.
Entre los temas que confrontan a Gómez Mont con la sociedad civil chihuahuense destaca la desaparición de tres jóvenes. El 29 de diciembre de 2009, 10 elementos uniformados del Ejército Mexicano detuvieron sin orden judicial a José Ángel Alvarado Herrera, Nitza Paola Alvarado Espinoza y Rocío Irene Alvarado Reyes en el ejido Benito Juárez del municipio de Buenaventura, Chihuahua. Cuando se le trata el asunto, Gómez Mont ha defendido al Ejército y el fuero militar, al tiempo que acusa a las organizaciones de derechos humanos de exageradas y generalizadoras en sus denuncias a los militares.
A pesar de que la Sedena y Gómez Mont niegan que elementos militares hayan participado en el operativo, la Red de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Chihuahua ha presentado pruebas contundentes que involucran a miembros del Ejército en la desaparición forzada de los jóvenes: el propio Ejército puso a disposición de la Agencia Estatal de Investigaciones la camioneta en la que viajaban Nitza y José Ángel al momento de su detención. Además, dos agentes del Ministerio Público –uno de apellido Leyva y otro de apellido Enríquez Duarte– informaron a la familia de los jóvenes que éstos permanecían detenidos en el 35 Batallón de Infantería, en Nuevo Casas Grandes. Más todavía: la Procuraduría General de la República (PGR) declinó la competencia del caso a favor de la Procuraduría Militar, lo cual constata que presume que elementos del Ejército estuvieron involucrados en los hechos.
Por su parte, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua ha minimizado la gravedad de la desaparición forzada de los muchachos al reclasificar la denuncia como una serie de hechos dentro de la Unidad de Investigaciones Especiales de Personas Ausentes y Extraviadas, la cual no investiga delitos.
Todos los intentos de la Red de Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos por obtener copia del expediente PGR/CHIH/JUA/27/2010-VII-A en la PGR han sido vanos. Sin embargo, un órgano de esta misma procuraduría, la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas (FEVIMTRA), informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que abrió la averiguación previa AP.PGR/FEVIMTRA/TRA/009/2010.
Hasta ahora las tres personas permanecen desaparecidas y sus familiares han sido hostigados continuamente por elementos del Ejército Mexicano. Gómez Mont alega que su dependencia ha atendido el caso: los familiares de los Alvarado y los representantes de la Red de Defensoras y Defensores fueron citados el 19 de mayo por la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación a una reunión en Ciudad Juárez. Ahí se les informó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dadas las pruebas ofrecidas por los familiares y la red, presentó de oficio solicitud de medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de Nitza Paola, Rocío Irene y José Ángel y que dicha corte solicitó información al Estado mexicano sobre la situación de estas personas.
Después de dos horas de trabajo quedó claro que ninguna autoridad ha realizado investigaciones ni acciones efectivas para presentar con vida a los jóvenes. Al finalizar la reunión, con excepción de la Sedena, tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como la estatal, y todos los representantes de las restantes dependencias de gobierno, incluso la de Gobernación, habían abandonado el edificio sin revisar la minuta y, por supuesto, sin firmarla. Así el Estado mexicano incumplió el mandato de la CIDH.
Ante la nula actuación del Estado mexicano, el 4 de junio del 2010, el presidente y el secretario de la CIDH comunicaron a las y los defensores de derechos humanos, representantes de las víctimas que se otorgan medidas provisionales por parte de este organismo internacional. Puras vergüenzas….
No basta, pues, que Gómez Mont renuncie al PAN para desempeñarse bien como constructor de los consensos que el país necesita. Ha de renunciar, sobre todo, a su actitud centralista, regañona, acusadora de los medios de comunicación y despreciativa de las organizaciones de derechos humanos, por más que se diga experto en la materia. De lo contrario, sería mejor que cambiara de giro. No le vendría mal ser el primer titular de la comisión nacional de defensa del fuero militar.
agosto 10, 2009
SINALOA : AGRESIÓN VS PERIODISTAS

Carta de protesta por agresión a periodistas:
General de Brigada Noé Sandoval Alcázar
Comandante de la IX Zona Militar
Una vez más se imponen la prepotencia y el abuso de parte de elementos del Ejército Mexicano en contra de periodistas que lo único que intentan es cumplir con su responsabilidad de informar.
Una vez más, sin motivo alguno, militares que participan en el operativo Culiacán-Navolato-Guamúchil pusieron en riesgo la integridad física de fotógrafos, redactores y camarógrafos que intentaban cubrir el accionar militar que se implementó, esta vez, en la sindicatura de Jesús María, a pocos kilómetros de la capital de Sinaloa.
De acuerdo a las versiones de los reporteros que estuvieron este sábado en ese operativo, los militares se molestaron cuando éstos se detuvieron a fotografiar y filmar a tres jóvenes que presentaban golpes diversos, al parecer, producidos por los uniformados.
Los soldados no sólo jalonearon y empujaron a los reporteros, sino que en un descarado afán intimidatorio, sobrevolaron durante 15 minutos tres helicópteros Bell 212 a escasos 3 metros de sus cabezas.
De este reprobable comportamiento quedan como constancia las fotografías y los videos que tomaron periodistas de medios locales como Noroeste, Primera Hora, El Debate, El Sol de Sinaloa, La I, Canal 8 y corresponsales de medios como El Universal, Reforma y Telemundo.
No es la primera vez que los periodistas sinaloenses son agredidos de manera verbal o física por elementos de la milicia, pero sí es la primera vez que se les pone en riesgo de manera tan absurda e innecesaria.
¿Acaso son los reporteros el enemigo a vencer en esta guerra declarada al narcotráfico?
¿Qué no son estos mismos reporteros los que semana tras semana son invitados a conferencias de prensa en la Novena Zona Militar? ¿Acaso no van debidamente identificados tanto en sus vehículos como en su vestimenta y equipo de trabajo? ¿Cuál es el afán de intimidar y bloquear su trabajo? ¿Cómo pedir el apoyo y la confianza de la ciudadanía y de los medios de comunicación, cuando se cometen este tipo de agresiones?
Como profesionistas y como ciudadanos, reprobamos estos hechos y exigimos respeto al trabajo y a la integridad física de los reporteros en Sinaloa.
Atentamente:
Eduardo Valdez Verde
Presidente de la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio
C.c.p. Comisión Nacional de Derechos Humanos
C.c.p. Comisión Estatal de Derechos Humanos
C.c.p. Secretaría de la Defensa Nacional
C.c.p. Sociedad Interamericana de Prensa
C.c.p. Fundación Rory Peck
Intimidan militares a periodistas
Reprimen soldados a reporteros al descubrir a tres individuos golpeados y retenidos por personal de Sedena
IONSA 09-08-2009
JESÚS MARÍA._ Ya se preparaban para retirarse en sus helicópteros Bell 212, cuando observaron que varios vehículos con logotipos de diferentes medios de comunicación se estacionaron sobre la carretera que conduce a la presa El Varejonal.
Los militares se percataron que se trataba de la prensa, cuyos integrantes comenzaron a tomar imágenes de tres hombres que se encontraban tirados bajo la rúa, al costado de dos vehículos.
Los individuos, que se quejaban de haber sido golpeados por los soldados, se encontraban en el suelo, pedían ayuda y agua, así como una ambulancia para que los atendieran.
El despegue de las aeronaves se canceló, y al menos una decena de soldados se aproximó a los reporteros, a quienes les ordenaron que dejaran de tomar fotografías.
Al ver que los periodistas seguían grabando y fotografiando, de inmediato cuatro elementos del Ejército intentaron despojarlos de las cámaras y replegarlos en un solo lugar.
Los reporteros preguntaron a los militares el motivo del operativo, pero éstos guardaron silencio e intimidaron a los periodistas. Luego, un helicóptero se elevó y aterrizó en medio de la carretera y varios soldados sometieron a los tres individuos que se encontraban a un costado de dos carros y los subieron a la aeronave.
Cuando los comunicadores grababan imágenes de las unidades que conducían los lesionados, los tres helicópteros comenzaron a sobrevolar a una distancia de tres metros y medio sobre las cabezas de los reporteros.
Así estuvieron por espacio de 15 minutos, hasta que la prensa se retiró hacia la zona poblada de la sindicatura Jesús María, hasta donde fueron seguidos por los "boludos".
Comentario:
El trabajo de los periodistas es informar, son los ojos y oídos de los ciudadanos, NO son un "estorbo". Se trata de una labor perfectamente legal y con garantías constitucionales. Cada día que pasa vemos con mayor claridad el peligro que representa el enfrentar a los militares con la sociedad civil. La ley prohíbe el uso del ejército en funciones policíacas, pero esto no es tomado en cuenta en el proceder autoritario y dictatorial del gobierno "encabezado" por el espurio de Calderón.
¿Qué dirían los soldados si los periodistas les pidieran entregar sus rifles?
Las cámaras fotográficas y su uso como instrumentos del trabajo periodístico es perfectamente válido.
¿Por qué los militares mexicanos no lo entienden así?
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