enero 31, 2011
enero 28, 2011
Carta de AMLO a Hillary Clinton
Carta de Andrés Manuel López Obrador a Hillary Clinton
México, Distrito Federal
Lunes 24 de enero de 2011
*
Señora Hillary Clinton
Secretaria de Estado
de los Estados Unidos de Norteamérica
En las anteriores visitas a nuestro país –el 25 de marzo de 2009 y el 23 de marzo de 2010– le he dado a conocer el punto de vista de muchos mexicanos que no compartimos la forma en que se está enfrentando el grave problema de inseguridad y de violencia que padecemos los mexicanos.
Ahora, de nueva cuenta, le envío esta carta para manifestarle nuestra preocupación no sólo porque la situación ha empeorado, sino porque ustedes han seguido convalidando y reforzando la estrategia fallida aplicada por el gobierno ilegítimo de Felipe Calderón, orientada únicamente a querer resolver el problema con medidas coercitivas. Es decir, enfrentando la violencia con la violencia.
Se quiere olvidar que el estallido de odio y de resentimiento que prevalece en nuestro país, se produjo por la política de pillaje impuesta por una minoría rapaz que ha cancelado el futuro de millones de mexicanos y, en especial, que se ha ensañado con los jóvenes.
Los hechos demuestran que el gobierno de México pretende mantener invariable la misma política de elite, sin procurar el crecimiento económico, el bienestar, el fortalecimiento de valores y sin erradicar la corrupción y la impunidad imperantes.
Pero también ustedes insisten en reducir la relación bilateral sólo a los aspectos de seguridad nacional, pensando que con entrenar a nuestros marinos y militares, interviniendo cada vez más en labores de inteligencia, con redadas de migrantes y construyendo muros en la frontera, se van a poder resolver problemas que tienen un origen eminentemente social y económico.
Señora Clinton, con todo respeto, todavía hay tiempo para rectificar. La relación entre nuestras naciones debe darse, fundamentalmente, a partir de la cooperación para el desarrollo. Usted sabe bien que si no hay crecimiento económico y no se generan empleos, no puede haber bienestar ni tampoco tranquilidad social. La paz es fruto de la justicia.
Por ejemplo, un gran viraje en la política que hasta ahora han sostenido con el gobierno de México, sería que ustedes cumplieran el compromiso de campaña del presidente Obama de aprobar una reforma migratoria o, cuando menos, declarar una amnistía temporal para frenar las deportaciones de miles de mexicanos que se han visto obligados a emigrar a los Estados Unidos en busca de trabajo y de mejores condiciones de vida. Le recuerdo que el año pasado fueron deportados 392 mil compatriotas, cifra que, paradójicamente, es mayor a las registradas durante el gobierno del presidente George Bush.
Señora Clinton, como lo expresamos en un escrito dirigido al presidente Obama, queremos que el respeto a la soberanía, la cooperación económica y la solidaridad entre pueblos, sean los principios que rijan la relación entre nuestras naciones.
Este es el mejor camino. Ya quedó demostrado en la época en que gobernó Estados Unidos ese gran estadista, el presidente Franklin Delano Roosevelt, quien supo devolverle la esperanza a su pueblo y, al mismo tiempo, aplicó una política de buena vecindad con los países de América Latina y el Caribe, en particular con México.
Señora Clinton, optar por un mayor intervencionismo, aprovechando la notoria debilidad de Calderón, no conduciría a nada bueno. A menos que ustedes estén pensando en apuntalar a un régimen autoritario que viole los derechos humanos y niegue la posibilidad de construir una auténtica democracia. Si así fuere, con mucha sinceridad y respeto, le decimos que no estamos dispuestos, bajo ninguna circunstancia, a aceptar que México deje de ser un país independiente, libre y soberano y se convierta de nuevo en una colonia o en un protectorado del extranjero.
Como siempre, le deseamos una buena estancia en nuestro país.
Andrés Manuel López Obrador
Presidente Legítimo de México
México, Distrito Federal
Lunes 24 de enero de 2011
*
Señora Hillary Clinton
Secretaria de Estado
de los Estados Unidos de Norteamérica
En las anteriores visitas a nuestro país –el 25 de marzo de 2009 y el 23 de marzo de 2010– le he dado a conocer el punto de vista de muchos mexicanos que no compartimos la forma en que se está enfrentando el grave problema de inseguridad y de violencia que padecemos los mexicanos.
Ahora, de nueva cuenta, le envío esta carta para manifestarle nuestra preocupación no sólo porque la situación ha empeorado, sino porque ustedes han seguido convalidando y reforzando la estrategia fallida aplicada por el gobierno ilegítimo de Felipe Calderón, orientada únicamente a querer resolver el problema con medidas coercitivas. Es decir, enfrentando la violencia con la violencia.
Se quiere olvidar que el estallido de odio y de resentimiento que prevalece en nuestro país, se produjo por la política de pillaje impuesta por una minoría rapaz que ha cancelado el futuro de millones de mexicanos y, en especial, que se ha ensañado con los jóvenes.
Los hechos demuestran que el gobierno de México pretende mantener invariable la misma política de elite, sin procurar el crecimiento económico, el bienestar, el fortalecimiento de valores y sin erradicar la corrupción y la impunidad imperantes.
Pero también ustedes insisten en reducir la relación bilateral sólo a los aspectos de seguridad nacional, pensando que con entrenar a nuestros marinos y militares, interviniendo cada vez más en labores de inteligencia, con redadas de migrantes y construyendo muros en la frontera, se van a poder resolver problemas que tienen un origen eminentemente social y económico.
Señora Clinton, con todo respeto, todavía hay tiempo para rectificar. La relación entre nuestras naciones debe darse, fundamentalmente, a partir de la cooperación para el desarrollo. Usted sabe bien que si no hay crecimiento económico y no se generan empleos, no puede haber bienestar ni tampoco tranquilidad social. La paz es fruto de la justicia.
Por ejemplo, un gran viraje en la política que hasta ahora han sostenido con el gobierno de México, sería que ustedes cumplieran el compromiso de campaña del presidente Obama de aprobar una reforma migratoria o, cuando menos, declarar una amnistía temporal para frenar las deportaciones de miles de mexicanos que se han visto obligados a emigrar a los Estados Unidos en busca de trabajo y de mejores condiciones de vida. Le recuerdo que el año pasado fueron deportados 392 mil compatriotas, cifra que, paradójicamente, es mayor a las registradas durante el gobierno del presidente George Bush.
Señora Clinton, como lo expresamos en un escrito dirigido al presidente Obama, queremos que el respeto a la soberanía, la cooperación económica y la solidaridad entre pueblos, sean los principios que rijan la relación entre nuestras naciones.
Este es el mejor camino. Ya quedó demostrado en la época en que gobernó Estados Unidos ese gran estadista, el presidente Franklin Delano Roosevelt, quien supo devolverle la esperanza a su pueblo y, al mismo tiempo, aplicó una política de buena vecindad con los países de América Latina y el Caribe, en particular con México.
Señora Clinton, optar por un mayor intervencionismo, aprovechando la notoria debilidad de Calderón, no conduciría a nada bueno. A menos que ustedes estén pensando en apuntalar a un régimen autoritario que viole los derechos humanos y niegue la posibilidad de construir una auténtica democracia. Si así fuere, con mucha sinceridad y respeto, le decimos que no estamos dispuestos, bajo ninguna circunstancia, a aceptar que México deje de ser un país independiente, libre y soberano y se convierta de nuevo en una colonia o en un protectorado del extranjero.
Como siempre, le deseamos una buena estancia en nuestro país.
Andrés Manuel López Obrador
Presidente Legítimo de México
La traición
La traición
Luis Javier Garrido
La crisis nacional se ha ahondado al iniciar 2011 por las revelaciones de los actos indignos cometidos por Felipe Calderón que tipifican claramente el delito de traición a la patria.
1. Las nuevas filtraciones de papeles del Departamento de Estado estadunidense hechas por Wikileaks, y difundidas el lunes 24 por el diario español El País, revelan que Felipe Calderón, abdicando de sus responsabilidades y violando abiertamente la Constitución General de la República, autorizó, por un lado, a agentes de la FBI estadunidense a actuar en México interrogando a detenidos, y que por el otro solicitó en 2010 al gobierno de Barack H. Obama una intervención armada de Estados Unidos para “pacificar” Ciudad Juárez, decisiones que configuran una serie de abiertas violaciones a la Carta Magna, que lo ponen frente a la posibilidad de ser destituido bajo las más graves acusaciones.
2. Un presidente de la República, aun siendo espurio, no tiene facultad alguna para “permitir” a agentes de un Estado extranjero actuar en su territorio porque ello supone cancelar de un plumazo la soberanía nacional, de ahí el escándalo que se ha ido generando en nuestro país, ahondando la crisis nacional y las burlas a Calderón –y a México– en el extranjero. El País, que de manera continua lo ha encubierto, publica el lunes 24: “El FBI interroga a sus anchas a los inmigrantes en territorio de México”. A sus anchas, sí, se mueven los agentes de esa y de otras múltiples agencias estadunidenses, y los escándalos que están por venir son impredecibles.
3. Las revelaciones sitúan muy claramente a Felipe Calderón, mucho más que en casos precedentes, ante la posibilidad de ser acusado, en términos de los artículos 108, 110 y 111 constitucionales, para destituirlo y procesarlo penalmente por el delito gravísimo de “traición a la patria”, como han empezado a señalar múltiples juristas, y no podrá salvarse de ello si no es por el apoyo de los legisladores del PRI, quienes hasta la fecha han actuado como sus cómplices. La desastrosa gestión de facto de Calderón lo ha hecho actuar en una forma indigna y servil ante los poderes del exterior, que no puede excusarse por haber llegado de manera ilegítima y con extrema debilidad a la Presidencia de la República, y que tiene pocos antecedentes en la historia nacional, pues está generando a México una situación cada vez más complicada, hundiéndolo en un desastre de enormes dimensiones.
Luis Javier Garrido
La crisis nacional se ha ahondado al iniciar 2011 por las revelaciones de los actos indignos cometidos por Felipe Calderón que tipifican claramente el delito de traición a la patria.
1. Las nuevas filtraciones de papeles del Departamento de Estado estadunidense hechas por Wikileaks, y difundidas el lunes 24 por el diario español El País, revelan que Felipe Calderón, abdicando de sus responsabilidades y violando abiertamente la Constitución General de la República, autorizó, por un lado, a agentes de la FBI estadunidense a actuar en México interrogando a detenidos, y que por el otro solicitó en 2010 al gobierno de Barack H. Obama una intervención armada de Estados Unidos para “pacificar” Ciudad Juárez, decisiones que configuran una serie de abiertas violaciones a la Carta Magna, que lo ponen frente a la posibilidad de ser destituido bajo las más graves acusaciones.
2. Un presidente de la República, aun siendo espurio, no tiene facultad alguna para “permitir” a agentes de un Estado extranjero actuar en su territorio porque ello supone cancelar de un plumazo la soberanía nacional, de ahí el escándalo que se ha ido generando en nuestro país, ahondando la crisis nacional y las burlas a Calderón –y a México– en el extranjero. El País, que de manera continua lo ha encubierto, publica el lunes 24: “El FBI interroga a sus anchas a los inmigrantes en territorio de México”. A sus anchas, sí, se mueven los agentes de esa y de otras múltiples agencias estadunidenses, y los escándalos que están por venir son impredecibles.
3. Las revelaciones sitúan muy claramente a Felipe Calderón, mucho más que en casos precedentes, ante la posibilidad de ser acusado, en términos de los artículos 108, 110 y 111 constitucionales, para destituirlo y procesarlo penalmente por el delito gravísimo de “traición a la patria”, como han empezado a señalar múltiples juristas, y no podrá salvarse de ello si no es por el apoyo de los legisladores del PRI, quienes hasta la fecha han actuado como sus cómplices. La desastrosa gestión de facto de Calderón lo ha hecho actuar en una forma indigna y servil ante los poderes del exterior, que no puede excusarse por haber llegado de manera ilegítima y con extrema debilidad a la Presidencia de la República, y que tiene pocos antecedentes en la historia nacional, pues está generando a México una situación cada vez más complicada, hundiéndolo en un desastre de enormes dimensiones.
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4. La llamada “guerra contra el narco” de Calderón, que con propósitos electorales ahora busca traer con una serie de operativos insensatos al Distrito Federal, es ya repudiada por todos los sectores del país, pues ha generado una violencia de extrema gravedad, conduciendo a un baño de sangre que viola garantías individuales y sociales de los mexicanos y lesiona no sólo la vida social y la economía de México, sino que compromete el futuro del país, por lo que resulta urgente ponerle un alto de inmediato.
5. El delito de traición a la patria no es definido por la Constitución General de la República, pero es claro que un gobernante que viola abiertamente el mandato de la misma, abdica de sus responsabilidades para servir a intereses del exterior, autoriza a agentes policiacos y militares de otro país a actuar en su territorio y a asumir funciones del Estado mexicano buscando hacer de su país un Protectorado, lo ha cometido.
6. La aterrada reacción del gobierno de facto ante las evidencias presentadas por Wikileaks sobre su nueva violación al orden constitucional de la nación dio cuenta, sin embargo, una vez más, del desprecio de la gente de Acción Nacional y El Yunque a las leyes y a la soberanía de México, pero también de su ineptitud, pues los subordinados de Calderón se enredaron en una serie de mentiras. Francisco Blake (secretario de Gobernación) aceptó en Tijuana el día 24 que agentes de la FBI interrogan a migrantes centroamericanos en oficinas del gobierno mexicano, pero trató de minimizar esa intervención sentenciando que se trataba de una práctica “normal” y “legal”, como confirmó el día 26 Cecilia Romero (ex comisionada del Instituto Nacional de Migración), dando múltiples detalles de la forma en que se produce la intervención estadunidense, pero ese mismo día su sucesor, Salvador Beltrán del Río Jr., negó los hechos y calificó de falsa la información de Wikileaks (La Jornada, 27/01/11).
7. El presidente Obama ha asumido que la nueva correlación de fuerzas en el Congreso estadunidense tras las elecciones de 2010 lo obliga a una completa derechización de su gobierno abandonando todas sus promesas de campaña, y así ha entregado el manejo directo de la economía estadunidense (y mundial) a los ejecutivos de la banca privada, que hace un año criticaba, y se ha sometido en lo relativo a las políticas con México a las tesis de los halcones republicanos, por lo que ha perdido toda noción de respeto a las formas. La visita de Hillary Clinton (secretaria de Estado) el miércoles 23, dos días después de la divulgación de la información de Wikileaks, llamó la atención, sin embargo, no por ser el colmo del intervencionismo, sino por la docilidad con que Calderón y sus colaboradores aceptaron todas las expresiones de injerencia de la esposa de Bill Clinton, asumiendo que había venido a respaldarlos tras el escándalo de las filtraciones y más aún: a anunciar que Washington respaldaría en 2012 el continuismo panista.
8. Hillary Clinton asumió el lunes 24 su papel de defensora del régimen espurio de Calderón y de sus acciones atroces contra el pueblo de México, pero con muy poco éxito, pues cometió múltiples deslices intervencionistas en sus discursos al dictarle prácticamente al gobierno las políticas que ha de seguir en la supuesta guerra contra el narco, diciendo que “no hay otra alternativa” y al insistir en hablar en plural para subrayar que tales políticas son las de Washington, como también al declarar a la CNN que quien gane en 2012 debe seguir en la misma línea, dictando así a México su programa para los próximos años. Nada diferente a lo que hizo en su anterior viaje a Afganistán el año pasado, donde igualmente colmó de elogios al también presidente espurio Hamid Karzai y, para no variar, anunció que las políticas impuestas ahí por el Pentágono proseguirían muchos años.
9. La carta dirigida el pasado lunes 24 a Hillary Clinton por Andrés Manuel López Obrador, quien es la principal voz de oposición en México, le recordaba que la inseguridad y violencia que padecemos los mexicanos tiene su origen en las políticas económica y social de elite que han impuesto los gobiernos del PRI y el PAN en los años recientes, y le demandaba un viraje de las políticas actuales de Washington, a fin de fincarla en lo sucesivo en “el respeto a la soberanía, la cooperación económica y la solidaridad entre pueblos”.
10. El futuro de México se está jugando en este 2011, pues el país requiere entrar a la legalidad para salvar su destino, lo que no es factible con la extrema derecha entreguista y traidora en el poder.
4. La llamada “guerra contra el narco” de Calderón, que con propósitos electorales ahora busca traer con una serie de operativos insensatos al Distrito Federal, es ya repudiada por todos los sectores del país, pues ha generado una violencia de extrema gravedad, conduciendo a un baño de sangre que viola garantías individuales y sociales de los mexicanos y lesiona no sólo la vida social y la economía de México, sino que compromete el futuro del país, por lo que resulta urgente ponerle un alto de inmediato.
5. El delito de traición a la patria no es definido por la Constitución General de la República, pero es claro que un gobernante que viola abiertamente el mandato de la misma, abdica de sus responsabilidades para servir a intereses del exterior, autoriza a agentes policiacos y militares de otro país a actuar en su territorio y a asumir funciones del Estado mexicano buscando hacer de su país un Protectorado, lo ha cometido.
6. La aterrada reacción del gobierno de facto ante las evidencias presentadas por Wikileaks sobre su nueva violación al orden constitucional de la nación dio cuenta, sin embargo, una vez más, del desprecio de la gente de Acción Nacional y El Yunque a las leyes y a la soberanía de México, pero también de su ineptitud, pues los subordinados de Calderón se enredaron en una serie de mentiras. Francisco Blake (secretario de Gobernación) aceptó en Tijuana el día 24 que agentes de la FBI interrogan a migrantes centroamericanos en oficinas del gobierno mexicano, pero trató de minimizar esa intervención sentenciando que se trataba de una práctica “normal” y “legal”, como confirmó el día 26 Cecilia Romero (ex comisionada del Instituto Nacional de Migración), dando múltiples detalles de la forma en que se produce la intervención estadunidense, pero ese mismo día su sucesor, Salvador Beltrán del Río Jr., negó los hechos y calificó de falsa la información de Wikileaks (La Jornada, 27/01/11).
7. El presidente Obama ha asumido que la nueva correlación de fuerzas en el Congreso estadunidense tras las elecciones de 2010 lo obliga a una completa derechización de su gobierno abandonando todas sus promesas de campaña, y así ha entregado el manejo directo de la economía estadunidense (y mundial) a los ejecutivos de la banca privada, que hace un año criticaba, y se ha sometido en lo relativo a las políticas con México a las tesis de los halcones republicanos, por lo que ha perdido toda noción de respeto a las formas. La visita de Hillary Clinton (secretaria de Estado) el miércoles 23, dos días después de la divulgación de la información de Wikileaks, llamó la atención, sin embargo, no por ser el colmo del intervencionismo, sino por la docilidad con que Calderón y sus colaboradores aceptaron todas las expresiones de injerencia de la esposa de Bill Clinton, asumiendo que había venido a respaldarlos tras el escándalo de las filtraciones y más aún: a anunciar que Washington respaldaría en 2012 el continuismo panista.
8. Hillary Clinton asumió el lunes 24 su papel de defensora del régimen espurio de Calderón y de sus acciones atroces contra el pueblo de México, pero con muy poco éxito, pues cometió múltiples deslices intervencionistas en sus discursos al dictarle prácticamente al gobierno las políticas que ha de seguir en la supuesta guerra contra el narco, diciendo que “no hay otra alternativa” y al insistir en hablar en plural para subrayar que tales políticas son las de Washington, como también al declarar a la CNN que quien gane en 2012 debe seguir en la misma línea, dictando así a México su programa para los próximos años. Nada diferente a lo que hizo en su anterior viaje a Afganistán el año pasado, donde igualmente colmó de elogios al también presidente espurio Hamid Karzai y, para no variar, anunció que las políticas impuestas ahí por el Pentágono proseguirían muchos años.
9. La carta dirigida el pasado lunes 24 a Hillary Clinton por Andrés Manuel López Obrador, quien es la principal voz de oposición en México, le recordaba que la inseguridad y violencia que padecemos los mexicanos tiene su origen en las políticas económica y social de elite que han impuesto los gobiernos del PRI y el PAN en los años recientes, y le demandaba un viraje de las políticas actuales de Washington, a fin de fincarla en lo sucesivo en “el respeto a la soberanía, la cooperación económica y la solidaridad entre pueblos”.
10. El futuro de México se está jugando en este 2011, pues el país requiere entrar a la legalidad para salvar su destino, lo que no es factible con la extrema derecha entreguista y traidora en el poder.
enero 23, 2011
La Marina
La Marina
Luis Javier Garrido
El violento rechazo del titular de la Marina y de la prensa oficialista a dos recomendaciones de la CNDH al iniciarse este 2011 abre nuevas amenazas para el futuro del país, al que el régimen calderonista de facto hunde cada vez más en la ilegalidad.
1. Las políticas fundadas en una abierta y permanente violación de la legalidad constitucional de un país, y que en el siglo XXI carecen del mínimo consenso social, no pueden de ninguna manera resolver los grandes problemas de una nación, pero la ultraderecha mexicana, en su obsesión de mantener el poder tras el 2012, no quiere dar marcha atrás en su descabellada “guerra contra el narco”, a pesar de los innumerables casos de violaciones a los derechos fundamentales de los mexicanos que sigue cometiendo en el curso de una guerra perdida de antemano, como acontece ahora con la Marina.
2. El desastre institucional al que ha llevado al país el gobierno de Felipe Calderón ha conducido a que las costas e islas de la República se hallen abandonadas a merced de la marina estadunidense, de las corporaciones trasnacionales y de los piratas pesqueros japoneses, mientras los marinos mexicanos andan desbocados por todo el país disfrazados de policías tras haber recibido una mínima capacitación por agencias de Estados Unidos.
3. La Marina ha estado en el centro de una serie de acusaciones muy graves en los años del panismo, al menos por cuatro motivos fundados: a) por no cumplir con sus tareas constitucionales y legales de salvaguardar la soberanía nacional, vigilando las costas y el mar territorial de México; b) por actuar en “la guerra contra el narco” de Felipe Calderón en absoluta transgresión al marco constitucional, asumiendo tareas que no le competen; c) por haber abandonado, en el marco de esta guerra de los panistas, su papel constitucional como una institución de la nación, para actuar en los hechos en abierta subordinación a las agencias de seguridad de Estados Unidos; y d) ahora, más recientemente, por estar cometiendo una serie de violaciones a los derechos humanos de los mexicanos que constituyen delitos de lesa humanidad. La Secretaría de Marina había tenido ante esos señalamientos un elocuente silencio, hasta que en días pasados ha brincado ante las acusaciones que se le han hecho de violaciones a los derechos humanos en ejercicio indebido de funciones que no le corresponden.
Luis Javier Garrido
El violento rechazo del titular de la Marina y de la prensa oficialista a dos recomendaciones de la CNDH al iniciarse este 2011 abre nuevas amenazas para el futuro del país, al que el régimen calderonista de facto hunde cada vez más en la ilegalidad.
1. Las políticas fundadas en una abierta y permanente violación de la legalidad constitucional de un país, y que en el siglo XXI carecen del mínimo consenso social, no pueden de ninguna manera resolver los grandes problemas de una nación, pero la ultraderecha mexicana, en su obsesión de mantener el poder tras el 2012, no quiere dar marcha atrás en su descabellada “guerra contra el narco”, a pesar de los innumerables casos de violaciones a los derechos fundamentales de los mexicanos que sigue cometiendo en el curso de una guerra perdida de antemano, como acontece ahora con la Marina.
2. El desastre institucional al que ha llevado al país el gobierno de Felipe Calderón ha conducido a que las costas e islas de la República se hallen abandonadas a merced de la marina estadunidense, de las corporaciones trasnacionales y de los piratas pesqueros japoneses, mientras los marinos mexicanos andan desbocados por todo el país disfrazados de policías tras haber recibido una mínima capacitación por agencias de Estados Unidos.
3. La Marina ha estado en el centro de una serie de acusaciones muy graves en los años del panismo, al menos por cuatro motivos fundados: a) por no cumplir con sus tareas constitucionales y legales de salvaguardar la soberanía nacional, vigilando las costas y el mar territorial de México; b) por actuar en “la guerra contra el narco” de Felipe Calderón en absoluta transgresión al marco constitucional, asumiendo tareas que no le competen; c) por haber abandonado, en el marco de esta guerra de los panistas, su papel constitucional como una institución de la nación, para actuar en los hechos en abierta subordinación a las agencias de seguridad de Estados Unidos; y d) ahora, más recientemente, por estar cometiendo una serie de violaciones a los derechos humanos de los mexicanos que constituyen delitos de lesa humanidad. La Secretaría de Marina había tenido ante esos señalamientos un elocuente silencio, hasta que en días pasados ha brincado ante las acusaciones que se le han hecho de violaciones a los derechos humanos en ejercicio indebido de funciones que no le corresponden.
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4. En el curso de estos años ha sido evidente que la Secretaría de Marina-Armada de México, como ahora le ha dado por llamarse, ha actuado por su indolencia en abierta complicidad con intereses públicos y privados de otros países, dejando desprotegidas las costas, las islas y el mar territorial, lo que evidencia esta colusión de sus altos oficiales con intereses políticos y comerciales de Estados Unidos, Japón y otros países. La vigente Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del 17 de junio de 2009 establece, sin embargo, en su artículo 30, fracción IV, que a la Secretaría de Marina compete “ejercer la soberanía en el mar territorial, su espacio aéreo y costas del territorio” y vigilar las zonas marinas mexicanas”, lo que no hace, dedicándose a lo que por otra parte expresamente le prohíbe hacer el artículo 21 constitucional: investigar los delitos y actuar como cuerpo policiaco.
5. La presunta “guerra” de Felipe Calderón contra el narco, que ahora éste pretende que no lo es, aunque así la llamó durante años, dio un papel relevante a los marinos mexicanos porque, según revelaron los papeles de Wikileaks en 2010, éstos aparecieron mucho más “confiables” que los militares mexicanos a las fuerzas de seguridad de Estados Unidos, relegando así a un Ejército que la administración Obama puso bajo sospecha, aunque quizás debieron decir más “dúctiles” o “entreguistas”. Así aparecieron los marinos mexicanos en escena con toda su barbarie e ilegalidad el 16 de diciembre de 2009 en Cuernavaca, ejecutando por órdenes superiores al presunto capo Arturo Beltrán Leyva en un operativo que fue ampliamente condenado por mútilples sectores por los delitos que ahí cometieron elementos de la Secretaría de Marina, que están ya siendo denunciados por la CNDH, y desde entonces no han ocultado su papel como los consentidos de la DEA y el Departamento de Estado.
6. La reacción hace unos días del almirante Francisco Saynez, secretario de Marina, negándose a atender las recomendaciones 72 y 83 de 2009 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la responsabilidad criminal de varios marinos en la muerte de dos civiles, escudándose en la “razón de Estado”, anteponiendo los privilegios que se otorga a sí mismo a los derechos de los mexicanos, afirmando que “no se pondrá en riesgo a marinos” y exigiendo plena libertad para sus operativos (La Jornada, 19 de enero), así como la campaña subsecuente en los medios oficialistas para descalificar a la CNDH, no son por consiguiente más que nuevos signos ominosos de la fascistización creciente del régimen calderonista.
7. No debe olvidarse que el papel de los marinos al actuar como cuerpos policiacos o al intervenir en golpes de Estado en diversos casos en América Latina ha sido con frecuencia mucho más nefasto que el de los ejércitos, como lo evidenció entre otros el caso de Chile, donde en 1973 el almirante Toribio Merino actuó con la misma lógica que tiene hoy el almirante Francisco Saynez, que con razón Julio Hernández llamaba ayer en su columna de La Jornada una variante de las fórmulas de la llamada “obediencia debida”.
8. El origen de la situación cada vez más desastrosa a la que se está llevando al país se halla sin duda en el desprecio que los panistas tienen desde 1939 –año en que se funda su partido– por la Constitución General de la República, que sustentó al régimen político mexicano del siglo XX, el que se hallan empeñados en destruir, sin tener otra propuesta para sustituirlo que la que se observa todos los días: propiciar por un lado que la Iglesia católica acreciente su poderío material e ideológico y por el otro entregar ciegamente a México a la especulación de las grandes corporaciones trasnacionales, lo que los ha llevado a subordinar las instituciones de la República al gobierno de Washington, como es el caso de la Marina-Armada de México.
9. La respuesta del gobierno de Felipe Calderón ante el desastre institucional cada vez mayor en el que hunde a México con sus desastrosas decisiones no ha sido otro que el de seguir exigiendo, por un lado, que en materia de seguridad nacional se expidan leyes que permitan todas sus tropelías: acotando los derechos humanos, cancelando el federalismo y el municipio libre y haciendo viable el funcionamiento de las agencias estadunidenses en México. Y que en materia económica y social se acelere el desmantelamiento de la Constitución de 1917 para hacer inexistentes los derechos originarios de la nación y poder eliminar trabas para que el capital multinacional se apodere del país. Eso y no otra cosa es lo que llaman las “reformas modernizadoras”, que están urgiendo al Congreso aprobar.
10. El retorno del país a la legalidad es por todo esto un presupuesto fundamental para que México pueda iniciar su reconstrucción y esa tarea es la que aguarda al próximo gobierno, que moral y políticamente no puede estar ya en manos de la derecha.
4. En el curso de estos años ha sido evidente que la Secretaría de Marina-Armada de México, como ahora le ha dado por llamarse, ha actuado por su indolencia en abierta complicidad con intereses públicos y privados de otros países, dejando desprotegidas las costas, las islas y el mar territorial, lo que evidencia esta colusión de sus altos oficiales con intereses políticos y comerciales de Estados Unidos, Japón y otros países. La vigente Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del 17 de junio de 2009 establece, sin embargo, en su artículo 30, fracción IV, que a la Secretaría de Marina compete “ejercer la soberanía en el mar territorial, su espacio aéreo y costas del territorio” y vigilar las zonas marinas mexicanas”, lo que no hace, dedicándose a lo que por otra parte expresamente le prohíbe hacer el artículo 21 constitucional: investigar los delitos y actuar como cuerpo policiaco.
5. La presunta “guerra” de Felipe Calderón contra el narco, que ahora éste pretende que no lo es, aunque así la llamó durante años, dio un papel relevante a los marinos mexicanos porque, según revelaron los papeles de Wikileaks en 2010, éstos aparecieron mucho más “confiables” que los militares mexicanos a las fuerzas de seguridad de Estados Unidos, relegando así a un Ejército que la administración Obama puso bajo sospecha, aunque quizás debieron decir más “dúctiles” o “entreguistas”. Así aparecieron los marinos mexicanos en escena con toda su barbarie e ilegalidad el 16 de diciembre de 2009 en Cuernavaca, ejecutando por órdenes superiores al presunto capo Arturo Beltrán Leyva en un operativo que fue ampliamente condenado por mútilples sectores por los delitos que ahí cometieron elementos de la Secretaría de Marina, que están ya siendo denunciados por la CNDH, y desde entonces no han ocultado su papel como los consentidos de la DEA y el Departamento de Estado.
6. La reacción hace unos días del almirante Francisco Saynez, secretario de Marina, negándose a atender las recomendaciones 72 y 83 de 2009 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la responsabilidad criminal de varios marinos en la muerte de dos civiles, escudándose en la “razón de Estado”, anteponiendo los privilegios que se otorga a sí mismo a los derechos de los mexicanos, afirmando que “no se pondrá en riesgo a marinos” y exigiendo plena libertad para sus operativos (La Jornada, 19 de enero), así como la campaña subsecuente en los medios oficialistas para descalificar a la CNDH, no son por consiguiente más que nuevos signos ominosos de la fascistización creciente del régimen calderonista.
7. No debe olvidarse que el papel de los marinos al actuar como cuerpos policiacos o al intervenir en golpes de Estado en diversos casos en América Latina ha sido con frecuencia mucho más nefasto que el de los ejércitos, como lo evidenció entre otros el caso de Chile, donde en 1973 el almirante Toribio Merino actuó con la misma lógica que tiene hoy el almirante Francisco Saynez, que con razón Julio Hernández llamaba ayer en su columna de La Jornada una variante de las fórmulas de la llamada “obediencia debida”.
8. El origen de la situación cada vez más desastrosa a la que se está llevando al país se halla sin duda en el desprecio que los panistas tienen desde 1939 –año en que se funda su partido– por la Constitución General de la República, que sustentó al régimen político mexicano del siglo XX, el que se hallan empeñados en destruir, sin tener otra propuesta para sustituirlo que la que se observa todos los días: propiciar por un lado que la Iglesia católica acreciente su poderío material e ideológico y por el otro entregar ciegamente a México a la especulación de las grandes corporaciones trasnacionales, lo que los ha llevado a subordinar las instituciones de la República al gobierno de Washington, como es el caso de la Marina-Armada de México.
9. La respuesta del gobierno de Felipe Calderón ante el desastre institucional cada vez mayor en el que hunde a México con sus desastrosas decisiones no ha sido otro que el de seguir exigiendo, por un lado, que en materia de seguridad nacional se expidan leyes que permitan todas sus tropelías: acotando los derechos humanos, cancelando el federalismo y el municipio libre y haciendo viable el funcionamiento de las agencias estadunidenses en México. Y que en materia económica y social se acelere el desmantelamiento de la Constitución de 1917 para hacer inexistentes los derechos originarios de la nación y poder eliminar trabas para que el capital multinacional se apodere del país. Eso y no otra cosa es lo que llaman las “reformas modernizadoras”, que están urgiendo al Congreso aprobar.
10. El retorno del país a la legalidad es por todo esto un presupuesto fundamental para que México pueda iniciar su reconstrucción y esa tarea es la que aguarda al próximo gobierno, que moral y políticamente no puede estar ya en manos de la derecha.
enero 15, 2011
Alto a la violencia
Alto a la violencia
Editorial de La Jornada
Ante el paroxismo de violencia en el que han desembocado las acciones de la delincuencia organizada en el país y la “guerra” en su contra en la que se empecina el gobierno federal, resulta inocultable que las víctimas principales del conflicto en curso son la población misma, sus garantías y su seguridad, el tejido institucional y la integridad moral de la República.
Las declaraciones reiteradas y los despliegues –aparatosos, pero sin resultados– de fuerzas públicas frente a escenas de barbarie y crueldad como las que se desplegaron el sábado en Acapulco son del todo inaceptables, como lo son, también, la pasividad y la inacción sociales ante esta catástrofe.
Además de los 30 mil muertos en lo que va de la presente administración, algunos saldos visibles de la estrategia oficial en materia de seguridad, legalidad y justicia son, precisamente, la destrucción de la seguridad, de la legalidad y de la justicia en extensas regiones del país, el desvanecimiento de las garantías individuales, el aumento de la impunidad y la multiplicación del poder delictivo en todos los órdenes: de fuego, de cooptación e infiltración, financiero e incluso político.
Las cifras que arrojan la procuración y la impartición de justicia son tan alarmantes como el saldo rojo: en este cuatrienio la gran mayoría de los presuntos delincuentes detenidos han resultado absueltos y liberados, ya sea por deficiencias en la integración de las acusaciones, por corrupción judicial o por una combinación de ambos factores. El resultado es, por una parte, una situación de completo desamparo de la población y, por la otra, la casi total impunidad de los criminales.
Editorial de La Jornada
Ante el paroxismo de violencia en el que han desembocado las acciones de la delincuencia organizada en el país y la “guerra” en su contra en la que se empecina el gobierno federal, resulta inocultable que las víctimas principales del conflicto en curso son la población misma, sus garantías y su seguridad, el tejido institucional y la integridad moral de la República.
Las declaraciones reiteradas y los despliegues –aparatosos, pero sin resultados– de fuerzas públicas frente a escenas de barbarie y crueldad como las que se desplegaron el sábado en Acapulco son del todo inaceptables, como lo son, también, la pasividad y la inacción sociales ante esta catástrofe.
Además de los 30 mil muertos en lo que va de la presente administración, algunos saldos visibles de la estrategia oficial en materia de seguridad, legalidad y justicia son, precisamente, la destrucción de la seguridad, de la legalidad y de la justicia en extensas regiones del país, el desvanecimiento de las garantías individuales, el aumento de la impunidad y la multiplicación del poder delictivo en todos los órdenes: de fuego, de cooptación e infiltración, financiero e incluso político.
Las cifras que arrojan la procuración y la impartición de justicia son tan alarmantes como el saldo rojo: en este cuatrienio la gran mayoría de los presuntos delincuentes detenidos han resultado absueltos y liberados, ya sea por deficiencias en la integración de las acusaciones, por corrupción judicial o por una combinación de ambos factores. El resultado es, por una parte, una situación de completo desamparo de la población y, por la otra, la casi total impunidad de los criminales.
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Adicionalmente, los datos –incluso los oficiales– permiten entrever que las diversas modalidades de la delincuencia conforman por sí mismas un sector económico, acaso el más pujante en el contexto de una recuperación incierta, en el mejor de los casos, o basada, en buena parte, en las ganancias del narcotráfico, como lo señalan diversos especialistas. El lavado de decenas de miles de millones de dólares cada año tendría que ser suficiente elemento de juicio para concluir que la vía de la persecución policial y militar no puede, por sí misma, derrotar a los cárteles del narcotráfico.
A pesar de los alegatos sostenidos por el discurso gubernamental en el sentido de que la mayor parte de los muertos de esta “guerra” han sido integrantes de las organizaciones criminales, el derecho a la vida es una garantía individual que corresponde a todas las personas, independientemente de su situación jurídica. Y, en rigor, los cerca de 30 mil individuos que han tenido una muerte violenta en el contexto del actual conflicto eran inocentes, toda vez que no fueron declarados culpables por un órgano jurisdiccional facultado para ello.
La actual administración ya no está en condiciones, en los dos años que le restan, de conseguir algo semejante a logros reales en materia de imposición del estado de derecho, como no sean acciones puramente mediáticas. Puede, en cambio, si se empecina en su fallida estrategia antidelictiva, empeorar la situación de peligro, terror y zozobra en la que viven grandes núcleos de población, comprometer la soberanía nacional más de lo que ya lo ha hecho y propiciar el avance de la desintegración institucional que ya se vive.
La defensa de la legalidad carece de sentido si no se empieza por garantizar el respeto a la más básica de las garantías consagradas en la Constitución: el derecho a la vida. Lo procedente, en consecuencia, no es priorizar el desmantelamiento de los grupos delictivos, sino la pacificación del país.
El gobierno calderonista debe asumir, de cara a la sociedad, los costos políticos de su decisión inicial: el emprender una “guerra” –la expresión es de sus promotores– contra la delincuencia sin contar con la preparación institucional y operativa necesaria, sin comprender a cabalidad la extensión del problema, sin considerar sus aspectos sociales, económicos y financieros, y sin tener la legitimidad política que se habría requerido para convocar al país a la unidad y la movilización contra las organizaciones criminales.
Por definición, a la criminalidad organizada no se le puede pedir que actúe con responsabilidad, apego a derecho o sentido de Estado. Por su propia supervivencia, la sociedad tiene ante sí el deber de dirigirse a las autoridades para que éstas rectifiquen y empiecen a adoptar acciones concretas para poner un alto al baño de sangre en curso.
Adicionalmente, los datos –incluso los oficiales– permiten entrever que las diversas modalidades de la delincuencia conforman por sí mismas un sector económico, acaso el más pujante en el contexto de una recuperación incierta, en el mejor de los casos, o basada, en buena parte, en las ganancias del narcotráfico, como lo señalan diversos especialistas. El lavado de decenas de miles de millones de dólares cada año tendría que ser suficiente elemento de juicio para concluir que la vía de la persecución policial y militar no puede, por sí misma, derrotar a los cárteles del narcotráfico.
A pesar de los alegatos sostenidos por el discurso gubernamental en el sentido de que la mayor parte de los muertos de esta “guerra” han sido integrantes de las organizaciones criminales, el derecho a la vida es una garantía individual que corresponde a todas las personas, independientemente de su situación jurídica. Y, en rigor, los cerca de 30 mil individuos que han tenido una muerte violenta en el contexto del actual conflicto eran inocentes, toda vez que no fueron declarados culpables por un órgano jurisdiccional facultado para ello.
La actual administración ya no está en condiciones, en los dos años que le restan, de conseguir algo semejante a logros reales en materia de imposición del estado de derecho, como no sean acciones puramente mediáticas. Puede, en cambio, si se empecina en su fallida estrategia antidelictiva, empeorar la situación de peligro, terror y zozobra en la que viven grandes núcleos de población, comprometer la soberanía nacional más de lo que ya lo ha hecho y propiciar el avance de la desintegración institucional que ya se vive.
La defensa de la legalidad carece de sentido si no se empieza por garantizar el respeto a la más básica de las garantías consagradas en la Constitución: el derecho a la vida. Lo procedente, en consecuencia, no es priorizar el desmantelamiento de los grupos delictivos, sino la pacificación del país.
El gobierno calderonista debe asumir, de cara a la sociedad, los costos políticos de su decisión inicial: el emprender una “guerra” –la expresión es de sus promotores– contra la delincuencia sin contar con la preparación institucional y operativa necesaria, sin comprender a cabalidad la extensión del problema, sin considerar sus aspectos sociales, económicos y financieros, y sin tener la legitimidad política que se habría requerido para convocar al país a la unidad y la movilización contra las organizaciones criminales.
Por definición, a la criminalidad organizada no se le puede pedir que actúe con responsabilidad, apego a derecho o sentido de Estado. Por su propia supervivencia, la sociedad tiene ante sí el deber de dirigirse a las autoridades para que éstas rectifiquen y empiecen a adoptar acciones concretas para poner un alto al baño de sangre en curso.
La prisa
La prisa
Luis Javier Garrido
El reclamo nacional porque "se termine el baño de sangre" al que Felipe Calderón ha llevado a un país horrorizado cada vez más por la muerte de múltiples inocentes, está siendo respondido por el gobierno de la derecha con una absoluta intransigencia y la advertencia de que tiene prisa.
1. En el acto propagandístico Diálogos por la Seguridad, que organizó el gobierno de facto en el Campo Marte el miércoles 12, durante el cual tuvo que reconocer que como consecuencias de su supuesta "guerra contra el narco" hubo 15 mil 273 muertos en 2010, con un nerviosismo ya desenfrenado Felipe Calderón aseveró que tiene "prisa" en esta que presentó como su lucha personal, dando a entender que las políticas irracionales de violencia que ha auspiciado van a intensificarse en los próximos meses.
2. El mensaje es amenazador sobre todo porque se da en un contexto en el que el repudio a las políticas gubernamentales es generalizado y no evidencia más que la mafia en el poder quiere seguir anteponiendo sus intereses espurios a los derechos de los mexicanos. La prisa de Calderón no es nada más el temor fundado al hecho de que los panistas van a perder el poder en 2012 y no podrán seguir con sus políticas bárbaras, sino a que sus intereses privados fundamentales van a estar en riesgo. De ahí la prisa por desmantelar a la nación, aniquilar al Estado y despojar al pueblo de sus derechos sociales fundamentales.
3. La campaña "¡Basta de sangre!", iniciativa del dibujante Eduardo del Río (Rius) y del periodista Julio Scherer García, anunciada el domingo 9 de enero, que han respaldado en diversos medios varios dibujantes –entre ellos Rogelio Naranjo, Antonio Helguera, José Hernández y Rafael Barajas, El Fisgón–, así como múltiples intelectuales, y a la que aludía La Jornada en su editorial del lunes 10, es un llamado a la civilidad y la legalidad para terminar con la barbarie que está colmando al país, pues como ahí se decía "la actual administración ya no está en condiciones en los dos años que le restan, de conseguir algo semejante a logros reales en materia de imposición del estado de derecho, como no sean acciones puramente mediáticas".
Luis Javier Garrido
El reclamo nacional porque "se termine el baño de sangre" al que Felipe Calderón ha llevado a un país horrorizado cada vez más por la muerte de múltiples inocentes, está siendo respondido por el gobierno de la derecha con una absoluta intransigencia y la advertencia de que tiene prisa.
1. En el acto propagandístico Diálogos por la Seguridad, que organizó el gobierno de facto en el Campo Marte el miércoles 12, durante el cual tuvo que reconocer que como consecuencias de su supuesta "guerra contra el narco" hubo 15 mil 273 muertos en 2010, con un nerviosismo ya desenfrenado Felipe Calderón aseveró que tiene "prisa" en esta que presentó como su lucha personal, dando a entender que las políticas irracionales de violencia que ha auspiciado van a intensificarse en los próximos meses.
2. El mensaje es amenazador sobre todo porque se da en un contexto en el que el repudio a las políticas gubernamentales es generalizado y no evidencia más que la mafia en el poder quiere seguir anteponiendo sus intereses espurios a los derechos de los mexicanos. La prisa de Calderón no es nada más el temor fundado al hecho de que los panistas van a perder el poder en 2012 y no podrán seguir con sus políticas bárbaras, sino a que sus intereses privados fundamentales van a estar en riesgo. De ahí la prisa por desmantelar a la nación, aniquilar al Estado y despojar al pueblo de sus derechos sociales fundamentales.
3. La campaña "¡Basta de sangre!", iniciativa del dibujante Eduardo del Río (Rius) y del periodista Julio Scherer García, anunciada el domingo 9 de enero, que han respaldado en diversos medios varios dibujantes –entre ellos Rogelio Naranjo, Antonio Helguera, José Hernández y Rafael Barajas, El Fisgón–, así como múltiples intelectuales, y a la que aludía La Jornada en su editorial del lunes 10, es un llamado a la civilidad y la legalidad para terminar con la barbarie que está colmando al país, pues como ahí se decía "la actual administración ya no está en condiciones en los dos años que le restan, de conseguir algo semejante a logros reales en materia de imposición del estado de derecho, como no sean acciones puramente mediáticas".
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4. La campaña es una convocatoria a la racionalidad, y sin embargo recibió en un primer momento una serie de críticas que evidencian la reticencia de la derecha mexicana a aceptar que el país requiere detener estas políticas desquiciadas. La pretendida "guerra de Calderón" contra el narco no fue nunca desde la perspectiva nacional más que un ardid de los panistas para legitimar su gobierno espurio y darle una pretendida autoridad a quien buscaba encabezarlo, no obstante que estaba siendo impulsada desde Washington para acelerar la descomposición de las instituciones mexicanas y tener una mayor injerencia en nuestro país a fin de controlar espacios estratégicos. Como en esta columna se ha señalado desde hace varios años, la ruptura a la legalidad en la que se sustentaba no podía conducir más que a la barbarie, pero ello no obsta para que se sigan argumentando todo género de falacias para tratar de seguir sobre la misma vía.
5. Una primera mentira consiste en sostener que los miles de muertos se deben atribuir a los cárteles y que son narcocrímenes, lo que es falso por completo. No, no son "las bandas delictivas" las que está "literalmente matándose", como dijo Calderón en este acto, a menos que esté reconociendo que su gobierno es una "banda delictiva" y que tiene intereses en el narco. Los miles de muertos que se han producido en cada uno de los cuatro años de su desastroso gobierno no pueden atribuirse a los narcotraficantes pues son obra también tanto de las fuerzas militares y policiales como de los grupos paramilitares formados precisamente para perpetrar matanzas por el mismo gobierno, que quiere ahora culpar a los otros de sus propios crímenes. Las fuerzas oficiales han disparado contra los civiles por impericia y por error pero también con un totalitario afán aleccionador o por brutalidad gratuita e irracional, como se ve en múltiples denuncias presentadas ante la CNDH y organismos internacionales, sin descartar los casos en que lo han hecho con premeditación.
6. El caso de los migrantes centroamericanos es en particular grave pues el gobierno de Felipe Calderón auspició una política muy clara de terror y amedrentamiento en contra de ellos, buscando disuadirlos de ingresar al territorio nacional al alentar su extorsión por funcionarios de migración y su eliminación con los grupos paramilitares, que según se ha señalado creó el gobierno actual en absoluto desprecio del principio establecido en el artículo primero constitucional que establece que en los Estados Unidos Mexicanos "todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución".
7. La aseveración de que poner un alto al irracional baño de sangre significaría "rendir la plaza", como pretenden algunos, es no sólo perversa sino absurda. Luego de más de cuatro años de la supuesta "guerra" calderonista, los narcos mexicanos tienen su poder acrecentado, disponen de mayor capacidad armada, controlan más extensos territorios, como más poder en el aparato burocrático y financiero del régimen. La violencia del gobierno panista no sólo engendró más violencia sino que convirtió a los cárteles de organizaciones comerciales en organizaciones armadas y políticas más exitosas. Un gobierno cuya principal fuerza es la violencia armada es un gobierno sin futuro.
8. No extraña, por lo mismo, que en los actos del Campo Marte hayan estado siempre presentes para el simulado "diálogo" los representantes de las ONG de lujo uncidas al gobierno panista: la sociedad civil blanquiazul, que ni es civil ni es ciudadana, pues está financiada por el Estado ya que desde los años de Fox las ONG son como los partidos "entidades de interés público" y reciben un macrofinanciamiento público. La señora Wallace goza en la capital de todas las prerrogativas y actúa como agente policial, mientras que a Marisela Escobedo, que buscaba la detención del asesino de su hija, se le dejó morir acribillada el 16 de diciembre a las puertas del palacio de gobierno de Chihuahua.
9. La extrema derecha ha estado sufriendo severos reveses en distintas partes al revertírsele sus políticas como resultado de las nuevas formas de organización y de respuesta de la sociedad ante la corrupción del poder político. En Estados Unidos, la matanza de Tucson del 9 de enero dejó seis muertos y gravemente herida a la congresista demócrata Gabrielle Giffords, pero se revirtió contra el Partido Republicano y el Tea Party que durante meses alentaron la violencia contra los políticos reformistas y los migrantes con la pretensión de crispar la política de su país, pues abrieron un nuevo debate sobre las armas, los derechos de los indocumentados y la tolerancia. Y en México, las iniciativas de creciente violencia de Felipe Calderón, que él mismo bautizó en 2007 como "guerra contra el narco", le han generado un repudio absoluto al PAN y al Yunque y han instaurado una más intensa discusión sobre la urgencia de terminar con el delirio calderonista.
10. El equipo de Felipe Calderón tendrá que responder algún día tanto política como judicialmente por sus políticas criminales, pero ahora al menos, en medio de la tragedia que vive México por la ambición y la estulticia de unos cuantos ultraderechistas, queda un saldo positivo por el hecho de que la sociedad civil ha encontrado nuevas formas de organización y de resistencia, de las cuales los múltiples casos de heroísmo civil quedan como ejemplo de la dignidad de un pueblo.
4. La campaña es una convocatoria a la racionalidad, y sin embargo recibió en un primer momento una serie de críticas que evidencian la reticencia de la derecha mexicana a aceptar que el país requiere detener estas políticas desquiciadas. La pretendida "guerra de Calderón" contra el narco no fue nunca desde la perspectiva nacional más que un ardid de los panistas para legitimar su gobierno espurio y darle una pretendida autoridad a quien buscaba encabezarlo, no obstante que estaba siendo impulsada desde Washington para acelerar la descomposición de las instituciones mexicanas y tener una mayor injerencia en nuestro país a fin de controlar espacios estratégicos. Como en esta columna se ha señalado desde hace varios años, la ruptura a la legalidad en la que se sustentaba no podía conducir más que a la barbarie, pero ello no obsta para que se sigan argumentando todo género de falacias para tratar de seguir sobre la misma vía.
5. Una primera mentira consiste en sostener que los miles de muertos se deben atribuir a los cárteles y que son narcocrímenes, lo que es falso por completo. No, no son "las bandas delictivas" las que está "literalmente matándose", como dijo Calderón en este acto, a menos que esté reconociendo que su gobierno es una "banda delictiva" y que tiene intereses en el narco. Los miles de muertos que se han producido en cada uno de los cuatro años de su desastroso gobierno no pueden atribuirse a los narcotraficantes pues son obra también tanto de las fuerzas militares y policiales como de los grupos paramilitares formados precisamente para perpetrar matanzas por el mismo gobierno, que quiere ahora culpar a los otros de sus propios crímenes. Las fuerzas oficiales han disparado contra los civiles por impericia y por error pero también con un totalitario afán aleccionador o por brutalidad gratuita e irracional, como se ve en múltiples denuncias presentadas ante la CNDH y organismos internacionales, sin descartar los casos en que lo han hecho con premeditación.
6. El caso de los migrantes centroamericanos es en particular grave pues el gobierno de Felipe Calderón auspició una política muy clara de terror y amedrentamiento en contra de ellos, buscando disuadirlos de ingresar al territorio nacional al alentar su extorsión por funcionarios de migración y su eliminación con los grupos paramilitares, que según se ha señalado creó el gobierno actual en absoluto desprecio del principio establecido en el artículo primero constitucional que establece que en los Estados Unidos Mexicanos "todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución".
7. La aseveración de que poner un alto al irracional baño de sangre significaría "rendir la plaza", como pretenden algunos, es no sólo perversa sino absurda. Luego de más de cuatro años de la supuesta "guerra" calderonista, los narcos mexicanos tienen su poder acrecentado, disponen de mayor capacidad armada, controlan más extensos territorios, como más poder en el aparato burocrático y financiero del régimen. La violencia del gobierno panista no sólo engendró más violencia sino que convirtió a los cárteles de organizaciones comerciales en organizaciones armadas y políticas más exitosas. Un gobierno cuya principal fuerza es la violencia armada es un gobierno sin futuro.
8. No extraña, por lo mismo, que en los actos del Campo Marte hayan estado siempre presentes para el simulado "diálogo" los representantes de las ONG de lujo uncidas al gobierno panista: la sociedad civil blanquiazul, que ni es civil ni es ciudadana, pues está financiada por el Estado ya que desde los años de Fox las ONG son como los partidos "entidades de interés público" y reciben un macrofinanciamiento público. La señora Wallace goza en la capital de todas las prerrogativas y actúa como agente policial, mientras que a Marisela Escobedo, que buscaba la detención del asesino de su hija, se le dejó morir acribillada el 16 de diciembre a las puertas del palacio de gobierno de Chihuahua.
9. La extrema derecha ha estado sufriendo severos reveses en distintas partes al revertírsele sus políticas como resultado de las nuevas formas de organización y de respuesta de la sociedad ante la corrupción del poder político. En Estados Unidos, la matanza de Tucson del 9 de enero dejó seis muertos y gravemente herida a la congresista demócrata Gabrielle Giffords, pero se revirtió contra el Partido Republicano y el Tea Party que durante meses alentaron la violencia contra los políticos reformistas y los migrantes con la pretensión de crispar la política de su país, pues abrieron un nuevo debate sobre las armas, los derechos de los indocumentados y la tolerancia. Y en México, las iniciativas de creciente violencia de Felipe Calderón, que él mismo bautizó en 2007 como "guerra contra el narco", le han generado un repudio absoluto al PAN y al Yunque y han instaurado una más intensa discusión sobre la urgencia de terminar con el delirio calderonista.
10. El equipo de Felipe Calderón tendrá que responder algún día tanto política como judicialmente por sus políticas criminales, pero ahora al menos, en medio de la tragedia que vive México por la ambición y la estulticia de unos cuantos ultraderechistas, queda un saldo positivo por el hecho de que la sociedad civil ha encontrado nuevas formas de organización y de resistencia, de las cuales los múltiples casos de heroísmo civil quedan como ejemplo de la dignidad de un pueblo.
enero 09, 2011
¡YA BASTA DE SANGRE!
La violencia en el pais aumenta dia con dia no podemos seguir permitiendo esta fallida "guerra contra el narco".
Julio Scherer y Rius (junto con los moneros Hérnandez y Patricio) nos invitan a manifestarnos el dia lunes 10 de enero con la consigna "YA BASTA DE SANGRE".
Podemos hacerlo pegando cartulinas en lugares públicos,cambiando su ...foto de perfil, colgando mantas y llenando el twitter de Calderón con la misma frase.
¡YA BASTA DE SANGRE!
CREO QUE SE EQUIVOCAN LOS QUE ESTÁN A FAVOR DE LA VIOLENCIA. INCLUSO LOS QUE PIENSAN QUE SE DEBE APLICAR UNA VIOLENCIA ILEGAL PARA COMBATIR A LA VIOLENCIA MISMA. LA VIOLENCIA GENERA MÁS VIOLENCIA Y AÚN MAYOR VIOLENCIA GENERARÁ UNA ENORME E IMPARABLE VIOLENCIA. ¿O ACASO ESO BUSCAN? ¿PARA JUSTIFICAR QUÉ? ¿LA MILITARIZACIÓN? ¿LOS ABUSOS EN CONTRA DEL PUEBLO? ¿LOS ATENTADOS A NUESTRAS LIBERTADES? CREO QUE NO SE VALE. LA GENERACIÓN ACTUAL Y LAS QUE VIENEN NO SE MERECEN ESTE DESTINO QUE NOS ESTÁ AHOGANDO DÍA A DÍA EN UN MAR DE SANGRE Y DE HORROR.
LAS COSAS QUE ESTÁN SUCEDIENDO SON SERIAS. EL PUEBLO ESTÁ SUFRIENDO UNA VIOLENCIA E INSEGURIDAD COMO NUNCA ANTES. LOS GOBERNANTES, SINO SON CÓMPLICES DE TODO ESTO, SÓLO ATINAN A BALBUCEAR JUSTIFICACIONES PARA SU INEPTITUD. HAY QUE TENER UN MÍNIMO DE SENSIBILIDAD Y DE RESPETO POR LAS PERSONAS Y LAS FAMILIAS AFECTADAS.
enero 07, 2011
No a las alianzas con el PAN en EdoMex: AMLO y Encinas
Rechazan López Obrador y Encinas Rodríguez cualquier alianza electoral con el PAN en el Edomex
Ocuilan, estado de México
Jueves 06 de enero de 2011
* Recordaron que la derecha panista llevó al país a la actual tragedia nacional y mantiene en la pobreza a la mayoría de los mexicanos
* El presidente legítimo de México hace énfasis en que el diputado federal Encinas es la propuesta de candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)
*“No queremos ningún acuerdo con el PAN”, puntualiza Encinas Rodríguez, en su carácter de propuesta de candidato de las fuerzas progresistas y de izquierda al gobierno mexiquense
Andrés Manuel López Obrador y Alejandro Encinas Rodríguez manifestaron su rechazo a cualquier alianza electoral con el PAN en el estado de México, por considerar que la derecha panista llevó al país a la actual tragedia nacional y mantiene en la pobreza a la mayoría de los mexicanos.
“No queremos ningún acuerdo con el PAN”, puntualizó Encinas Rodríguez, en su carácter de propuesta de candidato de las fuerzas progresistas y de izquierda al gobierno mexiquense, mientras que el presidente legítimo explicó las causas por las cuales está en contra de cualquier pacto electoral con la derecha panista.
López Obrador recordó que el partido albiazul nació en 1939 para oponerse a la política patriótica y popular del entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río y que junto con el PRI son los responsables de aprobar políticas contrarias al interés de las mayorías y de mantener los privilegios de una minoría rapaz.
También subrayó que su negativa se sustenta en que el PAN, en complicidad con el PRI, le robó la Presidencia de la República en el 2006. “¿Cómo nos vamos a aliar con quienes llevaron al país a la tragedia nacional, a la pobreza, al desempleo, a la violencia y a la inseguridad?”, declaró.
Al reanudar en este municipio la llamada gira de la lealtad, el presidente legítimo de los mexicanos afirmó que no hay otro precandidato entre las fuerzas progresistas y de izquierda que reúna las cualidades de Alejandro Encinas, entre ellas su honestidad.
Hizo énfasis en que el diputado federal Encinas es la propuesta de candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que se presentará en su momento a consideración de los partidos de izquierda, para que éstos a su vez los consideren como su candidato al gobierno del estado de México.
Desde este histórico municipio, dejó en claro a los abogados, a los leguleyos, que la presentación de Alejandro Encinas como propuesta de candidato del Movimiento de Regeneración Nacional no representa de ninguna manera un acto anticipado de campaña.
Al afirmar que el gobernador mexiquense, Enrique Peña, se convirtió en una estrella más del canal de las estrella, de Televisa, y que forma parte “de toda una telenovela en la cual participan la paloma, la gaviota, Lucerito y ese copetón corrupto e irresponsable de Peña Nieto”, expuso que el candidato de las izquierdas se comprometerá a llevar a cabo un programa de carácter social, después de que alcance el triunfo en las urnas en la jornada electoral del primer domingo de julio.
Tanto en las reuniones en los municipios de Ocuilan, Malinalco y Tenancingo, se informó que la senadora Yeidckol Polevnsky estuvo ausente debido a que sufrió una lesión. →→Leer más
Ocuilan, estado de México
Jueves 06 de enero de 2011
* Recordaron que la derecha panista llevó al país a la actual tragedia nacional y mantiene en la pobreza a la mayoría de los mexicanos
* El presidente legítimo de México hace énfasis en que el diputado federal Encinas es la propuesta de candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)
*“No queremos ningún acuerdo con el PAN”, puntualiza Encinas Rodríguez, en su carácter de propuesta de candidato de las fuerzas progresistas y de izquierda al gobierno mexiquense
Andrés Manuel López Obrador y Alejandro Encinas Rodríguez manifestaron su rechazo a cualquier alianza electoral con el PAN en el estado de México, por considerar que la derecha panista llevó al país a la actual tragedia nacional y mantiene en la pobreza a la mayoría de los mexicanos.
“No queremos ningún acuerdo con el PAN”, puntualizó Encinas Rodríguez, en su carácter de propuesta de candidato de las fuerzas progresistas y de izquierda al gobierno mexiquense, mientras que el presidente legítimo explicó las causas por las cuales está en contra de cualquier pacto electoral con la derecha panista.
López Obrador recordó que el partido albiazul nació en 1939 para oponerse a la política patriótica y popular del entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río y que junto con el PRI son los responsables de aprobar políticas contrarias al interés de las mayorías y de mantener los privilegios de una minoría rapaz.
También subrayó que su negativa se sustenta en que el PAN, en complicidad con el PRI, le robó la Presidencia de la República en el 2006. “¿Cómo nos vamos a aliar con quienes llevaron al país a la tragedia nacional, a la pobreza, al desempleo, a la violencia y a la inseguridad?”, declaró.
Al reanudar en este municipio la llamada gira de la lealtad, el presidente legítimo de los mexicanos afirmó que no hay otro precandidato entre las fuerzas progresistas y de izquierda que reúna las cualidades de Alejandro Encinas, entre ellas su honestidad.
Hizo énfasis en que el diputado federal Encinas es la propuesta de candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que se presentará en su momento a consideración de los partidos de izquierda, para que éstos a su vez los consideren como su candidato al gobierno del estado de México.
Desde este histórico municipio, dejó en claro a los abogados, a los leguleyos, que la presentación de Alejandro Encinas como propuesta de candidato del Movimiento de Regeneración Nacional no representa de ninguna manera un acto anticipado de campaña.
Al afirmar que el gobernador mexiquense, Enrique Peña, se convirtió en una estrella más del canal de las estrella, de Televisa, y que forma parte “de toda una telenovela en la cual participan la paloma, la gaviota, Lucerito y ese copetón corrupto e irresponsable de Peña Nieto”, expuso que el candidato de las izquierdas se comprometerá a llevar a cabo un programa de carácter social, después de que alcance el triunfo en las urnas en la jornada electoral del primer domingo de julio.
Tanto en las reuniones en los municipios de Ocuilan, Malinalco y Tenancingo, se informó que la senadora Yeidckol Polevnsky estuvo ausente debido a que sufrió una lesión. →→Leer más
La sumisión
La sumisión
Luis Javier Garrido
El papel de escritores y académicos mexicanos avalando las atrocidades del gobierno panista no tiene paralelo en nuestra historia reciente, de ahí que 2011 se abra con la necesidad de reflexionar sobre esta cuestión fundamental y hay material para ello.
1. En un artículo memorable titulado “El dandy y el histrión. La crítica y la paradoja del comediante” (Proceso, número 1783), José Emilio Pacheco analiza el papel de los escritores y de la crítica en México, y acaso sin proponérselo al hablar del siglo XIX plantea esta cuestión en toda su actualidad.
2. El punto de partida de la reflexión de Pacheco, lo constituyen sus estudios sobre Juan de Dios Peza, poeta destacado de finales del XIX, pero olvidado, a quien la mafia de la época, encabezada entre otros por Manuel Puga y Acal, que escribía con el seudónimo de Brummel, buscó ningunear, y es notable por todo lo que sugiere el que es uno de los más grandes escritores mexicanos, con el que el gobierno español quiso el año pasado dar lustre a su Premio Cervantes, y quien conoce como pocos la vida intelectual del país, marcada por esa difícil relación de artistas y escritores con el poder político.
3. La historia del afán de algunos escritores por erigirse como un poder cultural y literario en estrecha vinculación con el poder político se remonta en México, como recuerda Pacheco, al triunfo de la República, cuando se creó la que se llamó República de las Letras, cuyo primer presidente fue Ignacio Manuel Altamirano, remplazado pronto por su discípulo Justo Sierra, quien por su fama literaria creciente y su exitosa carrera política en el porfiriato asumió el papel de autoridad cultural y de jefe, sin decirse, de un poderoso grupo de poder. Ya como ministro de Instrucción Pública, a partir de 1905 “controló las revistas, las editoriales, los periódicos, las becas para los pintores y los cargos diplomáticos para escritores”, lo que sin proponérselo sentó un precedente para el nuevo siglo.
Luis Javier Garrido
El papel de escritores y académicos mexicanos avalando las atrocidades del gobierno panista no tiene paralelo en nuestra historia reciente, de ahí que 2011 se abra con la necesidad de reflexionar sobre esta cuestión fundamental y hay material para ello.
1. En un artículo memorable titulado “El dandy y el histrión. La crítica y la paradoja del comediante” (Proceso, número 1783), José Emilio Pacheco analiza el papel de los escritores y de la crítica en México, y acaso sin proponérselo al hablar del siglo XIX plantea esta cuestión en toda su actualidad.
2. El punto de partida de la reflexión de Pacheco, lo constituyen sus estudios sobre Juan de Dios Peza, poeta destacado de finales del XIX, pero olvidado, a quien la mafia de la época, encabezada entre otros por Manuel Puga y Acal, que escribía con el seudónimo de Brummel, buscó ningunear, y es notable por todo lo que sugiere el que es uno de los más grandes escritores mexicanos, con el que el gobierno español quiso el año pasado dar lustre a su Premio Cervantes, y quien conoce como pocos la vida intelectual del país, marcada por esa difícil relación de artistas y escritores con el poder político.
3. La historia del afán de algunos escritores por erigirse como un poder cultural y literario en estrecha vinculación con el poder político se remonta en México, como recuerda Pacheco, al triunfo de la República, cuando se creó la que se llamó República de las Letras, cuyo primer presidente fue Ignacio Manuel Altamirano, remplazado pronto por su discípulo Justo Sierra, quien por su fama literaria creciente y su exitosa carrera política en el porfiriato asumió el papel de autoridad cultural y de jefe, sin decirse, de un poderoso grupo de poder. Ya como ministro de Instrucción Pública, a partir de 1905 “controló las revistas, las editoriales, los periódicos, las becas para los pintores y los cargos diplomáticos para escritores”, lo que sin proponérselo sentó un precedente para el nuevo siglo.
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4. Entre el régimen porfirista y el posrevolucionario muchas son las diferencias, pero también múltiples las coincidencias, y la tentación de muchos escritores siguió siendo la misma. Enrique González Martínez habría ejercido “el cargo intangible” de esa República cada vez más dictatorial a partir de 1915, y de 1939 a 1959 “ocupó la presidencia Alfonso Reyes” en un periodo poco estudiado, en el que esos grupos se transformaron cuando a inicios de los 60 la conocida entonces como Sociedad de Elogios Mutuos derivó en La Mafia –término creado no por Luis Guillermo Piazza, como muchos creen, sino por Luis Spota o Margarita Michelena–, y en la que Pacheco no se detiene, acaso por ser sus contemporáneos.
5. La descomposición de las elites culturales en las últimas décadas del siglo XX no es motivo de su artículo y Pacheco no llegó ya a reflexionar sobre el proceso desastroso para la cultura mexicana de finales de los años del neoliberalismo, limitándose a apuntar que desde los 60 hasta su muerte, en esa República, que de monarquía había pasado a ser una Iglesia con todo y sacerdotes y eunucos, ocupó esa posición Octavio Paz, que el siglo XXI encontró en su lugar a Carlos Monsiváis, y que ahora “la gente se pregunta si existe aún la República de las letras y si están a su cargo Héctor Aguilar Camín y/o Enrique Krauze”.
6. José Emilio no pontifica, sino sugiere, y ojalá algún día hable del proceso reciente de los escritores en relación con el poder. El momento determinante de la consolidación de un grupo mafioso con la pretensión de decidir lo que vale y lo que es artística y políticamente correcto en México, se produjo en la parte final del siglo XX, precisamente cuando otra mafia, ésta política y empresarial, empezó a privatizar al Estado mexicano y a entregar los recursos de la nación al capital multinacional, y su sacerdote supremo fue Octavio Paz. Olvidándose de lo que había escrito sobre la necesidad de que el escritor se mantuviese alejado del poder, Paz se convirtió en “el consejero del Príncipe” en los años del salinismo y, prevaliéndose de su asociación con Televisa, se autoimpuso como el zar de la cultura mexicana en las dos últimas décadas del siglo, alcanzando un poder del que no soñó Sierra, pues dictó las políticas culturales del Estado y como él decidió las becas gubernamentales para los artistas por conducto del CNCA e influyó en que se le diesen cargos diplomáticos a escritores, pero sobre todo contribuyó a legitimar un poder espurio.
7. Tras de que convalidó el fraude de 1988, y pontificó que “el programa” de Carlos Salinas de Gortari era el mejor para México, el papel de Octavio Paz no dejó de ser significativo, pues a cambio de que el Estado –es decir, el gobierno y Televisa– le diesen una preponderancia política, le encumbrasen por medio de la propaganda y de ediciones lujosas del Fondo de Cultura Económica –la editorial oficial–, y lo promovieran al Premio Nobel, él se dedicó a justificar todas las exacciones y crímenes de Salinas de Gortari y a defender las acciones ilegales del poder, como más tarde lo haría también con Ernesto Zedillo, dando al grupo de artistas e intelectuales que encabezaba un rol del todo diferente.
8. El papel de los grupos mafiosos en la cultura ha tendido desde el siglo XIX a hacer prevalecer a unos cuantos mediocres con discutibles méritos por sobre muchos artistas a los que han buscado ningunear, y luego de la experiencia de Paz a finales del XX, ha buscado justificar acríticamente al poder político y económico. Lo más patético de lo que acontece en el México panista es que esto se haga desde los intereses de la ultraderecha empresarial e ideológica, y que esas minorías de presuntos artistas, escritores y académicos parezcan obsesionadas en pretender que el modelo neoliberal que desmantela a la nación y empobrece a los mexicanos es la única vía hacia una imaginaria modernidad.
9. Hay algo que muchos no han advertido. La corrupción extrema que asfixia la vida cultural del país está dejando en estado de liquidación a esos presuntos artistas y académicos mexicanos, que desgastados en su papel cortesano tienen un papel cada vez menos relevante por lo que están siendo desplazados, con todo y que avalaron el fraude electoral de 2006, pues su utilidad para el poder es cada vez más dudosa: no son ni Garrick ni Brummel –el gran actor y el dandy impoluto de la Inglaterra dieciochesca–, como aspiraban a ser los críticos mexicanos del XIX, de los que habla Pacheco, sino zánganos y bufones del capital trasnacional y de los grupos de la derecha que los han enriquecido. El papel de hacer el análisis de lo que acontece desde la perspectiva oficial lo tienen cada vez más los locutores de la radio y la televisión.
10. La “siempre necesaria y venturosa crítica”, debe seguir siendo ejercida en México, es cierto, pero no desde los tenebrosos intereses del poder político o de los aún más oscuros de las grandes corporaciones económicas.
4. Entre el régimen porfirista y el posrevolucionario muchas son las diferencias, pero también múltiples las coincidencias, y la tentación de muchos escritores siguió siendo la misma. Enrique González Martínez habría ejercido “el cargo intangible” de esa República cada vez más dictatorial a partir de 1915, y de 1939 a 1959 “ocupó la presidencia Alfonso Reyes” en un periodo poco estudiado, en el que esos grupos se transformaron cuando a inicios de los 60 la conocida entonces como Sociedad de Elogios Mutuos derivó en La Mafia –término creado no por Luis Guillermo Piazza, como muchos creen, sino por Luis Spota o Margarita Michelena–, y en la que Pacheco no se detiene, acaso por ser sus contemporáneos.
5. La descomposición de las elites culturales en las últimas décadas del siglo XX no es motivo de su artículo y Pacheco no llegó ya a reflexionar sobre el proceso desastroso para la cultura mexicana de finales de los años del neoliberalismo, limitándose a apuntar que desde los 60 hasta su muerte, en esa República, que de monarquía había pasado a ser una Iglesia con todo y sacerdotes y eunucos, ocupó esa posición Octavio Paz, que el siglo XXI encontró en su lugar a Carlos Monsiváis, y que ahora “la gente se pregunta si existe aún la República de las letras y si están a su cargo Héctor Aguilar Camín y/o Enrique Krauze”.
6. José Emilio no pontifica, sino sugiere, y ojalá algún día hable del proceso reciente de los escritores en relación con el poder. El momento determinante de la consolidación de un grupo mafioso con la pretensión de decidir lo que vale y lo que es artística y políticamente correcto en México, se produjo en la parte final del siglo XX, precisamente cuando otra mafia, ésta política y empresarial, empezó a privatizar al Estado mexicano y a entregar los recursos de la nación al capital multinacional, y su sacerdote supremo fue Octavio Paz. Olvidándose de lo que había escrito sobre la necesidad de que el escritor se mantuviese alejado del poder, Paz se convirtió en “el consejero del Príncipe” en los años del salinismo y, prevaliéndose de su asociación con Televisa, se autoimpuso como el zar de la cultura mexicana en las dos últimas décadas del siglo, alcanzando un poder del que no soñó Sierra, pues dictó las políticas culturales del Estado y como él decidió las becas gubernamentales para los artistas por conducto del CNCA e influyó en que se le diesen cargos diplomáticos a escritores, pero sobre todo contribuyó a legitimar un poder espurio.
7. Tras de que convalidó el fraude de 1988, y pontificó que “el programa” de Carlos Salinas de Gortari era el mejor para México, el papel de Octavio Paz no dejó de ser significativo, pues a cambio de que el Estado –es decir, el gobierno y Televisa– le diesen una preponderancia política, le encumbrasen por medio de la propaganda y de ediciones lujosas del Fondo de Cultura Económica –la editorial oficial–, y lo promovieran al Premio Nobel, él se dedicó a justificar todas las exacciones y crímenes de Salinas de Gortari y a defender las acciones ilegales del poder, como más tarde lo haría también con Ernesto Zedillo, dando al grupo de artistas e intelectuales que encabezaba un rol del todo diferente.
8. El papel de los grupos mafiosos en la cultura ha tendido desde el siglo XIX a hacer prevalecer a unos cuantos mediocres con discutibles méritos por sobre muchos artistas a los que han buscado ningunear, y luego de la experiencia de Paz a finales del XX, ha buscado justificar acríticamente al poder político y económico. Lo más patético de lo que acontece en el México panista es que esto se haga desde los intereses de la ultraderecha empresarial e ideológica, y que esas minorías de presuntos artistas, escritores y académicos parezcan obsesionadas en pretender que el modelo neoliberal que desmantela a la nación y empobrece a los mexicanos es la única vía hacia una imaginaria modernidad.
9. Hay algo que muchos no han advertido. La corrupción extrema que asfixia la vida cultural del país está dejando en estado de liquidación a esos presuntos artistas y académicos mexicanos, que desgastados en su papel cortesano tienen un papel cada vez menos relevante por lo que están siendo desplazados, con todo y que avalaron el fraude electoral de 2006, pues su utilidad para el poder es cada vez más dudosa: no son ni Garrick ni Brummel –el gran actor y el dandy impoluto de la Inglaterra dieciochesca–, como aspiraban a ser los críticos mexicanos del XIX, de los que habla Pacheco, sino zánganos y bufones del capital trasnacional y de los grupos de la derecha que los han enriquecido. El papel de hacer el análisis de lo que acontece desde la perspectiva oficial lo tienen cada vez más los locutores de la radio y la televisión.
10. La “siempre necesaria y venturosa crítica”, debe seguir siendo ejercida en México, es cierto, pero no desde los tenebrosos intereses del poder político o de los aún más oscuros de las grandes corporaciones económicas.