octubre 30, 2018
octubre 02, 2018
¿Pacificación? ¡Queremos paz, queremos justicia!
Editorial
Publicado en el número 175 de El Zenzontle
Agosto de 2018
¿Pacificación? ¡Queremos paz, queremos justicia!
Los regímenes autoritarios del mundo y en particular los de América
Latina han utilizado el nombre de pacificación para la estrategia combinada de
fuerza y control sobre la población, luego de una crisis política, el ascenso
de la insurgencia popular o la presencia de violencias “ilegales” que amenazan
la seguridad del Estado.
En el México de estos días, el término pacificación es parte del
proyecto del que será nuevo gobierno a partir del próximo 1 de diciembre
presidido por Andrés Manuel López Obrador. Los aspectos que contiene según lo
anunciado son posibles amnistías, instalación de comisiones de la verdad para
casos especiales, mantener un mando único, presencia de un fiscal propuesto por
el nuevo presidente, creación de guardia nacional, debate sobre la legalización
del consumo de algunas drogas y su posible producción y comercio regulados por
el Estado, y el establecimiento de acuerdos fronterizos de seguridad tanto con
los gobiernos de Estados Unidos y con los del triángulo norte de Centroamérica.
Pareciera ser un
cambio en alguna medida importante frente a lo ejercido por lo menos en los
pasados dos sexenios, el del panista Felipe Calderón y el del priista Enrique
Peña Nieto, ambos responsables de una intensa y amplia guerra contra el pueblo,
disfrazada primero de guerra contra las drogas y luego como guerra al crimen
organizado. Lo que consideramos guerra contra los pueblos por sus resultados en
12 años: 200 mil muertos, casi 40 mil desaparecidos 35 mil desplazados
forzados, homicidios crecientes, ejecuciones extrajudiciales masacres y fosas
clandestinas.
La situación es dominada por un abanico muy diverso del sostenido
negocio del crimen que va del narcotráfico a la trata y tráfico de personas,
de la venta de órganos humanos, el saqueo de zonas arqueológicas, el huachicol
para extraer gasolina y gas, al robo a ferrocarriles de carga y al despojo de
recursos del agua, la tierra y el aire de las comunidades. Un negocio afirmado
por las empresas vendedoras de armas, banqueros que lavan el dinero y
trasnacionales que utilizan militares y paramilitares (del narco o sicarios de
políticos) para invadir y despojar a los territorios de los pueblos con
violencia.
Violencia que alcanzó a hombres y mujeres de todas las edades, que
sacrifica a periodistas, defensoras de derechos humanos, luchadores sociales y
población inerme de las comunidades rurales indígenas y mestizas, a los barrios
urbanos, las escuelas, los centros de trabajo y las calles. Violencia que
acompañan como testigos, cómplices, pero también como asesinos miembros del
ejército, de la marina, de la policía federal, las estatales y municipales y
muchísimos grupos de paramilitares de dentro o fuera de las instituciones,
incluso muchos pagados por grupos empresariales como sucedía con las guardias
blancas o “brigadas de limpieza social”.
México está convertido en un campo de terror y de guerra. La respuesta
del Estado y de los poderes del dinero ha sido una ley de seguridad interior,
aún no validada por la Suprema Corte de Justicia, pero aplicada en los hechos
junto a las muchas leyes y nomas represivas y simulaciones de justicia con las
que han pretendido ocultar tanta sevicia, negando fosas, cárceles y
desapariciones, así como impidiendo la búsqueda de la verdad y la justicia.
Y de este tejido de violencia institucionalizada poco o nada se dice
por el equipo de la próxima secretaria de gobernación, la de seguridad y por
quienes trabajan para renovar las procuradurías.
Lo que no se dice también cuenta
La pacificación entonces: ¿romperá la cadena del plan Mérida, así
tenga otro nombre, reforzando la línea de seguridad nacional que Estados Unidos
ha dispuesto para su dominio geoestratégico? ¿Está por venir la fase de
cumplimiento (aunque sea recortado) de la Ley de Seguridad Interior?
¿Continuarán militares y marinos en calles y caminos? ¿Habrá cambios para que
no se deporte a migrantes o se ayude a que lo siga haciendo el gobierno racista
de Estados unidos? ¿Seguirá la impunidad y el ocultamiento de la verdad ante
desapariciones, ejecuciones y masacres de luchadores y defensores sociales?
¿Seguirá el feminicidio y el racismo como violencia normalizada por el sistema?
Si no hay justicia no habrá paz y, la violencia tendrá como rostro
de una pacificación que calme, controle o reprima primero a los pobres y nunca
a los criminales del poder.
Si el terror que aplican los de arriba permanece, si no se castiga
a sus responsables y se arranca su raíz capitalista, patriarcal y racista, el
pueblo en cualesquiera de sus expresiones organizadas tendrá que tomar la
legítima decisión de protegerse, resistir y rebelarse.
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