DEMX

Luis Javier Garrido

La ofensiva

¿Están siendo los legisladores mexicanos objeto de dádivas de los consorcios petroleros trasnacionales para que aprueben la contrarreforma de Felipe Calderón, como lo señalan algunos analistas, lo que reproduciría aquí una de las prácticas de corrupción que se dan impunemente en el sistema estadunidense?

1. El debate en materia energética en el Senado ha puesto al descubierto el proyecto de las trasnacionales por apoderarse de la industria petrolera de México del cual es piedra angular la iniciativa de Felipe Calderón, pero también está abriendo una reflexión tanto sobre la corrupción desenfrenada del grupo calderonista como sobre el funcionamiento del Poder Legislativo mexicano, planteándose entre otras una cuestión: ¿están siendo los legisladores mexicanos objeto de dádivas de los consorcios petroleros al igual que acontece en el sistema estadunidense?

2. El país sabe que el gobierno panista es una cloaca y que muchos de sus integrantes están asociados a corporaciones trasnacionales en el negocio que están fraguando, y por eso no sorprenden noticias como las que han generado nuevos escándalos esta semana al saberse que el gobierno ha mandado a una red de emisarios a Estados Unidos para solicitar apoyo de los grandes consorcios petroleros o que Georgina Kessel (secretaria de Energía) contrató multimillonarios servicios de espionaje privado para vigilar a los legisladores en relación con el debate energético (El Universal, 26 y 29 de mayo).

3. La actitud de algunos priístas ha llamado la atención, pues varios parecen dispuestos a avalar la privatización por móviles poco claros. Los legisladores del PRI, se supone que no tendrían en principio problema alguno para desechar, por notoriamente anticonstitucional, la propuesta de Calderón, quien les exige de manera desvergonzada le ayuden a hacerle un fraude a la Constitución, y que lo hagan además traicionando sus principios, ya que en el punto 14 de su Declaración de Principios se establece que en relación con los energéticos el PRI sostiene “el principio constitucional de propiedad de la nación”, y se pronuncia “contra de todo intento de privatización del patrimonio de los mexicanos”. Sigue leyendo