en el Golfo de MéxicoFoto José Carlo González
H
oy, 15 de julio, el
gobierno de la República asignará los primeros contratos de producción
petrolera a empresas mayoritariamente extranjeras. Con esa acción se
inicia la consumación de un crimen más de lesa patria y el país
retrocederá a la subordinación que, en esta materia, predominó hasta
antes de la expropiación petrolera de 1938.
Es el inicio de un camino sin rumbo, de pérdida del control sobre
nuestros recursos naturales, de sometimiento de las poblaciones que
habitan las regiones petroleras, de pérdida de ingresos para atender
necesidades sociales e incluso de debilitamiento institucional del
propio Estado para conducir el desarrollo nacional.
La pérdida de control sobre esta área estratégica de la economía
nacional se inició en el momento en que el titular del Ejecutivo y los
partidos que lo apoyan reformaron los artículos 25, 27 y 28 de la
Constitución, en diciembre de 2013. Fue una reforma que mutiló los
derechos de propiedad y dominio de la nación sobre los hidrocarburos,
que minó las bases de una industria petrolera nacional que durante 77
años se había desarrollado hasta colocarse a la altura de las más
importantes del mundo.
La industria estatal integrada, que comienza en 1938, pionera en su
tiempo, fue seguida posteriormente por la mayoría de los países
petroleros del mundo. Durante más de medio siglo Pemex impulsó la
industrialización y el más vigoroso crecimiento económico que el país
haya conocido, sosteniendo una política de precios bajos de los
energéticos. Se constituyó en fuente permanente de una inmensa renta que
ha sostenido las finanzas públicas, la construcción de infraestructura,
la investigación científico-técnica y el gasto en salud y educación.
La entrega precipitada que hace el gobierno del sector petrolero se
presenta con una grave ausencia: la de entes reguladores con la
experiencia y fuerza necesarias para controlar a las grandes empresas
supranacionales que dominan este sector.
Tomando en consideración los cambios ya efectuados, se dará a los
operadores privados un trato fiscal y financiero que los gobiernos
entreguistas negaron sistemáticamente a Pemex. Hoy, Pemex aporta al
menos 71 centavos de cada peso que obtiene de la venta de cada barril de
petróleo. En cambio, los nuevos concesionarios aportarán menos de 20
centavos. Como si el objetivo final de la dizque reforma no fuera la
obtención de los mayores ingresos para el país y su desarrollo
industrial. La contrarreforma arrincona a Pemex a una parte de las
reservas petroleras hoy conocidas, con una vida no mayor de nueve años, y
deja las nuevas reservas a los operadores privados.
Los 14 bloques que se asignarán a cada empresa o consorcio, por
periodos de más de 25 años, son parte de lo que se ha denominado la
ronda uno,
que tiene previsto licitar 169 bloques sobre un total de 28.5 mil
kilómetros cuadrados en Plegado Perdido (11 bloques), en los estados del
noreste (ocho), Chicontepec (89), aguas profundas sur (17), así como
terrestres y aguas someras del golfo de Campeche (44). En un proyecto
tan ambicioso y rápido que no tendría precedente cercano en el mundo.
Hasta ahora se han publicado tres convocatorias para 19 contratos de
producción compartida y 26 contratos de licencia (claramente concesiones
prohibidas por la Constitución), en una superficie de 5 mil 311
kilómetros cuadrados de aguas y tierras nacionales. Aun cuando la
información publicada por la Comisión Nacional de Hidrocarburos no es
homogénea, el total de reservas ofrecidas superaría 2 mil millones de
barriles, de los cuales 15 por ciento serían de reservas probadas, 29
por ciento probables y el resto de posibles.
Ahora bien, ante el colapso de los precios internacionales del
petróleo y en lugar de frenar las licitaciones, el gobierno decidió
concentrar su oferta en la parte más jugosa de las reservas nacionales.
Por ejemplo, en la segunda convocatoria, la proporción de reservas
probadas ascendió a 12 por ciento, mientras que en la tercera asciende a
25 por ciento. La prensa internacional y nacional ha señalado que el
gobierno negocia las cláusulas de los contratos con los inversionistas
interesados, aumentando la magnitud de ganancias que estarán libres de
impuestos y los plazos para el inicio de actividades, lo que permitiría a
los inversionistas adquirir derechos legales sobre recursos con bajos
riesgos y alta rentabilidad sin estar obligados a realizar inversiones,
sino hasta que la incertidumbre de la coyuntura de bajos precios pudiera
menguar y les resultara conveniente invertir.
Por otra parte, si los costos de extracción de un barril de petróleo
mexicano promedian 15 dólares y antes se lograba vender en 100, el país
podía tener una utilidad de 70-75 dólares; pero hoy, que el barril sólo
se puede vender en 50 o 55, no hay justificación para que la nación
acepte una utilidad de 15 o 20 dólares. Entonces, ¿por qué apresurarse?
¿Cuál es el beneficio para la nación? Resulta difícil creer que, en las
condiciones actuales, la operación de Pemex resulte menos lucrativa para
la nación que la de un particular.
Por otra parte, es indispensable advertir que la mayor parte de los
contratos de licencia que hasta ahora se han ofrecido se ubican en
territorios con fuerte presencia de pueblos originarios en Veracruz,
Tabasco y Chiapas. Estas comunidades, de ahora en adelante, se
encontrarán frente a una legislación que considera prioritarias las
actividades que realicen las empresas privadas –de exploración,
perforación, extracción y conducción de hidrocarburos, etcétera– sobre
las actividades que tradicionalmente han venido realizando, y que ante
una eventual negativa a vender o ceder en renta sus tierras procedería
su expropiación e incluso expulsión.
Es de recordar que en el pasado los ocupantes superficiales de
la tierra tuvieron condiciones quizá mejores. Por ejemplo, la ley
petrolera de 1925 consideraba el derecho de los superficiarios a recibir
una participación de: “… como mínimo 5 por ciento sobre la producción
bruta a título de indemnización”. En cambio, la ley actual plantea
(artículo 101, 6) que el asignatario o contratista podrá dar al
superficiario un pago no mayor a 3 por ciento en el caso del gas
natural, y en los demás casos no podrá ser mayor a 2 por ciento.
Además, la experiencia muestra que las empresas privadas no han dado
mejores resultados en México. Fruto de la reforma de 2008, se asignaron
contratos a particulares para producir en 11 bloques de yacimientos
maduros. A la vuelta de cinco años, se tiene una producción conjunta muy
reducida, que apenas suma 49 mil barriles diarios. Otro tanto ha pasado
con los contratos de servicios múltiples licitados en la cuenca de
Burgos, años atrás. Estos ejemplos muestran que el ingreso de operadores
privados no es la panacea que se ha publicitado.
Las licitaciones que, prevén se lleven a cabo, están orientadas a
transferir reservas que Pemex ya había descubierto, recursos en los que
el país ha invertido cantidades considerables de dinero y que ahora,
simplemente, pasarán a manos de particulares. Durante la discusión
pública del proyecto de reforma el gobierno sostuvo que no se trataba de
hacer a un lado a Pemex y que los particulares participarían ahí donde
Pemex no tuviera experiencia por la complejidad de los yacimientos. Hoy
queda claro que se están licitando las reservas probadas del país y
desplazando a Petróleos Mexicanos de actividades que domina plenamente,
donde su capacidad es la más alta, dado su conocimiento preciso del
recurso y de las técnicas necesarias para su explotación, como son las
aguas someras del Golfo de México.
En el pasado, como ahora, hemos buscado el diálogo y presentado
propuestas, con el único propósito de contribuir a la construcción de
acuerdos que mejoren la operación de la industria petrolera y de los
energéticos para el país. Siempre mirando en preservar la propiedad y el
dominio pleno de la Nación sobre sus recursos naturales, fuente de una
riqueza que debe ser aprovechada en igualdad de circunstancias por todos
los mexicanos.
Hoy, ante la inminencia de regresar a un modelo de explotación
petrolera que será paulatinamente concentrado en empresas
trasnacionales, que ya en el pasado probó su inconveniencia para el
progreso del país, exhortamos al gobierno federal a detener las
licitaciones de áreas petroleras que son patrimonio de todos los
mexicanos, dada su inconveniencia económica; a preparar una amplia
consulta popular vinculatoria sobre las reformas, principalmente, al
artículo 27 constitucional en materia energética y a construir, con la
sociedad y sus organizaciones, un amplio acuerdo que permita reconstruir
la confianza y diseñar una estrategia energética que convenga y
fortalezca al país.
Sería sumamente importante que los integrantes del Congreso de la
Unión, en uso de sus facultades, antes de la firma de los contratos
petroleros, demanden que se abran al conocimiento público todas y cada
una de sus cláusulas. Que revise la legislación aplicable para que la
representación popular determine legalmente la vigencia de los contratos
petroleros e intervenga en la determinación de los ingresos públicos
que surgen de las cláusulas económicas de esos contratos, impidiendo que
la SHCP los determine discrecionalmente.
Convocamos a los ciudadanos y a sus organizaciones a emprender todas
las iniciativas civiles a su alcance, con el propósito de mantener viva
la lucha en contra de la entrega a intereses contrarios a los de México y
los mexicanos de los recursos energéticos del país; para recuperar la
soberanía de la nación sobre sus recursos naturales y para que el Estado
garantice el suministro energético, en su diversidad, calidad y
precios, que permitan satisfacer las necesidades esenciales de toda la
población.
Alertamos a la sociedad sobre las prácticas de despojo y agresión que
en otros países, y en el pasado también en México, se han registrado
contra la gente asentada en áreas con potencialidad de contener
hidrocarburos. Frente a esos precedentes es indispensable acompañar a
aquellas comunidades vinculadas a proyectos de explotación petrolera con
la finalidad de que puedan decidir democrática y libremente lo que
mejor les convenga. En este sentido, rechazamos que el interés de una
empresa privada, del origen que sea, pueda estar por encima de las
actividades económicas, la propiedad y la residencia de la población que
habita en las zonas petroleras.
En la coyuntura actual se abren oportunidades internas a la
transformación industrial del petróleo mexicano. Las necesidades de
petrolíferos y petroquímicos que tiene y tendrá el país en el futuro
deberían llevar al gobierno a retomar con Pemex los proyectos para
ampliar la reposición de reservas petroleras, la plataforma de
producción primaria, la capacidad de refinación, la producción de
fertilizantes que urgen al campo mexicano y de productos petroquímicos
que hagan más competitiva nuestra planta industrial, abriendo espacios
de coinversión con empresas mexicanas o extranjeras que verdaderamente
quisieran comprometerse con el desarrollo soberano del país.
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