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febrero 22, 2008

LA LEY GESTAPO EN SENTIDO CONTRARIO A LOS DERECHOS HUMANOS

COMUNICADO DE PRENSA

TEMA:

REFORMA PENAL

LA REFORMA PENAL MARCHA EN SENTIDO CONTRARIO A LAS NORMAS DE DERECHOS HUMANOS

• El reto de una reforma penal es combatir al delito manteniendo

el respeto a los derechos humanos.

• Es necesario discutir públicamente los temas de arraigo, allanamiento sin orden judicial y régimen de excepción para procesar a personas acusadas de pertenecer a la delincuencia organizada.

• Hacemos una petición formal al Congreso de la Unión para que aplace su deliberación y conceda tiempo para analizar las modificaciones constitucionales en materia penal, tomando en cuenta el respeto a los derechos humanos y actuando en plena congruencia con los tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito.

Las reformas constitucionales en materia de seguridad y justicia fueron votadas en comisiones este día y serán admitidas en primera lectura el próximo jueves 21 de febrero, previendo que el martes siguiente sean aprobadas en sesión plenaria por la Cámara de Diputados.

La iniciativa de reformas plantea, entre otras cosas, el tránsito de un sistema mixto, predominantemente inquisitivo, hacia uno acusatorio, esto es, que se funda en la presunción de inocencia del inculpado y del que formarán parte los juicios orales.

Pese a que lo anterior, junto con la procuración de una defensoría pública de calidad y la acción penal privada, constituyen un avance significativo en nuestro sistema de justicia penal, la iniciativa contiene elementos que, por el contrario, representan un retroceso en materia de derechos humanos al instituir prácticas que distan mucho de lo establecido por los estándares internacionales en la materia.

Entre los aspectos que más gravemente atentan contra el respeto y protección de los derechos humanos en el ámbito penal y han sido objeto de profunda preocupación por parte de la sociedad civil y la población en general, se encuentra la pretensión de elevar a rango constitucional la posibilidad de arraigar al presunto responsable de un delito, es decir detener preventivamente a una persona, con lo que se vulnera la presunción de inocencia. El arraigo ya fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en virtud de que afecta la libertad individual de las personas y fue cuestionado también por el Grupo de Trabajo de detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas.

En el mismo sentido, la reforma penal plantea la posibilidad de practicar allanamientos sin que medie orden judicial, bajo el supuesto de flagrancia o peligro para la vida de una persona.

Los hechos pasados en San Salvador Atenco, en donde se perpetraron graves violaciones de derechos humanos a manos de fuerzas policíacas sin control judicial, son una clara muestra del abuso en que puede derivar esta facultad discrecional.

La propuesta de reformas contempla asimismo la creación de un régimen de excepción para procesar a personas acusadas de pertenecer a la delincuencia organizada o de la comisión de los delitos de violación, secuestro, homicidio doloso y otros cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves en contra de la seguridad nacional. Desde una perspectiva de respeto y protección a los derechos humanos sin distinción, lo anterior resulta un serio atentado al principio de igualdad jurídica y no discriminación.

Dicha disposición podría fungir como fundamento legal para perseguir movimientos sociales de protesta toda vez que define de manera ambigua el concepto de “delincuencia organizada”.

En virtud de lo anterior, exigimos al Estado mexicano que, en todo caso, emplee la definición prevista por la Convención de Palermo de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, de la cual forma parte México y establece que es delincuencia organizada la que “exista durante cierto tiempo y actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la convención con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material”.

La iniciativa de marras fue aprobada por la Cámara de Diputados y turnada al Senado en diciembre pasado. La cámara revisora, por su parte, tuvo a bien eliminar la disposición que permitía al Procurador General de la República acceder sin mandato judicial a la información fiscal, electoral y financiera de una persona. No obstante, ratificó la figura del allanamiento sin orden judicial previa y, además, eliminó las de por sí mínimas limitaciones legales para que tuviera lugar, es decir la justificación objetiva que obligaba a tener conocimiento, datos o información que indicaran la existencia inequívoca de una amenaza actual.

Las organizaciones civiles que suscribimos el presente pronunciamiento somos sensibles ante la escalada criminal que azota al país, convirtiendo a la violencia en un elemento perturbador de la realidad cotidiana. Así lo demuestran los enfrentamientos entre elementos del Ejército mexicano, policías y delincuentes que han dejado lastimadas a muchas comunidades a lo largo y ancho del país. Condenamos las violaciones de derechos humanos que han dejado como saldo los operativos contra el crimen organizado, pero también el uso de la violencia con cualquier fin, por lo que expresamos nuestra más profunda indignación ante los hechos violentos que tuvieron lugar el pasado viernes en la Ciudad de México.

Sin embargo, como organizaciones conscientes de la obligación de las autoridades a conducirse con apego a la legalidad y las más altas normas de respeto a los derechos humanos, no podemos avalar una reforma de seguridad y justicia como la que se ha reseñado.

El reto de una reforma penal es combatir al delito manteniendo el respeto a los derechos humanos.

Así lo sostuvo la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos durante su más reciente visita a nuestro país, hace apenas once días.

En virtud de lo anterior, nos preocupa que la Carta Magna marche en sentido contrario a la vigencia de los derechos humanos, razón por la cual hacemos un llamado a todas las personas para que envíen cartas al diputado que las representa pidiéndole que vote en contra de esta reforma penal.

Es necesario que se discutan públicamente los temas de arraigo, allanamiento sin orden judicial y régimen de excepción para procesar a personas acusadas de pertenecer a la delincuencia organizada.

En virtud de ello, hacemos una petición formal al Congreso de la Unión para que aplace su deliberación y conceda tiempo para analizar las modificaciones constitucionales en materia penal, tomando en cuenta el respeto a los derechos humanos y actuando en plena congruencia con los tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito.

CENTRO DE DERECHOS HUMANOS “FRAY FRANCISCO DE VITORIA”, A.C.

CENTRO DE DERECHOS HUMANOS “MIGUEL AGUSTÍN PRO JUÁREZ”, A.C.

COMISIÓN MEXICANA DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, A.C.

(CMDPDH)

COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS AJUSCO

DECA EQUIPO PUEBLO, A.C.

ESPACIO DESC

FUNDAR CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS

INSTITUTO MEXICANO DE DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA

SALUD INTEGRAL PARA LA MUJER, A.C. (SIPAM)

SIN FRONTERAS, IAP

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C.

Tehuantepec 142 Col. Roma Sur

Tel. 55 64 25 82

Fax. 55 84 27 31

www.cmdpdh.org

febrero 21, 2008

EL ENGAÑO DE LA REFORMA JUDICIAL

Bernardo Bátiz V.
jusbbv@hotmail.com

El engaño de la reforma judicial

No los diputados, sino los coordinadores de las bancadas del PRI y del PAN en la cámara, anuncian que en unos días concluirán la primera etapa de la reforma constitucional en materia penal, que se ha presentado al público consumidor como “la reforma judicial”. Si lo hacen, estarán consumando una acción política que tarde o temprano se les echará en cara y que todavía podría frenarse en las legislaturas de los estados, pues para una reforma constitucional no basta la aprobación en el Congreso federal.

Pero vamos por partes. Tanto Emilio Gamboa como Héctor Larios, coordinadores del PRI y del PAN en la Cámara de Diputados, atropellan la forma y el fondo al pretender imponer la reforma de marras; la forma en cuanto ellos toman la palabra por todos sus compañeros legisladores, acuerdan entre sí y olvidan el principio básico del derecho parlamentario, según el cual todos los legisladores son iguales en su representación y su voto es individual y libre. El que los coordinadores acuerden y los demás tan sólo confirmen disminuye el papel del órgano colegiado y convierte a los diputados, de representantes de la nación, con plena autonomía para opinar y para votar en los asuntos de su competencia, en simples peones del ajedrez político que juegan sus jefes o patrones, que no coordinadores.

Pero allá ellos. Lo más importante es el atropello a los derechos humanos con reformas que significan un retroceso respecto de la legislación actual y que además contravienen declaraciones contenidas en pactos internacionales aceptados mundialmente y suscritos por México.

Esto es grave sin duda; juristas que no pueden ser tachados de izquierdistas, como Ricardo Franco Guzmán, Sergio García Ramírez y Luis María Aguilar, entre otros, se han pronunciado en diversos foros y en distintos tonos en contra de las pretendidas reformas y han señalado el grave riesgo de que constituyan la formalización de la autorización a los atropellos policiacos y a la violación de derechos humanos elementales. Pero hay todavía algo más: la reforma judicial ha sido manejada en forma mediática, como un producto de mercado que hay que “vender”, y así se han dicho sobre ella mentiras y verdades a medias.  Leer más >>>

febrero 09, 2008

FECAL PRETENDE IMPONER ESTADO AUTORITARIO

miércoles, 06 febrero 2008


Pretende FCH imponer estado autoritario

 

“Mano dura” ante la inconformidad social
Peligrosa y retrógrada la reforma judicial
Fracasó el programa económico: Di Costanzo
Recesión de EU golpeará fuerte a México



Por Lilia Arellano

Durante la Conmemoración del 91 Aniversario de la Constitución de 1917, realizada en medio de un impresionante dispositivo de seguridad en el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro, Felipe Calderón evidenció la urgencia de su gestión de transitar de un estado democrático o aparentemente democrático a uno abiertamente autoritario, para lo cual es indispensable probar la reforma judicial, aún antes que la energética, ante los riesgos que corre su administración, no sólo por el embate de los cárteles de la droga y el nulo éxito de su fallida estrategia para enfrentarlos -a pesar de haber dejado en las fuerzas armadas el peso total de esta “guerra” que se va perdiendo en todos los frentes-, sino también por el descontento social que día a día se incrementa hasta grados que pueden poner en peligro la estabilidad política de la Nación, tal y como ha sido advertido no sólo por las fuerzas de partidos opositores sino directamente por las organizaciones campesinas de todas las filiaciones políticas, los trabajadores, sus sindicatos y otras organizaciones sociales y civiles.
Ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia; el presidente del Senado, Santiago Creel; el representante de la Cámara de Diputados, Arnoldo Ochoa; y gobernadores del PRI, PAN y PRD, Calderón llamó a la sociedad en general, a los tres poderes de la Unión y a los distintos niveles de gobierno, a concretar un “acuerdo o pacto nacional” por la legalidad y la seguridad, a fin de establecer el ambiente propicio para la aprobación definitiva de la reforma judicial que, como ya lo advirtieron las organizaciones de derechos humanos del país y del extranjero, “contiene elementos verdaderamente preocupantes y deplorables”, atenta contra derechos y significa un retroceso, además de que “otorga mayor benignidad al poder y mayores restricciones al individuo”.
A pesar de las constantes violaciones a la Constitución que realiza su gobierno, el michoacano llamó a cumplir la Carta Magna para formar un frente común que, dijo, garantice la seguridad de las familias y la libertad de los ciudadanos, así como el combate a la delincuencia y la corrupción, y se pronunció por la aplicación irrestricta de la ley para hacer prevalecer el orden por encima de intereses particulares. El panista fue enfático al señalar que “debemos seguir la lucha para hacer prevalecer el orden y combatir a quienes pretenden imponer sus intereses al margen de la ley”.
Así, el mensaje de Calderón este 5 de febrero fue claro: ante la desesperación social que clama por mayor eficacia del Estado en la lucha contra la delincuencia y en la administración pública de los recursos de la Nación para atender las demandas y necesidades de la población, la administración calderonista no abre la mano sino la cierra y responde con mano dura. Calderón pierde aceptación entre la población mexicana y se le multiplican los problemas económicos, políticos y sociales, porque no encuentra la fórmula para hacerles frente, por lo que busca parapetarse en un sistema de administración y procuración de justicia a modo, a fin de poder aplicarle todo el peso de la ley a sus detractores y opositores.  Sigue leyendo >>>

febrero 02, 2008

Video: Rosario Ibarra de Piedra, detener la Ley Gestapo



http://video.google.es/videoplay?docid=1106669782835429499

Quieren volver "legal" lo que es ilegal

"Se debería hacer algo fuerte, se necesita la opinión de la gente. Tenemos que hacer muchas cosas, tenemos que unirnos y salir a la calle".

"Una consulta popular, algo que el pueblo ordenara... yo tengo un ejemplo muy claro en mi memoria para echar abajo esta ley: el desafuero de Andrés Manuel López Obrador.

Decían que lo iban a desaforar y que se iba a ir y que se iba a ir, y ¿qué pasó?... salió a la calle un millón de personas y se murió el desafuero".

enero 07, 2008

NO A LA NUEVA LEY GESTAPO

Agenda 2008

Hay cosas que simplemente no podemos permitir que se consumen, de ninguna manera. Una de ellas es la Ley Gestapo que, desde el mes entrante, facultará a cualquier policía a entrar a la casa de cualquiera de nosotros, a cualquier hora del día o de la noche y con cualquier pretexto, para robarse lo que se le antoje, sembrarnos armas, drogas, balas, cadáveres o lo que se le ocurra con tal de “incriminarnos”, y, si también se le antoja, llevarnos a una cárcel clandestina y mantenernos incomunicados y sin duda torturados hasta por 40 días antes de soltarnos o presentarnos a un juez.

Esta columna hace un llamado urgente a todos sus lectores en el extranjero para que comprueben la veracidad de este peligro y se organicen en comités y promuevan alianzas con todos los grupos inconformes al respecto y desplieguen una campaña internacional, denunciando que el Congreso de la Unión está a punto de abolir algunas de las garantías inviduales más preciadas, en un claro espaldarazo al proyecto de George WC –y de sus perros falderos locales–, para establecer una dictadura de “rostro democrático” en México.

Si no salimos ahora a echar abajo esta aberración, cuando nos percatemos de sus efectos y querramos protestar contra ella, la aberración será la que nos eche abajo a nosotros. La pregunta clave es qué podemos hacer. Desde luego, presionar a los partidos confabulados en la maniobra, a saber el PAN, su alma gemela el PRI y la porción lamentable y vergonzosamente empanizada del PRD. ¿Instalar campamentos ciudadanos para recabar firmas de repudio a la Ley Gestapo frente a las sedes de esos partidos? Sí, pero desde luego, por ya.
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