¿Pacificación? ¡Queremos paz, queremos justicia!

Editorial

Publicado en el número 175 de El Zenzontle Agosto de 2018

¿Pacificación? ¡Queremos paz, queremos justicia!

Los regímenes autoritarios del mundo y en particular los de América Latina han utilizado el nombre de pacificación para la estrategia combinada de fuerza y control sobre la población, luego de una crisis política, el ascenso de la insurgencia popular o la presencia de violencias “ilegales” que amenazan la seguridad del Estado.

En el México de estos días, el término pacificación es parte del proyecto del que será nuevo gobierno a partir del próximo 1 de diciembre presidido por Andrés Manuel López Obrador. Los aspectos que contiene según lo anunciado son posibles amnistías, instalación de comisiones de la verdad para casos especiales, mantener un mando único, presencia de un fiscal propuesto por el nuevo presidente, creación de guardia nacional, debate sobre la legalización del consumo de algunas drogas y su posible producción y comercio regulados por el Estado, y el establecimiento de acuerdos fronterizos de seguridad tanto con los gobiernos de Estados Unidos y con los del triángulo norte de Centroamérica.

Pareciera ser un cambio en alguna medida importante frente a lo ejercido por lo menos en los pasados dos sexenios, el del panista Felipe Calderón y el del priista Enrique Peña Nieto, ambos responsables de una intensa y amplia guerra contra el pueblo, disfrazada primero de guerra contra las drogas y luego como guerra al crimen organizado. Lo que consideramos guerra contra los pueblos por sus resultados en 12 años: 200 mil muertos, casi 40 mil desaparecidos 35 mil desplazados forzados, homicidios crecientes, ejecuciones extrajudiciales masacres y fosas clandestinas.

La situación es dominada por un abanico muy diverso del sostenido negocio del crimen que va del narcotráfico a la trata y tráfico de personas, de la venta de órganos humanos, el saqueo de zonas arqueológicas, el huachicol para extraer gasolina y gas, al robo a ferrocarriles de carga y al despojo de recursos del agua, la tierra y el aire de las comunidades. Un negocio afirmado por las empresas vendedoras de armas, banqueros que lavan el dinero y trasnacionales que utilizan militares y paramilitares (del narco o sicarios de políticos) para invadir y despojar a los territorios de los pueblos con violencia.

Violencia que alcanzó a hombres y mujeres de todas las edades, que sacrifica a periodistas, defensoras de derechos humanos, luchadores sociales y población inerme de las comunidades rurales indígenas y mestizas, a los barrios urbanos, las escuelas, los centros de trabajo y las calles. Violencia que acompañan como testigos, cómplices, pero también como asesinos miembros del ejército, de la marina, de la policía federal, las estatales y municipales y muchísimos grupos de paramilitares de dentro o fuera de las instituciones, incluso muchos pagados por grupos empresariales como sucedía con las guardias blancas o “brigadas de limpieza social”.

México está convertido en un campo de terror y de guerra. La respuesta del Estado y de los poderes del dinero ha sido una ley de seguridad interior, aún no validada por la Suprema Corte de Justicia, pero aplicada en los hechos junto a las muchas leyes y nomas represivas y simulaciones de justicia con las que han pretendido ocultar tanta sevicia, negando fosas, cárceles y desapariciones, así como impidiendo la búsqueda de la verdad y la justicia.

Y de este tejido de violencia institucionalizada poco o nada se dice por el equipo de la próxima secretaria de gobernación, la de seguridad y por quienes trabajan para renovar las procuradurías.

Lo que no se dice también cuenta

La pacificación entonces: ¿romperá la cadena del plan Mérida, así tenga otro nombre, reforzando la línea de seguridad nacional que Estados Unidos ha dispuesto para su dominio geoestratégico? ¿Está por venir la fase de cumplimiento (aunque sea recortado) de la Ley de Seguridad Interior? ¿Continuarán militares y marinos en calles y caminos? ¿Habrá cambios para que no se deporte a migrantes o se ayude a que lo siga haciendo el gobierno racista de Estados unidos? ¿Seguirá la impunidad y el ocultamiento de la verdad ante desapariciones, ejecuciones y masacres de luchadores y defensores sociales? ¿Seguirá el feminicidio y el racismo como violencia normalizada por el sistema?

Si no hay justicia no habrá paz y, la violencia tendrá como rostro de una pacificación que calme, controle o reprima primero a los pobres y nunca a los criminales del poder.

Si el terror que aplican los de arriba permanece, si no se castiga a sus responsables y se arranca su raíz capitalista, patriarcal y racista, el pueblo en cualesquiera de sus expresiones organizadas tendrá que tomar la legítima decisión de protegerse, resistir y rebelarse.