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En ese contexto, Ariel Dulitzky (Argentina) y Jasminka Dzumhur (Bosnia Herzegovina) enfatizaron que al asumir labores de vigilancia interna que no les corresponden, las fuerzas armadas se han convertido en una amenaza para los derechos humanos de la ciudadanía.
El grupo, dijeron, "recibió información creíble en relación con detenciones cometidas por fuerzas militares en contra de civiles", muchas de las cuales pueden configurar el delito de desaparición forzada, y en donde también se registró el uso de técnicas de tortura.
Sin embargo, dichos ilícitos no siempre se investigan bajo esa categoría, sino como secuestro o abuso de autoridad, lo que dificulta llevar un registro preciso de ellos. Además, muchos casos son analizados por la justicia militar y en esa medida se perpetúa la impunidad.
De acuerdo con información de organizaciones no gubernamentales, en lo que va del actual sexenio se han registrado alrededor de 3 mil desaparecidos, incluyendo las víctimas de los levantones ocurridos por la "guerra" contra el narcotráfico, pero no hay investigaciones oficiales que permitan definir la exactitud de dicho número.
El libanés Osman El-Hajjé afirmó que la comisión especial de Naciones Unidas no puede indicar al gobierno mexicano cuál es el mejor momento para retirar al Ejército de las calles, pero reiteró que los soldados deben permanecer en los cuarteles.
En el documento de 20 páginas dado a conocer por el grupo de trabajo, se mencionan otros elementos que han permitido la continuación de las desapariciones, entre ellos la falta de coordinación entre las dependencias del gobierno encargadas de investigarlas, y el hecho de que la gran mayoría de las entidades ni siquiera las han tipificado en sus códigos penales.
De igual manera, se criticó que la figura del arraigo se utilice de forma indiscriminada por parte de las autoridades, y sin que el recurso de amparo tenga la suficiente capacidad para defender a los inculpados de algún delito.
El acceso a la justicia fue señalado como otro gran pendiente en México, ya que en lugar de investigar los casos de desaparición forzada, las autoridades suelen desacreditar a las víctimas sin investigación previa, o simplemente se niegan a abrir un expediente sobre el caso. Además, las represalias contra los familiares son un acto frecuente.
Muestra de ello es que sólo 2.5 por ciento de las desapariciones ocurridas durante la llamada guerra sucia (en los años 60, 70 y 80 del siglo pasado) generaron una investigación penal, y de esa cantidad únicamente 20 casos fueron llevados ante un juez.
México, en resumen, carece de una política pública integral para prevenir, investigar y sancionar este delito, no garantiza el derecho de las víctimas a la reparación del daño, ni ha sido exitoso en la protección de grupos vulnerables, como niños, mujeres, migrantes, defensores de derechos humanos y periodistas, entre otros.
Por todo lo anterior, el grupo de trabajo de Naciones Unidas emitió una serie de recomendaciones preliminares al gobierno mexicano, entre las que figura la petición de que retire pronto al Ejército de las tareas de seguridad pública.
También le propone generar una base de datos confiable sobre las desapariciones forzadas en el país; incluir ese delito en los códigos penales de todos los estados y crear una ley general en la materia; cumplir a cabalidad los acuerdos internacionales sobre el tema, y aprobar a la brevedad la reforma sobre derechos humanos.
Asimismo, le sugiere reformar el Código de Justicia Militar para que todas las violaciones graves sean analizadas por tribunales civiles, y crear un sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas.
Las observaciones del informe son preliminares y la versión definitiva del mismo se presentará en marzo de 2012 ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, recordaron.
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