mayo 01, 2010
"URO" el gobernador de la violencia
Oaxaca, sin respeto a los derechos humanos
Fuente: José Gil Olmos/ Proceso
MÉXICO, D.F., 28 de abril (apro).- Como ningún otro en el país, el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, tiene en su haber el mayor índice de violencia y represión social en su estado, así como violaciones a los derechos humanos y asesinatos a lideres sociales, como el ocurrido apenas el martes en la noche contra la Caravana Internacional de Observadores que acudía a documentar los abusos a los derechos humanos en la región indígena triqui de San Juan Copala.
La criminalización de la protesta social es la marca indeleble del gobierno de Ulises Ruiz. Desde que llegó y hasta el año pasado se tenía un registro escalofriante: 62 muertos por cuestiones políticas, más de 500 detenidos por protestas sociales y una decena de desaparecidos.
Ulises Ruiz Ortiz –URO, le llaman los oaxaqueños--, ha demostrado que no tiene límites para usar la fuerza y mantenerse en el poder sembrando el terror entre la sociedad.
En el 2008 la Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos presentó un informe de la situación en Chiapas, Oaxaca y San Salvador Atenco, en el Estado de México, en el cual destacaba que entre junio del 2006 a abril del 2008 se documentaron 62 casos de homicidios por cuestiones políticas o sociales, de entre las cuales figuraban los 26 muertos registrados durante el conflicto de la APPO.
Antes del 2006, cuando se originó el conflicto de la APPO, el gobierno de URO ya tenía en su haber varios casos de líderes sociales asesinados, como el del profesor Serafín García, en Huautla de Jiménez, el 27 de julio del 2004; los de Jorge Enrique García Brenis, Marlon Roberto Miranda y Jorge Alberto Miranda, el 22 de mayo del 2005; el del líder social César Toimil, el 30 de noviembre del 2005 en la capilla de Acatlán de Pérez Figueroa; y los ocurrido en 2006 contra Neguib Tadeo Manriquez, Moisés Cruz Sánchez, Andrés Santiago Cruz, Octavio Martínez y el profesor universitario Pedro Martínez.
Catalogado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un gobernante que ha violado las garantías individuales de los oaxaqueños, luego de que se investigó la forma como reprimió a la APPO en el 2006, Ulises Ruiz carga en su espalda muchos muertos, heridos, desaparecidos y reprimidos que le dan un saldo histórico preocupante.
Pero más preocupantes son los planes que tiene URO de permanecer en los primeros planos de la política nacional y para ello planea ganar estas elecciones locales con su candidato a gobernador Eviel Pérez Magaña y colocarse como un operador político electoral al servicio de Enrique Peña Nieto.
La impunidad con la que ha gobernado URO es impresionante y lo es más por la manera tan abierta y frecuente con que lo sigue haciendo hasta hoy en día. Leer más
Fuente: José Gil Olmos/ Proceso
MÉXICO, D.F., 28 de abril (apro).- Como ningún otro en el país, el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, tiene en su haber el mayor índice de violencia y represión social en su estado, así como violaciones a los derechos humanos y asesinatos a lideres sociales, como el ocurrido apenas el martes en la noche contra la Caravana Internacional de Observadores que acudía a documentar los abusos a los derechos humanos en la región indígena triqui de San Juan Copala.
La criminalización de la protesta social es la marca indeleble del gobierno de Ulises Ruiz. Desde que llegó y hasta el año pasado se tenía un registro escalofriante: 62 muertos por cuestiones políticas, más de 500 detenidos por protestas sociales y una decena de desaparecidos.
Ulises Ruiz Ortiz –URO, le llaman los oaxaqueños--, ha demostrado que no tiene límites para usar la fuerza y mantenerse en el poder sembrando el terror entre la sociedad.
En el 2008 la Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos presentó un informe de la situación en Chiapas, Oaxaca y San Salvador Atenco, en el Estado de México, en el cual destacaba que entre junio del 2006 a abril del 2008 se documentaron 62 casos de homicidios por cuestiones políticas o sociales, de entre las cuales figuraban los 26 muertos registrados durante el conflicto de la APPO.
Antes del 2006, cuando se originó el conflicto de la APPO, el gobierno de URO ya tenía en su haber varios casos de líderes sociales asesinados, como el del profesor Serafín García, en Huautla de Jiménez, el 27 de julio del 2004; los de Jorge Enrique García Brenis, Marlon Roberto Miranda y Jorge Alberto Miranda, el 22 de mayo del 2005; el del líder social César Toimil, el 30 de noviembre del 2005 en la capilla de Acatlán de Pérez Figueroa; y los ocurrido en 2006 contra Neguib Tadeo Manriquez, Moisés Cruz Sánchez, Andrés Santiago Cruz, Octavio Martínez y el profesor universitario Pedro Martínez.
Catalogado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un gobernante que ha violado las garantías individuales de los oaxaqueños, luego de que se investigó la forma como reprimió a la APPO en el 2006, Ulises Ruiz carga en su espalda muchos muertos, heridos, desaparecidos y reprimidos que le dan un saldo histórico preocupante.
Pero más preocupantes son los planes que tiene URO de permanecer en los primeros planos de la política nacional y para ello planea ganar estas elecciones locales con su candidato a gobernador Eviel Pérez Magaña y colocarse como un operador político electoral al servicio de Enrique Peña Nieto.
La impunidad con la que ha gobernado URO es impresionante y lo es más por la manera tan abierta y frecuente con que lo sigue haciendo hasta hoy en día. Leer más
La duplicidad
La duplicidad
Luis Javier Garrido
La crisis de México tiene un rasgo fundamental que muy pocos han querido abordar y es el de un gobierno que siendo, de facto, o acaso por esto mismo, no le importa actuar en la más absoluta ilegalidad.
1. El rasgo fundamental que ha tenido la supuesta política de seguridad nacional del gobierno de facto de Felipe Calderón en estos tres años ha sido que sus acciones se han llevado a cabo al margen –y en contra– de lo prescrito por la Constitución General de la República, como está aconteciendo en materia laboral y petrolera –dos casos de singular trascendencia–, y acaso en todos los ámbitos de la vida nacional, lo que ha conducido a que país se halle hundido en plena ilegalidad.
2. El problema central ante esta circunstancia no lo constituye el hecho de que un gobierno, que no fue electo por los mexicanos, actúe al margen del marco constitucional y violando principios fundamentales del país, sino que al haber extremado la política de gobernar por acuerdos y decretos y parchar con disposiciones aberrantes las leyes secundarias, como ahora se trata de hacer en materia de seguridad nacional ante las exigencias de Washington, el clamor de organismos defensores de derechos humanos o el creciente enojo de las cúpulas militares, lo que se ha logrado es destruir el entramado legal del país, el principio de la seguridad jurídica y el consenso nacional en torno a lo fundamental.
3. En México existen hoy dos marcos de referencia para las acciones del gobierno panista: la Ley Suprema del país, que no respeta, y las prácticas y normas neoliberales, de corte despótico y antinacional, que nos están imponiendo desde el exterior, y ante las que se doblega, pero que no son leyes en México. El desmantelamiento de la Constitución mexicana, calificada por los centros de poder neoliberal de intervencionista y estatista, ha sido uno de sus objetivos en estos años, pero lo que han logrado los fanáticos panistas no sólo es hundir al país en la pobreza y la degradación, sino instaurar un escenario social al margen e la legalidad.
4. El marco constitucional mexicano establece que el Ejército no puede investigar ni perseguir los delitos, pero el gobierno panista se empeña en que así sea; en materia petrolera y de energía está claramente prohibido otorgar concesiones y contratos a los particulares y ya Calderón ha cuadriculado las aguas territoriales del Golfo de México y les está entregando contratos inadmisibles a las corporaciones trasnacionales con las que él y sus amigos se encuentran amafiados; los trabajadores tienen derechos constitucionales fundamentales y la Secretaría del Trabajo se los desconoce de manera escandalosa a electricistas y a mineros; el juego está constitucionalmente prohibido, pero los casinos se multiplican por el país.
5. El diseño que se está haciendo en Estados Unidos de las nuevas instituciones de facto mexicanas, muy distintas de las previstas en la Constitución de 1917, no se oculta ya, y se va filtrando a los medios para recoger el aval de la derecha mexicana. El ex presidente Bill Clinton demandó en una conferencia en la Universidad del Valle de
México, el sábado 24, que se implante aquí lo que en los hechos se ha venido instaurando: un Plan México, que, a semejanza del Plan Colombia, con el pretexto de combatir al narcotráfico, cree en México, como en el país sudamericano, un escenario de terror en el que se legitimen las actividades de las agencias de seguridad de Estados Unidos y su control estratégico del país. Y si al día siguiente de estas declaraciones Fernando Gómez Mont, titular de Gobernación, negó que esto fuera a acontecer, decenas de columnistas y de voceros de grupos privados externaron su respaldo a dicho plan.
6. La firma del Plan México no sería más que la formalización de medidas de facto que ya se le han impuesto a México durante el gobierno entreguista de Calderón: la militarización de amplias regiones del país, el escenario de violencia generalizada, la intervención en territorio mexicano de un número creciente de oficiales estadunidenses, la creación de grupos paramilitares, la expedición de un nuevo marco legal violatorio de la Constitución y la subordinación de las acciones de las fuerzas armadas mexicanas a las decisiones de Washington. El proyecto, que según Clinton fue expuesto ya a los funcionarios mexicanos por su esposa Hillary (secretaria de Estado), ya está siendo analizado en el Congreso, según informó, lo que a nadie pareció sorprender.
7. La nueva Ley de Seguridad Nacional, al igual que las reformas al Código de Justicia Militar, que está aprobando el Congreso de la Unión, constituye, por lo mismo, un nuevo bodrio legal contrario a la Constitución General de la República, que se inscribe en el marco de los cambios exigidos desde Washington, pues lo que se busca con esta serie de textos vagos e imprecisos es asegurar a las fuerzas armadas que existe un marco jurídico para que desempeñen tareas policiacas (lo que les prohíbe la Constitución General de la República) y al mismo tiempo hacer creer a las instancias internacionales que los militares ya podrán ser procesados en México por sus delitos contra el pueblo (cuando esto seguirá siendo una decisión discrecional del Ejecutivo), así como el hecho de que éste no tiene ya tantas facultades (cuando lo que se está haciendo es precisamente fortalecer su discrecionalidad o, mejor dicho, su autoritarismo).
8. La expedición en el estado de Arizona de la Ley SB 1070 el 23 de abril, que criminaliza a los migrantes ilegales y conduce a un mayor acoso y discriminación de todos los trabajadores latinoamericanos, debe entenderse en el contexto del doble lenguaje del neoliberalismo, que caracteriza ahora las relaciones entre México y Estados Unidos. No como la iniciativa de un grupo extremista, sino como un elemento más de las políticas antilatinoamericanas del gobierno estadunidense, las que está coadyuvando de manera clara a imponer la administración ilegítima de Calderón, para servir a intereses del otro lado de la frontera. La gobernadora Jan Brewer, de Arizona, ha visto subir ya su popularidad mientras el sheriff Joe Arpaio, del condado de Maricopa, organiza las primeras redadas al amparo de la nueva ley.
9. El gobierno de Calderón se ha caracterizado en estos tres años por mentir como pocos gobiernos lo han hecho en el pasado al pueblo mexicano, tratando infructuosamente de engañarlo en materia económica y de empleo, y muy particularmente en lo tocante a la violencia que ha desatado en el país y de la cual es el responsable, pero también, y sobre todo, en cuanto a la legalidad de sus actos.
10. Un gobierno como el panista, que se mueve por atavismos y un odio secular a las leyes fundamentales de México, no podría generar otro escenario como el actual: un escenario de desastre en el que urge restablecer un marco de legalidad para que el país pueda retomar otro camino.
Luis Javier Garrido
La crisis de México tiene un rasgo fundamental que muy pocos han querido abordar y es el de un gobierno que siendo, de facto, o acaso por esto mismo, no le importa actuar en la más absoluta ilegalidad.
1. El rasgo fundamental que ha tenido la supuesta política de seguridad nacional del gobierno de facto de Felipe Calderón en estos tres años ha sido que sus acciones se han llevado a cabo al margen –y en contra– de lo prescrito por la Constitución General de la República, como está aconteciendo en materia laboral y petrolera –dos casos de singular trascendencia–, y acaso en todos los ámbitos de la vida nacional, lo que ha conducido a que país se halle hundido en plena ilegalidad.
2. El problema central ante esta circunstancia no lo constituye el hecho de que un gobierno, que no fue electo por los mexicanos, actúe al margen del marco constitucional y violando principios fundamentales del país, sino que al haber extremado la política de gobernar por acuerdos y decretos y parchar con disposiciones aberrantes las leyes secundarias, como ahora se trata de hacer en materia de seguridad nacional ante las exigencias de Washington, el clamor de organismos defensores de derechos humanos o el creciente enojo de las cúpulas militares, lo que se ha logrado es destruir el entramado legal del país, el principio de la seguridad jurídica y el consenso nacional en torno a lo fundamental.
3. En México existen hoy dos marcos de referencia para las acciones del gobierno panista: la Ley Suprema del país, que no respeta, y las prácticas y normas neoliberales, de corte despótico y antinacional, que nos están imponiendo desde el exterior, y ante las que se doblega, pero que no son leyes en México. El desmantelamiento de la Constitución mexicana, calificada por los centros de poder neoliberal de intervencionista y estatista, ha sido uno de sus objetivos en estos años, pero lo que han logrado los fanáticos panistas no sólo es hundir al país en la pobreza y la degradación, sino instaurar un escenario social al margen e la legalidad.
4. El marco constitucional mexicano establece que el Ejército no puede investigar ni perseguir los delitos, pero el gobierno panista se empeña en que así sea; en materia petrolera y de energía está claramente prohibido otorgar concesiones y contratos a los particulares y ya Calderón ha cuadriculado las aguas territoriales del Golfo de México y les está entregando contratos inadmisibles a las corporaciones trasnacionales con las que él y sus amigos se encuentran amafiados; los trabajadores tienen derechos constitucionales fundamentales y la Secretaría del Trabajo se los desconoce de manera escandalosa a electricistas y a mineros; el juego está constitucionalmente prohibido, pero los casinos se multiplican por el país.
5. El diseño que se está haciendo en Estados Unidos de las nuevas instituciones de facto mexicanas, muy distintas de las previstas en la Constitución de 1917, no se oculta ya, y se va filtrando a los medios para recoger el aval de la derecha mexicana. El ex presidente Bill Clinton demandó en una conferencia en la Universidad del Valle de
México, el sábado 24, que se implante aquí lo que en los hechos se ha venido instaurando: un Plan México, que, a semejanza del Plan Colombia, con el pretexto de combatir al narcotráfico, cree en México, como en el país sudamericano, un escenario de terror en el que se legitimen las actividades de las agencias de seguridad de Estados Unidos y su control estratégico del país. Y si al día siguiente de estas declaraciones Fernando Gómez Mont, titular de Gobernación, negó que esto fuera a acontecer, decenas de columnistas y de voceros de grupos privados externaron su respaldo a dicho plan.
6. La firma del Plan México no sería más que la formalización de medidas de facto que ya se le han impuesto a México durante el gobierno entreguista de Calderón: la militarización de amplias regiones del país, el escenario de violencia generalizada, la intervención en territorio mexicano de un número creciente de oficiales estadunidenses, la creación de grupos paramilitares, la expedición de un nuevo marco legal violatorio de la Constitución y la subordinación de las acciones de las fuerzas armadas mexicanas a las decisiones de Washington. El proyecto, que según Clinton fue expuesto ya a los funcionarios mexicanos por su esposa Hillary (secretaria de Estado), ya está siendo analizado en el Congreso, según informó, lo que a nadie pareció sorprender.
7. La nueva Ley de Seguridad Nacional, al igual que las reformas al Código de Justicia Militar, que está aprobando el Congreso de la Unión, constituye, por lo mismo, un nuevo bodrio legal contrario a la Constitución General de la República, que se inscribe en el marco de los cambios exigidos desde Washington, pues lo que se busca con esta serie de textos vagos e imprecisos es asegurar a las fuerzas armadas que existe un marco jurídico para que desempeñen tareas policiacas (lo que les prohíbe la Constitución General de la República) y al mismo tiempo hacer creer a las instancias internacionales que los militares ya podrán ser procesados en México por sus delitos contra el pueblo (cuando esto seguirá siendo una decisión discrecional del Ejecutivo), así como el hecho de que éste no tiene ya tantas facultades (cuando lo que se está haciendo es precisamente fortalecer su discrecionalidad o, mejor dicho, su autoritarismo).
8. La expedición en el estado de Arizona de la Ley SB 1070 el 23 de abril, que criminaliza a los migrantes ilegales y conduce a un mayor acoso y discriminación de todos los trabajadores latinoamericanos, debe entenderse en el contexto del doble lenguaje del neoliberalismo, que caracteriza ahora las relaciones entre México y Estados Unidos. No como la iniciativa de un grupo extremista, sino como un elemento más de las políticas antilatinoamericanas del gobierno estadunidense, las que está coadyuvando de manera clara a imponer la administración ilegítima de Calderón, para servir a intereses del otro lado de la frontera. La gobernadora Jan Brewer, de Arizona, ha visto subir ya su popularidad mientras el sheriff Joe Arpaio, del condado de Maricopa, organiza las primeras redadas al amparo de la nueva ley.
9. El gobierno de Calderón se ha caracterizado en estos tres años por mentir como pocos gobiernos lo han hecho en el pasado al pueblo mexicano, tratando infructuosamente de engañarlo en materia económica y de empleo, y muy particularmente en lo tocante a la violencia que ha desatado en el país y de la cual es el responsable, pero también, y sobre todo, en cuanto a la legalidad de sus actos.
10. Un gobierno como el panista, que se mueve por atavismos y un odio secular a las leyes fundamentales de México, no podría generar otro escenario como el actual: un escenario de desastre en el que urge restablecer un marco de legalidad para que el país pueda retomar otro camino.
Dos caras un solo engaño
Resumen de los conceptos expresados por Manuel Clouthier Carrillo a la periodista Carmen Aristegui: “Juan S. Millán (JSM) exgobernador sinaloense fue el iniciador del proyecto de encumbramiento del narcotráfico en la política de Sinaloa. La camarilla mafiosa representada por la candidatura de Vizcarra (PRI), se divide en 3 niveles y en cada uno son muy buenos: el económico-empresarial, el político y el de la delincuencia organizada. Ellos, los narcotraficantes, son los dueños de las calles. Eso lo saben todos en Sinaloa. La sociedad sinaloense vive sometida bajo el yugo de los delincuentes. En Sinaloa se vive con miedo. Detrás de Mario López Valdez (PAN) está JSM, pero yo espero que si llega a ganar la gubernatura rompa los hilos que lo unen a JSM. Creo que López Valdez, por lo menos que yo sepa, no parece tener nexos con la delincuencia organizada, es un hombre trabajador y empresario… por JSM sí que no meto la manos al fuego. Creo que al gobierno federal le ha faltado decisión y voluntad para enfrentar los graves problemas de este país. A México lo tienen atorado todos los políticos. A la prensa de Sinaloa le digo que sigan ejerciendo la libertad de expresión como lo han hecho a través de los años, a pesar de los asesinatos de periodistas que han resultado ser un acicate para seguir adelante.”
Suscribirse a:
Entradas (Atom)