El agente
Luis Javier Garrido
La muerte del agente de Estados Unidos Jaime Zapata el 15 de febrero de 2011 en la carretera federal 57, en el estado de San Luis Potosí –el primer agente de ese país asesinado desde 1982, cuando fue ejecutado Enrique Kiki Camarena de la DEA–, constituye un hecho de extraordinaria gravedad que ha abierto una nueva fase de la escalada de intervención de Estados Unidos en México, solicitada y auspiciada por el gobierno entreguista de Felipe Calderón Hinojosa, y que hasta ahora ha contado con la complicidad de la “clase política” mexicana en su conjunto.
1. El homicidio de Zapata, miembro de la Oficina de Aduanas e Inmigración de Estados Unidos (ICE), quien según informó Washington llevaba a cabo con otros miembros de su corporación tareas de investigación en territorio mexicano, puso una vez más en evidencia que el gobierno espurio panista está pisoteando la Constitución y las leyes mexicanas con la presunción de que la Casa Blanca ayudará al PAN a mantenerse en el poder en 2012.
2. La muerte previsible del estadunidense crea nuevas suposiciones sobre la responsabilidad en su homicidio de ambos gobiernos, pues aun cuando Zapata no hubiese sido ejecutado para justificar con su muerte un mayor intervencionismo, quienes lo pusieron en esa situación de altísimo riesgo son corresponsables de lo acontecido. Del lado de Estados Unidos, los funcionarios que a un agente suyo de origen mexicano lo hicieron actuar en México en un contexto de ilicitud y de anticonstitucionalidad, ocultando su identidad e infiltrándose en organizaciones criminales rivales, moviéndose como un involucrado más en esas redes, lo situaron en un escenario comprometedor. Del lado de México, quienes toleran la injerencia de esas agencias, y ahora la Sedena, que tras rapidísima “investigación”, y actuando una vez más al margen de la legalidad, con un representante de la PGR como comparsa, presentó en un acto a varios detenidos, con evidentes señas de haber sido golpeados –pues uno de los cuales apenas podía caminar–, culpando a uno del homicidio, que, afirma, lo hizo en un marco de confusión pensando que suprimía a un capo rival.
3. La escalada de exigencias de Washington a México a las pocas horas de la muerte del agente, en un escenario que parecía preparado, no hizo más que evidenciar las intenciones de la administración Obama: la primera de las cuales es lograr que México acepte nada menos que los agentes estadunidenses de todas las corporaciones que actúan ya en nuestro territorio estén en lo sucesivo armados, como lo reclamaron varios legisladores. Janet Napolitano (secretaria de Seguridad Interior) y el procurador general Eric Holder enviaron una fuerza especial el 16 para investigar, mientras el representante Michael McCaul y otras voces declararon que todo debía conducir a un cambio de las reglas del juego.
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