El desencuentro
Luis Javier Garrido
La crisis política y moral del régimen calderonista se está agravando tras las revelaciones de estos días a propósito de las ejecuciones de los migrantes, que vinculan directamente al gobierno del PAN con "el crimen organizado", por lo que cualquier posible entendimiento entre las fuerzas sociales y los panistas es prácticamente inviable.
1. El último y gravísimo escándalo que involucra al gobierno de Felipe Calderón ha ido creciendo de manera vertiginosa desde que el lunes 9 un grupo de indocumentados denunció que funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) los entregaron a grupos paramilitares para que los despojaran de sus pertenencias y los ejecutaran, pues muchas otras denuncias e informaciones se han presentado en los siguientes días haciendo ver que la administración panista de facto ha seguido de manera sistemática estas políticas criminales con los migrantes centroamericanos con fines políticos muy claros y buscando además de paso culpar de estos homicidios a los cárteles de la droga.
2. Las políticas que Washington le impuso a Calderón desde 2006 en el contexto del llamado Plan México, rebautizado como Iniciativa Mérida el 30 de junio de 2008 por acuerdo de George W. Bush, supusieron "seguridad" en el discurso pero en los hechos "la colombianización" de nuestro país, entre otras cosas instaurando un clima de violencia y de terror con el fin de amedrentar al pueblo y desviar su atención de las políticas entreguistas del gobierno, para ir a la vez creando las condiciones para una mayor penetración de las agencias de seguridad estadunidenses en territorio mexicano, sin olvidar que en la frontera norte estas políticas tuvieron una peculiaridad muy clara: la de reducir mediante operativos criminales de disuasión, que en los hechos involucraron a ambos gobiernos, el número de migrantes mexicanos y centroamericanos deseosos de cruzar la línea fronteriza.
3. Las muertes de migrantes se fueron así atribuyendo al "crimen organizado", es decir a los cárteles del narco, supuestamente para desvalijar a quienes muy poco traían, hasta que la masacre de 72 migrantes latinoamericanos que trataban de llegar a Estados Unidos, descubierta en el rancho de San Fernando (Tamaulipas) en agosto de 2010, evidenció lo absurdo de esta hipótesis. Un ecuatoriano, sobreviviente de la misma, relató a los medios desde un hospital en Quito que jamás nadie intentó desvalijarlo a él y a los demás y que se trató de una mera ejecución, como muchas otras, sin explicación, que se han producido en territorio nacional.
4. El escándalo actual suscitado por atroces evidencias es de una gravedad sin precedente, pues pone de manifiesto la connivencia entre las policías calderonistas y el grupo de Los Zetas, a quienes los agentes del INM habían vendido a estos migrantes, según ellos mismos lo denunciaron ante la PGR (La Jornada, 10 de mayo), y de nuevo plantea la cuestión fundamental de estos años: ¿dónde está el crimen organizado, en los cárteles o en el gobierno, o en ambos? O para utilizar el lenguaje aparentemente infantil pero perverso de Los Pinos: ¿quiénes son los buenos y quiénes los malos?
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