Las filtraciones de Wikileaks
Luis Javier Garrido
Los papeles del Departamento de Estado sobre México revelados por Wikileaks abren una crisis política de enormes dimensiones, aunque nadie se atreva por el momento a reconocerlo.
1. La histórica filtración de documentos hecha este diciembre de 2010 por el portal de Wikileaks incluyó un número significativo de documentos sobre México que aún no acaban de ser divulgados plenamente por los medios y que son difíciles de consultar, en particular por la guerra cibernética que el gobierno estadunidense ha desatado en su contra, pero que hasta ahora ponen en grave entredicho al gobierno panista, a la “clase política” mexicana en su conjunto, a las fuerzas armadas y muy en especial a Felipe Calderón, quien aparece en ellos como un individuo que ha atentado contra los intereses fundamentales de México, y que de existir en el país un régimen de derecho, de inmediato sería separado del cargo.
2. Las revelaciones de Wikileaks no hacen más que confirmar en torno a la supuesta “guerra contra el narco” de Calderón lo que durante meses hemos sostenido en esta columna, y en particular que desde los inicios de su gobierno de facto, ansioso de alcanzar una legitimidad y un control material sobre el territorio y la población, el panista pidió a Washington su ayuda e intervención para enfrentar la situación; que la extrema violencia que se manifiesta en el país fue deliberadamente buscada por el gobierno calderonista, bajo la dirección de las agencias de seguridad estadunidense, en la mira de crear un clima de terror en la República, y que la consecuencia de todo esto no es sólo que las fuerzas armadas mexicanas se hayan sometido al control estadunidense, sino que éste asuma que es la única fuerza capaz de enfrentar desde México a los cárteles del narcotráfico, que constituyen una amenaza para sus fronteras.
3. Las filtraciones –de las que dio cuenta La Jornada el 3, 4 y 5 de diciembre– van en buena medida a caracterizar al Ejército Mexicano con señalamientos tanto de funcionarios estadunidenses como de los propios panistas, diciéndose que “es torpe y con aversión al riesgo”, que sus miembros no están capacitados para ejercer tareas policiales domésticas ni mucho menos labores de inteligencia y, lo que es de enorme gravedad, que al no tener posibilidad de actuar en un marco de respeto a los derechos individuales, solicitaron que se expidiera una ley de suspensión de garantías individuales en términos del artículo 29 constitucional, como en 1943, lo que les fue negado, para, siguiendo el ejemplo de la Secretaría de Marina, solicitar sus mandos a los agentes estadunidenses que se les diera una mejor capacitación.
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