Carmen Aristegui F.
REFORMA 14 Mar. 08
En septiembre de 2006 el entonces Presidente electo, Felipe Calderón, envió una carta al entonces presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde. Ahí, le pedía que se preservaran los materiales electorales de ese año "durante el tiempo que sea posible..." en "...abono a la certeza y confianza de los ciudadanos" y para contribuir "al mejor entendimiento entre los mexicanos". Viene al caso recordar estas palabras a raíz del fallo que la Corte emitió esta semana sobre el tema del acceso a las boletas electorales. Con una votación dividida y argumentaciones encontradas, la Corte privilegió la materia electoral por encima del derecho a la información. La mayoría decidió negar el amparo solicitado por el director de Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, en contra de la resolución de una jueza federal que en septiembre del año pasado dio la razón al IFE en su negativa de permitir llegar directamente a la papelería electoral. La solicitud fue negada, en su momento, al periodista de Proceso Daniel Lizárraga y también, en su momento, a la colega Delia Angélica Ortiz, entonces de W Radio. A pesar de que el fallo de la Corte impide el acceso a la papelería y se remite a lo que establece la ley electoral, las boletas no pueden ser destruidas porque aún debe resolverse el amparo promovido por el doctor Sergio Aguayo, quien se ha declarado agnóstico sobre las eleccio- nes del 2006. No cree que hubo o que no hubo fraude en 2006, pero alega su derecho a saber. La Corte no resolvió el fondo de la impugnación sobre el derecho a saber que marca el 6o. de la Constitución. Para la mayoría el proceso electoral ya está terminado, por lo que las boletas se pueden destruir. La ministra Luna Ramos, por su parte, sorprendió al decir que el proceso comicial "sigue abierto" en tanto no se destruyan los paquetes electorales.
No se trata de guardar por guardar estos materiales, sino de recurrir a ellos para generar conocimiento a través de investigaciones académicas y periodísticas sobre lo que pasó en la elección presidencial. Es un asunto de transparencia y una prueba sobre la eficacia en el acceso a la información pública. Las peticiones para acceder a esos materiales no han atentado nunca contra el principio de definitividad de la elección ni cosa parecida. Nunca se planteó -porque no hay ni había lugar para ello- pretensión alguna de abrir un nuevo cauce para impugnar judicialmente la elección presidencial. El Tribunal resolvió -no exento de críticas- la elección y eso era y es jurídicamente inatacable. El tema del resguardo de los materiales llevó al IFE a definir si son o no documentos públicos, por ejemplo, las boletas electorales. Se construyó una definición de antología que les negaba esa condición y que sirvió de base para negar el acceso a las boletas. El TEPJF, por su parte, le negó a Proceso el acceso a las boletas, estableciendo que éstas no son de acceso público, pues su contenido es "secreto y anónimo". Así como lo lee. El Tribunal equiparó al acto físico de cruzar con un crayón una papeleta sin que nadie lo vea a uno con el contenido de la preferencia electoral contenida en la papeleta. Lo que es secreto y anónimo es la identidad de quien votó, no el contenido de la papeleta que -como pocas cosas en la democracia- debe ser abierto y público. El caso es que con criterios como los del IFE y del Tribunal se ha recorrido un camino empedrado y tortuoso que atenta contra la información.
La novedad hoy es la declaración del actual presidente del IFE, Leonardo Valdés, que, en sentido contrario de su antecesor, se pronunció a favor de que los ciudadanos conozcan las boletas electorales de la pasada elección. "Mi punto de vista es que en los términos de la Ley de Acceso a la Información, los ciudadanos deben tener acceso a los documentos oficiales y es mi convicción que las boletas electorales son un documento oficial... debería mostrarse el contenido de esos documentos". Buenas definiciones conceptuales pero que, por lo visto, de nada valdrán: "En el caso que el Tribunal decida que es materia electoral y que en consecuencia no ha lugar a mostrar las boletas, el IFE procederá a su destrucción". En pocas palabras la convicción de Valdés de poco servirá si el Tribunal decide lo contrario. Así que, a menos que alguien decida recurrir a las instancias internacionales, la destrucción parece inminente. No podrá hacerse -como dice Octavio Rodríguez Araujo- la autopsia al cadáver electoral. ¿Tienen o no los ciudadanos derecho a conocer, por vías no jurisdiccionales, el resultado de una elección? ¿Es un despropósito pedir que, desde el punto de vista histórico y periodístico, se pueda revisar la papelería de la elección más confrontada de la historia? ¿Se vale o no poner a revisión el trabajo del IFE y del Tribunal Electoral, por la vía de la ciencias sociales? ¿Qué tipo de efectos se causarían en la sociedad mexicana al revisarse las boletas electorales y obtener de ahí ratificaciones o rectificaciones de lo que cada quien piensa de lo ocurrido aquel domingo 2 de julio? ¿Alguien piensa que un ejercicio como el que se realizó en Florida cuando Bush salió Presidente en una elección controvertida pueda alterar la gobernabilidad o los equilibrios sociales en México? ¿Quién le teme a qué?
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