NOTA DE AMLO A OBAMA Y HARPER

Nota dirigida al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y primer ministro de Canadá, Stephen Harper, con motivo de la Cumbre de América del Norte

San Juan Teita, Oaxaca
Sábado 08 de agosto de 2009

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Respetables mandatarios:


Aún es tiempo de corregir la falla de origen del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN): Este modelo fue concebido para beneficiar a las grandes empresas trasnacionales y no a los pueblos.

Desde luego, en 15 años de funcionamiento de este tratado, la peor parte la ha resentido nuestro país. En todo este periodo prácticamente no ha habido crecimiento económico; se dejó sin apoyo a las actividades productivas; se han perdido en el sector manufacturero el 15 por ciento de los empleos que había antes de 1994, se abandonó el campo, importamos la mitad de los alimentos que consumimos y nos convertimos en el país del mundo que más mano de obra exporta al extranjero.

En gran medida, por causa de esta absurda política, durante los 15 años del TLCAN , seis millones de mexicanos se han visto obligados a emigrar, arriesgándolo todo, padeciendo de discriminación y de violación de sus derechos humanos, para buscar algo que mitigue su hambre y su pobreza.

A pesar de todo ello, los gobiernos de los tres países no han hecho nada para construir acuerdos más eficaces, equitativos y justos en beneficio mutuo. Por el contrario, en 2005, se suscribió la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), que sólo contempla acciones de carácter militar cuando lo que realmente se requiere es la cooperación para el desarrollo de nuestros pueblos.

Es increíble que se pretenda enfrentar la cuestión migratoria y los problemas de inseguridad y de violencia sólo con medidas coercitivas, sin entender que estos problemas tienen como causa fundamental la falta de crecimiento económico, el desempleo y la crisis de bienestar de nuestro país.

Por todo lo anterior, los exhortamos de manera respetuosa a revisar los términos de nuestras relaciones pensando en la cooperación para el desarrollo, en mejorar las condiciones de vida y de trabajo de nuestros pueblos, en la protección de los derechos humanos y del medio ambiente y reconociendo que la seguridad y la paz son fruto de la justicia



ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.
PRESIDENTE LEGÍTIMO DE MÉXICO.

EVENTOS CIVILES ALTERNOS EN LA CUMBRE DE GUADALAJARA

Marcha Otro Mundo Mejor es Posible Contra el neoliberalismo, por la Soberanía, la Paz y la Autodeterminación de los Pueblos

Un conjunto de organizaciones civiles, sociales y populares mexicanas, canadienses y estadunidenses hemos decidido participar de manera alterna a la Cumbre de América del Norte, reflexionando sobre las acciones que se deben tomar para replantear el futuro de nuestra región.

En este marco, haciendo uso de nuestro derecho a la libre manifestación de nuestras ideas, es que nos movilizamos para que nuestras voces sean escuchadas y retomadas en las decisiones que los representantes de los estados de América del Norte tomarán, involucrando a nuestros pueblos.

Reconociendo que es tiempo de tomar en cuenta las enseñanzas de la grave crisis que sufrimos, provocada por el fracasado paradigma neoliberal que fue el sustento del TLCAN y de la ASPAN, es que los pueblos no han logrado sus objetivos de desarrollo económico y, mucho menos, de prosperidad para la mayoría.

Lo constata más de medio millón de mexicanos obligados a migrar a Estados Unidos cada año, quienes reciben como respuesta un infame y vergonzoso muro fronterizo y los millones de pobre agraviados por el neoliberalismo en contraste con el puñado de empresarios que viven en la más insultante de las opulencias. Hoy, en tiempos de crisis, hasta los más fervientes promotores del paradigma neoliberal han reconocido las debilidades que lo han llevado a su fracaso y acuden al Estado buscando ser rescatados.

Por si fuera poco, el modelo exige una explotación sin límites de los recursos naturales que pone en riesgo la vida misma del planeta.

Es hora de que los mandatarios escuchen a sus pueblos y cumplan con sus reclamos, pues los gobiernos no pueden seguir negociando y acordando al margen y a espaldas de la sociedad.

Es por ello que organizaciones campesinas, sindicales, indígenas, de pobladores de barrios, de mujeres, de ambientalistas, de defensores de derechos humanos, junto con un creciente grupo de congresistas de los tres países, demandamos a los gobernantes que atiendan los reclamos populares y entren a repensar integralmente las relaciones internorteamericanas en función de los intereses generales de la mayoría.

Por tal motivo, es que convocamos a toda la sociedad a participar en el siguiente:

PROGRAMA DE EVENTOS CIVILES ALTERNOS FRENTE A LA CUMBRE DE AMÉRICA DEL NORTE

NO AL VIAJE DE CALDERÓN

Astillero

Julio Hernández López

• Saldos de un jueves
• Reacomodos (no todos forzados)
• No al viaje de Calderón
• Televisa toma rehenes

En otra arista del mismo tema: Felipe Calderón pretende estar en Nueva Orleáns los próximos 21 y 22 para cerrar compromisos de entreguismo con la visión “integradora” de Norteamérica que impulsa el representante de los principales consorcios estadunidenses, George W. Bush, y apoya el primer ministro de Canadá. A esas reuniones, contrarias al genuino interés de la nación mexicana, el presidente de la República de Los Pinos desea llegar con “avances” en materia de privatización petrolera que permitan a los miembros de la llamada Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) preparar posteriores firmas de “acuerdos” en temas como la integración energética regional, cuyos términos serán exigibles en tribunales internacionales.

El viaje petrolizado, con tufo a traición a la Patria, fue aprobado por el Senado de la República en medio de la confusión que produjo la toma de la tribuna de esa cámara por un grupo de legisladores miembros del Frente Amplio Progresista (FAP). Ahora, ese asentimiento senatorial debe ser confirmado por el pleno de San Lázaro; es decir, en sesiones formales para cumplir las cuales será necesario que no haya más mantas de clausura ni diputados en protesta.

Pero aun cuando San Lázaro normalizara sus actividades, los legisladores deben negar la autorización protocolaria al ocupante del banquito presidencial e impedir que salga del país a comprometer la riqueza nacional. Durante el foxiato se vivieron predecibles vergüenzas cada vez que el presidente embotado iba de gira internacional, pero ahora, con Calderón convertido en el gran vendedor del patrimonio patrio, aprobarle una salida sabidamente nefasta equivaldría a que esos diputados y senadores complacientes fuesen cómplices de una ruta de compromisos internacionales más delante exigibles en su cumplimiento a base de presiones y sanciones económicas, militares, tecnológicas y financieras. Leer más

MÉXICO, CON EEUU: EL MAYOR TERRORISTA Y TRAFICANTE DE ARMAS

México, con EEUU: El mayor terrorista y traficante de armas

Pedro Echeverría V.

1. ¿Qué hace México aliado o al servicio de los gobiernos yanquis, impulsando el TLC, el Plan Puebla Panamá, el ALCA, el ASPAN y ahora el Plan México? Simplemente apoyando al gobierno más terrorista del mundo porque su dependencia política y económica es gigantesca. A pesar de estar a punto de festejar el bicentenario de su independencia, México nunca ha podido cortar sus cadenas de esclavitud, primero con los países de Europa y, desde el siglo XX, con el poderoso imperio norteamericano. Pero además, no sólo no se busca autonomía o independencia del país, sino que nuestro endeudamiento crece, las inversiones gringas se multiplican y la supervisión yanqui es más grande. México, junto a Colombia y Perú son (en estos momentos en que América Latina empieza a crecer una importante oposición) los países en que sus gobernantes están dispuestos a arrodillarse esperando cualquier orden de Bush para demostrar obediencia.

2. Escribe el estadounidense James Petras, uno de los más brillantes analistas del mundo: “El mayor traficante de armas de la región es el USSOUTHCOM (Comando del Sur del Pentágono a cargo de las autoridades estadounidenses en Latinoamérica y el Caribe) y no los carteles de la droga. Los segundos mayores traficantes son los aliados militares de Washington, con el equipamiento en particular de los grupos paramilitares. Los terceros mayores traficantes son los carteles de la droga que trabajan con el ejército y la policía. Las guerrillas en Colombia carecen del armamento pesado que tienen las fuerzas armadas, no tienen ni siquiera sistemas portátiles de armas para defensa aérea. El tráfico de armas que realizan los insurgentes es una actividad mínima en comparación con la que realizan el USSOUTHCOM y sus aliados militares. Además, EEUU y el Ejército trafican con armas para proteger el orden socioeconómico existente y aterrorizar a la población, mientras que los insurgentes, sus armas livianas y sus misiles "caseros" están diseñados para derribar ese orden y defender al campesinado”.

3. En México (como en la mayoría de países del mundo) para tapar la delincuencia internacional del gobierno norteamericano, irrumpen los medios de información propagando la desinformación mediante la tergiversación de las noticias. Las más poderosas agencias periodísticas de radio y televisión, así como el cine, al servicio de las agencias estadounidenses, difunden una interpretación maniquea para engañar a la población. Estos medios mueven el pensamiento y la atención de la gente hacia donde les interesa, bloqueando la mayoría de las veces lo que es realmente importante. Por eso esconden los acuerdos que firman los EEUU con los gobiernos dependientes mientras los pueblos siguen confiando en que no hay cosas ocultas. ¿Se puede dejar de pensar acaso de que todo el programa privatizador de Felipe Calderón es un compromiso firmado por anteriores gobiernos con los EEUU y sectores privados mexicanos? Sigue leyendo

CARLOS FAZIO, LA "DEMOCRACIA" EN PIE DE GUERRA DE CALDERÓN

Carlos Fazio

La democracia en pie de guerra de Calderón

Bajo la batuta del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, el régimen derechista de Felipe Calderón viene impulsando una serie de cambios en la normatividad constitucional sobre seguridad interna, que se encaminan hacia la conformación de un Estado cliente autoritario de nuevo tipo. La más reciente acción es la contrarreforma en materia de justicia y seguridad pública, actualmente en fase parlamentaria, cuya finalidad es construir una legalidad que justifique el accionar represivo del Estado contra la disidencia política y social, acorde con los lineamientos de Washington en la materia.

Con la excusa de la “guerra” al crimen organizado y el narcotráfico, y en abierta complicidad con Estados Unidos, el calderonismo y la “clase política” conservadora están conduciendo al país hacia un Estado de excepción permanente. La imposición de leyes con implicaciones supranacionales al gusto de Washington, que suprimen de facto las distinciones entre los métodos de presión no violentos y los violentos y entre la violencia preventiva y la represiva, e identifica a priori a todos los ciudadanos como “enemigos” o “sospechosos” (ley antiterrorista, arraigos, cateos y allanamientos sin orden judicial, incomunicación de detenidos, intervención de teléfonos y correos electrónicos y otras medidas en camino), está contenida de manera subrepticia en la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) y sigue los lineamientos de la Ley Patriótica que llevó a una concentración extraordinaria de poderes en el Ejecutivo estadunidense, con impactos en los fundamentos constitucionales de las ramas judicial y legislativa y en relación con las garantías y libertades individuales.

Como parte de un proceso gradual pero persistente, la democracia en pie de guerra de Calderón no significa solamente una fachada de democracia que hace la guerra contra el pueblo (ya que la delincuencia organizada, sea lo que eso signifique, tiene lazos orgánicos con el actual sistema de dominación en México), sino una democracia concebida en función de la guerra de contrainsurgencia. Si la guerra no es actual o no se manifiesta de esa forma en todo el territorio nacional es por lo menos virtual o potencial. De allí la creciente militarización del régimen y el carácter extralegal del nuevo Estado en gestación.

En ese esquema en ciernes –y más allá de las formas seudo o extralegales que adopta el régimen con el apoyo de las elites políticas reaccionarias–, la seguridad no conoce barreras: es constitucional o anticonstitucional. Y como en la vieja doctrina de seguridad nacional, el enemigo es el enemigo interno. O de otra manera: todos aquellos que no pueden demostrar positivamente que son amigos son enemigos posibles. La finalidad primordial de la nueva constitucionalidad es muy clara: colocar la soberanía del pueblo en manos de un Poder Ejecutivo fuerte, respaldado en las fuerzas coercitivas del Estado y amparado por leyes de excepción. Con un agregado: se trata, en realidad, de un régimen surgido de un nuevo fraude de Estado, por lo tanto ilegítimo y débil, que busca legitimarse a la sombra de Washington y de la ASPAN. Es decir,subordinándose a la “dominación de espectro completo” del Pentágono y asumiendo de hecho la extraterritorialidad de Estados Unidos hasta las propias fronteras de México con Belice y Guatemala, y dejando las políticas y acciones de seguridad interna bajo los criterios del Comando Conjunto de Estados Unidos. Sigue leyendo

LUIS JAVIER GARRIDO, EL ESTADO POLICIACO

Luis Javier Garrido

El Estado policiaco

La sumisión del gobierno de facto de Calderón a los dictados de la administración de Bush, que pretende se apruebe una contrarreforma judicial que atenta contra los derechos individuales de los mexicanos, abre una nueva dimensión a las luchas sociales en México.

1. El albazo legislativo de fin de año de la alianza PRI-PAN en la Cámara de Diputados, aprobando al vapor el 12 de diciembre con el respaldo de un sector de la bancada del PRD un paquete de modificaciones constitucionales y legales en materia de justicia y de seguridad pública con el pretexto de crear las condiciones para luchar mejor contra “el narcotráfico y el crimen organizado”, constituye un serio retroceso institucional en la vida del país, pues al conferir a funcionarios del gobierno federal facultades inadmisibles en un régimen de derecho y cancelar derechos individuales fundamentales se sientan, en efecto, las bases para crear en México un Estado policiaco.

2. La aprobación de estos cambios aberrantes al marco constitucional del país por el Senado y las legislaturas locales (necesaria para que proceda una reforma de la Constitución) terminaría con el régimen de derecho en México, pues, por un lado, a) daría a los funcionarios federales atribuciones propias de un régimen dictatorial o de excepción, al permitirles allanar y catear domicilios sin mandato judicial y llevar a cabo detenciones sin orden de aprehensión y, por el otro, b) cancelaría una garantía fundamental, la de seguridad jurídica, que establece la inviolabilidad del domicilio y de la persona si no media un mandamiento escrito, conforme al artículo 16 constitucional.

3. La bárbara decisión de los diputados, que no puede entenderse más que como un acto de irresponsabilidad o de sumisión a las pretensiones delirantes del gobierno de George W. Bush, pretende cancelar derechos que constituyen conquistas históricas de la humanidad, y que se han consagrado desde la Carta Magna inglesa del rey Juan, de 1215, hasta innumerables tratados, convenios y pactos internacionales suscritos por México.

4. La contrarreforma que ahora se busca imponer de improviso se había venido fraguando desde buen tiempo atrás con el argumento de que en virtud del NAFTA o TLC de América del Norte de 1993 era necesario homologar el derecho mexicano al estadunidense, a pesar de sus orígenes históricos distintos (de ahí la pretensión de sustituir los procesos escritos por los orales), pero fue reformulada en términos políticos más drásticos al subordinarse los gobiernos de Fox y de Calderón a la llamada Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), de la cual el Plan México o Iniciativa Mérida es una de sus vertientes, por lo que de llegar a aprobarse por el poder constituyente permanente sería un paso adelante en la integración de México a Estados Unidos.

5. El Plan México, que supone el dominio por parte de empresas trasnacionales de recursos básicos de nuestro país, y en particular de los energéticos, y el control permanente de agencias estadunidenses del territorio mexicano con el argumento de que Estados Unidos se encuentra en guerra contra el terrorismo internacional, requiere, en la visión totalitaria de los republicanos estadunidenses, un control absoluto de las fronteras, los puertos, el espacio aéreo y el mar territorial de México, pero también de las personas; de ahí la pretensión de instaurar aquí mecanismos de control como los que de hecho mantienen en sus dos guerras en Asia: tanto en Afganistán como en Irak. Sigue leyendo

CARLOS FAZIO - DE NEOPOLKOS Y COLABORACIONISTAS

Carlos Fazio

De neopolkos y colaboracionistas

La víspera de su viaje a México en marzo pasado, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, insistió en que Felipe Calderón debía “abrir el sector energético” a la inversión privada. En particular se refirió a la expansión de la producción petrolera en aguas profundas del Golfo de México, que, dijo, requiere una millonaria inversión de capital. Junto con la “seguridad”, el proceso de desmantelamiento hormiga y la privatización de facto del complejo petroeléctrico paraestatal: Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad y Compañía de Luz y Fuerza del Centro –que sigue los parámetros delineados por el Banco Mundial, impulsados por el dúo Bush-Cheney en beneficio de las compañías multinacionales del ramo con casa matriz en Estados Unidos–, son los dos puntos claves de la agenda mexicana de Washington, que se inscriben en la construcción de Norteamérica como nuevo espacio geopolítico y económico para la competencia interimperialista con la Comunidad Europea y el bloque Asia-Pacífico.

Seguridad y energía son los dos puntos nodales de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), iniciativa bloquista de viejo cuño colonial firmada en Texas en 2005 y dirigida a afianzar y consolidar la integración silenciosa y subordinada de Canadá y México a la nación imperial. El antecedente más cercano de la ASPAN –o TLC militarizado– está contenido en el documento Estrategia de seguridad nacional, presentado por Bush en la Casa Blanca el 20 de septiembre de 2002.

Allí, junto a viejos planteos que remiten a conceptos militaristas como guerra relámpago (Blitzkrieg) y otras nociones geopolíticas con reminiscencias hitlerianas tales como “espacio vital” y la política de gran área en el hemisferio occidental, Bush señaló: “Debe mejorar la seguridad energética (de Estados Unidos). Fortaleceremos nuestra propia seguridad energética y la prosperidad compartida de la economía mundial colaborando con nuestros aliados, socios comerciales y productores de energía”. Desde entonces, la “liberalización” de las tres paraestatales de la energía (Pemex, CFE y CLFC), antiguo objetivo de Washington, entró en una nueva fase de presiones y es el mandato, en clave de dependencia, que le endosó Vicente Fox a Calderón. Leer más