La ultraderecha
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julio 26, 2011
julio 22, 2011
La "reforma"
Luis Javier Garrido
La "reforma política" de Felipe Calderón, que éste urge al Congreso le apruebe –junto con las llamadas "reformas" laboral y de seguridad–, y que el escritor Javier Sicilia en nombre de su movimiento exigió al Senado el día 22 sea aprobada cuanto antes, es una verdadera contrarreforma, contraria a los intereses del pueblo mexicano, y al margen de que es fundamental se discutan en México, de la manera más amplia y democrática posible, los cambios políticos y electorales que urgen al país para tener un régimen democrático (lo que no haría este gobierno), hay que reiterar que no existe la posibilidad legal de que se aprueben cambios en materia política electoral para 2012.
1. La propuesta de establecer en México una democracia semi-directa en vez del régimen representativo que establece el artículo 40 constitucional, y en la que ahora busca montarse hipócritamente la derecha calderonista para vaciarla de contenido, surgió como en el resto del mundo históricamente de la izquierda.
2. En la primera fase de la mesa 2 de los diálogos de San Andrés entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno federal, llevada a cabo del 21 al 25 de marzo de 1996 –y que fue interrumpida por los zapatistas ante la intemperancia del gobierno zedillista para seguir dialogando y los signos de que no quería cumplir lo acordado en la mesa 1–, como integrante del cuerpo de asesores del EZLN hice el planteamiento de acordar una verdadera reforma para garantizar los derechos políticos como derechos fundamentales de los mexicanos, modificar el artículo 41 para establecer las candidaturas ciudadanas, el 71 para que tuviesen los ciudadanos participación en el proceso de iniciativa y formación de las leyes y el 97 a fin de que pudiesen poner éstos en acción la maquinaria judicial para que se investigara cualquier violación del voto público.
3. En esta ponencia publicada en Democracia y Justicia. Diálogos de Sacam Ch’en (Ce-Ácatl, 1996, pp. 27-29), hice asimismo el planteamiento de que se estableciera en México el principio de la revocación del mandato, que en el país han rechazado con vehemencia el PAN y el PRI, y en el mundo la mayor parte de los partidos políticos; que no figura desde luego en la iniciativa de Calderón de 2010 que apoya Sicilia, y que es clamor de diversos sectores de mexicanos que no quieren verse obligados a sufrir a un mal gobernante por un periodo determinado cuando ha mostrado su venalidad o su incompetencia, como dan cuenta en nuestro país múltiples casos en los tiempos recientes, incluyendo el de Felipe Calderón.
4. En esta ponencia propuse que al lado de la democracia representativa se establecieran formas de democracia directa o semidirecta, desde el plebiscito y el referéndum, que de alguna manera han permanecido en los usos y costumbres de los pueblos indígenas de México, y que existen en buena parte de los regímenes euro-occidentales como vía para dirimir cuestiones legislativas de gran importancia, pero haciendo el señalamiento de que estos mecanismos deberían estar no en manos del poder, como lo pretende la propuesta de la derecha, sino del pueblo.
5. El EZLN, ante la cerrazón oficial, buscó desde entonces desarrollar estas prácticas de democracia directa y semidirecta en los territorios zapatistas, por lo que tales formas de toma de decisiones forman parte de manera cada vez más arraigada de la vida cotidiana de sus comunidades, en tanto que la derecha oficial buscó desde entonces tergiversar su sentido.
6. Al Estado policial que pretende Calderón ante la crisis económica y financiera que se avecina, le interesan ahora prioritariamente dos cambios: a) los tendientes a permitir la relección inmediata de diputados y senadores, exigidos desde hace años por Washington y el capital trasnacional para tener un cuerpo legislativo permanente y "confiable", los que como se sabe son contrarios a nuestra historia, y que Carlos A. Madrazo como jefe del PRI logró echar abajo en 1965, y b) los de las candidaturas independientes, tanto para cumplir con el fallo de San José que condenó a México por no admitirlas, como para poder presentar como "independiente" en 2012 a un candidato del yunquismo y del PAN tras el fracaso de los llamados "siete enanos", que ya no son más que seis.
7. Las candidaturas independientes son objeto de un manoseo por parte de la derecha, ya que en un régimen electoral determinado por el dinero y la impunidad de los medios, los grupos oligárquicos las ven como una salida ante la crisis de los partidos. En el perverso marco jurídico actual no se podrían propiciar candidaturas obreras o campesinas sino de grandes empresarios, por lo que atisbando esto, el ex canciller Jorge G. Castañeda intentó ser en 2006 candidato "independiente" por el financiamiento millonario que le brindara el magnate estadunidense George Soros. La clave de las candidaturas independientes está por lo mismo en modificar en profundidad las leyes y establecer reglas de equidad para equipararlas a las de los partidos, y éstos no están dispuestos a ello, pues sólo las quieren, como Calderón, en tanto que figura decorativa.
8. Una reforma no se limita a un simple enunciado sino que debe precisarse su sentido, lo mismo en la Constitución que en la ley reglamentaria, en este caso el Cofipe, y en la actualidad no es viable hacerlo, como quiere Calderón, antes de los comicios de 2012. No sólo por la falta de tiempo para discutirla sino por el principio legal de que la legislación no puede modificarse sino hasta seis meses antes del proceso. La propuesta formulada el 14 de julio por el académico Diego Valadés para darle la vuelta a esta regla, consignándola en la Constitución y, a pesar del acotamiento legal, disponiendo en un transitorio que ésta sería posible en 2012, no es viable, porque la misma no sería factible si no es reglamentada en la ley secundaria y modificadas las leyes en su conjunto.
9. Una contrarreforma política como la del PAN, apoyada por el movimiento de Sicilia, en vez de abrir vías de participación las restringiría fortaleciendo el régimen oligárquico. Lo que urge es por el contrario una amplia discusión sobre la reforma política que requiere nuestro país, pues los cambios hechos desde 1989 por la alianza de los salinistas y el PAN no abrió la vía a ninguna transición o democracia sino a otra forma de autoritarismo. El IFE y el tribunal electoral están desde entonces en manos de los partidos, y cuando este partido es el del gobierno, como ahora el PAN, todo sigue como antes del 88: el gobierno oligárquico lo controla todo. De ahí la urgencia de una verdadera reforma para que cambie el régimen autoritario y demagógico que asfixia al país, a la que se opondrían sin duda el PAN y el PRI y un sector del PRD,
10. Ante estas tentativas de los panistas para seguir confundiendo a los mexicanos, además de actuar hay que espetar por eso una vez más, con fuerza y claridad, un contundente: "¡Ya basta!"
julio 16, 2011
La depredación
Luis Javier Garrido
El mayor riesgo que tiene el país en esta larga agonía del gobierno calderonista lo constituye el intento de las fuerzas de la extrema derecha por hacer aprobar al Congreso una serie de contrarreformas neoliberales con las que pretende terminar de desmantelar al Estado mexicano, culminando así su labor depredadora de estos años.
1. El riesgo de que a espaldas y en contra de los mexicanos se aprueben algunas de las contrarreformas urdidas por la derecha yunquista es muy grande, pues a pesar de que hay de continuo declaraciones en el sentido de que no habrá en agosto un periodo extraordinario para ello, las filtraciones de Los Pinos pretenden que ya tienen el consenso del PRI para algunas de ellas y se habla de la contrarreforma laboral y de la relativa a seguridad nacional.
2. La nueva "legislación" en materia de seguridad nacional que Calderón pretende le apruebe el Congreso abriría, como se ha señalado, la vía para crear en México el Estado policiaco de carácter totalitario en el que sueñan los panistas en previsión de la crisis social que los tecnócratas neoliberales advierten como consecuencia del colapso de la economía mexicana, uncida al desastre que se ve venir de las finanzas internacionales a consecuencia de la imposición del modelo neoliberal.
3. La contrarreforma calderonista de supuesta "seguridad nacional" no es otra cosa que un nuevo blindaje a los actos ilegales del Ejecutivo, pues supone aberraciones inaceptables en un régimen constitucional de derecho, que han sido descalificadas tanto por juristas como por agrupaciones defensoras de derechos humanos, y es poco probable que la mayoría de los legisladores del PRI y del PRD autoricen dicha pretensión, por la regresión histórica que significaría. Calderón demanda el establecimiento de un régimen en el cual exista una discrecionalidad absoluta del Ejecutivo para suspender de hecho las garantías individuales y una plena libertad del gobierno federal para violentar la autonomía de los estados y los municipios, la actuación del Ejército y la Marina como fuerzas policiales en un marco absoluto de impunidad y la prerrogativa presidencial de determinar cuándo se violan las garantías constitucionales.
4. El Ejército y la Marina, como todas las fuerzas policiales del gobierno calderonista, han actuado estos cuatro años en abierta violación al orden constitucional de México y violentando múltiples pactos y tratados internacionales, y lo que Felipe Calderón plantea es que se modifiquen la Constitución y las leyes de la nación nada menos que para adecuarlas al estado de ilegalidad y de violencia impune en el que han venido manifestándose marinos y militares. En otras palabras, para que las leyes se adecuen a la realidad, y se dé una apariencia de "legalidad" a la violencia criminal del gobierno.
5. Una de las mayores perversiones del actual gobierno panista, que ha depredado no sólo la vida social y la economía del país sino las instituciones de la República, la ha constituido la subordinación que ha logrado de los ministros de la Suprema Corte de Justicia no nada más en función de sus pretensiones políticas (lo que era ya un rasgo del régimen del PRI) sino llevándolos a actuar en contra de la Constitución en función de los intereses de la derecha trasnacional, lo mismo en materia de energía que de los derechos fundamentales de los mexicanos, todo con el objetivo de acelerar el desmantelamiento del Estado nacional, avalando así la legalidad prevaleciente, y eso se ve sobre todo en materia de "seguridad nacional", en donde la Corte no actúa como una instancia de control de la constitucionalidad ni de las leyes ni de los actos del gobierno. Calderón critica todo el tiempo a los jueces de primera instancia acusándolos de corruptos, pero no se da cuenta de que los mexicanos ven sobre todo la corrupción de arriba: la que vincula a la Corte con Los Pinos.
6. El fallo impreciso y ambiguo de la Suprema Corte del 12 de julio determinando que los militares deben ser juzgados en los tribunales civiles "si violan garantías" pretende ser una respuesta a la exigencia nacional e internacional de que se termine en México la prerrogativa aberrante, que se ha ampliado de hecho, del fuero castrense, y los marinos y militares sean sometidos en todos los casos a los tribunales ordinarios, pero no lo es, como muchos han supuesto, pues busca tergiversar lo establecido en el artículo 13 constitucional, que niega la existencia del fuero en los delitos de militares contra civiles. Al no fallar con claridad la cuestión, los ministros no hicieron más que abrir la vía para que se pueda legislar en el sentido que pretende el gobierno panista: estableciendo una discrecionalidad absoluta de las autoridades para que ellas mismas puedan determinar en qué casos, durante las supuestas acciones de la “guerra contra el narco”, los militares violaron las garantías individuales.
7. La resolución busca dar respuesta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó a México en 2009 tras el caso Radilla, pretendiendo que la cuestión ha sido resuelta y las normas y prácticas mexicanas son ya conformes al derecho internacional, aunque no se haya cancelado por completo la pretensión de las fuerzas armadas mexicanas de conservar todo tipo de fuero de hecho y de derecho. De ahí otro motivo más de urgencia que tiene Felipe Calderón para que el Congreso expida la nueva legislación en materia de seguridad nacional, que él exige a fin de poder hacer del "nuevo Estado" panista un Estado policial.
8. La respuesta de las fuerzas armadas ante la gravísima situación institucional creada por el inepto gobierno panista, que con sus políticas de violencia las ha llevado a actuar de manera ilegal e inconstitucional para servir a intereses extranjeros, no podía ser otra. Un grupo de altos mandos militares demandaron el miércoles 13 ante la Comisión bicameral de Seguridad Nacional del Congreso que se apruebe un marco jurídico que legalice la lucha anticonstitucional que dicen librar "contra el narcotráfico", y que sea mucho más amplio que el de la contrarreforma calderonista que queda "muy corta" para ellos (La Jornada del 14 de julio), sin entender que amplios sectores de mexicanos se han dado ya cuenta de que lo que están haciendo es otra cosa, y fundamentalmente el crear un clima de terror en el país para someter a los mexicanos al proyecto trasnacional y para reordenar al narco en función de los intereses estadunidenses.
9. Esos militares se equivocan, pues ni soldados ni marinos deben actuar en un régimen democrático como cuerpos policiales, y mucho menos impunemente como ellos siguen pretendiendo hacerlo. El marco jurídico en materia de seguridad nacional ya existe en México y está claramente determinado por la Constitución, pisoteada en este sexenio, y basta con respetarlo, por lo que ellos deben regresar a sus cuarteles conforme al marco constitucional actual.
julio 14, 2011
julio 13, 2011
julio 09, 2011
El fracaso
Luis Javier Garrido
Las elecciones locales de 2011 han constituido un revés contundente para Felipe Calderón en lo personal, que ha sido repudiado por el pueblo por su política antipopular y antinacional, pero lejos de asumir esta derrota el Presidente de facto está impulsando desde su búnker de Los Pinos una campaña más de desinformación, pretendiendo confundir a los mexicanos con vistas al 2012, con la lógica absurda de que las fuerzas derrotadas no han sido las de la ultraderecha en el poder sino las de la izquierda en la oposición.
1. El resultado de las elecciones locales en el estado de México, Nayarit y Coahuila del 3 de julio era previsible por el contexto de violencia criminal desatada por el gobierno, y sin embargo los analistas del oficialismo están haciéndose los sorprendidos por el fracaso del discurso mentiroso del gobierno panista sobre sus políticas al servicio de las trasnacionales y de Washington y de empobrecimiento de los mexicanos, sobre la supuesta guerra “contra el narco”, y sobre sus pretensiones de que el Congreso le apruebe las contrarreformas laboral, política, electoral y social a fin de poder cumplir con los grupos de interés que le financiaron el fraude de 2006, tesis que no han logrado engañar a los mexicanos.
2. Las elecciones del domingo pasado se presentaron desde un principio como una confrontación entre el PAN, que fue a ellas como un verdadero organismo de Estado, utilizando de manera ilegal todos los recursos federales para imponerse, y el PRI, que en los tres estados donde refrendó su dominación ha seguido actuando como un partido de Estado que controla desde los medios hasta la autoridad electoral, de tal suerte que los candidatos de izquierda estaban en absoluta desventaja: peor aún que en el México de los años 50.
3. Estas elecciones pusieron una vez más al descubierto la falacia de que México ha transitado a un régimen democrático. El PAN en el gobierno, lejos de actuar desde 2000 como una fuerza democrática, ha sido tanto o más autoritario, corrupto y antidemocrático que el PRI, y en lo electoral ha asumido como suyas las mismas prácticas y costumbres del priísmo: desde la utilización de los recursos públicos para comprar votos y la manipulación de los medios con sus campañas de miedo y desinformación hasta los mecanismos del fraude a la antigüita, acompañados del fraude cibernético.
la transición, incluyendo a dirigentes y candidatos
de izquierdaque piensan poder enfrentar las elecciones como si estuvieran en Suiza o en Finlandia, asumiendo que los procesos electorales son democráticos y las autoridades imparciales, ignorando que para vencer a esas dos maquinarias electorales fraudulentas es necesario otro tipo de campañas y de actitudes y que deben imponerse por un nocaut contundente. Y eso es lo más saludable de lo acontecido: las fuerzas populares han de entender cuál es la dimensión del desafío que viene, y que para vencer al PRI y al PAN en 2012 es necesaria una campaña como jamás se ha visto en la historia de México.
5. El país no pasó en los años recientes, como pretende la derecha, por una transición democrática
, sino por una serie de acuerdos cupulares para hacer viable la alternancia
. Tras los acuerdos Salinas-PAN de 1988-1989, que crearon las condiciones para ello, el acuerdo Clinton-Zedillo de 1995 para el rescate financiero de México obligó a este último a entregar el poder a los panistas. El PRI, en consecuencia, no peleó la Presidencia de la República en 2000 ni en 2006, como fue evidente, pero ahora lo está haciendo tras haber propiciado y permitido que los panistas gobernaran por dos sexenios, lo que llevó a México a un desastre sin parangón.
6. En el caso del estado de México, la coalición de intereses económicos y políticos que se identifican en el PRI afrontó por eso la coyuntura como un desafío histórico con vistas al 2012, y utilizó todo su poder y sus argucias para arrasar a sus adversarios. El gobierno calderonista cometió el error de vincular esta elección con el 2012 y establecer en su campaña mediática que un revés al gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto terminaría con sus aspiraciones presidenciales, y le salió el tiro por la culata. El PRI no perdió uno solo de los 45 distritos, y sólo en Neza y Ecatepec el candidato de izquierda Alejandro Encinas rebasó el 30 por ciento, quedando relegado el candidato de Los Pinos, Luis Felipe Bravo Mena, a un ridículo 12 por ciento. La maquinaria priísta actuó como nunca, con sus mejores cuadros de alquimistas del sureste y el respaldo de las empresas vinculadas al salinismo, de Cemex y Televisa hasta diversas multinacionales, por lo que el 62 por ciento del priísta Eruviel Ávila no debe sorprender, máxime que la única estrategia que le funcionó a Calderón fue la de la coptación de un sector de la oposición: los chuchos del PRD.
7. El llamado regreso del PRI
, con el que Calderón busca asustar, no es tal, por supuesto. El PRI ha seguido estando ahí, controlando las cámaras federales y buena parte de las 32 entidades, pues el PAN tiene sólo seis gubernaturas (por tres del PRD y cuatro de diversas coaliciones), y lo que es más asumió tesis y programas del PRI y una ética similar, a lo que agregó su felonía histórica: el pretender desmantelar las instituciones de la nación y entregar el control del país a Washington, utilizando para ello su guerra criminal, justamente repudiada este domingo.
8. La izquierda lopezobradorista no sólo no fue derrotada en los comicios sino que obtuvo resultados que arrojan luces sobre lo acontecido y son una lección para el 2012. El 21 por ciento de Encinas es del movimiento social, ya que buena parte del aparato del PRD, como se denunció una y otra vez, trabajó a favor de Eruviel. No sólo los tránsfugas (René Arce y compañía) sino los chuchos, aliados de la derecha.
9. El único escenario que le queda al derrotado Calderón para imponer a un panista en 2012 en Los Pinos es más que nunca impedir que Andrés Manuel y Peña Nieto sean candidatos, de ahí la torpe campaña de los medios pretendiendo que el primero habría sido derrotado en los comicios. El diario madrileño El País, representante de los intereses del Grupo Prisa, decía por lo mismo en su edición del martes 5 que tras esa supuesta derrota de López Obrador la izquierda mexicana
debería de manera pragmática postular a Ebrard para que éste no asuste al poder económico
y pueda llegar a un acuerdo con Los Pinos, declinando obviamente su candidatura a favor del candidato panista, para frenar el regreso del PRI
.
10. Los sectores más conscientes del pueblo mexicano han entendido, no obstante, la gravedad de la situación y la urgencia de impedir que la derecha siga desmantelando la nación, y por eso le dicen a Calderón, y le seguirán diciendo hasta el 2012, que: ¡Ya basta!
julio 05, 2011
Video: AMLO conferencia de prensa (5.07.2011)
julio 02, 2011
El "nuevo Estado"
Luis Javier Garrido
El rechazo nacional a las políticas de Felipe Calderón en su quinto año es el más elevado en casi medio siglo, el desprestigio personal del titular del Ejecutivo de facto y de los principales miembros de su gabinete no tiene parangón, su guerra “contra el narco” –que es el eje de su proyecto– es repudiada por todos los sectores y el desastre institucional es cada vez mayor, pero la derecha en el poder no quiere ceder y él sigue echado para adelante.
1. El caso del desfase de Felipe Calderón de la realidad no podría explicarse, sin embargo, si no se analiza la prepotencia, impunidad y fanatismo de las fuerzas de la extrema derecha que gobiernan a México. El gobernante de facto no oculta que todavía sueña con trascender como el hombre que liquidó al Estado surgido de la Revolución Mexicana, para lo que le urge acelerar las contrarreformas e imponer a un sucesor que garantice los intereses de sus aliados y protectores y al mismo tiempo le cubra las espaldas, de ahí que en el marco del no tan novedoso “tapadismo blanquiazul” haya lanzado a Ernesto Cordero, su titular de Hacienda, para ver si logra el respaldo del capital financiero.
2. El proyecto de la ultraderecha mexicana tiene en su desmesura rasgos que muy pocos han querido advertir, aunque no se hayan ocultado. El desprecio de los gobernantes actuales al orden constitucional de la República y su descalificación de todos los regímenes del pasado ha ido acompañado en los últimos meses por la pretensión de edificar no un nuevo régimen sino “otro Estado”, y la jerigonza que utilizan es por ello preocupante, por sus resonancias mussolinianas. Alejandro Poiré, vocero de seguridad nacional, afirmó por ejemplo sin ambages, en un acto en el PAN capitalino el sábado 25, que un objetivo central del gobierno es edificar “un nuevo Estado”.
3. Las fuerzas económicas neoliberales han ido delineando a través de la experiencia de los últimos 30 años el “modelo político” que buscan imponer a los estados nacionales, sin que haya todavía un consenso en todos sus aspectos, pues dicho “modelo”, como se ha visto, supone el desmantelamiento de dichos estados para reducirlos a su mínima expresión: subordinando su orden jurídico interno a un derecho supranacional, cancelando los derechos originarios de las naciones a sus recursos estratégicos, desapareciendo en aras del mercado las entidades públicas, y reduciendo la vida democrática a una elección entre candidatos con propuestas similares funcionales al capitalismo neoliberal.
4. En el caso de México los panistas han sido más neoliberales que los miembros del PRI, a) porque en las condiciones de ilegitimidad en las que asumieron el gobierno, han estado más subordinados que ellos a los organismos financieros y al gobierno de Washington; b) porque a su vocación derechista, antinacional y entreguista se agrega el odio patológico que históricamente han tenido por las instituciones en que se apoyaron los regímenes priístas: la reforma agraria, el petróleo nacionalizado, las garantías laborales y el derecho del trabajo, los sindicatos; y, en fin, c) porque han resultado tanto o más voraces para los negocios con las trasnacionales que aquellos. A lo que se agrega otro factor: d) su vinculación con el sector más retrógrado de la jerarquía eclesiástica, cuyo activismo político es ya una preocupación nacional. De ahí la confusión entre lo público y lo privado que deliberadamente Calderón y sus amigos han impulsado con actitud patrimonialista buscando seguir prevaleciendo.
5. El supuesto éxito de Calderón en 2012 lo niega sin embargo la realidad, pues con toda seguridad Acción Nacional va a perder todas las elecciones estatales de este año, empezando por la mexiquense –que se dirimirá el 3 de julio entre Alejandro Encinas, vencedor de los debates, y el priísta Eruviel Ávila–, por lo que el gobierno panista tendría que recurrir el año que entra a una violencia extrema para salirse con la suya.
6. La “guerra contra el narco”, concebida en 2006 para hacer prevalecer los intereses estadunidenses en México y para enquistar en el poder a la ultraderecha mexicana con un costo de decenas de miles de muertos, se podría muy bien terminar al llevarse a Calderón ante los tribunales.
7. El gobierno del PAN y el Yunque cree sin embargo después de Chapultepec que tiene la vía libre para proseguir con su estrategia de guerra, y no advierte la creciente oposición nacional a sus políticas. Es cierto que Javier Sicilia y sus compañeros no plantearon en el encuentro las que se suponía eran demandas centrales del movimiento y no presentaron las exigencias nacionales de que el gobierno panista respete el orden constitucional y se termine con el estado de excepción que hay en el país poniéndose un alto a la guerra criminal, como tampoco hicieron mención de los acuerdos de Ciudad Juárez que demandaron el fin de la Iniciativa Mérida y de la injerencia estadunidense en asuntos nacionales, no pidieron la renuncia de Genaro García Luna y de otros funcionarios, ni mucho menos hicieron mención del acuerdo de someter a Calderón a juicio político. Al carecer de una estrategia para la paz, no tuvieron argumentos ni disposición para refutarle al gobierno sus falacias, limitándose a demandar solución a casos particulares para terminar en un aparente entendimiento con el gobierno criminal empeñado en mostrarlos como sus aliados.
8. El desastre institucional lo sigue ilustrando mejor que ningún otro el caso del priísta Jorge Hank Rhon, detenido por un operativo militar ilegal que allanó su domicilio el 4 de junio y liberado 10 días después por orden de una juez, que el propio Calderón ha seguido mencionando: negando en Chapultepec el 23 de junio y luego en entrevista con Ciro Gómez Leyva de Milenio Televisión el 27 haber conocido dicho operativo. De manera que si fue así, según Calderón el Ejército es una fuerza autónoma que actúa en la ilegalidad por motivos políticos y él un inepto que lo tolera. Las acusaciones que lanzó entonces a Hank criminalizándolo bastarían por otra parte para que cualquier juez lo dejara en libertad ante cualquier acusación por la intervención del Ejecutivo federal en un asunto judicial.
9. El gobierno panista no tiene fuerza moral para imponer sus políticas y a fin de hacerlas valer sólo se puede apoyar en los medios que manipula de manera cada vez más obvia y en la jerarquía católica, pero sobre todo en la fuerza material de ese Estado que pretende desmantelar. El arma fundamental que tiene para seguirse imponiendo no es otra que la capacidad represiva de las fuerzas armadas y de las bandas y grupos paramilitares que ha creado en estos años, que le permitirían imponer un clima de amedrentamiento, de ahí la peligrosidad de lo que acontece. El proyecto del “nuevo Estado” no está, a pesar de todo, muerto.
10. La exigencia de los sectores conscientes de la nación para terminar con este desastre debe hacerse valer por lo mismo en los meses que le resten a este gobierno cada vez con mayor fuerza, diciéndole una y otra vez: “¡Ya basta!”