abril 30, 2011
El escándalo
El escándalo
Luis Javier Garrido
La “Ley de Seguridad Nacional” de Felipe Calderón y los priístas, que intereses espurios insistieron torpemente en hacer aprobar en estos días (junto con una nueva contrarreforma político-electoral y la contrarreforma laboral), generando un enorme escándalo en el país, no puede ser moral o jurídicamente aprobada, pero tampoco políticamente, pues de hacerlo los legisladores convertirían a México en el ridículo del mundo occidental: un Estado policiaco-militar que se pretende moderno.
1. La aberración principal de la iniciativa de modificaciones constitucionales y legales en materia de seguridad que Felipe Calderón envió en 2010 al Congreso está en su pretensión fundamental: busca hacer viable y seudolegal el que las fuerzas armadas asuman en México funciones policiacas (lo que en los hechos ha acontecido en los últimos cuatro años en abierta violación al principio consignado en el artículo 21 constitucional), principio que no se ha establecido en la legislación de ningún país euro-occidental, salvo los casos de la Alemania nazi (1933-1945) y de la España franquista (1939-1976), que es en mucho el modelo del actual gobierno panista y de sus asesores del PP español.
2. La discusión sobre la minuta que envió el Senado a los diputados y los cambios que un reducido grupo de diputados priístas le hicieron es por consiguiente irrelevante pues toda la discusión debe hacerse sobre el tema de fondo, que es gravísimo: los militares y los marinos no pueden cumplir en un Estado moderno funciones de Ministerio Público ni de policías judiciales o ministeriales, ni mucho menos a nivel federal y local. Las modificaciones del diputado priísta Alfonso Navarrete Prida, aclaradas en La Jornada del jueves 28, sólo la hacen más fascista al pretender que la ilegalidad se puede vigilar y compartir, y por ese hecho deja de serlo.
3. La ley por esto mismo no es susceptible de ser “mejorada” o “revisada” en las cámaras sino que debe ser desechada en su totalidad: porque constituye una aberración jurídica que hundiría más al país en la inseguridad al darle a las fuerzas castrenses seudolegalmente facultades policiales y de MP, tanto en la supuesta “guerra contra el narco” como en materia política o social. Constituiría un ejercicio inútil el debatir durante semanas cómo hacer pasar ante la ciudadanía la tesis de que es “legítimo” el que el Ejército o la Marina actúen en un marco que la comunidad internacional estima es ilegal y para cumplir tareas en las que se considera universalmente que su participación constituye una amenaza para los derechos humanos fundamentales.
Luis Javier Garrido
La “Ley de Seguridad Nacional” de Felipe Calderón y los priístas, que intereses espurios insistieron torpemente en hacer aprobar en estos días (junto con una nueva contrarreforma político-electoral y la contrarreforma laboral), generando un enorme escándalo en el país, no puede ser moral o jurídicamente aprobada, pero tampoco políticamente, pues de hacerlo los legisladores convertirían a México en el ridículo del mundo occidental: un Estado policiaco-militar que se pretende moderno.
1. La aberración principal de la iniciativa de modificaciones constitucionales y legales en materia de seguridad que Felipe Calderón envió en 2010 al Congreso está en su pretensión fundamental: busca hacer viable y seudolegal el que las fuerzas armadas asuman en México funciones policiacas (lo que en los hechos ha acontecido en los últimos cuatro años en abierta violación al principio consignado en el artículo 21 constitucional), principio que no se ha establecido en la legislación de ningún país euro-occidental, salvo los casos de la Alemania nazi (1933-1945) y de la España franquista (1939-1976), que es en mucho el modelo del actual gobierno panista y de sus asesores del PP español.
2. La discusión sobre la minuta que envió el Senado a los diputados y los cambios que un reducido grupo de diputados priístas le hicieron es por consiguiente irrelevante pues toda la discusión debe hacerse sobre el tema de fondo, que es gravísimo: los militares y los marinos no pueden cumplir en un Estado moderno funciones de Ministerio Público ni de policías judiciales o ministeriales, ni mucho menos a nivel federal y local. Las modificaciones del diputado priísta Alfonso Navarrete Prida, aclaradas en La Jornada del jueves 28, sólo la hacen más fascista al pretender que la ilegalidad se puede vigilar y compartir, y por ese hecho deja de serlo.
3. La ley por esto mismo no es susceptible de ser “mejorada” o “revisada” en las cámaras sino que debe ser desechada en su totalidad: porque constituye una aberración jurídica que hundiría más al país en la inseguridad al darle a las fuerzas castrenses seudolegalmente facultades policiales y de MP, tanto en la supuesta “guerra contra el narco” como en materia política o social. Constituiría un ejercicio inútil el debatir durante semanas cómo hacer pasar ante la ciudadanía la tesis de que es “legítimo” el que el Ejército o la Marina actúen en un marco que la comunidad internacional estima es ilegal y para cumplir tareas en las que se considera universalmente que su participación constituye una amenaza para los derechos humanos fundamentales.
abril 22, 2011
La iniciativa
La iniciativa
Luis Javier Garrido
La descabellada “guerra contra el narco” de Felipe Calderón ha tenido como rasgo fundamental el estarse llevando a cabo en violación a principios centrales de la Constitución y de las leyes federales, por lo que el país ha vivido durante cuatro años en un estado de excepción hundiéndose en la ilegalidad, pero el gobierno de la derecha mexicana, lejos de rectificar, lo que pretende ahora es modificar las leyes de la República para hacer aún más viable ese autoritarismo desbocado.
1. Las transgresiones de Calderón al orden constitucional para lograr el objetivo de militarizar el país, tal y como lo pactó con Estados Unidos, han sido múltiples, pero basta señalar algunos de sus rasgos para comprender la gravedad de lo que acontece: a) el Ejecutivo ha asumido facultades que constitucionalmente no tiene, como si viviésemos en una monarquía, para lanzar esta “guerra” dejando al Congreso como una comparsa; b) se han suspendido de hecho las garantías individuales en casi la mitad de las entidades, en violación a lo prescrito por el 29 constitucional, que prevé que esto sólo puede acontecer mediante una ley votada por el Congreso; c) el sistema federal y la autonomía municipal están siendo reducidos a escombros, teniendo como eje de todo esto, d) al Ejército y a la Marina, que están actuando como policías al margen de la ley, pasando por sobre los derechos de los mexicanos en una subordinación cada vez mayor a Washington, y e) como corolario, se están entregando funciones del Estado mexicano a las agencias estadunidenses, que ya dan órdenes en el territorio nacional.
2. La iniciativa de modificaciones constitucionales y legales en materia de seguridad que Calderón envió en 2010 al Congreso a fin de hacer “constitucional” la política de violencia a la que ha llevado a México parece haber sido elaborada por una mente desquiciada, pues, con el pretexto de aprobar una Ley de Seguridad Nacional, se busca establecer un discrecionalismo presidencial para utilizar a las fuerzas armadas, hacer “legal” la actuación del Ejército y la Marina en funciones judiciales y colocar a ambos cuerpos como un poder por encima de la Constitución, abrir la vía a la represión de los movimientos sociales, dejar en manos del Ejecutivo la posibilidad de decretar por su sola voluntad la suspensión de las garantías, “legalizar” de paso el intervencionismo de Estados Unidos y, en suma, sentar las bases para un Estado militarizado.
3. Las luchas sociales del pueblo mexicano, como las de la mayor parte de los pueblos de la Tierra, han tendido a dos cuestiones fundamentales íntimamente vinculadas, a) el hacer valer sus derechos fundamentales, empezando por el derecho a la vida y el derecho a la felicidad, y b) el acotar al mismo tiempo las funciones de quienes gobiernan, entendidos como sus representantes, y estos dos aspectos los reduce a nada la iniciativa bárbara de Felipe Calderón.
Luis Javier Garrido
La descabellada “guerra contra el narco” de Felipe Calderón ha tenido como rasgo fundamental el estarse llevando a cabo en violación a principios centrales de la Constitución y de las leyes federales, por lo que el país ha vivido durante cuatro años en un estado de excepción hundiéndose en la ilegalidad, pero el gobierno de la derecha mexicana, lejos de rectificar, lo que pretende ahora es modificar las leyes de la República para hacer aún más viable ese autoritarismo desbocado.
1. Las transgresiones de Calderón al orden constitucional para lograr el objetivo de militarizar el país, tal y como lo pactó con Estados Unidos, han sido múltiples, pero basta señalar algunos de sus rasgos para comprender la gravedad de lo que acontece: a) el Ejecutivo ha asumido facultades que constitucionalmente no tiene, como si viviésemos en una monarquía, para lanzar esta “guerra” dejando al Congreso como una comparsa; b) se han suspendido de hecho las garantías individuales en casi la mitad de las entidades, en violación a lo prescrito por el 29 constitucional, que prevé que esto sólo puede acontecer mediante una ley votada por el Congreso; c) el sistema federal y la autonomía municipal están siendo reducidos a escombros, teniendo como eje de todo esto, d) al Ejército y a la Marina, que están actuando como policías al margen de la ley, pasando por sobre los derechos de los mexicanos en una subordinación cada vez mayor a Washington, y e) como corolario, se están entregando funciones del Estado mexicano a las agencias estadunidenses, que ya dan órdenes en el territorio nacional.
2. La iniciativa de modificaciones constitucionales y legales en materia de seguridad que Calderón envió en 2010 al Congreso a fin de hacer “constitucional” la política de violencia a la que ha llevado a México parece haber sido elaborada por una mente desquiciada, pues, con el pretexto de aprobar una Ley de Seguridad Nacional, se busca establecer un discrecionalismo presidencial para utilizar a las fuerzas armadas, hacer “legal” la actuación del Ejército y la Marina en funciones judiciales y colocar a ambos cuerpos como un poder por encima de la Constitución, abrir la vía a la represión de los movimientos sociales, dejar en manos del Ejecutivo la posibilidad de decretar por su sola voluntad la suspensión de las garantías, “legalizar” de paso el intervencionismo de Estados Unidos y, en suma, sentar las bases para un Estado militarizado.
3. Las luchas sociales del pueblo mexicano, como las de la mayor parte de los pueblos de la Tierra, han tendido a dos cuestiones fundamentales íntimamente vinculadas, a) el hacer valer sus derechos fundamentales, empezando por el derecho a la vida y el derecho a la felicidad, y b) el acotar al mismo tiempo las funciones de quienes gobiernan, entendidos como sus representantes, y estos dos aspectos los reduce a nada la iniciativa bárbara de Felipe Calderón.
abril 15, 2011
Los beneficiarios
Los beneficiarios
Luis Javier Garrido
La pregunta de a quién beneficia la “guerra contra el narco” de Felipe Calderón tiene una respuesta evidente: al proyecto intervencionista de Washington y a los intereses económicos, financieros y políticos del grupo yunquista-calderonista en el poder en México. De ahí la negativa violenta de Calderón a detener la escalada de violencia en la que funda sus políticas de ambición transexenal.
1. El clamor nacional de “¡Ya basta!”, dirigido al gobierno del PAN, más intenso tras la ejecución del joven Juan Francisco Sicilia y sus compañeros el 28 de marzo en Temixco, Morelos, está siendo desvirtuado por una virulenta campaña propagandística y de desinformación del gobierno, pretendiendo que debe ser dirigido “al crimen organizado” y no a los panistas, que son, como todo mundo sabe, quienes han generado la violencia y la están administrando en función de sus intereses económicos y políticos, y que para muchos mexicanos forman parte de una mafia que debe ser calificada también como parte del “crimen organizado”.
2. Tras de que un grupo de trabajo de Naciones Unidas recomendó al gobierno el retiro, a corto plazo, del Ejército de este escenario (31 de marzo), un vocero oficial respondió que los militares continuarían en las calles, pero ahora que ha crecido la movilización promovida por el poeta Javier Sicilia –que al no obtener respuesta exige la renuncia de las autoridades de Morelos y anuncia una marcha a la capital–, el propio Calderón reiteró fúrico su negativa a terminar con la violencia en un discurso desbocado el martes 12, en el que pretendió eximirse de responsabilidad por haber llevado a México a un baño de sangre en función de intereses privados.
3. Las sinrazones del gobierno calderonista para seguir administrando la violencia y confundiendo a los mexicanos son muy claras: cumplir sus compromisos entreguistas con Washington, a fin de conseguir el respaldo de la Casa Blanca para que Acción Nacional siga en Los Pinos en 2012 y los beneficiarios de la violencia continúen adueñándose del país.
Luis Javier Garrido
La pregunta de a quién beneficia la “guerra contra el narco” de Felipe Calderón tiene una respuesta evidente: al proyecto intervencionista de Washington y a los intereses económicos, financieros y políticos del grupo yunquista-calderonista en el poder en México. De ahí la negativa violenta de Calderón a detener la escalada de violencia en la que funda sus políticas de ambición transexenal.
1. El clamor nacional de “¡Ya basta!”, dirigido al gobierno del PAN, más intenso tras la ejecución del joven Juan Francisco Sicilia y sus compañeros el 28 de marzo en Temixco, Morelos, está siendo desvirtuado por una virulenta campaña propagandística y de desinformación del gobierno, pretendiendo que debe ser dirigido “al crimen organizado” y no a los panistas, que son, como todo mundo sabe, quienes han generado la violencia y la están administrando en función de sus intereses económicos y políticos, y que para muchos mexicanos forman parte de una mafia que debe ser calificada también como parte del “crimen organizado”.
2. Tras de que un grupo de trabajo de Naciones Unidas recomendó al gobierno el retiro, a corto plazo, del Ejército de este escenario (31 de marzo), un vocero oficial respondió que los militares continuarían en las calles, pero ahora que ha crecido la movilización promovida por el poeta Javier Sicilia –que al no obtener respuesta exige la renuncia de las autoridades de Morelos y anuncia una marcha a la capital–, el propio Calderón reiteró fúrico su negativa a terminar con la violencia en un discurso desbocado el martes 12, en el que pretendió eximirse de responsabilidad por haber llevado a México a un baño de sangre en función de intereses privados.
3. Las sinrazones del gobierno calderonista para seguir administrando la violencia y confundiendo a los mexicanos son muy claras: cumplir sus compromisos entreguistas con Washington, a fin de conseguir el respaldo de la Casa Blanca para que Acción Nacional siga en Los Pinos en 2012 y los beneficiarios de la violencia continúen adueñándose del país.
abril 10, 2011
Por qué no podemos aceptar
sábado 9 de abril de 2011
Por qué no podemos aceptar la propuesta de Javier Sicilia
Guadalupe Lizárraga
Con todo su dolor, Sicilia habla a los medios para pedirnos a los mexicanos, prácticamente que olvidemos el pasado y empecemos de nuevo. Nos pide que “Lleguemos a un pacto, por lo menos un pacto nacional entre nosotros, porque si no, no vamos a salir, pero la convocatoria no puede salir de mí, –dice– quienes están al frente del país son los que tienen que convocar a esto” y les pide a los sicarios que vuelvan a su "código de honor".
Y con todo respeto que nos merece su trágica pérdida, hemos de responder precisamente con la congruencia que el dolor de un país tan lastimado como el nuestro puede darnos. Pero la congruencia no puede venir sólo del dolor, ciertamente, tenemos que hacernos muchas preguntas, muchas reflexiones y hacer memoria para tomar decisiones colectivas, hoy, en un momento crítico en el que México sigue muriendo.
¿Contra quién sería ese pacto nacional que propone Sicilia? ¿Contra las mafias narcotraficantes? ¿Contra los que han estado asesinando impunemente a los jóvenes, mujeres y niños? ¿Cuál es el problema realmente? ¿El que asesinen indiscriminadamente, el que trafiquen ilegalmente, o el que queden en impunidad? ¿Podrá ser racional un ejecutor que ha degollado a una veintena de personas lo mismo que el narcojefe Chapo Guzmán que se ha vuelto multimillonario reconocido internacionalmente? ¿Realmente se puede hablar de un código de honor para asesinar? ¿El pacto es pedirles que sólo se maten entre ellos? ¿Y los 25 mil niños que trabajan para el narcotráfico, está bien que mueran, mientras no se metan con "nosotros", los del pacto? ¿Podrán estos “señores” criminales comprender la razón intrínseca en un pacto de esta naturaleza?
¿Quiénes son los que están al frente del país y que según Sicilia “tienen que convocar a ese pacto”? El actual titular del Ejecutivo federal es producto de una elección fraudulenta que nos impidió tener la certeza de resultados legítimos y legales de las elecciones en 2006, una historia repetida en nuestro país. ¿No es acaso un criminal quien se roba las elecciones? ¿No es acaso un criminal quien miente a sus electores? Por supuesto que hay de criminales a criminales. Pero, querido lector, te pido que sigas leyendo hasta el final del texto.
La investidura del presidente de la república no es suficiente para convocar un pacto de no violencia, y olvidar sus acciones del pasado, mediato e inmediato. La guerra existe por convenio firmado en noviembre de 2007 entre Calderón y Bush. Fue una decisión, al margen del pueblo. El gobierno mexicano ha recibido más de 2 221 millones de dólares para combatir al narcotráfico, pero el cártel de Joaquín Chapo Guzmán sigue intacto. Las narcomantas, que han aparecido junto a los muertos y decapitados desde 2006, han puesto en evidencia que el combate es selectivo y la reacción sanguinaria de los rivales del Chapo no va a parar hasta que se respeten sus plazas.
Al frente del país están también los legisladores y jueces. ¿No son acaso quienes nos están robando y acordando reformas en contra de nosotros mismos? ¿Son ellos los que quiere que nos convoquen a un pacto de no violencia, mientras permitimos que sean violentos contra los derechos de los trabajadores?
¿Qué han hecho por el pueblo mexicano estos “señores” del poder público, señor Sicilia? ¿Irse de vacaciones a París o a Roma con el erario, en plena crisis económica y cuando las muertes se cuentan por miles de jóvenes sin apellido prominente? ¿Por qué ellos, los del poder, habrían de convocarnos a un pacto contra el narcotráfico, si cada día nos cuestan las drogas que consumen personalmente, nos cuesta el alcohol que se beben, los viajes que realizan, los escandalosos sueldos que ganan? ¿No es eso violento?
¿Por qué los ciudadanos vamos a pactar con quienes nos están denigrando, los que nos están expulsando de nuestro propio país, los que nos están robando y amenazando a diario? No, señor Sicilia, hay un problema para aceptar su propuesta, al menos de muchos mexicanos que no podemos ni olvidar ni perdonar lo que le han hecho a nuestro país ni a nuestras familias.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación también está al frente de México. ¿Por qué habrían de convocarnos los jueces a un gran pacto nacional para frenar la violencia que les resulta indiferente a ellos? ¿Cuántos hijos de ministros y jueces han asesinado en estos cuatro años? ¿Cuántas hijas de jueces han secuestrado, violado y tirado en un terreno baldío? ¿Hay alguna hija de un alto funcionario que haya desaparecido junto con las jóvenes de Ciudad Juárez? ¿Cuántas casas de los ministros han incendiado, después de una denuncia de de derechos humanos? ¿Podrán abanderar un verdadero pacto estos “señores” que están tan ajenos a nuestro dolor y tan cercanos al crimen organizado?
Piense señor Sicilia, ¿por qué habríamos de pactar con quienes han declarado la absolución de criminales como Raúl Salinas de Gortari (2009), el desparecido ex diputado Manuel Muñoz Rocha que nunca pisó la cárcel, absuelto también en 2009, o en un caso más reciente el asesino confeso de Ciudad Juárez, Sergio Barraza Bocanegra, en 2010, sólo por mencionar algunos? ¿Acaso no han sido estos jueces los responsables de que nuestro sistema de justicia, local y nacional, esté quebrado, corrompido y sólo sirva para proteger a criminales confesos o disfrazados de funcionarios?
Piense, señor Sicilia, ¿realmente podemos dejarnos liderar por los criminales que ocupan el poder público? ¿O cómo le llamaría usted a un funcionario que recibe dinero por dejar absuelto a un criminal? ¿No sería también un criminal? ¿Y al funcionario que permite el paso de la droga en la aduana? ¿Y al presidente del país que insiste en la masacre, en vez de convocar a una cumbre para la legalización del tráfico? ¿No le resulta tan sospechoso que siendo tan fallida la guerra, tan costosa en vidas, se insista en la misma estrategia? ¿No es criminal eso?
No podemos aceptar ningún pacto, ninguna convocatoria, de quienes nos han ofendido, depredado y diezmado, sólo porque están ahora al frente del país. No señor. No podemos olvidar que “ellos”, los ocupantes de los poderes públicos, están al frente del país, no porque los ciudadanos los hayamos puesto. Llegaron ahí por el tráfico de influencias, por nepotismo y por corrupción.
Quienes están al frente del país son también los integrantes del Congreso de la Unión. ¿No son acaso quienes nos han robando y acordado reformas en contra de nosotros mismos? ¿Son ellos los que quiere usted que nos convoquen a un pacto de no violencia?
Usted dice, señor Sicilia, “que puede sentarse con todos los sectores a dialogar, pero el que tiene que convocarlos a un pacto nacional, por estar al frente del país, es el presidente Felipe Calderón”. Con todo respeto, usted señor Sicilia es una víctima más del mal gobierno de Felipe Calderón. No es una cuestión personal, ni mucho menos, es un problema sistémico que ningún diálogo con ningún sector puede arreglar. No es pues, un asunto de palabras. Nunca lo ha sido. Es un asunto de acciones colectivas contra ellos mismos, contra quienes tienen al país hundido.
El estado de derecho ha sido fracturado porque se permite la impunidad, a quienes les pagamos por no permitirla. Cada uno de los mexicanos con cierto poder, dinero o influencias políticas, puede violar a nuestras hijas y matar a nuestros hijos, y tener total impunidad. Con Carlos Salinas de Gortari aprendimos lo que era la impunidad de los poderosos. Eso no podemos olvidarlo ni perdonarlo. Calderón solamente es un peón del gran juego de ajedrez que se mueve en torno al narcotráfico. No nos pida que un criminal convoque a un pacto contra criminales.
Por eso, no podemos aceptar su propuesta. Hablo por mí, por mi familia y por los 40 mil asesinados que hoy no olvidan ni perdonan haber muerto.
Por qué no podemos aceptar la propuesta de Javier Sicilia
Guadalupe Lizárraga
Con todo su dolor, Sicilia habla a los medios para pedirnos a los mexicanos, prácticamente que olvidemos el pasado y empecemos de nuevo. Nos pide que “Lleguemos a un pacto, por lo menos un pacto nacional entre nosotros, porque si no, no vamos a salir, pero la convocatoria no puede salir de mí, –dice– quienes están al frente del país son los que tienen que convocar a esto” y les pide a los sicarios que vuelvan a su "código de honor".
Y con todo respeto que nos merece su trágica pérdida, hemos de responder precisamente con la congruencia que el dolor de un país tan lastimado como el nuestro puede darnos. Pero la congruencia no puede venir sólo del dolor, ciertamente, tenemos que hacernos muchas preguntas, muchas reflexiones y hacer memoria para tomar decisiones colectivas, hoy, en un momento crítico en el que México sigue muriendo.
¿Contra quién sería ese pacto nacional que propone Sicilia? ¿Contra las mafias narcotraficantes? ¿Contra los que han estado asesinando impunemente a los jóvenes, mujeres y niños? ¿Cuál es el problema realmente? ¿El que asesinen indiscriminadamente, el que trafiquen ilegalmente, o el que queden en impunidad? ¿Podrá ser racional un ejecutor que ha degollado a una veintena de personas lo mismo que el narcojefe Chapo Guzmán que se ha vuelto multimillonario reconocido internacionalmente? ¿Realmente se puede hablar de un código de honor para asesinar? ¿El pacto es pedirles que sólo se maten entre ellos? ¿Y los 25 mil niños que trabajan para el narcotráfico, está bien que mueran, mientras no se metan con "nosotros", los del pacto? ¿Podrán estos “señores” criminales comprender la razón intrínseca en un pacto de esta naturaleza?
¿Quiénes son los que están al frente del país y que según Sicilia “tienen que convocar a ese pacto”? El actual titular del Ejecutivo federal es producto de una elección fraudulenta que nos impidió tener la certeza de resultados legítimos y legales de las elecciones en 2006, una historia repetida en nuestro país. ¿No es acaso un criminal quien se roba las elecciones? ¿No es acaso un criminal quien miente a sus electores? Por supuesto que hay de criminales a criminales. Pero, querido lector, te pido que sigas leyendo hasta el final del texto.
La investidura del presidente de la república no es suficiente para convocar un pacto de no violencia, y olvidar sus acciones del pasado, mediato e inmediato. La guerra existe por convenio firmado en noviembre de 2007 entre Calderón y Bush. Fue una decisión, al margen del pueblo. El gobierno mexicano ha recibido más de 2 221 millones de dólares para combatir al narcotráfico, pero el cártel de Joaquín Chapo Guzmán sigue intacto. Las narcomantas, que han aparecido junto a los muertos y decapitados desde 2006, han puesto en evidencia que el combate es selectivo y la reacción sanguinaria de los rivales del Chapo no va a parar hasta que se respeten sus plazas.
Al frente del país están también los legisladores y jueces. ¿No son acaso quienes nos están robando y acordando reformas en contra de nosotros mismos? ¿Son ellos los que quiere que nos convoquen a un pacto de no violencia, mientras permitimos que sean violentos contra los derechos de los trabajadores?
¿Qué han hecho por el pueblo mexicano estos “señores” del poder público, señor Sicilia? ¿Irse de vacaciones a París o a Roma con el erario, en plena crisis económica y cuando las muertes se cuentan por miles de jóvenes sin apellido prominente? ¿Por qué ellos, los del poder, habrían de convocarnos a un pacto contra el narcotráfico, si cada día nos cuestan las drogas que consumen personalmente, nos cuesta el alcohol que se beben, los viajes que realizan, los escandalosos sueldos que ganan? ¿No es eso violento?
¿Por qué los ciudadanos vamos a pactar con quienes nos están denigrando, los que nos están expulsando de nuestro propio país, los que nos están robando y amenazando a diario? No, señor Sicilia, hay un problema para aceptar su propuesta, al menos de muchos mexicanos que no podemos ni olvidar ni perdonar lo que le han hecho a nuestro país ni a nuestras familias.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación también está al frente de México. ¿Por qué habrían de convocarnos los jueces a un gran pacto nacional para frenar la violencia que les resulta indiferente a ellos? ¿Cuántos hijos de ministros y jueces han asesinado en estos cuatro años? ¿Cuántas hijas de jueces han secuestrado, violado y tirado en un terreno baldío? ¿Hay alguna hija de un alto funcionario que haya desaparecido junto con las jóvenes de Ciudad Juárez? ¿Cuántas casas de los ministros han incendiado, después de una denuncia de de derechos humanos? ¿Podrán abanderar un verdadero pacto estos “señores” que están tan ajenos a nuestro dolor y tan cercanos al crimen organizado?
Piense señor Sicilia, ¿por qué habríamos de pactar con quienes han declarado la absolución de criminales como Raúl Salinas de Gortari (2009), el desparecido ex diputado Manuel Muñoz Rocha que nunca pisó la cárcel, absuelto también en 2009, o en un caso más reciente el asesino confeso de Ciudad Juárez, Sergio Barraza Bocanegra, en 2010, sólo por mencionar algunos? ¿Acaso no han sido estos jueces los responsables de que nuestro sistema de justicia, local y nacional, esté quebrado, corrompido y sólo sirva para proteger a criminales confesos o disfrazados de funcionarios?
Piense, señor Sicilia, ¿realmente podemos dejarnos liderar por los criminales que ocupan el poder público? ¿O cómo le llamaría usted a un funcionario que recibe dinero por dejar absuelto a un criminal? ¿No sería también un criminal? ¿Y al funcionario que permite el paso de la droga en la aduana? ¿Y al presidente del país que insiste en la masacre, en vez de convocar a una cumbre para la legalización del tráfico? ¿No le resulta tan sospechoso que siendo tan fallida la guerra, tan costosa en vidas, se insista en la misma estrategia? ¿No es criminal eso?
No podemos aceptar ningún pacto, ninguna convocatoria, de quienes nos han ofendido, depredado y diezmado, sólo porque están ahora al frente del país. No señor. No podemos olvidar que “ellos”, los ocupantes de los poderes públicos, están al frente del país, no porque los ciudadanos los hayamos puesto. Llegaron ahí por el tráfico de influencias, por nepotismo y por corrupción.
Quienes están al frente del país son también los integrantes del Congreso de la Unión. ¿No son acaso quienes nos han robando y acordado reformas en contra de nosotros mismos? ¿Son ellos los que quiere usted que nos convoquen a un pacto de no violencia?
Usted dice, señor Sicilia, “que puede sentarse con todos los sectores a dialogar, pero el que tiene que convocarlos a un pacto nacional, por estar al frente del país, es el presidente Felipe Calderón”. Con todo respeto, usted señor Sicilia es una víctima más del mal gobierno de Felipe Calderón. No es una cuestión personal, ni mucho menos, es un problema sistémico que ningún diálogo con ningún sector puede arreglar. No es pues, un asunto de palabras. Nunca lo ha sido. Es un asunto de acciones colectivas contra ellos mismos, contra quienes tienen al país hundido.
El estado de derecho ha sido fracturado porque se permite la impunidad, a quienes les pagamos por no permitirla. Cada uno de los mexicanos con cierto poder, dinero o influencias políticas, puede violar a nuestras hijas y matar a nuestros hijos, y tener total impunidad. Con Carlos Salinas de Gortari aprendimos lo que era la impunidad de los poderosos. Eso no podemos olvidarlo ni perdonarlo. Calderón solamente es un peón del gran juego de ajedrez que se mueve en torno al narcotráfico. No nos pida que un criminal convoque a un pacto contra criminales.
Por eso, no podemos aceptar su propuesta. Hablo por mí, por mi familia y por los 40 mil asesinados que hoy no olvidan ni perdonan haber muerto.
abril 09, 2011
Los buenos y los malos
Los buenos y los malos
Luis Javier Garrido
El discurso propagandístico del gobierno de Felipe Calderón en que ha sustentado su “guerra contra el narco” y con el que busca eludir su responsabilidad histórica por el desastre al que ha llevado al país, pretendiendo culpar de la violencia que ha destruido a México en los últimos cuatro años a las fuerzas “del mal” denominadas “el crimen organizado”, ha fracasado por completo y sólo los panistas parecen no darse cuenta de ello.
1. La ejecución de siete personas, en su mayoría jóvenes –entre ellos el hijo del poeta Javier Sicilia–, el pasado 28 de marzo en las cercanías de Cuernavaca, ha constituido un momento de viraje en la actitud de los mexicanos ante lo que acontece, pues ha colmado a amplios sectores que hasta ahora habían permanecido pasivos ante la depredación del país llevada a cabo por el gobierno calderonista, y se están sumando ya a los sectores más conscientes de la población manifestando por todos los medios su hartazgo ante las políticas con las que el gobierno del PAN ha ido hundiendo a México en lo que va de este sexenio y que no dudan ya en calificar de “criminales”.
2. Las imágenes de diversos noticiarios de televisión del miércoles 6 de abril tras las manifestaciones llevadas a cabo en Cuernavaca y otras ciudades del país no dejan lugar a dudas del sentir popular pues, al igual que con sus pancartas, los asistentes gritaban que se vayan, “¡Fuera Calderón!” y “los asesinos están en Los Pinos”, a pesar de que varios de los medios masivos intentaron presentar las movilizaciones como una demanda al gobierno para extremar sus políticas represivas o buscaban culpar del crimen al gobernador panista Marco Antonio Adame, molestos por la filtración de la información en la que el procurador estatal había afirmado que serían militares los responsables del homicidio de Juan Francisco Sicilia y sus compañeros.
3. Las ejecuciones de Cuernavaca han puesto de esta manera a discusión de nuevo la cuestión central de lo que acontece: ¿dónde está el lindero que permite distinguir las acciones de las fuerzas armadas “del Estado” y de las agencias estadunidenses, que están actuando de continuo violando la ley para amedrentar al pueblo y defender ciertos intereses del narco asociados a la “clase política” y financiera oficial, y las fuerzas armadas de los otros cárteles?
4. La militarización de México o “guerra contra el narco”, impuesta al gobierno de Felipe Calderón por Washington a cambio de respaldarlo en la elección fraudulenta de 2006, ya se sabe que buscaba desde un principio generar un escenario de caos y amedrentamiento, que permitiese a Estados Unidos controlar más directamente el aparato de Estado mexicano con el pretexto de velar por su “seguridad interna”, pero en realidad para adueñarse de nuestros recursos estratégicos, y a los panistas usufructuar el poder político en beneficio de diversos grupos mafiosos, y por lo mismo esa supuesta “guerra” se sustentó en un discurso maniqueo y mentiroso que pretendía que se libraba entre las fuerzas “del bien” y las “del mal”. Es decir, el mismo discurso que a Washington le ha permitido, de Afganistán e Irak hasta Libia, tratar de alcanzar objetivos económicos, uno de los cuales es desde luego el de reordenar en su beneficio el mercado del narcotráfico.
Luis Javier Garrido
El discurso propagandístico del gobierno de Felipe Calderón en que ha sustentado su “guerra contra el narco” y con el que busca eludir su responsabilidad histórica por el desastre al que ha llevado al país, pretendiendo culpar de la violencia que ha destruido a México en los últimos cuatro años a las fuerzas “del mal” denominadas “el crimen organizado”, ha fracasado por completo y sólo los panistas parecen no darse cuenta de ello.
1. La ejecución de siete personas, en su mayoría jóvenes –entre ellos el hijo del poeta Javier Sicilia–, el pasado 28 de marzo en las cercanías de Cuernavaca, ha constituido un momento de viraje en la actitud de los mexicanos ante lo que acontece, pues ha colmado a amplios sectores que hasta ahora habían permanecido pasivos ante la depredación del país llevada a cabo por el gobierno calderonista, y se están sumando ya a los sectores más conscientes de la población manifestando por todos los medios su hartazgo ante las políticas con las que el gobierno del PAN ha ido hundiendo a México en lo que va de este sexenio y que no dudan ya en calificar de “criminales”.
2. Las imágenes de diversos noticiarios de televisión del miércoles 6 de abril tras las manifestaciones llevadas a cabo en Cuernavaca y otras ciudades del país no dejan lugar a dudas del sentir popular pues, al igual que con sus pancartas, los asistentes gritaban que se vayan, “¡Fuera Calderón!” y “los asesinos están en Los Pinos”, a pesar de que varios de los medios masivos intentaron presentar las movilizaciones como una demanda al gobierno para extremar sus políticas represivas o buscaban culpar del crimen al gobernador panista Marco Antonio Adame, molestos por la filtración de la información en la que el procurador estatal había afirmado que serían militares los responsables del homicidio de Juan Francisco Sicilia y sus compañeros.
3. Las ejecuciones de Cuernavaca han puesto de esta manera a discusión de nuevo la cuestión central de lo que acontece: ¿dónde está el lindero que permite distinguir las acciones de las fuerzas armadas “del Estado” y de las agencias estadunidenses, que están actuando de continuo violando la ley para amedrentar al pueblo y defender ciertos intereses del narco asociados a la “clase política” y financiera oficial, y las fuerzas armadas de los otros cárteles?
4. La militarización de México o “guerra contra el narco”, impuesta al gobierno de Felipe Calderón por Washington a cambio de respaldarlo en la elección fraudulenta de 2006, ya se sabe que buscaba desde un principio generar un escenario de caos y amedrentamiento, que permitiese a Estados Unidos controlar más directamente el aparato de Estado mexicano con el pretexto de velar por su “seguridad interna”, pero en realidad para adueñarse de nuestros recursos estratégicos, y a los panistas usufructuar el poder político en beneficio de diversos grupos mafiosos, y por lo mismo esa supuesta “guerra” se sustentó en un discurso maniqueo y mentiroso que pretendía que se libraba entre las fuerzas “del bien” y las “del mal”. Es decir, el mismo discurso que a Washington le ha permitido, de Afganistán e Irak hasta Libia, tratar de alcanzar objetivos económicos, uno de los cuales es desde luego el de reordenar en su beneficio el mercado del narcotráfico.
abril 07, 2011
Discursos Javier Sicilia (abril 6, 2011)
A LAS FUERZAS ARMADAS DE MEXICO.
Ustedes han sido siempre los custodios de la paz de la nación. Por ello, nunca habríamos querido verlos fuera de sus cuarteles más que para repeler una invasión extranjera o para ayudarnos, como lo han hecho siempre, en las catástrofes naturales. Ahora los han sacado a la calle para combatir lo que a las policías pertenece. No los queríamos allí, pero allí los han puesto, provocando con ello una escalada en la violencia al incitar al crimen organizado a enfrentarse a ustedes con armas más poderosas. Son ya cuatro años de guerra y lejos de disminuir, el consumo y tráfico de drogas ha aumentado, lejos de sentirnos seguros, nos sentimos con miedo y coraje ante la impotencia de verlos pelear en nuestras calles. Por ello les exigimos, como ciudadanos de esa patria que defienden y custodian todos los días, que no permitan que en sus filas anide el crimen y crezca la complicidad.
Muchos de los asesinos que hoy dañan a la nación de manera terrible en nuestros hijos e hijas, provienen de la deserción de sus filas. La crueldad con la que esos desertores actúan tiene un origen que debe ser revisado cuidadosamente y sanado dentro de sus instituciones para que la deserción no se repita ni los códigos de honor que deben ser parte de la educación de las fuerzas armadas no se traicionen nunca ni en ninguna situación.
Bajo el peso de los casi 40,000 muertos que llevamos a nuestras espaldas, en medio de las mal llamadas bajas colaterales que su intervención en esta guerra ha producido, en medio del horror y del infierno que parecen no tener fin, en medio de la inseguridad que se ha apoderado del espacio y del tiempo de nuestra nación hasta convertir los espacios públicos y las horas, en los lugares y las horas equivocadas, en medio de esta miseria, ustedes deben devolvernos la confianza de que realmente custodian a la nación y de que no debemos temerles cuando nos encontramos frente a ustedes.
abril 03, 2011
Estamos hasta la madre: Javier Sicilia
‘Estamos hasta la madre’: Javier Sicilia
03/04/2011
PROCESO | México, DF.- El brutal asesinato de mi hijo Juan Francisco, de Julio César Romero Jaime, de Luis Antonio Romero Jaime y de Gabriel Anejo Escalera se suma a los de tantos otros muchachos y muchachas que han sido igualmente asesinados a lo largo y ancho del país a causa no sólo de la guerra desatada por el gobierno de Calderón contra el crimen organizado, sino del pudrimiento del corazón que se ha apoderado de la mal llamada “clase política” y de la “clase criminal”, que ha roto sus códigos de honor.
No quiero, en esta carta, hablarles de las virtudes de mi hijo, que eran inmensas, ni de las de los otros muchachos que vi florecer a su lado, estudiando, jugando, amando, creciendo para servir, como tantos otros muchachos, a este país que ustedes han desgarrado.
Hablar de ello no serviría más que para conmover lo que ya de por sí conmueve el corazón de la ciudadanía hasta la indignación. No quiero tampoco hablar del dolor de mi familia y de la familia de cada uno de los muchachos destruidos. Para ese dolor no hay palabras –sólo la poesía puede acercarse un poco a él, y ustedes no saben de poesía–. Lo que hoy quiero decirles desde esas vidas mutiladas, desde ese dolor que carece de nombre porque es fruto de lo que no pertenece a la naturaleza –la muerte de un hijo es siempre antinatural y por ello carece de nombre: entonces no se es huérfano ni viudo, se es simple y dolorosamente nada–, desde esas vidas mutiladas, desde ese sufrimiento, desde la indignación que esas muertes han provocado, es simplemente que estamos hasta la madre.
Estamos hasta la madre de ustedes, políticos –y cuando digo políticos no me refiero a ninguno en particular, sino a una buena parte de ustedes, incluyendo a quienes componen los partidos–, porque en sus luchas por el poder han desgarrado el tejido de la nación, porque en medio de esta guerra mal planteada, mal hecha, mal dirigida, de esta guerra que ha puesto al país en estado de emergencia, han sido incapaces –a causa de sus mezquindades, de sus pugnas, de su miserable grilla, de su lucha por el poder– de crear los consensos que la nación necesita para encontrar la unidad sin la cual este país no tendrá salida; estamos hasta la madre, porque la corrupción de las instituciones judiciales genera la complicidad con el crimen y la impunidad para cometerlo; porque, en medio de esa corrupción que muestra el fracaso del Estado, cada ciudadano de este país ha sido reducido a lo que el filósofo Giorgio Agamben llamó, con palabra griega, zoe: la vida no protegida, la vida de un animal, de un ser que puede ser violentado, secuestrado, vejado y asesinado impunemente; estamos hasta la madre porque sólo tienen imaginación para la violencia, para las armas, para el insulto y, con ello, un profundo desprecio por la educación, la cultura y las oportunidades de trabajo honrado y bueno, que es lo que hace a las buenas naciones; estamos hasta la madre porque esa corta imaginación está permitiendo que nuestros muchachos, nuestros hijos, no sólo sean asesinados sino, después, criminalizados, vueltos falsamente culpables para satisfacer el ánimo de esa imaginación; estamos hasta la madre porque otra parte de nuestros muchachos, a causa de la ausencia de un buen plan de gobierno, no tienen oportunidades para educarse, para encontrar un trabajo digno y, arrojados a las periferias, son posibles reclutas para el crimen organizado y la violencia; estamos hasta la madre porque a causa de todo ello la ciudadanía ha perdido confianza en sus gobernantes, en sus policías, en su Ejército, y tiene miedo y dolor; estamos hasta la madre porque lo único que les importa, además de un poder impotente que sólo sirve para administrar la desgracia, el dinero, el fomento de la competencia, de su pinche “competitividad” y del consumo desmesurado, que son otros nombres de la violencia.
De ustedes, criminales, estamos hasta la madre, de su violencia, de su pérdida de honorabilidad, de su crueldad, de su sinsentido.
03/04/2011
PROCESO | México, DF.- El brutal asesinato de mi hijo Juan Francisco, de Julio César Romero Jaime, de Luis Antonio Romero Jaime y de Gabriel Anejo Escalera se suma a los de tantos otros muchachos y muchachas que han sido igualmente asesinados a lo largo y ancho del país a causa no sólo de la guerra desatada por el gobierno de Calderón contra el crimen organizado, sino del pudrimiento del corazón que se ha apoderado de la mal llamada “clase política” y de la “clase criminal”, que ha roto sus códigos de honor.
No quiero, en esta carta, hablarles de las virtudes de mi hijo, que eran inmensas, ni de las de los otros muchachos que vi florecer a su lado, estudiando, jugando, amando, creciendo para servir, como tantos otros muchachos, a este país que ustedes han desgarrado.
Hablar de ello no serviría más que para conmover lo que ya de por sí conmueve el corazón de la ciudadanía hasta la indignación. No quiero tampoco hablar del dolor de mi familia y de la familia de cada uno de los muchachos destruidos. Para ese dolor no hay palabras –sólo la poesía puede acercarse un poco a él, y ustedes no saben de poesía–. Lo que hoy quiero decirles desde esas vidas mutiladas, desde ese dolor que carece de nombre porque es fruto de lo que no pertenece a la naturaleza –la muerte de un hijo es siempre antinatural y por ello carece de nombre: entonces no se es huérfano ni viudo, se es simple y dolorosamente nada–, desde esas vidas mutiladas, desde ese sufrimiento, desde la indignación que esas muertes han provocado, es simplemente que estamos hasta la madre.
Estamos hasta la madre de ustedes, políticos –y cuando digo políticos no me refiero a ninguno en particular, sino a una buena parte de ustedes, incluyendo a quienes componen los partidos–, porque en sus luchas por el poder han desgarrado el tejido de la nación, porque en medio de esta guerra mal planteada, mal hecha, mal dirigida, de esta guerra que ha puesto al país en estado de emergencia, han sido incapaces –a causa de sus mezquindades, de sus pugnas, de su miserable grilla, de su lucha por el poder– de crear los consensos que la nación necesita para encontrar la unidad sin la cual este país no tendrá salida; estamos hasta la madre, porque la corrupción de las instituciones judiciales genera la complicidad con el crimen y la impunidad para cometerlo; porque, en medio de esa corrupción que muestra el fracaso del Estado, cada ciudadano de este país ha sido reducido a lo que el filósofo Giorgio Agamben llamó, con palabra griega, zoe: la vida no protegida, la vida de un animal, de un ser que puede ser violentado, secuestrado, vejado y asesinado impunemente; estamos hasta la madre porque sólo tienen imaginación para la violencia, para las armas, para el insulto y, con ello, un profundo desprecio por la educación, la cultura y las oportunidades de trabajo honrado y bueno, que es lo que hace a las buenas naciones; estamos hasta la madre porque esa corta imaginación está permitiendo que nuestros muchachos, nuestros hijos, no sólo sean asesinados sino, después, criminalizados, vueltos falsamente culpables para satisfacer el ánimo de esa imaginación; estamos hasta la madre porque otra parte de nuestros muchachos, a causa de la ausencia de un buen plan de gobierno, no tienen oportunidades para educarse, para encontrar un trabajo digno y, arrojados a las periferias, son posibles reclutas para el crimen organizado y la violencia; estamos hasta la madre porque a causa de todo ello la ciudadanía ha perdido confianza en sus gobernantes, en sus policías, en su Ejército, y tiene miedo y dolor; estamos hasta la madre porque lo único que les importa, además de un poder impotente que sólo sirve para administrar la desgracia, el dinero, el fomento de la competencia, de su pinche “competitividad” y del consumo desmesurado, que son otros nombres de la violencia.
De ustedes, criminales, estamos hasta la madre, de su violencia, de su pérdida de honorabilidad, de su crueldad, de su sinsentido.
Retiro del Ejército: ONU
- Las fuerzas armadas se han convertido en una amenaza para los derechos humanos, dice
Retirar al Ejército de las calles, recomienda la ONU a México
- El grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas considera que los militares no están facultados para realizar labores de seguridad pública
- El acceso a la justicia, otro gran pendiente, señalan
Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Viernes 1º de abril de 2011, p. 7
El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias recomendó al gobierno de México que considere a corto plazo el retiro del Ejército de las labores de seguridad pública, toda vez que no está facultado para dicha labor, y por el contrario, su actuación se ha relacionado con el aumento de la criminalidad.
Durante la presentación del informe que la comisión elaboró tras visitar cuatro entidades del país –Distrito Federal, Chihuahua, Guerrero y Coahuila–, del 18 al 31 de marzo, sus miembros hicieron un recuento pormenorizado de las actuales actividades de lla institución castrense.
Un elemento analizado, dijeron, es la utilización de las fuerzas armadas como eje de la "guerra" contra el crimen organizado, puesto que los militares no recibieron entrenamiento para lidiar con civiles y patrullar las calles, sino para combatir a fuerzas extranjeras enemigas.
Aunque admitieron que la ola de inseguridad que azota al país es generada principalmente por los delincuentes, los especialistas de Naciones Unidas señalaron que en dicho fenómeno también hay una responsabilidad del Ejército y otros cuerpos de seguridad del Estado.
Astillero: Ejército, ¡al cuartel!
Astillero
Julio Hernández López
El retorno de los militares a los cuarteles es una exigencia básica para ir desmontando el sistema de control social mediante el terror institucional que Felipe Calderón ha ido construyendo para disimular las gravísimas carencias de orden civil de su gobierno. El caos enrojecido que es hoy la nación tiene como origen la impreparación del ocupante de Los Pinos para conducir con pleno respeto a la legalidad a un país necesitado de guerrear contra otros males y no, como sucede ahora, de gastar gran parte del dinero público en acciones de casi imposible fiscalización confiable que en lugar de derrotar al objetivo buscado han provocado desbordamiento de la violencia, odio social prolongado, derogación fáctica de lo que quedaba del estado de derecho, fortalecimiento de ciertos cárteles que se van constituyendo en corporativos de control, y florecimiento en cantidad y ganancias del negocio en sí, el del tráfico de drogas.
Difícil y peligroso resulta en ese contexto abogar por el regreso de los soldados a los cuarteles, pues se suele contraponer con ribetes agresivos el hecho real de que la "delincuencia organizada" se ha desbordado y por tanto no puede haber otra forma de contenerla y reprimirla que con el uso extremo de las fuerzas militares, aun cuando éstas cometan a ojos vistas abusos constantes (entre otras cosas, porque la lógica del soldado es la de aniquilar al enemigo). Pero, así como una parte de la sociedad ha enarbolado la demanda de "No más sangre", es necesario también empujar la exigencia de que soldados y marinos regresen a sus cuarteles y que las autoridades civiles cumplan con sus responsabilidades en el marco de la legalidad, sin pervertir el sentido de las acciones de los militares y sin permitir que esas botas, hoy instaladas en el campo del combate al narcotráfico, acaben incursionando en terrenos políticos y electorales ante la incapacidad confesa de los civiles para arreglar los asuntos públicos. →→Leer más
- Ejército, ¡al cuartel!
- En "corto plazo", pide ONU
- PGR: Marisela Michoacanazo
- "Pruebas" y equívocos en Edomex
Julio Hernández López
El retorno de los militares a los cuarteles es una exigencia básica para ir desmontando el sistema de control social mediante el terror institucional que Felipe Calderón ha ido construyendo para disimular las gravísimas carencias de orden civil de su gobierno. El caos enrojecido que es hoy la nación tiene como origen la impreparación del ocupante de Los Pinos para conducir con pleno respeto a la legalidad a un país necesitado de guerrear contra otros males y no, como sucede ahora, de gastar gran parte del dinero público en acciones de casi imposible fiscalización confiable que en lugar de derrotar al objetivo buscado han provocado desbordamiento de la violencia, odio social prolongado, derogación fáctica de lo que quedaba del estado de derecho, fortalecimiento de ciertos cárteles que se van constituyendo en corporativos de control, y florecimiento en cantidad y ganancias del negocio en sí, el del tráfico de drogas.
Difícil y peligroso resulta en ese contexto abogar por el regreso de los soldados a los cuarteles, pues se suele contraponer con ribetes agresivos el hecho real de que la "delincuencia organizada" se ha desbordado y por tanto no puede haber otra forma de contenerla y reprimirla que con el uso extremo de las fuerzas militares, aun cuando éstas cometan a ojos vistas abusos constantes (entre otras cosas, porque la lógica del soldado es la de aniquilar al enemigo). Pero, así como una parte de la sociedad ha enarbolado la demanda de "No más sangre", es necesario también empujar la exigencia de que soldados y marinos regresen a sus cuarteles y que las autoridades civiles cumplan con sus responsabilidades en el marco de la legalidad, sin pervertir el sentido de las acciones de los militares y sin permitir que esas botas, hoy instaladas en el campo del combate al narcotráfico, acaben incursionando en terrenos políticos y electorales ante la incapacidad confesa de los civiles para arreglar los asuntos públicos. →→Leer más
El río de hierro
El río de hierro
Luis Javier Garrido
El proyecto de llevar a México a una subordinación absoluta a Estados Unidos, que ha sido objetivo fundamental de las políticas del gobierno de Felipe Calderón, sigue avanzando al continuarse incorporando a múltiples regiones a una situación de violencia extrema.
1. Los documentos del Departamento de Estado relativos al tráfico de armas de Estados Unidos a México en los últimos años, filtrados por Wikileaks y publicados por La Jornada los días 28 y 29 de marzo, confirman el hecho de que más allá de las declaraciones de los funcionarios de ambos gobiernos sobre sus aparentes intenciones y de las mutuas recriminaciones de los últimos días, existen una serie de complicidades al más alto nivel para llevar a nuestro país a un escenario de violencia cada vez mayor a fin de justificar la injerencia creciente de Washington en el manejo directo de los asuntos políticos y económicos mexicanos.
2. El envío de armas de alto poder a otro país para agudizar un conflicto y acelerar su descomposición forma parte del viejo arsenal de estrategias perversas del Departamento de Estado, como se está viendo en el caso de Libia, donde el gobierno estadunidense –para garantizar el éxito de su invasión– decidió entregar masivamente armamento a los rebeldes a pesar de la tibia oposición de varios de los gobiernos europeos que lo secundan con la tesis pronto abandonada de que “venimos a traer la paz y no la destrucción masiva”. El seudo argumento de que invadieron Libia para “defender los derechos humanos” y no en pos del petróleo queda así reducido a nada.
3. La entrada masiva a México de armamento de alto poder por la frontera norte (el “río de hierro”) que, desde el escándalo suscitado por el operativo Rápido y furioso, nadie duda que es promovida y organizada por agencias estadunidenses, ha sido sin embargo en las reuniones bilaterales –según los cables– un mecanismo permanente de presión de Estados Unidos hacia nuestro país para alcanzar una mayor injerencia en el manejo de las fuerzas armadas nacionales, como se ve en el cable 08MEXICO2160. El armamento ha proliferado –según se argumenta desde Estados Unidos– por la incompetencia de las autoridades mexicanas en el registro de armas y la imposibilidad de Washington para acceder plenamente a esa información, por la corrupción en las aduanas (que –se recuerda– aún no son manejadas por Estados Unidos) y por el desorden existente al respecto en la Defensa Nacional, todo lo cual requeriría, se sobrentiende, de un más directo control de agentes estadunidenses.
Luis Javier Garrido
El proyecto de llevar a México a una subordinación absoluta a Estados Unidos, que ha sido objetivo fundamental de las políticas del gobierno de Felipe Calderón, sigue avanzando al continuarse incorporando a múltiples regiones a una situación de violencia extrema.
1. Los documentos del Departamento de Estado relativos al tráfico de armas de Estados Unidos a México en los últimos años, filtrados por Wikileaks y publicados por La Jornada los días 28 y 29 de marzo, confirman el hecho de que más allá de las declaraciones de los funcionarios de ambos gobiernos sobre sus aparentes intenciones y de las mutuas recriminaciones de los últimos días, existen una serie de complicidades al más alto nivel para llevar a nuestro país a un escenario de violencia cada vez mayor a fin de justificar la injerencia creciente de Washington en el manejo directo de los asuntos políticos y económicos mexicanos.
2. El envío de armas de alto poder a otro país para agudizar un conflicto y acelerar su descomposición forma parte del viejo arsenal de estrategias perversas del Departamento de Estado, como se está viendo en el caso de Libia, donde el gobierno estadunidense –para garantizar el éxito de su invasión– decidió entregar masivamente armamento a los rebeldes a pesar de la tibia oposición de varios de los gobiernos europeos que lo secundan con la tesis pronto abandonada de que “venimos a traer la paz y no la destrucción masiva”. El seudo argumento de que invadieron Libia para “defender los derechos humanos” y no en pos del petróleo queda así reducido a nada.
3. La entrada masiva a México de armamento de alto poder por la frontera norte (el “río de hierro”) que, desde el escándalo suscitado por el operativo Rápido y furioso, nadie duda que es promovida y organizada por agencias estadunidenses, ha sido sin embargo en las reuniones bilaterales –según los cables– un mecanismo permanente de presión de Estados Unidos hacia nuestro país para alcanzar una mayor injerencia en el manejo de las fuerzas armadas nacionales, como se ve en el cable 08MEXICO2160. El armamento ha proliferado –según se argumenta desde Estados Unidos– por la incompetencia de las autoridades mexicanas en el registro de armas y la imposibilidad de Washington para acceder plenamente a esa información, por la corrupción en las aduanas (que –se recuerda– aún no son manejadas por Estados Unidos) y por el desorden existente al respecto en la Defensa Nacional, todo lo cual requeriría, se sobrentiende, de un más directo control de agentes estadunidenses.