El switch
Luis Javier Garrido
La decisión del gobierno calderonista de asaltar las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (10 de octubre) y decretar su desaparición (11 de octubre) como una vía para acelerar la privatización de la industria eléctrica del país y ofrecer pingües negocios a las mafias a las que se halla asociado se le ha revertido de inmediato, pues está poniendo en pie de lucha no tan sólo a los trabajadores electricistas y a múltiples sindicatos sino a amplios sectores de la nación que lo acusan de actuar en la más absoluta ilegalidad.
1. El decreto de Felipe Calderón ordenando la extinción de Luz y Fuerza del Centro, publicado en una edición especial del Diario Oficial de la Federación el domingo 11 (pp. 2-5), es un documento inconstitucional porque aun en el supuesto de que el espurio michoacano fuese gobernante legítimo del país, no tendría facultades para suprimir con su sola firma una entidad pública, creada como consecuencia de la nacionalización de la industria eléctrica del país el 27 de septiembre de 1960 y la reforma constitucional del 30 de diciembre de ese año, y regulada por un cúmulo de leyes federales, y no es tratando de fundamentarse en leyes secundarias anticonstitucionales como los panistas pueden salir del embrollo en el que se han metido.
2. La decisión atrabiliaria e ilegal del gobierno a la deriva que pretende encabezar el panista michoacano es, además de ética y jurídicamente inaceptable, por atentar contra los derechos de los más de 43 mil trabajadores a los que deja sin empleo, un acto de traición a la patria que vulnera los intereses fundamentales de la nación, ya que busca acelerar de manera anticonstitucional la privatización de una industria estratégica fundamental para un desarrollo soberano e independiente del país, y eso lo comprendieron los cientos de miles de manifestantes que desfilaron ayer 15 de octubre de la columna a la Independencia a la Plaza de la Constitución –en una marcha que superó todas las expectativas–, muchos de los cuales exigieron la remoción inmediata de Calderón, que no tiene otra propuesta de gobierno que la de violentar de continuo el orden fundamental de la República para satisfacer intereses espurios, y demandaron que sea sometido a juicio político. Sigue leyendo
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