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marzo 22, 2010

Astillero: Licencia para matar

Astillero

  • Licencia para matar
  • Niños y jóvenes
  • Denuncias "anónimas"
  • Cabañas voló

Julio Hernández López


El señor de las disculpas cree que su cártel de gobierno puede seguir adelante en la matanza nacional como si nada, apenas interrumpido brevemente el sonar de las armas por las mediáticas disculpas cínicas que expresan supuesta congoja por ciertas bajas notables que ponen de relieve los métodos de agravio y exterminio que se practican diariamente en todo el país.

El calderonismo considera que puede abatir la esperanza nacional de cambios y mejoría si continúa asesinando a lo mejor de una nación (los niños ABC, los jóvenes de Juárez y, ahora, los estudiantes del Tec, por citar unos pocos ejemplos notables) y si sigue demostrando a todos que ese terrorismo de Estado puede seguir adelante sin castigos verdaderos, sometido todo a la falsa lógica apabullante de una guerra contra el mercadeo de drogas que, entre otras cosas, ha generado en 2009 un demostrado crecimiento de la producción nacional de narcóticos y de las ganancias de sus operadores ilegales, sobre todo aquellos que son los institucionalmente consolidados como empresarios favoritos de los dos sexenios panistas.


Felipe Calderón ha otorgado en todo el país una licencia sin restricciones a los cuerpos armados federales para que, instalados así en un virtual estado de excepción, puedan actuar por encima y a contrapelo de la legalidad, realizando cateos, detenciones e incluso asesinatos a partir de consi- deraciones subjetivas, errores previsibles y figuras procesales primitivas, propias de regímenes dictatoriales, como las denuncias anónimas que se han constituido en falaz recurso de justificación de arbitrarias acciones policiacas y militares que están provocando bajas civiles constantes que, salvo en ocasiones de especial relevancia (como está sucediendo con el caso de los dos jóvenes estudiantes de posgrado del Tec de Monterrey), suelen ser atribuidas sin mayor valoración judicial a enfrentamientos entre narcotraficantes, ajustes de cuentas entre pandillas o, como quiso justificar ayer el devaluado secretario de Gobernación, a la desgracia de quedar en el fuego cruzado entre presuntos narcos y militares.


El comandante Felipe ha desatado una facciosa guerra macabra únicamente contra ciertos segmentos de la parte social no ejecutiva del proceso de creación de riqueza nacional llamado narcotráfico (ni quien toque con el pétalo de un disparo siquiera discursivo a los cárteles de cuello blanco, a empresarios y banqueros que disfrutan las ganancias del negocio cuyas infanterías diariamente son acribilladas). Y en ese proceso de criminalización ha convertido a todo habitante de este país en pieza de indagación ríspida a cargo del nuevo poder dominante, el de las armas y, dado el caso, de violencia sin límites ni contrapeso alguno: cualquiera puede ser (ya lo es, ya ha sido) maltratado de palabra en retenes inconstitucionales, sometido a revisiones excesivas y sin sustento, golpeado y posiblemente herido o asesinado por no obedecer, parcial o totalmente, supuestas órdenes o consideraciones que provienen de mandos cuya visión clasifica de inmediato a todo individuo ajeno a sus corporaciones como un eventual enemigo al que en la primera oportunidad se debe deshabilitar y, llegadas las circunstancias, eliminar.
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