La intervención

La intervención

Luis Javier Garrido

El gobierno panista de Felipe Calderón ha llegado a una plena abdicación y demanda lo mismo al Pentágono que intervenga en México para garantizar la seguridad pública que a las empresas multinacionales exploten el petróleo mexicano para recuperar la producción.

1. La noticia de que el presidente de facto Felipe Calderón pidió al gobierno de Barack Obama la intervención en territorio de México del ejército estadunidense para supuestamente ayudarle a “luchar contra el narco”, en abierta violación a la Constitución y en un acto de franca traición a la patria, y que fue divulgada en una pretendida indiscreción por Janet Napolitano (secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos) en el curso de una entrevista radial en el programa All Things Considered de la National Public Radio, el 24 de marzo (Proceso, número 743, 28/3/10) es de una gravedad sin precedentes en el México contemporáneo.

2. El Congreso de la Unión, que formalmente sigue siendo la representación de la nación, quedó una vez más en entredicho por la petición hecha a Washington por el Ejecutivo espurio, que constituye una afrenta para todos los mexicanos, y si los legisladores ahora aprovecharon las vacaciones de la Semana Santa (a las que se fueron con bonos vacacionales y de transportes que en los últimos seis meses equivalen ya a 100 millones de pesos) para simular que desconocen la gravedad de la situación, a su regreso no podrán no darse por enterados, pues ello equivaldría a una burla a la Constitución y a la nación, por lo que tendrán que actuar, y en serio, dejándose de pronunciamientos baladíes, pues de lo contrario incidirán en la gravísima crisis que se ha abierto por las acciones militares de Calderón tendientes a fortalecer un escenario de desastre que propicie mayor intervención de Washington.

3. La demanda expresada por Calderón al presidente estadunidense constituye desde el plano político no nada más una imbecilidad que lo relega al papel de comparsa de los halcones del Pentágono, comprometiendo a la clase política en su conjunto, sino que es, desde el plano constitucional, una felonía que configura el delito de traición a la patria tipificado en el Código Penal Federal, cuya comisión, de acuerdo con el segundo párrafo del 108 constitucional, constituye una de las dos gravísimas causales por las que el titular del Ejecutivo puede durante el tiempo de su encargo ser acusado, destituido y procesado conforme a las leyes penales mexicanas, todavía en vigor. →→Sigue leyendo