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Ante el cerco informativo, cada uno de nosotros será un medio de información. Ante el engaño y la manipulación nos haremos cargo de abrirle paso a la verdad.






enero 31, 2012

Business are business


Luis Javier Garrido
L
a llamada guerra contra el narcotráfico es, además de todo, un estupendo negocio para una serie de corporaciones afines a los demócratas estadunidenses, pero también para múltiples hombres de negocios vinculados al gobierno de Felipe Calderón, por lo que desde esa perspectiva, extremar la violencia resulta benéfico para los negocios.
1. El presidente estadunidense Richard M. Nixon acuñó el término de guerra contra las drogas, no debe olvidarse, en un discurso pronunciado el 17 de julio de 1971, en el que pretendió estar preocupado por el incremento del consumo de enervantes entre los soldados en Vietnam, cuando en realidad lo que buscaba era aprovechar la alarma que estaba creando al afirmar que las adicciones habían asumido la dimensión de una emergencia nacional para solicitar importantes recursos al Congreso a fin, entre otras cosas, de ir creando nuevos negocios en torno de esa supuesta lucha contra el narcotráfico.
2. La noción de guerra contra las drogas encubrió, por consiguiente, desde sus orígenes, además de una serie de objetivos políticos, estratégicos y militares de una potencia imperial, muy claros intereses económicos, tanto del Estado, que pudo disponer cada vez más de fondos excepcionales votados en la colina del Capitolio, como de una serie de consorcios empresariales asociados a esos intereses. Los expertos en la política de Washington sobre las drogas coinciden en que aun después de esa algarada de Nixon, nada cambió en las orientaciones generales de la política estadunidense, que siguió rigiéndose por la ley de 1970 sobre la prevención de las drogas, que no era otra cosa que una secuela de la ley Harrison de 1914 sobre narcóticos. Y nada cambió, ni siquiera al ser elevada dicha guerra al rango de ley el 28 de enero de 1972. Lo único nuevo desde entonces fue que los negocios florecieron aún más.
3. Las políticas de Washington en materia de drogas se han sustentado por consiguiente en los últimos años en esa doble vertiente contradictoria. Ha llevado a cabo Estados Unidos por un lado una campaña permanente pretendiendo combatirlas y brindar ayuda a otros países para supuestamente desalentar y reducir su producción, lo que ha entrañado incluso su intervención militar. Y, por el otro, ha tendido invariablemente a preservar el narcotráfico como un gran negocio, reordenado y dirigido desde Washington, el que ha beneficiado incluso, desde su lado ilegal, a políticos del más alto rango, y que desde su lado legal ha permitido al Estado mayores recursos y a múltiples empresas desarrollar una serie de negocios legales.
4. Las políticas del gobierno de Barack Obama en la materia han seguido escrupulosamente el esquema nixoniano, y cada vez que ha estado en algún problema político ha invocado a los cárteles mexicanos como una amenaza dedimensión nacional, para solicitarle recursos frescos al Congreso, sin dejar por lo mismo de apoyar a las multinacionales que están haciendo negocios multimillonarios con la guerra contra el narcotráfico. La debilidad del gobernante espurio mexicano Felipe Calderón le permitió a Washington en 2006 extremar su esquema de dominación sobre México pero también ampliar su red de negocios.
5. La guerra contra las drogas de Obama en México ha significado enormes negocios para una serie de empresas vinculadas a los intereses de los demócratas estadunidenses. En un reciente reportaje, Jorge Carrasco Araizaga da cuenta de cómo tanto las empresas privadas asociadas a la industria militar estadunidense como otras nuevas han obtenido millonarios contratos de Washington para proveer de equipamiento y material bélico y de otro tipo tanto a México como a Estados Unidos (Proceso, 2012), lo que se ha fortalecido por la presencia en territorio mexicano de las agencias del gobierno estadunidense, que Calderón ha autorizado operen aquí, y que se hallan bajo la coordinación del contralmirante Colin J. Kilrain, experto también en negocios.
6. Las políticas bélicas de Calderón han beneficiado enormemente a las trasnacionales, pero no sólo a éstas. El Pentágono ha obtenido mayores recursos del Congreso gracias a su intervención en México y en octubre de 2012 pidió otros mil 200 millones de dólares para operar en territorio mexicano, y los contratos de las empresas privadas no dejan de crecer. La Iniciativa Mérida implicó en sus inicios un paquete de ayuda de mil 400 millones de dólares, y ya para 2008, las empresas estadunidenses habían alcanzado contratos por 64 mil millones de dólares.
7. El aspecto más grave de estas políticas de guerra y negocios no lo constituye sólo el hecho de que se trata de un gasto descomunal creciente el que se ejerce para la destrucción en nuestro país, sino que es ya también este un negocio que beneficia a empresarios mexicanos coludidos con Calderón, en un escenario en el que México está maquilando material bélico estadunidense (cosa que se le olvidó a éste presumir en Davos), lo que es abiertamente contrario a la Constitución. Conforme al citado reportaje, el año pasado la empresa Aero Company, de Indianapolis, recibió más de 12 millones de dólares para fabricar tapones de armas de combate en San Luis Potosí, JDS Uniphase obtuvo contratos de la Marina estadunidense por 6 y 12 millones de dólares tanto para manufacturar sofisticados equipos bélicos como para elaborar sistemas de pruebas de armas en su planta de Guadalajara, y la Lockheed Martin, de Orlando, se consiguió 145 millones de dólares para elaborar sistemas de vehículos militares en Tijuana.
8. Las políticas de migración estadunidense amparan también enormes negocios, desde la construcción del muro fronterizo hasta los centros de detención que se construyen a lo largo de la frontera. ¿Por qué la “guerra contra el narco” no debería serlo? Por esa y otras razones, Calderón se aterró cuando Gil Kerlikowske, director de la Oficina de Control de Políticas sobre la Droga (ONDCP), declaró el 13 de mayo de 2009 que la administración Obama no utilizaría más el concepto deguerra contra las drogas por ser contraproducente, y tras negar haberlo él jamás usado ha buscado implementar desde entonces sus políticas de terror por otros medios.
9. El gasto descomunal de las políticas antidrogas no ha servido para terminar con un negocio que está más que nunca en auge –pues en el fondo sólo se ha buscado reordenarlo–, sino para sembrar un clima de violencia y terror en un país y matar a decenas de miles de mexicanos, pero también para impulsar una serie de negocios ilegales en los que están involucrados políticos y empresarios de ambos lados de la frontera, por lo que desmantelar todas esas redes de intereses espurios va a ser una tarea muy complicada en el futuro.
10. Esa confusión de intereses públicos y privados que asfixia a un pueblo que clama ¡Ya basta! debe ser, por ello, evidenciada más abiertamente si se quiere construir un país diferente.

enero 18, 2012

Carta de AMLO al IFE

Carta del precandidato presidencial Andrés Manuel López al Instituto Federal Electoral (IFE)

México, Distrito Federal
Miércoles 18 de enero de 201


DR. LEONARDO VALDÉS ZURITA
CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL IFE
CONSEJEROS ELECTORALES
SECRETARIO EJECUTIVO
PRESENTES

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, en mi carácter de precandidato de la coalición Movimiento Progresista a la Presidencia de la República, con domicilio ubicado en San Luis Potosí 64 esquina Córdoba, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, código postal 06700, comparezco ante Ustedes, con fundamento en el artículo 8 de la Constitución y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a fin de solicitarles la interpretación conforme que ordena el segundo párrafo del artículo 1 de la Constitución al artículo 70 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y demás disposiciones legales secundarias electorales relativas a la organización de debates entre candidatos presidenciales y a la manera de orientar las reglas secundarias en materia de radio y televisión para promover los principios y procedimientos democráticos, la libertad de expresión y el derecho a la información de todas las personas, primordialmente de los ciudadanos. Autorizo al C. Jaime Fernando Cárdenas Gracia, con cédula de profesiones número 1624092 para oír y recibir notificaciones en relación con esta solicitud.

La finalidad de esta petición consiste en que el Consejo General del Instituto Federal Electoral determine la celebración de doce debates temáticos entre los candidatos presidenciales durante el período de campaña, uno por semana, sobre los asuntos que interesan a la ciudadanía. Nosotros proponemos que los primeros cuatro debates versen sobre los temas: 1) cuál es la propuesta de los candidatos presidenciales para enfrentar y resolver el problema del desempleo; 2) qué proponen los candidatos presidenciales para atender y resolver los problemas de inseguridad y violencia del país; 3) cómo proponen los candidatos presidenciales combatir la corrupción; y, 4) cuál es la propuesta de los candidatos presidenciales para abatir el rezago educativo de México.

Asimismo los ocho temas restantes pueden surgir de las propuestas de los candidatos en materia de política económica, rescate al campo, petróleo y electricidad, ciencia y tecnología, infraestructura y comunicación, política fiscal, monopolios, democracia, legalidad, desarrollo urbano y vivienda, salud y seguridad social, indígenas, migrantes, jóvenes, mujeres, adultos mayores, derechos humanos, medio ambiente, deporte, cultura, política exterior, entre otros.

Considero que la realización de los doce debates es fundamental para que: la ciudadanía conozca las propuestas de los respectivos candidatos presidenciales; se generen condiciones de mayor equidad en la contienda; se confronten las ideas y las propuestas de los candidatos en ámbitos de mayor equidad; se promueva la libre discusión pública de los asuntos nacionales; se garanticen pro persona los derechos a la libertad de expresión, de información y, políticos de los ciudadanos; y, así, los ciudadanos, puedan emitir, el día de la jornada electoral, un voto libre y razonado.

Pido formalmente que el Consejo General del Instituto Federal Electoral resuelva esta solicitud con suficiente tiempo –desde luego, mucho antes del inicio de las campañas- con la finalidad, de que el órgano electoral federal maximice los derechos fundamentales de los ciudadanos, los candidatos organicen adecuadamente sus agendas de campaña y, el IFE brinde condiciones de mayor equidad y certeza al proceso electoral.

Propongo que se suspendan para los candidatos presidenciales los spots de radio y televisión para transmitir en su lugar debates. Lo trascendente para los ciudadanos en este proceso electoral federal en curso y, para nuestro país, es la discusión pública de los asuntos nacionales que interesan a la gente.

Para justificar y respaldar esta solicitud respetuosa, realizo a continuación las siguientes consideraciones jurídicas:

La base III del artículo 41 de la Constitución en sus apartados A y B nos proporciona principios constitucionales que debemos atender en materia de radio y televisión. Entre ellos destaco el previsto en el último párrafo del apartado B de la citada base III del artículo 41 de la Constitución que dispone: “Cuando a juicio del Instituto Federal Electoral el tiempo total en radio y televisión a que se refieren este apartado y el anterior fuese insuficiente para sus propios fines o los de otras autoridades electorales, determinará lo conducente para cubrir el tiempo faltante, conforme a las facultades que la ley le confiera”.

La norma constitucional que obligó a legislador a desarrollar el anterior principio se repite pero no se precisa ni regula en la legislación secundaria. A este respecto, el artículo 73 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, exclusivamente y tal como lo establece la norma constitucional, faculta al IFE para que determine lo conducente para cubrir el tiempo faltante en radio y televisión a fin de satisfacer los fines del Instituto y, los de otras autoridades electorales.

Entre los fines del Instituto Federal Electoral, según el artículo 105 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, están: contribuir al desarrollo de la vida democrática (de hecho es el primer fin del Instituto); preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos; asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones; velar por la autenticidad del sufragio; llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática; y, fungir como autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a los objetivos del Instituto, de otras autoridades electorales y, de los partidos.

Los anteriores fines son compatibles jurídicamente con la competencia o facultad a cargo de la autoridad electoral para ampliar el número de debates entre candidatos presidenciales y, con la realización de los mismos, bajo criterios de calidad, respeto y garantía de los derechos fundamentales de expresión e información a favor de los ciudadanos. Los fines del IFE, obligan a la autoridad electoral a promover la democracia mediante la discusión pública, política y electoral, entre partidos y candidatos, de los grandes problemas nacionales de cara y frente a la sociedad.

En materia de debates entre candidatos presidenciales, el artículo 70 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece importantísimas reglas que estimo son acordes y atinentes con mi petición. Resaltó las siguientes:

El párrafo cuarto de ese artículo nos indica que las estaciones y canales que decidan transmitir, en vivo, los debates presidenciales, quedan autorizados a suspender, durante el tiempo correspondiente, la transmisión de mensajes que correspondan a los partidos y a las autoridades electorales. Es decir, es dable jurídicamente suspender spots de partidos, del IFE y, otras autoridades electorales, para transmitir debates entre candidatos.

El párrafo tercero de la norma en cuestión, además de establecer que los debates se transmitirán en vivo y, que el Instituto dispondrá lo necesario para la producción técnica y difusión de los debates, nos señala que el Instituto realizará las gestiones necesarias a fin de propiciar la transmisión de debates en el mayor número de estaciones y canales. La finalidad de la norma es obvia, y consiste, en que el mayor número de ciudadanos tenga acceso en vivo a los debates entre candidatos presidenciales.

El párrafo segundo del artículo 70 del Código, faculta al Consejo General del IFE a determinar lo necesario –previa opinión de los partidos respecto al día y la hora- para realizar los debates entre los candidatos presidenciales. La regla pone en evidencia las amplias competencias del Consejo General del IFE en la materia.

Finalmente, respecto al artículo 70 del COFIPE que nos indica que con motivo de las campañas para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el Instituto coordinará la realización de dos debates, conforme a lo que determine el Consejo General, expreso que la norma puede ser interpretada, en cuanto a sus alcances jurídicos, al menos de dos maneras. En un sentido restrictivo y limitativo que presuma que sólo pueden existir dos debates entre candidatos presidenciales y, en un sentido amplio, en el que el significado de la norma sea, el que al menos deben ser dos los debates, pero que podrían realizarse más.

Estimo que la interpretación correcta, tanto gramatical y sistemática como funcionalmente, es la amplia y garantista con los derechos fundamentales, por las siguientes razones:

Gramaticalmente, el párrafo 1 del artículo 70 del COFIPE, nunca señala limitativamente que sólo serán dos debates. La norma dice que el Instituto coordinará la realización de dos debates, pero no estatuye que sólo sean dos. Es más, la parte final del párrafo alude a que la realización de los debates será conforme a lo que determine el Consejo General. El párrafo segundo del artículo comienza estableciendo que los debates serán realizados el día y hora que determine el Consejo General, escuchando previamente la opinión de los partidos y, en la segunda parte de ese párrafo, se indica para el supuesto de falta de acuerdo entre los partidos y la autoridad electoral, una temporalidad expresa. Sin embargo, jamás dichos párrafos incorporan expresiones limitativas como: “sólo dos debates”, “exclusivamente dos debates”, “no podrá haber más de dos debates”, etcétera. Gramaticalmente, lo que la norma da a entender es que al menos habrá dos debates.

Sistemáticamente, nuestra interpretación también está respaldada por múltiples disposiciones constitucionales, convencionales y legales.

Constitucionalmente mencionamos algunas normas. El artículo 3 de la Carta Magna define a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. El artículo 6 de la Constitución establece, entre otros, los principios y derechos fundamentales de: libertad de expresión, máxima publicidad y, la garantía estatal del derecho a la información de los ciudadanos. El artículo 39 de la Constitución indica que la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo y que los poderes públicos dimanan del pueblo y se instituyen para beneficio de éste. El artículo 40 de la Constitución recoge el principio democrático como uno de los que constituye a la República. El artículo 41 de la Carta Magna dice que los partidos políticos tienen como fin básico promover la participación del pueblo en la vida democrática. El mismo artículo 41 constitucional confiere al IFE la facultad de determinar lo conducente para cubrir el tiempo faltante de radio y televisión para cumplir sus fines.

Convencionalmente, los artículos 13 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, garantizan y promueven la libertad de expresión, información y derechos políticos de los ciudadanos. Así, el primer párrafo del artículo 13 del citado instrumento internacional, indica que las libertades de expresión y pensamiento comprenden la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. El artículo 23 de la citada Convención garantiza el derecho para que todos los ciudadanos participen en la dirección de los asuntos públicos y de votar en elecciones en donde se garantice la libertad de expresión. Los artículos 1, 2, 29 y 30 de la misma Convención establecen la obligación de los Estados parte de cumplir con los derechos fundamentales y de maximizarlos a favor siempre de las personas y de la libertad.

Legalmente, los fines previstos por el artículo 105 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales obligan al IFE a realizarlos en la mayor medida posible para garantizar los derechos fundamentales de carácter político de los ciudadanos. Y como se señaló, los párrafos cuarto y tercero del artículo 70 del COFIPE, permiten la suspensión de spots para trasmitir debates, y orientan a las autoridades electorales para que en los debates entre candidatos presidenciales el mayor número de ciudadanos tenga acceso a ellos.

Sistemáticamente, el ordenamiento jurídico está construido para promover y ampliar los derechos fundamentales de las personas y de los ciudadanos y, para maximizar los principios y procedimientos democráticos, en primer lugar, como una forma de vida y fundamento de las instituciones del Estado y, posteriormente, como una forma de gobierno. De esta suerte la interpretación correcta al primer párrafo del artículo 70 del COFIPE, debe ser, la que amplíe los debates y la participación de los ciudadanos y no, la interpretación restrictiva que limita y empobrece los derechos fundamentales y los principios democráticos que sustentan nuestro orden jurídico.

Funcional y teleológicamente, la finalidad de la norma legal que reglamenta los debates –el artículo 70 del COFIPE, está orientada por los valores jurídicos de la Constitución y los tratados que ha ratificado el Estado Mexicano. Ello implica necesariamente promover los derechos fundamentales de las personas y la democracia a través de la garantía necesaria de las libertades de expresión, información y discusión de los asuntos públicos. Como bien lo establece el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no puede haber elecciones democráticas sin libertad de expresión. En ese sentido, los debates entre candidatos presidenciales deben ser promovidos en cantidad y calidad, pues es más constitucional y convencional, escoger la interpretación amplia y maximizadora del primer párrafo del artículo 70 del COFIPE que la restrictiva.

Agrego para fundamentar mi petición adicionalmente a lo expuesto, que a partir de la reforma constitucional sobre derechos humanos publicada el 10 de junio de 2011 en el Diario Oficial de la Federación –principalmente el párrafo segundo del artículo 1 de la Carta Magna- y, con apoyo también, en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictada en el expediente Varios 912/2010 (caso Rosendo Radilla Pacheco, su engrose fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 4 de octubre de 2011) que delimitó el contenido del control de convencionalidad en nuestro país, admitió el control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad y, reconoció que éste debía ejercerse de oficio ; que es obligatorio y no potestativo para ese Consejo General, interpretar el primer párrafo del artículo 70 de Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la luz de los principios pro homine y favor libertatis. Lo señalado entraña para el Instituto Federal Electoral, maximizar para los ciudadanos el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información y, sus derechos políticos previstos en diversas disposiciones de la Constitución (artículos 1, 13, 6, 35, 39, 40 y 41, entre otros) y en los artículos 1,2,13, 23, 29 y 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que es parte de nuestro ordenamiento jurídico, según lo dispone el artículo 133 de la Carta Magna.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso Rosendo Radilla, indicó tres niveles para el control de convencionalidad que son: 1. Los jueces del Poder Judicial de la Federación, al conocer de controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y de amparo, pueden declarar en los supuestos que determina el ordenamiento la invalidez de las normas que contravengan la Constitución y/o los tratados que reconozcan derechos humanos; 2. Los demás jueces del país, en los asuntos de su competencia, podrán desaplicar las normas que infrinjan la Constitución y/o tratados que reconozcan derechos humanos, sólo para efectos del caso concreto y sin hacer una declaración de invalidez de las disposiciones; y, 3. Las demás autoridades del país que no ejerzan funciones jurisdiccionales deben interpretar los derechos humanos de la manera que más los favorezca, sin que estén facultadas para declarar la invalidez de las normas o para desaplicarlas en casos concretos.

El control de convencionalidad no implica para el IFE optar por aplicar la normativa o jurisprudencia convencional y dejar de aplicar la nacional, sino que busca en principio, armonizar el ordenamiento jurídico interno con el convencional a través de una interpretación “convencional” de la norma nacional, una interpretación conforme, tal como lo ordena el párrafo segundo del artículo 1 de la Constitución, en donde se debe atender a lo previsto en la Constitución, los tratados, las leyes y demás ordenamientos, para lograr la mayor efectividad del derecho humano o libertad de que se trate, con los mayores alcances posibles en términos de los principio pro homine y favor libertatis . La obligación del control de convencionalidad para el IFE, no está sujeta a que las partes en un proceso o procedimiento lo soliciten, ese control debe ejercerse por las autoridades nacionales, con independencia de que las partes lo invoquen. Es un control no sólo difuso –a cargo de diversas autoridades- sino un control de oficio, en donde la autoridad electoral debe tener una participación proactiva aunque no haya instancia de parte, pues en este control prevalece el principio iura novit curia.

El Instituto Federal Electoral está obligado a promover y ampliar la garantía de los derechos a la información, a la libertad de expresión y, los derechos políticos, porque sus fines así lo señalan y, la democracia que debe tutelar no es concebible sin debates constantes y abiertos entre los candidatos, en donde la disidencia tenga pleno derecho a manifestarse. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que: “…la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también conditio sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general, quienes pueden influir sobre la colectividad, puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no esté bien informada no es plenamente libre.” El mismo principio lo indica el artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana de 11 de septiembre de 2001.

Los informes de los relatores de la ONU y la OEA en materia de libertad de expresión muestran su preocupación sobre nuestro país en cuanto a las deficiencias y limitaciones del debate democrático. Frank La Rue, Relator Especial para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión de la ONU, en su informe sobre nuestro país de 19 de mayo de 2011, manifestó en relación con la libertad, pluralismo y la diversidad en el debate democrático de México, que las instituciones del Estado debían adoptar medidas urgentes para generar un espacio mediático plural y accesible a todos los sectores de la población. Por su parte, la Dra. Catalina Botero, Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, en su informe final hecho público el día 7 de marzo de 2011, de manera aún más pormenorizada se ocupa del estado deficiente de la libertad de expresión en México y, en las recomendaciones finales de su documento, pide al Estado mexicano realizar cambios institucionales para garantizar la salvaguarda de la libertad de expresión y del pluralismo democrático.

Las consideraciones y fundamentos jurídicos que he vertido en este escrito me llevan a la conclusión que la interpretación correcta del artículo 70 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales es la que amplía y maximiza su realización. Por ello, atentamente pido al Consejo General lo siguiente:

Primero. Se realice una interpretación conforme, de carácter constitucional, convencional y legal, del artículo 70 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Segundo. Se brinde respuesta a mi petición en breve tiempo para que el órgano electoral federal maximice los derechos fundamentales de los ciudadanos, los candidatos organicen adecuadamente sus agendas de campaña y, la autoridad comicial brinde condiciones de mayor equidad y certeza al proceso electoral.

Tercero. Se autorice la celebración de doce debates temáticos entre los candidatos presidenciales durante el período de campaña, uno por semana, sobre los asuntos que interesan a la ciudadanía. Nosotros proponemos que los primeros cuatro debates versen sobre los temas: 1) cuál es la propuesta de los candidatos presidenciales para enfrentar y resolver el problema del desempleo; 2) qué proponen los candidatos presidenciales para atender y resolver los problemas de inseguridad y violencia del país; 3) cómo proponen los candidatos presidenciales combatir la corrupción; y, 4) cuál es la propuesta de los candidatos presidenciales para abatir el rezago educativo de México. Asimismo los ocho temas restantes pueden surgir de las propuestas de los candidatos en materia de política económica, rescate al campo, petróleo y electricidad, ciencia y tecnología, infraestructura y comunicación, política fiscal, monopolios, democracia, legalidad, desarrollo urbano y vivienda, salud y seguridad social, indígenas, migrantes, jóvenes, mujeres, adultos mayores, derechos humanos, medio ambiente, deporte, cultura, política exterior, entre otros.

Cuarto. A fin de que exista tiempo del Estado para transmitir los debates entre los candidatos presidenciales, se suspendan para dichos candidatos, los spots de radio y televisión.

Atentamente

Andrés Manuel López Obrador


c.c.p. Josefina Vázquez Mota, Precandidata a la Presidencia de la República por el PAN
Santiago Creel Miranda, Precandidato a la Presidencia de la República por el PAN
Ernesto Cordero Arroyo, Precandidato a la Presidencia de la República por el PAN
Enrique Peña Nieto, Precandidato a la Presidencia de la República por la Alianza Compromiso
por México

Video: Mensaje AMLO 16 de enero de 2012


Video: Peña Nieto ¿¡Presidente!? (sus "errores") ...#SoyProle


enero 11, 2012

Sobre guerra y verdad


Sobre guerra y verdad

Carlos Fazio

Hace tiempo que la realidad nacional está invadida por la guerra. Y aunque está ocurriendo ahora, la dimensión alcanzada por la "guerra" de Felipe Calderón requiere la búsqueda de la razón histórica. La búsqueda de la verdad. Como dice Horst Kurnitzky, vivimos en la época de una "contra-Aufklärung". Una "contra-ilustración" que no sólo involucra a una doctrina económica dirigida por una supuesta mano invisible y sus correspondientes formas de gobierno, sino también a unos medios masivos de comunicación que operan como monopolios de la contra-Aufklärung, y que con las formas y los métodos de la propaganda comercial conducen los sentimientos y las emociones y determinan todas las relaciones sociales.

Recuerda Jean Robert que Michel Foucault exhortaba a sus auditorios a "pensar lo impensable". Y pensar lo impensable significa romper las seguridades mentales engendradas por el discurso del orden. Supone, por ejemplo, pensar la "guerra" de Calderón como negocio. Como una guerra capitalista por territorios y recursos geoestratégicos que implica, entre otras cosas, destrucción y reconstrucción. La destrucción del tejido social y de la identidad colectiva de la nación, y un nuevo reordenamiento poblacional de facto sobre el territorio conquistado. En su dimensión internacional, el eje destrucción/reconstrucción (o "la guerra arriba y la muerte abajo" diría el sub Marcos) forma parte del nuevo reordenamiento geopolítico en curso (Colombia, Afganistán, Irak, Libia) y un negocio redondo para el complejo militar-industrial-energético estadunidense.

Tiene razón Robert cuando afirma que "la verdad ya no tiene dueño ni el poder lugar legítimo". Que el Estado no puede cometer delitos para combatir el delito es una verdad de Perogrullo. Peor aún, cuando una práctica extendida del sexenio es que en lugar de capturar y juzgar a los delincuentes, se les mata. Según el ex ombudsman capitalino Emilio Álvarez Icaza, "cuando la Marina interviene no hay heridos ni detenidos, sólo muertos". Dice que el Ejército también ha tenido esa práctica. Si el Estado emula a las organizaciones criminales, ¿cómo puede seguir legitimando su violencia? Máxime, si la violencia homicida estatal contra civiles inocentes, niños incluidos, es encubierta, farisaicamente, como "daños colaterales".

Instalado en el discurso del miedo –que como arma mediática legitimadora del accionar oficial utiliza un lenguaje maniqueo que enfrenta a los malos criminales con las fuerzas del Estado bueno–, Calderón ha permitido y fomentado la burocratización de la tortura, la desaparición forzada y los homicidios dolosos extrajudiciales. Al convertir a las víctimas en simples números estadísticos sin nombres, sin historia ni circunstancia de muerte y mucho menos investigaciones, el gobierno volvió anónimas las ejecuciones sumarias, y al negar la desaparición de personas por agentes estatales y el uso de la tortura como mecanismo sistemático para arrancar y/o fabricar confesiones, "normalizó" la barbarie.

No es un problema de percepción. La realidad ha sido encubierta, en parte, mediante campañas de intoxicación (des)informativa. Los llamados de Calderón a la ciudadanía a "plantar cara al enemigo" y "batirse en combate en nombre de México desde todas las trincheras" (seas militar o no), son el sustrato de una retórica ideológica seudonacionalista que intenta la manipulación colectiva. Como elementos de control social, la manufacturación de enemigos fantasmales y la exhibición de la violencia caótica en los medios buscan evadir y ocultar la responsabilidad estatal en flagrantes violaciones a los derechos humanos.

El país vive una catástrofe humanitaria. Esa crisis humanitaria ha colocado a México ante una emergencia nacional. Negarlo es vivir fuera de la realidad. La "línea dura" adoptada por Calderón en su cruzada contra la criminalidad ha llevado la violencia a niveles "más altos que en muchas zonas de guerra" (Declaración de Ginebra, La Jornada, 28/10/2011). La responsabilidad política de la militarización de la seguridad pública (tarea preventiva de esencia policial), recae sobre el titular del Ejecutivo.

En cuanto a métodos, es bien conocida la relación simbiótica entre los cuerpos policiales y la delincuencia. Y parafraseando a Calderón, la "metástasis" alcanza ya al Ejército y la Marina. El "abatimiento" de criminales es un elemento central en los promocionales gubernamentales. A ello se suma, en clave de discurso legitimador de las matanzas, el argumento de que “los narcos se están matando entre ellos”. Cifras conservadoras hablan de 63 mil muertos y más de 10 mil desaparecidos. Sólo en 20 días de caravanas, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad documentó 800 desapariciones. Hay más de 250 mil desplazados internos forzosos; una forma de reordenamiento poblacional/territorial utilizada antes en Colombia vía el accionar militar y paramilitar.

Hace casi dos décadas Hans M. Enzensberger advirtió sobre la guerra civil molecular; ya entonces se estaba incubando en México. Aunque existan actores externos, se trata de un proceso endógeno. Lejos de la lógica gubernamental, la violencia autista de los "combatientes" –reducidos a "cucarachas" a exterminar en la jerga socialdarwinista de Calderón– no es exclusiva de los perdedores del sistema reclutados por grupos criminales. Los contendientes se parecen cada vez más tanto en comportamiento como en moralidad. En las zonas conflictivas del país, el Ejército y la Marina actúan como si fueran una banda más. Unidades de elite practican la pena de muerte preventiva; jóvenes adictos y pequeños delincuentes son víctimas de la limpieza social de escuadrones paramilitares.

Los porfiados hechos están ahí. Examinar, dudar, criticar lo que parece evidente, lógico, natural, he ahí el verdadero significado de la ilustración hoy, versus la contra-Aufklärung practicada por falsificadores y oportunistas de ocasión.

Calderón y Ejército con acceso total a las agendas y eventos del narcotráfico

Calderón y Ejército con acceso total a las agendas y eventos del narcotráfico: Sargento Vázquez Álvarez

10 de enero del 2012

México Violento

Entrevista al Sargento Segundo Ricardo Vázquez Álvarez

El gobierno de Felipe Calderón y el Ejército son especialistas en incriminar a las personas vinculándolos al narcotráfico. Tienen acceso a todas las agendas de los cárteles, y están subordinados a éstos, según las denuncias del Sto. Vázquez Álvarez.

Guadalupe Lizárraga: De acuerdo a las fechas que das en tu mensaje, ¿significa que no eres un militar activo?

Sto. Ricardo Vázquez: No, ya no estoy activo, fui dado de baja arbitraria e ilegalmente del ejército el día 26 de octubre de 2001. Esto, derivado de que yo cumpliría 10 años de servicio activo el dia 2 de marzo de 2002 y seria acreedor a la Condecoración de Perseverancia de 5/a Clase. Lo cual hubiera implicado que se me diera una prestación económica mensual por efecto de mi condecoración y mis años prestados al ejército.

Mi caso fue el inicio de muchos otros casos en los que dan de baja de esta forma “legaloide” a personal militar de mi antigüedad y a quienes cumplirían 20 años de servicio. En el caso de éstos, lo hacen para evitar que pasaran a situación de retiro y cobren mensualmente una pensión. Para ahorrarse ese dinero, optaron por arrestarnos a cada rato y por cualquier cosa, y después de cierto tiempo de arresto, pueden justificar el convocar al consejo de honor y determinar nuestra baja.

GL: ¿En qué basas las acusaciones del sometimiento del gobierno de Calderón al crimen organizado? En esto coincides con las denuncias de la periodista Anabel Hernández, sin embargo, el que las declaraciones provengan de un militar o un ex militar es muy significativo.

RV: Hay varias razones en las que me baso, pero te diré la más fuerte y esencial: en lo que respecta al ejército y fuerza aérea (no hablaré de la Armada porque desconozco sus aparatos y estructura), se cuenta con un estado mayor (Estado Mayor de la Defensa Nacional EMDN, no confundir con el Estado Mayor Presidencial). Este órgano administrativo-operativo militar cuenta con varias secciones, pero dos de ellas enfocadas en la supuesta "lucha" anti narco. Una es la Sección Segunda (Inteligencia) y la Sección Séptima, antes llamada Décima (Operaciones contra el narcotráfico).

Dichas secciones del EMDN, cuentan con toda la información de todos los cárteles y narcos que hay aquí en México, en Estados Unidos y Colombia principalmente. En estas secciones se cuentan con las agendas, ubicaciones temporales y permanentes de cada narcotraficante y de cada cártel, pero esta información sólo se usa en el sentido de prestar apoyo y defender a los narcos en el poder (en este caso el Chapo Guzmán) y erradicarle sus competencias.

Si de verdad el delincuente Calderón hubiese tenido la voluntad y las ganas de erradicar el narcotráfico, como prometió hacerlo, ya lo habría hecho, en muy poco tiempo y con menos sangre, usando esta información contenida en el Estado Mayor de la Defensa Nacional que he mencionado.

He escuchado a los camaradas que protestan contra el ejército, en el sentido de que los aparatos de inteligencia militar y logística no sirven contra el narco. Yo les contesto que sí sirven, pero sólo sirven para servir al narco y erradicar a los que les estorbamos y a quienes sabemos la verdad y ésta es que Calderón, desde Los Pinos, y antes Fox, el gobierno está plenamente subordinado al narcotráfico.

Estos aparatos de inteligencia militar han dado resultados fehacientemente en este sentido. Tenemos el caso de los estudiantes asesinados en Villas de Salvárcar en Ciudad Juárez, a los que Calderón dijo: "los mataron por narcos y por pandilleros"; también el caso de los jóvenes estudiantes asesinados en plena escuela en el Tec de Monterrey en Nuevo León, el secuestro y asesinato de los hermanos LeBaron en Juárez. Otro caso son las familias asesinadas a tiros en una vil emboscada en los retenes militares asesinados expresamente por personal militar en Sinaloa, las jóvenes violadas por militares en Chihuahua... Todos estos casos demuestran que, efectivamente, si sirven los aparatos de inteligencia militar: únicamente para reprimir y masacrar al pueblo.

Yo, como militar, podría decirte: ¿de qué sirve mantener al ejército y sus logísticas, si sólo están para reprimir y servir al enemigo convirtiéndose en traidores y enemigos de la patria? ¿De qué sirven tantos zánganos del ejército llamados “Diplomados de Estado Mayor”, si sólo sirven para comportarse en la mesa, en un banquete, para mostrar que saben usar el cuchillo y tenedor, y aprendieron sólo el arte de cómo pisotear al subalterno y cómo arrastrarse cínicamente ante el superior?


GL: ¿Cuál es tu hipótesis sobre las masacres? ¿Por qué todos los días hay asesinatos masivos en diferentes regiones de México?

RV: No hay duda que algunas matanzas son verdaderamente derivadas de ajuste de cuentas entre narcos. Pero cuando se trata de empresarios, rancheros, estudiantes, policías o militares asesinados, no necesariamente son resultado de narcotraficantes. Está demostrado que el ejército y el gobierno son especialistas en denigrar la memoria de las personas que ellos mismos mandan ejecutar.

Argumentan que las víctimas fueron asesinadas por narcos, pandilleros o por drogadictos. Como lo hemos podido seguir en los diferentes medios oficialistas y alternos, se ha documentado que muchas de las masacres son perpetradas contra jóvenes o personas que se estaban rehabilitando para dejar las drogas y poder insertarse en la sociedad sin vicio alguno, los asesinan por que un vicioso rehabilitado es un cliente menos para el narco y lo que el narco requiere no son sólo asesinos, sicarios y personal a sus órdenes, también requieren viciosos que compren sus drogas, para así enriquecerse más.

Calderón dice hasta el cansancio que los que estamos contra su "estrategia" somos narcos o delincuentes. Nosotros, ante la evidencia clara (los miles de cadáveres) sabemos que es el mismo ejército en alianza con el narco, el que comete estas masacres. Hay muchísimas masacres en el país, pero el narcotráfico está intacto, y el jefe de jefes, el Chapo, sigue impune y más rico que nunca.

GL: ¿El Ejército está dividido? ¿Hay una parte del ejército que puede ser confiable para los mexicanos y otra no?

RV: Hubo división en el ejército cuando fue lo del desafuero de AMLO. El General Vega García le reclamó al expresidente Fox que no iba a permitir división alguna en las fuerzas armadas por ningún motivo y le exigió que parara lo del desafuero a Obrador. Ante este antecedente, los narcotraficantes y Calderón tomaron medidas para evitar alguna división dentro del ejército en sus actividades ilícitas.

Por ello, justo en tiempos electorales en 2006, Calderón firmó un pacto con el narco comprometiéndose a relevar a los mandos militares, marinos y policíacos que fueran patriotas y ajenos al narco, para ser relevados por personal militar, naval y policial vinculados con el narco.

Hoy en día, hay militares, policías y marinos asesinados por no querer ser parte de esa pandilla gubernamental aliada al narco. En el mejor de los casos, para no matarlos, los manchan en sus nombres, su prestigio, y les fabrican delitos vinculándolos con los narcos para condenarlos injustamente. Y mantienen en cargos militares, policiales y navales de alto rango a personal que en realidad está vinculada hasta los dientes con los narcos.

GL: Si es así, ¿cómo pueden identificar los mexicanos, los ciudadanos de a pie, a los soldados leales con el pueblo?

RV: Esa pregunta tiene una respuesta muy fácil: se les puede identificar muertos, en la cárcel o denigrados en sus nombres, como yo.

GL: Hay denuncias formales contra el Ejército nacional por parte de organismos no gubernamentales de tortura, secuestro y violaciones. ¿Son parte de las estrategias de genocidio o son acciones individuales de los militares?

RV: Son tácticas terroristas para extraer información o sembrar el miedo en alguna población como ocurre en Birmania con los batallones de violadores. El hecho de violar a una persona portando un uniforme, o incluso de civil, es un acto total y absolutamente aberrante. Pero son tácticas aprendidas por la CIA y en la Escuela de las Américas. Y sí, son estrategias de genocidio pero constituidas por acciones individuales de militares, ejecutadas bajo órdenes, lógicamente son órdenes contrarias a las leyes y reglamentos y contra la Constitución misma pero se realizan.

GL: ¿Cómo es que puedes pensar distinto a los demás e incluso defender derechos de militares retirados en medio de tanta corrupción?

RV: Yo no pienso distinto a los demás, si te refieres a la mentalidad del soldado. Lo que pasa es que la diferencia es muy clara: una cosa es ser soldado como nosotros, y otra cosa es ser mercenario como los que trabajan para el gobierno de Calderón.

Defiendo los derechos de los militares retirados porque ellos son mis padres y abuelos militares, aunque no propiamente de sangre. Pero sí, en cierta forma, ellos son mis padres, abuelos y hermanos de armas, y es un acto cobarde dejar tirado a un camarada herido en el campo de batalla. Mis camaradas en retiro ahora ejercen una lucha y yo no puedo ser ajeno a ésta, aunque yo no estoy retirado todavía. Somos hermanos de armas, desde el soldado hasta el general de División.

GL: ¿Temes realmente por tu vida? ¿Crees que puedes estar en la mira del crimen organizado por denunciar u oponerte a Calderón, siendo el comandante en jefe del Ejército?

RV: Yo no temo por mi vida, porque soy hombre muerto, ya que mi juramento como militar es simple: alcanzar la victoria o perder la vida, y eso es mi pan de cada día como guerrero. Sabiendo que puedo morir a manos de la delincuencia organizada de Los Pinos, debo defenderme. No la tendrán ellos tan fácil conmigo. Podrán matarme, pero me llevo conmigo al menos a unos treinta de ellos para no irme solo. No me voy a dejar morir como borreguito en el matadero, moriré peleando como león en un campo de batalla. Temo únicamente por la vida de mi familia y los demás camaradas que no pudieran defenderse. Calderón solo se mete con los que puede, nunca atacará a quien pueda darle batalla y defenderse. Sólo agarra a los más débiles y a los pacíficos, y los masacra.