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Julio Hernández López
El retorno de los militares a los cuarteles es una exigencia básica para ir desmontando el sistema de control social mediante el terror institucional que Felipe Calderón ha ido construyendo para disimular las gravísimas carencias de orden civil de su gobierno. El caos enrojecido que es hoy la nación tiene como origen la impreparación del ocupante de Los Pinos para conducir con pleno respeto a la legalidad a un país necesitado de guerrear contra otros males y no, como sucede ahora, de gastar gran parte del dinero público en acciones de casi imposible fiscalización confiable que en lugar de derrotar al objetivo buscado han provocado desbordamiento de la violencia, odio social prolongado, derogación fáctica de lo que quedaba del estado de derecho, fortalecimiento de ciertos cárteles que se van constituyendo en corporativos de control, y florecimiento en cantidad y ganancias del negocio en sí, el del tráfico de drogas.
Difícil y peligroso resulta en ese contexto abogar por el regreso de los soldados a los cuarteles, pues se suele contraponer con ribetes agresivos el hecho real de que la "delincuencia organizada" se ha desbordado y por tanto no puede haber otra forma de contenerla y reprimirla que con el uso extremo de las fuerzas militares, aun cuando éstas cometan a ojos vistas abusos constantes (entre otras cosas, porque la lógica del soldado es la de aniquilar al enemigo). Pero, así como una parte de la sociedad ha enarbolado la demanda de "No más sangre", es necesario también empujar la exigencia de que soldados y marinos regresen a sus cuarteles y que las autoridades civiles cumplan con sus responsabilidades en el marco de la legalidad, sin pervertir el sentido de las acciones de los militares y sin permitir que esas botas, hoy instaladas en el campo del combate al narcotráfico, acaben incursionando en terrenos políticos y electorales ante la incapacidad confesa de los civiles para arreglar los asuntos públicos. →→Leer más
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