La acusación
Luis Javier Garrido
El gobierno de facto de Felipe Calderón ha comprometido seriamente en cuatro años y medio la seguridad nacional de México, y es esta la acusación principal que se le hace a él en los críticos momentos actuales, sin que en su irresponsabilidad se percate de ello, y es la acusación más grave que habrá de enfrentar al dejar el cargo y la que lo situará ante el juicio de la historia: haber hundido a los mexicanos en la mayor inseguridad de su historia.
1. En una entrevista acordada a Proceso (Núm. 1803), el constitucionalista Diego Valadés, de la UNAM, señalaba esta semana que a Calderón le aguarda un proceso penal para cuando abandone Los Pinos ya que el Tribunal Electoral lo ha responsabilizado de violar "sin equívocos" la Constitución en materia electoral en los últimos dos años, a lo que se debería agregar, añadía, su responsabilidad por los 40 mil muertos de su equivocada "guerra contra las drogas", que ha producido efectos contrarios a los pregonados. Valadés se quedó sin embargo corto, muy corto, pues a Calderón le aguardan otras acusaciones penales de enorme gravedad. Las principales: la de haberse apoderado en 2006, mediante presuntas acciones delictivas, de la Presidencia de la República, sin haber ganado las elecciones; y sobre todo: la de haber comprometido, en estos años, por intereses personales y de grupo, la seguridad nacional de México.
2. La seguridad nacional de un país entraña algo muy distinto a lo que entienden los extremistas de derecha que se hallan en el poder en México, pues es universalmente aceptado que este concepto supone la responsabilidad del gobierno de crear mecanismos para salvaguardar: a) los derechos individuales de las personas (a la vida, a la integridad domiciliaria, a las libertades básicas), y b) los derechos sociales (al trabajo, la educación, la salud y la seguridad social, entre otros), así como, de la misma manera, c) los derechos de la nación a su integridad soberana y a sus riquezas estratégicas (en el subsuelo, el mar territorial, el espacio aéreo), y desde luego d) la integridad de las instituciones republicanas (los Poderes de la Unión, las fuerzas armadas, la administración pública).
3. La mayor parte de los países así lo entienden en el siglo XXI, salvo México, pues incluso Estados Unidos ha construido en tiempos recientes, con instrumentos seudojurídicos como la llamada Acta Patriótica de 2001, toda su "doctrina en materia de seguridad nacional" sustentada en su fuerza militar (haciendo caso omiso de que ésta es violatoria del derecho internacional), con el argumento de que todos los recursos del Estado han de ser utilizados para garantizar los derechos individuales y colectivos de los estadunidenses y defender los recursos estratégicos de su nación y sus instituciones básicas.
mayo 27, 2011
mayo 23, 2011
#15M y los medios manipuladores
Aquí un ejemplo de la tergiversación que los medios de derecha hacen de lo que acontece en la #acampadasol o #spanishrevolution. Esta revolución que tiene su epicentro en la Puerta del Sol de Madrid no promueve el voto nulo como de manera mentirosa difunden muchos medios de comunicación.
mayo 22, 2011
mayo 20, 2011
La debacle
La debacle
Luis Javier Garrido
El proyecto de Washington de someter a América Latina a su esquema de seguridad nacional –que es la vía para controlar los recursos estratégicos de la región– ha encontrado en el gobierno de Felipe Calderón un instrumento que, aunque torpe e ineficiente a su juicio, se muestra cada vez más dócil y entreguista hacian los intereses estadunidenses, como lo ha demostrado en la falsa “guerra contra el narco”, y en consecuencia la Casa Blanca está resignándose a respaldar cada vez más al panismo. Acción Nacional, asumiendo esta situación, busca a su vez usufructuar su entreguismo utilizando las múltiples complicidades establecidas con funcionarios estadunidenses para pretender enquistarse en 2012 en el poder.
1. El llamado delirante formulado por Calderón a sus colaboradores a impulsar en el último tercio del sexenio las contrarreformas neoliberales en materia laboral, energética y de seguridad que se reclaman desde Washington, y en el que insistió durante una larguísima reunión a la que convocó para ese efecto en el Centro Banamex el viernes 13 –durante la cual se asumió como un “churchilito” tropical–, no es por consiguiente más que otra demanda de apoyo, en la que incluyó también al PRI, para acelerar el desmantelamiento del Estado posrevolucionario, y entregar los últimos vestigios de la soberanía mexicana al capital trasnacional.
2. El discurso de la derecha mexicana no logra ya confundir a nadie, y cuando Calderón y los panistas hablan de “las reformas necesarias” a lo que están haciendo referencia es precisamente a la entrega por completo de México al control de Estados Unidos, dejando que las agencias estadunidenses se encarguen de “la seguridad interna del país”, que las multinacionales se apoderen de los recursos energéticos de México –y en particular del petróleo– y que los derechos laborales de los trabajadores se cancelen por completo para que el territorio nacional se transforme en una vasta maquila para supuestamente competir con China, lo que les urge culminar en lo que resta del sexenio. De ahí la urgencia de Los Pinos por convocar a las cámaras federales a un nuevo “periodo extraordinario” de sesiones, y también las ya no tan veladas amenazas al PRI que Calderón formula diariamente.
3. El gobierno de facto de Calderón no tiene otra oferta que hacer a Washington que la de entregarle por completo el país, de ahí que reitere una y otra vez hacia el exterior los signos de su sumisión: intentando no sólo hacer aprobar al vapor la legislación fascistoide en materia de seguridad y las contrarreformas energética y laboral, sino multiplicando las acciones que dan argumentos a Washington para una intervención más directa en México, como acontece con las matanzas de migrantes y ahora los episodios sangrientos en la frontera sur y en Guatemala, que en lo sucesivo van a reproducirse de la manera más burda, o con declaraciones que avalan las tesis del Pentágono. El embajador mexicano en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, haciendo ya suyo el discurso intervencionista de Washington, comparó hace dos días a los cárteles de México con organizaciones terroristas.
Luis Javier Garrido
El proyecto de Washington de someter a América Latina a su esquema de seguridad nacional –que es la vía para controlar los recursos estratégicos de la región– ha encontrado en el gobierno de Felipe Calderón un instrumento que, aunque torpe e ineficiente a su juicio, se muestra cada vez más dócil y entreguista hacian los intereses estadunidenses, como lo ha demostrado en la falsa “guerra contra el narco”, y en consecuencia la Casa Blanca está resignándose a respaldar cada vez más al panismo. Acción Nacional, asumiendo esta situación, busca a su vez usufructuar su entreguismo utilizando las múltiples complicidades establecidas con funcionarios estadunidenses para pretender enquistarse en 2012 en el poder.
1. El llamado delirante formulado por Calderón a sus colaboradores a impulsar en el último tercio del sexenio las contrarreformas neoliberales en materia laboral, energética y de seguridad que se reclaman desde Washington, y en el que insistió durante una larguísima reunión a la que convocó para ese efecto en el Centro Banamex el viernes 13 –durante la cual se asumió como un “churchilito” tropical–, no es por consiguiente más que otra demanda de apoyo, en la que incluyó también al PRI, para acelerar el desmantelamiento del Estado posrevolucionario, y entregar los últimos vestigios de la soberanía mexicana al capital trasnacional.
2. El discurso de la derecha mexicana no logra ya confundir a nadie, y cuando Calderón y los panistas hablan de “las reformas necesarias” a lo que están haciendo referencia es precisamente a la entrega por completo de México al control de Estados Unidos, dejando que las agencias estadunidenses se encarguen de “la seguridad interna del país”, que las multinacionales se apoderen de los recursos energéticos de México –y en particular del petróleo– y que los derechos laborales de los trabajadores se cancelen por completo para que el territorio nacional se transforme en una vasta maquila para supuestamente competir con China, lo que les urge culminar en lo que resta del sexenio. De ahí la urgencia de Los Pinos por convocar a las cámaras federales a un nuevo “periodo extraordinario” de sesiones, y también las ya no tan veladas amenazas al PRI que Calderón formula diariamente.
3. El gobierno de facto de Calderón no tiene otra oferta que hacer a Washington que la de entregarle por completo el país, de ahí que reitere una y otra vez hacia el exterior los signos de su sumisión: intentando no sólo hacer aprobar al vapor la legislación fascistoide en materia de seguridad y las contrarreformas energética y laboral, sino multiplicando las acciones que dan argumentos a Washington para una intervención más directa en México, como acontece con las matanzas de migrantes y ahora los episodios sangrientos en la frontera sur y en Guatemala, que en lo sucesivo van a reproducirse de la manera más burda, o con declaraciones que avalan las tesis del Pentágono. El embajador mexicano en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, haciendo ya suyo el discurso intervencionista de Washington, comparó hace dos días a los cárteles de México con organizaciones terroristas.
Juicio Penal Internacional a Felipe Calderón
To: International Criminal Court- Corte Penal Internacional
Juicio penal internacional en contra de Felipe Calderón, Joaquín Guzmán Loera, Genaro García Luna, Guillermo Galván Galván, Francisco Saynez Mendoza y demás autoridades, militares y narcotraficantes responsables de crímenes de guerra en México.
Los abajo firmantes solicitamos a la Corte Penal Internacional (CPI) ejercer su competencia respecto de los crímenes que a continuación se narran.
Felipe Calderón declaró el inicio de una “guerra” contra el narcotráfico, el 11 de diciembre de 2006, que ha resultado en la muerte de más de 40,000 seres humanos en los últimos 4 años. Para ello se ha valido de las fuerzas policíacas, el Ejército y Marina mexicanas. El uso del ejército en operativos contra el narcotráfico comenzó varios años atrás pero se intensificó en este período.
Juicio penal internacional en contra de Felipe Calderón, Joaquín Guzmán Loera, Genaro García Luna, Guillermo Galván Galván, Francisco Saynez Mendoza y demás autoridades, militares y narcotraficantes responsables de crímenes de guerra en México.
Los abajo firmantes solicitamos a la Corte Penal Internacional (CPI) ejercer su competencia respecto de los crímenes que a continuación se narran.
Felipe Calderón declaró el inicio de una “guerra” contra el narcotráfico, el 11 de diciembre de 2006, que ha resultado en la muerte de más de 40,000 seres humanos en los últimos 4 años. Para ello se ha valido de las fuerzas policíacas, el Ejército y Marina mexicanas. El uso del ejército en operativos contra el narcotráfico comenzó varios años atrás pero se intensificó en este período.
mayo 13, 2011
El desencuentro
El desencuentro
Luis Javier Garrido
La crisis política y moral del régimen calderonista se está agravando tras las revelaciones de estos días a propósito de las ejecuciones de los migrantes, que vinculan directamente al gobierno del PAN con "el crimen organizado", por lo que cualquier posible entendimiento entre las fuerzas sociales y los panistas es prácticamente inviable.
1. El último y gravísimo escándalo que involucra al gobierno de Felipe Calderón ha ido creciendo de manera vertiginosa desde que el lunes 9 un grupo de indocumentados denunció que funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) los entregaron a grupos paramilitares para que los despojaran de sus pertenencias y los ejecutaran, pues muchas otras denuncias e informaciones se han presentado en los siguientes días haciendo ver que la administración panista de facto ha seguido de manera sistemática estas políticas criminales con los migrantes centroamericanos con fines políticos muy claros y buscando además de paso culpar de estos homicidios a los cárteles de la droga.
2. Las políticas que Washington le impuso a Calderón desde 2006 en el contexto del llamado Plan México, rebautizado como Iniciativa Mérida el 30 de junio de 2008 por acuerdo de George W. Bush, supusieron "seguridad" en el discurso pero en los hechos "la colombianización" de nuestro país, entre otras cosas instaurando un clima de violencia y de terror con el fin de amedrentar al pueblo y desviar su atención de las políticas entreguistas del gobierno, para ir a la vez creando las condiciones para una mayor penetración de las agencias de seguridad estadunidenses en territorio mexicano, sin olvidar que en la frontera norte estas políticas tuvieron una peculiaridad muy clara: la de reducir mediante operativos criminales de disuasión, que en los hechos involucraron a ambos gobiernos, el número de migrantes mexicanos y centroamericanos deseosos de cruzar la línea fronteriza.
3. Las muertes de migrantes se fueron así atribuyendo al "crimen organizado", es decir a los cárteles del narco, supuestamente para desvalijar a quienes muy poco traían, hasta que la masacre de 72 migrantes latinoamericanos que trataban de llegar a Estados Unidos, descubierta en el rancho de San Fernando (Tamaulipas) en agosto de 2010, evidenció lo absurdo de esta hipótesis. Un ecuatoriano, sobreviviente de la misma, relató a los medios desde un hospital en Quito que jamás nadie intentó desvalijarlo a él y a los demás y que se trató de una mera ejecución, como muchas otras, sin explicación, que se han producido en territorio nacional.
4. El escándalo actual suscitado por atroces evidencias es de una gravedad sin precedente, pues pone de manifiesto la connivencia entre las policías calderonistas y el grupo de Los Zetas, a quienes los agentes del INM habían vendido a estos migrantes, según ellos mismos lo denunciaron ante la PGR (La Jornada, 10 de mayo), y de nuevo plantea la cuestión fundamental de estos años: ¿dónde está el crimen organizado, en los cárteles o en el gobierno, o en ambos? O para utilizar el lenguaje aparentemente infantil pero perverso de Los Pinos: ¿quiénes son los buenos y quiénes los malos?
Luis Javier Garrido
La crisis política y moral del régimen calderonista se está agravando tras las revelaciones de estos días a propósito de las ejecuciones de los migrantes, que vinculan directamente al gobierno del PAN con "el crimen organizado", por lo que cualquier posible entendimiento entre las fuerzas sociales y los panistas es prácticamente inviable.
1. El último y gravísimo escándalo que involucra al gobierno de Felipe Calderón ha ido creciendo de manera vertiginosa desde que el lunes 9 un grupo de indocumentados denunció que funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) los entregaron a grupos paramilitares para que los despojaran de sus pertenencias y los ejecutaran, pues muchas otras denuncias e informaciones se han presentado en los siguientes días haciendo ver que la administración panista de facto ha seguido de manera sistemática estas políticas criminales con los migrantes centroamericanos con fines políticos muy claros y buscando además de paso culpar de estos homicidios a los cárteles de la droga.
2. Las políticas que Washington le impuso a Calderón desde 2006 en el contexto del llamado Plan México, rebautizado como Iniciativa Mérida el 30 de junio de 2008 por acuerdo de George W. Bush, supusieron "seguridad" en el discurso pero en los hechos "la colombianización" de nuestro país, entre otras cosas instaurando un clima de violencia y de terror con el fin de amedrentar al pueblo y desviar su atención de las políticas entreguistas del gobierno, para ir a la vez creando las condiciones para una mayor penetración de las agencias de seguridad estadunidenses en territorio mexicano, sin olvidar que en la frontera norte estas políticas tuvieron una peculiaridad muy clara: la de reducir mediante operativos criminales de disuasión, que en los hechos involucraron a ambos gobiernos, el número de migrantes mexicanos y centroamericanos deseosos de cruzar la línea fronteriza.
3. Las muertes de migrantes se fueron así atribuyendo al "crimen organizado", es decir a los cárteles del narco, supuestamente para desvalijar a quienes muy poco traían, hasta que la masacre de 72 migrantes latinoamericanos que trataban de llegar a Estados Unidos, descubierta en el rancho de San Fernando (Tamaulipas) en agosto de 2010, evidenció lo absurdo de esta hipótesis. Un ecuatoriano, sobreviviente de la misma, relató a los medios desde un hospital en Quito que jamás nadie intentó desvalijarlo a él y a los demás y que se trató de una mera ejecución, como muchas otras, sin explicación, que se han producido en territorio nacional.
4. El escándalo actual suscitado por atroces evidencias es de una gravedad sin precedente, pues pone de manifiesto la connivencia entre las policías calderonistas y el grupo de Los Zetas, a quienes los agentes del INM habían vendido a estos migrantes, según ellos mismos lo denunciaron ante la PGR (La Jornada, 10 de mayo), y de nuevo plantea la cuestión fundamental de estos años: ¿dónde está el crimen organizado, en los cárteles o en el gobierno, o en ambos? O para utilizar el lenguaje aparentemente infantil pero perverso de Los Pinos: ¿quiénes son los buenos y quiénes los malos?
mayo 08, 2011
mayo 07, 2011
El frenesí
El frenesí
Luis Javier Garrido
La contrarreforma oficial en materia "de seguridad nacional" de Felipe Calderón, tendiente a "legitimar" el establecimiento en México de un Estado policiaco-militar, no haría otra cosa que agudizar la escalada de la violencia y llevar a los mexicanos a una mayor inseguridad, pero no está descartada en definitiva, a pesar de los llamados a la cordura hechos al gobierno desde dentro y fuera del país, advirtiéndole que de aprobarse se hundiría a México en el más absoluto desprestigio, y sigue constituyendo una amenaza para todos los mexicanos.
1. El gobierno de facto calderonista, empeñado como se halla en este 2011 en mantener a un panista en la silla presidencial a fin de que prosiga el desmantelamiento de la nación y la entrega del control de las decisiones estratégicas del país a Washington, escucha menos que nunca a las voces del disenso y se halla inmerso en un monólogo que bien puede calificarse de fascistoide, en el que repite hasta la saciedad una misma cantaleta de barbaridades pretendiendo que está luchando contra el mal y señalando que las fuerzas armadas no retornarán a los cuarteles.
2. La marcha silenciosa por la paz convocada por el poeta Javier Sicilia, de Cuernavaca a la capital, tras la ejecución de su hijo Juan Francisco y otras personas el 28 de marzo (5 al 8 de mayo), lejos de ser escuchada ha suscitado por lo mismo la cólera oficial, en particular luego del fracaso de los operadores de Los Pinos para cooptar a los organizadores de este movimiento, que han rechazado someterse a la lógica de violencia del gobierno panista, y más aún al manifestar Javier Sicilia y sus compañeros su oposición al proyecto de "ley de seguridad". Las demandas de la caminata-marcha de esclarecer el multihomicidio de Morelos y de poner fin a la militarización del país están siendo de tal manera respondidas por el gobierno panista de la manera más torpe: por una parte haciendo detenciones absurdas de presuntos culpables, que nadie les cree, y luego desarrollando un discurso de intolerancia, insistiendo en la sinrazón de la militarización.
4. El berrinche –y la cerrazón– de Calderón ante el movimiento que partió ayer de Cuernavaca se evidenció al lanzar un nuevo y patético mensaje televisado la noche del miércoles, en el que ya onubilado insistió presa de un frenesí de violencia en su rechazo a las demandas de la marcha, y luego al aprovechar ayer la ceremonia del 5 de mayo y acusar a Sicilia de pretender "dividir a los mexicanos", como si no estuviera la gran mayoría unida en contra de sus políticas
5. Los móviles de los grupos minoritarios que respaldan la ley que busca militarizar México son facciosos, pero tienen un denominador común: avalan todos de manera irresponsable, consciente o inconscientemente, el creciente control de Washington sobre las instituciones mexicanas. Un sector de altos oficiales del Ejército exige la nueva ley pretendiendo que se hagan legales e impunes las acciones policiales que anticonstitucionalmente llevan a cabo, y al mismo tiempo exige un inadmisible papel de decisión en los asuntos de Estado, pero no parece preocuparles su subordinación al Pentágono. Los seudoempresarios o traficantes de influencias que se han apoderado de espacios privilegiados en el país creen que un Estado policiaco-militar abaratará el costo de la mano de obra, pero no se dan cuenta de que sus días estarán contados al tomar Washington el control de la situación.
Luis Javier Garrido
La contrarreforma oficial en materia "de seguridad nacional" de Felipe Calderón, tendiente a "legitimar" el establecimiento en México de un Estado policiaco-militar, no haría otra cosa que agudizar la escalada de la violencia y llevar a los mexicanos a una mayor inseguridad, pero no está descartada en definitiva, a pesar de los llamados a la cordura hechos al gobierno desde dentro y fuera del país, advirtiéndole que de aprobarse se hundiría a México en el más absoluto desprestigio, y sigue constituyendo una amenaza para todos los mexicanos.
1. El gobierno de facto calderonista, empeñado como se halla en este 2011 en mantener a un panista en la silla presidencial a fin de que prosiga el desmantelamiento de la nación y la entrega del control de las decisiones estratégicas del país a Washington, escucha menos que nunca a las voces del disenso y se halla inmerso en un monólogo que bien puede calificarse de fascistoide, en el que repite hasta la saciedad una misma cantaleta de barbaridades pretendiendo que está luchando contra el mal y señalando que las fuerzas armadas no retornarán a los cuarteles.
2. La marcha silenciosa por la paz convocada por el poeta Javier Sicilia, de Cuernavaca a la capital, tras la ejecución de su hijo Juan Francisco y otras personas el 28 de marzo (5 al 8 de mayo), lejos de ser escuchada ha suscitado por lo mismo la cólera oficial, en particular luego del fracaso de los operadores de Los Pinos para cooptar a los organizadores de este movimiento, que han rechazado someterse a la lógica de violencia del gobierno panista, y más aún al manifestar Javier Sicilia y sus compañeros su oposición al proyecto de "ley de seguridad". Las demandas de la caminata-marcha de esclarecer el multihomicidio de Morelos y de poner fin a la militarización del país están siendo de tal manera respondidas por el gobierno panista de la manera más torpe: por una parte haciendo detenciones absurdas de presuntos culpables, que nadie les cree, y luego desarrollando un discurso de intolerancia, insistiendo en la sinrazón de la militarización.
4. El berrinche –y la cerrazón– de Calderón ante el movimiento que partió ayer de Cuernavaca se evidenció al lanzar un nuevo y patético mensaje televisado la noche del miércoles, en el que ya onubilado insistió presa de un frenesí de violencia en su rechazo a las demandas de la marcha, y luego al aprovechar ayer la ceremonia del 5 de mayo y acusar a Sicilia de pretender "dividir a los mexicanos", como si no estuviera la gran mayoría unida en contra de sus políticas
5. Los móviles de los grupos minoritarios que respaldan la ley que busca militarizar México son facciosos, pero tienen un denominador común: avalan todos de manera irresponsable, consciente o inconscientemente, el creciente control de Washington sobre las instituciones mexicanas. Un sector de altos oficiales del Ejército exige la nueva ley pretendiendo que se hagan legales e impunes las acciones policiales que anticonstitucionalmente llevan a cabo, y al mismo tiempo exige un inadmisible papel de decisión en los asuntos de Estado, pero no parece preocuparles su subordinación al Pentágono. Los seudoempresarios o traficantes de influencias que se han apoderado de espacios privilegiados en el país creen que un Estado policiaco-militar abaratará el costo de la mano de obra, pero no se dan cuenta de que sus días estarán contados al tomar Washington el control de la situación.
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