junio 25, 2010
Carlos Monsiváis
Ya no estás Carlos Monsiváis: nos quedaste a deber la crónica de tu propio funeral.
Todo es un show
Elecciones en Sinaloa: Todo es un show
Las fuerzas políticas están desatadas (y gansteriles también), no hay límite para la impunidad con la que se manipula el voto de los sinaloenses, es tanta y tan absurda la cantidad de promesas que vierten los candidatos que es vergonzoso incluso pararse en un mitin a escuchar tanta demagogía.
Todos prometen, en el contexto de la miseria, pavimentación de calles, alto a la violencia, medicinas, generación de empleo (pero sin proyecto claro para lograrlo), se vive la tergiversación de los hechos y la locura de las “segundas etapas” de campaña, nombre con el que los “operadores políticos” bautizas las actividades de propaganda negra y de difamación del contrincante.
Estamos a escasas tres semanas que concluya la elección y en todos los municipios se repiten los mismos absurdos, desde Choix hasta Escuinapa, los mismos rostros, las mismas mañas, los mismos juegos, los dos partidos traen brigadas pagadas (ochocientos pesos semanales) para movilizar a miles de jóvenes desempleados, que al no tener otra opción han decidido participar en la puesta en escena.
Todo es un show, candidatos bailadores y cantadores, políticos emotivos de escasas luces, con dientes blanqueados con laser en grades comilonas, para escuchar escasos 5 minutos al candidato, sin ideas, sin proyectos, foros prefabricados, en los que hablan los mismos y que terminan siendo espacios de proselitismo.
No hay una sola propuesta que se salga de los apoyos de siempre, de los que están acotados por las secretarias federales, no hay nada que hacer, no hay ni una sola neurona de innovación, estamos ante un paramo, en todos los mítines se repiten los mismos discursos “Voy con todo para ayudar a la gente” y “Cambio con Corazón por Sinaloa”.
Lo que hay que destacar es la enorme apatía de la gente en los eventos, si acaso unos cuantos siguen la música, si acaso unos cuantos bailan, la mayoría tiene los rostros duros, no porque nieguen su apoyo, sino porque se saben acarreados por las circunstancias (no pocas veces de miseria) y sabe que no hay opción, que esto está destinado a la puesta en escena y que otros son los titiriteros.
Es un espectáculo dantesco la elección en Sinaloa, lo que hay es una “guerra” de conocidos, que llegan al crimen y a los tribunales, se arrancan los nombres y los acrónimos que identifican a los contrincantes y se dañan a sí mismos de manera sistemática, se burlan de quienes participan fuera de los círculos de amigos y allegados, se ve como en los eventos desfilan las redes personales y sociales de quienes han hecho de la manipulación un arte.
Sinaloa está viviendo los últimos 28 días de elección de manera "intensa", estamos en el momento de la guerra sucia, adiós a las propuestas, el Consejo Estatal Electoral es un actor más de la elección estamos en manos de mafiosos y bandidos, el ciudadano simplemente ha perdido los espacios y no hay forma de arrancárselos a la partidocracia y al pragmatismo político. Adiós al Desarrollo.
Las escuchas
Las escuchas
Luis Javier Garrido
La extrema derecha mexicana se está aprestando a dar un asalto al poder en 2012 a fin de controlarlo por completo, creyendo que el pueblo mexicano no se da cuenta de lo que acontece, y el escándalo de las escuchas telefónicas realizadas a diversos gobernadores del PRI en este verano de 2010 no sólo lo confirma, sino que es el hilo de la madeja que permite desentrañar el proyecto.
1. El espionaje político y las filtraciones a los medios de grabaciones de los gobernadores priístas de Veracruz, Oaxaca y Puebla que se han conocido en los últimos días han buscado no sólo revertir las posibles tendencias de las votaciones en esos estados, desfavorables al PAN y/o a las coaliciones PAN-PRD, sino también y sobre todo crear las condiciones para que el gobierno pueda acusar a los gobernadores de posibles ilícitos a fin de crear las condiciones para anular dichos procesos electorales, pero lo que han logrado ha sido lo contrario: evidenciar la naturaleza corrupta y las acciones ilegales del gobierno de facto de Felipe Calderón.
2. Tras la difusión de las grabaciones de Fidel Herrera, el gobernador veracruzano, en El Noticiero de Canal 2 el lunes 14, enviadas por el presidente de Acción Nacional, César Nava, en las que aquél ofrece apoyo financiero y logístico oficial a diversos candidatos priístas, y las ulteriores de Mario Marín, gobernador poblano sobre asuntos personales y de Ulises Ruiz de Oaxaca sobre temas poco relevantes, se ha desatado una tormenta que atañe no sólo a la llamada clase política sino al pueblo mexicano, por las implicaciones que entraña.
3. La respuesta del PRI y de otros sectores agraviados ha buscado poner de relieve las acciones ilegales del gobierno federal con este acto pero también la hipocresía de Felipe Calderón y de los panistas que pretenden acusar a los demás de lo que ellos están haciendo también ilegalmente y de manera descomunal: la utilización de los recursos públicos para imponerse en las elecciones. Todo lo cual está conduciendo a algo mucho más grave: cuestionar el papel de los medios en los procesos electorales, acusados de uno y otro lado de servir a intereses facciosos.
4. El asunto de las escuchas ha terminado por agravar las tensiones internas de la mafia en el poder a niveles no imaginados, en particular las existentes entre el gobierno y el consorcio Televisa, generadas por el asunto de diversas concesiones, y el miércoles 23, durante la emisión de Tercer Grado en el Canal 2, el propio Felipe Calderón fue responsabilizado abiertamente por los locutores de tratar de manipular en vistas al 2012 los procesos electorales locales de 2010 en los que se disputan gubernaturas claves, utilizando prácticas ilegales como las que, se subrayó, le permitieron hacerse de la silla presidencial en 2006, por lo que se dijo lo menos que puede hacer es pedir la destitución de Nava como presidente del PAN a fin de que pueda ser procesado por los delitos cometidos. Calderón, se insistió, se comporta como los priístas en el pasado haciendo grabaciones ilegales y utilizando recursos públicos para intereses partidistas, sustentando sus políticas en las prácticas del clientelismo, el paternalismo y el corporativismo que pretende combatir, y el PAN a su vez actúa peor que el PRI al no haber sustentado sus gobiernos en los principios éticos que pretendía tener, de tal suerte que ni Calderón ni el PAN han sido demócratas, como alguna vez lo pretendieron, pues ambos se la han pasado torciendo y violando la ley.
5. La todopoderosa neopanista Patricia Flores Elizondo (jefa de la Oficina de la Presidencia), sobrina del Negro Elizondo y miembro de El Yunque, fue además señalada como la posible responsable de las escuchas y de la campaña contra el PRI, demandándose una investigación sobre su papel. La que los panistas llaman La Jefa por el enorme poder que tiene ha sido mencionada durante meses por diversos medios de haberse erigido como el verdadero poder tras el trono, convirtiéndose en pieza fundamental en la entrega de los recursos estratégicos del país a las trasnacionales hispanas, y a pesar de los múltiples escándalos de corrupción y de espionaje a través del Cisen en que se ha visto involucrada, de tomar decisiones políticas por encima de todos los miembros del gabinete, entre otras las que condujeron a los acuerdos electorales para 2010.
6. Las alianzas de 2010 entre el PAN y el PRD en diversas elecciones locales han constituido la piedra angular de las políticas de la extrema derecha mexicana para hacerse del poder en 2012, al apoderarse de diversas entidades, y sobre todo al buscar cancelar una posible alternativa electoral de izquierda creando un clima de engaño y confusión, pero es evidente que van a fracasar porque no se puede engañar al pueblo de México de manera tan burda. Los votantes saben que los candidatos de la Alianza son en realidad los candidatos de Calderón y de la extrema derecha mexicana y que con el señuelo de que van a terminar con el régimen priísta en diversos estados lo único que buscan es establecer gobiernos mucho peores que los del PRI y sustentados en las mismas prácticas, como acontece a nivel nacional.
7. El gobierno de Felipe Calderón ha tenido otro enorme fracaso con el descomunal operativo de propaganda que organizó para montarse sobre la participación de México en el Mundial de Sudáfrica 2010. El que resultó ser el combinado Calderón-Aguirre, y al que se le soltaron sumas multimillonarias, ha hecho el papelón en Johannesburgo, y lejos de transmitir a los mexicanos el mensaje de que sí se puede (con el proyecto de la ultraderecha), no ha contribuido más que a confirmar que el país es un desastre en todos los órdenes.
8. El operativo de Estado no logró en consecuencia ocultar la crisis social de la que dan cuenta la huelga de hambre de los electricistas, la represión a los mineros de Pasta de Conchos, Taxco y Cananea o los atentados sin precedentes contra los derechos individuales y la inexistencia de un estado de derecho como se evidencia con la petición ante la embajada venezolana de asilo político de la joven América del Valle, como tampoco distraer de la gravedad de la otra crisis: la crisis política de la burocracia gobernante, por la pretensión de la ultraderecha de imponerse a como dé lugar en las elecciones federales de 2012.
9. El asunto de las escuchas ha puesto de manifiesto no nada más que el grupito de Los Pinos está desesperado ante la evidencia de que va a perder el control del gobierno en este año, sino que para evitarlo reivindica para la ultraderecha mexicana la prerrogativa del monopolio en el control del aparato del Estado. El diferendo actual entre el titular de facto del Ejecutivo y el PRI es de enorme gravedad pues afecta derechos fundamentales del pueblo, ya que supone entre otras cosas que las gubernaturas estatales claves han de estar subordinadas al Ejecutivo de facto, y que el control totalitario de los medios es un derecho no escrito del gobierno federal.
10. Las diferencias crecientes dentro de la mafia político-empresarial ponen en evidencia la descomposición de una clase política que no tiene otro proyecto que el de seguir entregando los recursos nacionales al extranjero y cancelando los derechos de los mexicanos para favorecer las actividades de las corporaciones extranjeras, pero no pueden ocultar que el país se halla en el riesgo de una mayor derechización, y que en consecuencia hay un pueblo que sigue resistiendo.
Luis Javier Garrido
La extrema derecha mexicana se está aprestando a dar un asalto al poder en 2012 a fin de controlarlo por completo, creyendo que el pueblo mexicano no se da cuenta de lo que acontece, y el escándalo de las escuchas telefónicas realizadas a diversos gobernadores del PRI en este verano de 2010 no sólo lo confirma, sino que es el hilo de la madeja que permite desentrañar el proyecto.
1. El espionaje político y las filtraciones a los medios de grabaciones de los gobernadores priístas de Veracruz, Oaxaca y Puebla que se han conocido en los últimos días han buscado no sólo revertir las posibles tendencias de las votaciones en esos estados, desfavorables al PAN y/o a las coaliciones PAN-PRD, sino también y sobre todo crear las condiciones para que el gobierno pueda acusar a los gobernadores de posibles ilícitos a fin de crear las condiciones para anular dichos procesos electorales, pero lo que han logrado ha sido lo contrario: evidenciar la naturaleza corrupta y las acciones ilegales del gobierno de facto de Felipe Calderón.
2. Tras la difusión de las grabaciones de Fidel Herrera, el gobernador veracruzano, en El Noticiero de Canal 2 el lunes 14, enviadas por el presidente de Acción Nacional, César Nava, en las que aquél ofrece apoyo financiero y logístico oficial a diversos candidatos priístas, y las ulteriores de Mario Marín, gobernador poblano sobre asuntos personales y de Ulises Ruiz de Oaxaca sobre temas poco relevantes, se ha desatado una tormenta que atañe no sólo a la llamada clase política sino al pueblo mexicano, por las implicaciones que entraña.
3. La respuesta del PRI y de otros sectores agraviados ha buscado poner de relieve las acciones ilegales del gobierno federal con este acto pero también la hipocresía de Felipe Calderón y de los panistas que pretenden acusar a los demás de lo que ellos están haciendo también ilegalmente y de manera descomunal: la utilización de los recursos públicos para imponerse en las elecciones. Todo lo cual está conduciendo a algo mucho más grave: cuestionar el papel de los medios en los procesos electorales, acusados de uno y otro lado de servir a intereses facciosos.
4. El asunto de las escuchas ha terminado por agravar las tensiones internas de la mafia en el poder a niveles no imaginados, en particular las existentes entre el gobierno y el consorcio Televisa, generadas por el asunto de diversas concesiones, y el miércoles 23, durante la emisión de Tercer Grado en el Canal 2, el propio Felipe Calderón fue responsabilizado abiertamente por los locutores de tratar de manipular en vistas al 2012 los procesos electorales locales de 2010 en los que se disputan gubernaturas claves, utilizando prácticas ilegales como las que, se subrayó, le permitieron hacerse de la silla presidencial en 2006, por lo que se dijo lo menos que puede hacer es pedir la destitución de Nava como presidente del PAN a fin de que pueda ser procesado por los delitos cometidos. Calderón, se insistió, se comporta como los priístas en el pasado haciendo grabaciones ilegales y utilizando recursos públicos para intereses partidistas, sustentando sus políticas en las prácticas del clientelismo, el paternalismo y el corporativismo que pretende combatir, y el PAN a su vez actúa peor que el PRI al no haber sustentado sus gobiernos en los principios éticos que pretendía tener, de tal suerte que ni Calderón ni el PAN han sido demócratas, como alguna vez lo pretendieron, pues ambos se la han pasado torciendo y violando la ley.
5. La todopoderosa neopanista Patricia Flores Elizondo (jefa de la Oficina de la Presidencia), sobrina del Negro Elizondo y miembro de El Yunque, fue además señalada como la posible responsable de las escuchas y de la campaña contra el PRI, demandándose una investigación sobre su papel. La que los panistas llaman La Jefa por el enorme poder que tiene ha sido mencionada durante meses por diversos medios de haberse erigido como el verdadero poder tras el trono, convirtiéndose en pieza fundamental en la entrega de los recursos estratégicos del país a las trasnacionales hispanas, y a pesar de los múltiples escándalos de corrupción y de espionaje a través del Cisen en que se ha visto involucrada, de tomar decisiones políticas por encima de todos los miembros del gabinete, entre otras las que condujeron a los acuerdos electorales para 2010.
6. Las alianzas de 2010 entre el PAN y el PRD en diversas elecciones locales han constituido la piedra angular de las políticas de la extrema derecha mexicana para hacerse del poder en 2012, al apoderarse de diversas entidades, y sobre todo al buscar cancelar una posible alternativa electoral de izquierda creando un clima de engaño y confusión, pero es evidente que van a fracasar porque no se puede engañar al pueblo de México de manera tan burda. Los votantes saben que los candidatos de la Alianza son en realidad los candidatos de Calderón y de la extrema derecha mexicana y que con el señuelo de que van a terminar con el régimen priísta en diversos estados lo único que buscan es establecer gobiernos mucho peores que los del PRI y sustentados en las mismas prácticas, como acontece a nivel nacional.
7. El gobierno de Felipe Calderón ha tenido otro enorme fracaso con el descomunal operativo de propaganda que organizó para montarse sobre la participación de México en el Mundial de Sudáfrica 2010. El que resultó ser el combinado Calderón-Aguirre, y al que se le soltaron sumas multimillonarias, ha hecho el papelón en Johannesburgo, y lejos de transmitir a los mexicanos el mensaje de que sí se puede (con el proyecto de la ultraderecha), no ha contribuido más que a confirmar que el país es un desastre en todos los órdenes.
8. El operativo de Estado no logró en consecuencia ocultar la crisis social de la que dan cuenta la huelga de hambre de los electricistas, la represión a los mineros de Pasta de Conchos, Taxco y Cananea o los atentados sin precedentes contra los derechos individuales y la inexistencia de un estado de derecho como se evidencia con la petición ante la embajada venezolana de asilo político de la joven América del Valle, como tampoco distraer de la gravedad de la otra crisis: la crisis política de la burocracia gobernante, por la pretensión de la ultraderecha de imponerse a como dé lugar en las elecciones federales de 2012.
9. El asunto de las escuchas ha puesto de manifiesto no nada más que el grupito de Los Pinos está desesperado ante la evidencia de que va a perder el control del gobierno en este año, sino que para evitarlo reivindica para la ultraderecha mexicana la prerrogativa del monopolio en el control del aparato del Estado. El diferendo actual entre el titular de facto del Ejecutivo y el PRI es de enorme gravedad pues afecta derechos fundamentales del pueblo, ya que supone entre otras cosas que las gubernaturas estatales claves han de estar subordinadas al Ejecutivo de facto, y que el control totalitario de los medios es un derecho no escrito del gobierno federal.
10. Las diferencias crecientes dentro de la mafia político-empresarial ponen en evidencia la descomposición de una clase política que no tiene otro proyecto que el de seguir entregando los recursos nacionales al extranjero y cancelando los derechos de los mexicanos para favorecer las actividades de las corporaciones extranjeras, pero no pueden ocultar que el país se halla en el riesgo de una mayor derechización, y que en consecuencia hay un pueblo que sigue resistiendo.
junio 13, 2010
AMLO, diagnóstico y proyecto
AGENDA CIUDADANA
AMLO, diagnóstico y proyecto
Lorenzo Meyer 10 Jun. 2010
El carácter oligárquico de México, el predominio de los intereses de los muy pocos, no es nuevo, pero se está acentuando. El último libro de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) La mafia que se adueñó de México... y el 2012 (Grijalbo, 2010), no pretende descubrir algo que se ignorara, sólo busca una vez más apuntar hacia una verdad rotunda y sus consecuencias. La verdad que muchos pretenden no ver es que, por lo que se refiere a su carácter oligárquico, México está de regreso al sitio donde se encontraba hace justamente un siglo, cuando vivía ya al filo del agua. De retorno pero en condiciones diferentes. En 1910 Porfirio Díaz podía poner límites a un hacendado o a un minero. Hoy es difícil imaginar que "Los Pinos" hiciera algo equivalente con una cadena de televisión o con una empresa telefónica. México es de nuevo una sociedad donde el peso de su oligarquía es determinante en el proceso político.
En la toma de las grandes decisiones de carácter económico, el nuestro no es un país de más de 100 millones de personas sino de apenas un puñado. El análisis de la naturaleza y los efectos políticos del México de los pocos -de "Los que mandan", para usar el término acuñado por el sociólogo argentino José Luis de Imaz en 1964- es el corazón del nuevo libro de AMLO: La mafia que se adueñó de México... y el 2012 (Grijalbo, 2010). Quizá se pueda objetar el caracterizar como mafia a los que más influyen sobre el destino material de México, pero finalmente no es posible entender el proceso actual de nuestro país sin tomar en cuenta el carácter profundamente excluyente de un sistema cuya supuesta transformación de autoritario en democrático no ha significado gran cosa en el ejercicio real y en los efectos del poder. A partir de la discusión del concepto de mafia se puede abordar la sustancia de este libro no académico sino intensamente político y polémico. Mafia, como se sabe, es el nombre de una sociedad criminal secreta originaria de Sicilia pero que, por extensión, suele aplicarse a otras asociaciones secretas de criminales o, incluso, de terroristas. Ahora bien, el pequeño grupo de los poderosos de México, como lo demuestra el propio AMLO, no es secreto ni observa el orden jerárquico ni la disciplina propia del crimen organizado. En esta obra y en la realidad, los oligarcas aparecen con nombre y apellido, con sus áreas de actividad y hasta su modus operandi individual. La membresía en el grupo va desde Carlos Slim hasta Emilio Azcárraga, pasando por Roberto Hernández, Roberto Bailleres, Germán Larrea y una docena más de grandes empresarios. Algunos de ellos, como los del Consejo Coordinador Empresarial, efectivamente han concertado sus acciones de presión y cabildeo pero otros lo hacen por sí y ante sí, en solitario, como Slim o Salinas Pliego. Y aunque ciertas actividades de estos personajes son ilegítimas por ser dañinas para el interés general -sus prácticas monopólicas o sus argucias para pagar pocos impuestos, por ejemplo-, generalmente pueden pasar por legales.
Una alternativa más adecuada al concepto de mafia y al tipo de conducta de "los que mandan" en México puede ser la de élite del poder, término acuñado por el sociólogo norteamericano C. Wright Mills (1916-1962) al examinar el enorme poder acumulado hasta entonces por el pequeño grupo que dominaba la política, la economía y la cultura norteamericanas. En The power elite (1956), Mills sostuvo que si en Estados Unidos se pudiera separar de las estructuras institucionales donde operan a los 100 personajes políticamente más poderosos, a los 100 más ricos y a los 100 más famosos, éstos perderían su importancia pues su poder no estaba en ellos como individuos sino en la posición que ocupaban en la estructura institucional, en la red del poder. Ésa es también la tesis central de AMLO y punto de partida de su proyecto político, pero con una variante muy importante: aquí, como se verá, sí hay individuos muy poderosos y que no tienen cargo institucional. A partir de la gran crisis de 1982 -cuando se vino abajo el modelo económico basado en el mercado interno y en la centralidad del Estado-, el gobierno ha quedado cada vez más al servicio de los intereses particulares de un puñado de dirigentes de grandes empresas y conglomerados y de su idea de México, un México donde la desigualdad extrema es considerada como natural e inevitable y frente a la cual sólo queda saber administrarla para evitar que lleve a la inestabilidad. Conviene abordar ahora la peculiaridad de la élite del poder mexicana y en la que AMLO ahonda. Si Mills no dio mayor importancia a las individualidades del grupo, fue porque en la sociedad que estudiaba -la norteamericana- las instituciones aparecían sólidas. En contraste, en México hoy ese entramado institucional es notoriamente débil lo que realza el papel del individuo. Esa debilidad ha permitido que ciertos personajes audaces y con conexiones adecuadas puedan desempeñar un papel crucial. Eso fue lo que sucedió con Plutarco Elías Calles hace 80 años cuando México era aún país de caudillos y eso sucede de nuevo con el ex presidente Carlos Salinas de Gortari. Salinas ha capitalizado las debilidades y corrupciones del actual sistema político mexicano.
Cuando fue Presidente al final del siglo pasado, el de Agualeguas usó la crisis mexicana y el proceso mundial de privatizaciones, para tejer una telaraña de complicidades políticas e intereses económicos con el objetivo de sentar las bases de un poder transexenal. Sin embargo, su sucesor, Ernesto Zedillo, se propuso acabar con ese proyecto y casi lo logró, pero la posterior combinación de ineptitud, debilidad política y corrupción que caracterizó al sexenio de Vicente Fox, dio por resultado, entre otras cosas, una inesperada segunda oportunidad para la ambición salinista. Tras el 2000, Salinas se ofreció como mediador y coordinador entre los grupos e intereses del viejo y el nuevo régimen. La oferta le fue aceptada tanto por Fox y Felipe Calderón como por la oligarquía, el PAN y un PRI que, debiendo ser historia, también supo aprovechar los errores de sus adversarios para resurgir de sus cenizas, y por los nuevos señores feudales de la política mexicana: los gobernadores priistas. Con la coordinación de los intereses y la acción sustantiva de la élite del poder, el resto de los poderes, desde el Legislativo y el Judicial hasta los organismos autónomos, las iglesias y los sindicatos se plegaron al arreglo.
El resultado es una democracia casi sin contenido. El título del libro de AMLO contiene una fecha: 2012. Es en torno a ese año que ya actúan tanto la élite del poder como el resto de las fuerzas políticamente organizadas, incluidos el propio AMLO y su movimiento social. El año de la elección presidencial mexicana no tiene 365 días sino muchos más, por eso el largo y complicado 2012 ya llegó. Los grandes problemas nacionales siempre están presentes, pero desde hace por lo menos un siglo, es el calendario electoral el que, a querer que no, obliga a la sociedad a reflexionar sobre qué proyectos de país se nos ofrecen y a decidir por cuál debemos optar. Hoy el conjunto ciudadano no pareciera tener el ánimo para hacer de la política asunto prioritario. Según las encuestas, a la mayoría de los mexicanos -para ser exactos, en 2008, el 65%- los asuntos políticos les interesan poco o nada y apenas a un 9% le pareció la política de gran interés ("Encuesta Nacional sobre Cultura Política 2008", www.encup.gob.mx). Y es que, después de todo, el 83% de ellos considera que simplemente, "el país es gobernado por los intereses de unos cuantos" (Reforma, 20 de mayo, 2008). Y sin embargo... Aparentemente México, como proyecto nacional, es hoy una zona de desastre, pero justamente por eso, ésta debería ser la hora de la oposición real. Pero el mayor partido de la izquierda está deshecho y las encuestas auguran el retorno del PRI como resultado del desánimo generalizado. Como lo hicieran los historiadores romanos en las épocas de decadencia AMLO apela hoy a las virtudes del pasado -en nuestro caso al espíritu de Juárez y de Cárdenas-, llama a renovar la insurrección electoral y a que en el 2012 la izquierda recupere un poder ilegítimamente detentado desde el 2006 por una derecha oligárquica. Los obstáculos que enfrenta el proyecto de AMLO son sencillamente formidables: el duopolio televisivo que ha logrado capturar la imaginación de una buena parte de los mexicanos, Carlos Salinas, el PRI reciclado y la oligarquía. AMLO propone enfrentar tamaña alianza con un proyecto de justicia sustantiva y una organización de base desde los 2,456 municipios del país donde él considera que personalmente ya plantó la idea de un proyecto alternativo. Hoy, tamaña empresa podría parecer casi imposible... pero el país no nos perdonaría el no haberlo intentado.
AMLO, diagnóstico y proyecto
Lorenzo Meyer 10 Jun. 2010
El carácter oligárquico de México, el predominio de los intereses de los muy pocos, no es nuevo, pero se está acentuando. El último libro de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) La mafia que se adueñó de México... y el 2012 (Grijalbo, 2010), no pretende descubrir algo que se ignorara, sólo busca una vez más apuntar hacia una verdad rotunda y sus consecuencias. La verdad que muchos pretenden no ver es que, por lo que se refiere a su carácter oligárquico, México está de regreso al sitio donde se encontraba hace justamente un siglo, cuando vivía ya al filo del agua. De retorno pero en condiciones diferentes. En 1910 Porfirio Díaz podía poner límites a un hacendado o a un minero. Hoy es difícil imaginar que "Los Pinos" hiciera algo equivalente con una cadena de televisión o con una empresa telefónica. México es de nuevo una sociedad donde el peso de su oligarquía es determinante en el proceso político.
En la toma de las grandes decisiones de carácter económico, el nuestro no es un país de más de 100 millones de personas sino de apenas un puñado. El análisis de la naturaleza y los efectos políticos del México de los pocos -de "Los que mandan", para usar el término acuñado por el sociólogo argentino José Luis de Imaz en 1964- es el corazón del nuevo libro de AMLO: La mafia que se adueñó de México... y el 2012 (Grijalbo, 2010). Quizá se pueda objetar el caracterizar como mafia a los que más influyen sobre el destino material de México, pero finalmente no es posible entender el proceso actual de nuestro país sin tomar en cuenta el carácter profundamente excluyente de un sistema cuya supuesta transformación de autoritario en democrático no ha significado gran cosa en el ejercicio real y en los efectos del poder. A partir de la discusión del concepto de mafia se puede abordar la sustancia de este libro no académico sino intensamente político y polémico. Mafia, como se sabe, es el nombre de una sociedad criminal secreta originaria de Sicilia pero que, por extensión, suele aplicarse a otras asociaciones secretas de criminales o, incluso, de terroristas. Ahora bien, el pequeño grupo de los poderosos de México, como lo demuestra el propio AMLO, no es secreto ni observa el orden jerárquico ni la disciplina propia del crimen organizado. En esta obra y en la realidad, los oligarcas aparecen con nombre y apellido, con sus áreas de actividad y hasta su modus operandi individual. La membresía en el grupo va desde Carlos Slim hasta Emilio Azcárraga, pasando por Roberto Hernández, Roberto Bailleres, Germán Larrea y una docena más de grandes empresarios. Algunos de ellos, como los del Consejo Coordinador Empresarial, efectivamente han concertado sus acciones de presión y cabildeo pero otros lo hacen por sí y ante sí, en solitario, como Slim o Salinas Pliego. Y aunque ciertas actividades de estos personajes son ilegítimas por ser dañinas para el interés general -sus prácticas monopólicas o sus argucias para pagar pocos impuestos, por ejemplo-, generalmente pueden pasar por legales.
Una alternativa más adecuada al concepto de mafia y al tipo de conducta de "los que mandan" en México puede ser la de élite del poder, término acuñado por el sociólogo norteamericano C. Wright Mills (1916-1962) al examinar el enorme poder acumulado hasta entonces por el pequeño grupo que dominaba la política, la economía y la cultura norteamericanas. En The power elite (1956), Mills sostuvo que si en Estados Unidos se pudiera separar de las estructuras institucionales donde operan a los 100 personajes políticamente más poderosos, a los 100 más ricos y a los 100 más famosos, éstos perderían su importancia pues su poder no estaba en ellos como individuos sino en la posición que ocupaban en la estructura institucional, en la red del poder. Ésa es también la tesis central de AMLO y punto de partida de su proyecto político, pero con una variante muy importante: aquí, como se verá, sí hay individuos muy poderosos y que no tienen cargo institucional. A partir de la gran crisis de 1982 -cuando se vino abajo el modelo económico basado en el mercado interno y en la centralidad del Estado-, el gobierno ha quedado cada vez más al servicio de los intereses particulares de un puñado de dirigentes de grandes empresas y conglomerados y de su idea de México, un México donde la desigualdad extrema es considerada como natural e inevitable y frente a la cual sólo queda saber administrarla para evitar que lleve a la inestabilidad. Conviene abordar ahora la peculiaridad de la élite del poder mexicana y en la que AMLO ahonda. Si Mills no dio mayor importancia a las individualidades del grupo, fue porque en la sociedad que estudiaba -la norteamericana- las instituciones aparecían sólidas. En contraste, en México hoy ese entramado institucional es notoriamente débil lo que realza el papel del individuo. Esa debilidad ha permitido que ciertos personajes audaces y con conexiones adecuadas puedan desempeñar un papel crucial. Eso fue lo que sucedió con Plutarco Elías Calles hace 80 años cuando México era aún país de caudillos y eso sucede de nuevo con el ex presidente Carlos Salinas de Gortari. Salinas ha capitalizado las debilidades y corrupciones del actual sistema político mexicano.
Cuando fue Presidente al final del siglo pasado, el de Agualeguas usó la crisis mexicana y el proceso mundial de privatizaciones, para tejer una telaraña de complicidades políticas e intereses económicos con el objetivo de sentar las bases de un poder transexenal. Sin embargo, su sucesor, Ernesto Zedillo, se propuso acabar con ese proyecto y casi lo logró, pero la posterior combinación de ineptitud, debilidad política y corrupción que caracterizó al sexenio de Vicente Fox, dio por resultado, entre otras cosas, una inesperada segunda oportunidad para la ambición salinista. Tras el 2000, Salinas se ofreció como mediador y coordinador entre los grupos e intereses del viejo y el nuevo régimen. La oferta le fue aceptada tanto por Fox y Felipe Calderón como por la oligarquía, el PAN y un PRI que, debiendo ser historia, también supo aprovechar los errores de sus adversarios para resurgir de sus cenizas, y por los nuevos señores feudales de la política mexicana: los gobernadores priistas. Con la coordinación de los intereses y la acción sustantiva de la élite del poder, el resto de los poderes, desde el Legislativo y el Judicial hasta los organismos autónomos, las iglesias y los sindicatos se plegaron al arreglo.
El resultado es una democracia casi sin contenido. El título del libro de AMLO contiene una fecha: 2012. Es en torno a ese año que ya actúan tanto la élite del poder como el resto de las fuerzas políticamente organizadas, incluidos el propio AMLO y su movimiento social. El año de la elección presidencial mexicana no tiene 365 días sino muchos más, por eso el largo y complicado 2012 ya llegó. Los grandes problemas nacionales siempre están presentes, pero desde hace por lo menos un siglo, es el calendario electoral el que, a querer que no, obliga a la sociedad a reflexionar sobre qué proyectos de país se nos ofrecen y a decidir por cuál debemos optar. Hoy el conjunto ciudadano no pareciera tener el ánimo para hacer de la política asunto prioritario. Según las encuestas, a la mayoría de los mexicanos -para ser exactos, en 2008, el 65%- los asuntos políticos les interesan poco o nada y apenas a un 9% le pareció la política de gran interés ("Encuesta Nacional sobre Cultura Política 2008", www.encup.gob.mx). Y es que, después de todo, el 83% de ellos considera que simplemente, "el país es gobernado por los intereses de unos cuantos" (Reforma, 20 de mayo, 2008). Y sin embargo... Aparentemente México, como proyecto nacional, es hoy una zona de desastre, pero justamente por eso, ésta debería ser la hora de la oposición real. Pero el mayor partido de la izquierda está deshecho y las encuestas auguran el retorno del PRI como resultado del desánimo generalizado. Como lo hicieran los historiadores romanos en las épocas de decadencia AMLO apela hoy a las virtudes del pasado -en nuestro caso al espíritu de Juárez y de Cárdenas-, llama a renovar la insurrección electoral y a que en el 2012 la izquierda recupere un poder ilegítimamente detentado desde el 2006 por una derecha oligárquica. Los obstáculos que enfrenta el proyecto de AMLO son sencillamente formidables: el duopolio televisivo que ha logrado capturar la imaginación de una buena parte de los mexicanos, Carlos Salinas, el PRI reciclado y la oligarquía. AMLO propone enfrentar tamaña alianza con un proyecto de justicia sustantiva y una organización de base desde los 2,456 municipios del país donde él considera que personalmente ya plantó la idea de un proyecto alternativo. Hoy, tamaña empresa podría parecer casi imposible... pero el país no nos perdonaría el no haberlo intentado.
Elecciones en Sinaloa, parcialidad del CEE
Aquí las pruebas de que las autoridades electorales en Sinaloa, comenzando con Juliana Araujo Coronel (presidenta del CEE) le hacen el trabajo sucio a Jesús Vizcarra Calderón (candidato a gobernador del PRI). ¡Los sinaloenses queremos un árbitro imparcial! No estás autoridades vendidas.
junio 12, 2010
Los derechos humanos según Gómez Mont
Los derechos humanos según Gómez Mont
Víctor M. Quintana S.
Ciudad Juárez es piedra de toque para los funcionarios públicos de todo nivel. El secretario de Gobernación vino a esta frontera a evaluar los resultados –casi nulos– del programa Todos somos Juárez a cien días de su arranque y, convencido de que la mejor defensa es el ataque, antes de que lo sometieran al fuego cruzado de los cuestionamientos, la emprendió contra periodistas, diputados locales y derechohumanistas.
Entre los temas que confrontan a Gómez Mont con la sociedad civil chihuahuense destaca la desaparición de tres jóvenes. El 29 de diciembre de 2009, 10 elementos uniformados del Ejército Mexicano detuvieron sin orden judicial a José Ángel Alvarado Herrera, Nitza Paola Alvarado Espinoza y Rocío Irene Alvarado Reyes en el ejido Benito Juárez del municipio de Buenaventura, Chihuahua. Cuando se le trata el asunto, Gómez Mont ha defendido al Ejército y el fuero militar, al tiempo que acusa a las organizaciones de derechos humanos de exageradas y generalizadoras en sus denuncias a los militares.
A pesar de que la Sedena y Gómez Mont niegan que elementos militares hayan participado en el operativo, la Red de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Chihuahua ha presentado pruebas contundentes que involucran a miembros del Ejército en la desaparición forzada de los jóvenes: el propio Ejército puso a disposición de la Agencia Estatal de Investigaciones la camioneta en la que viajaban Nitza y José Ángel al momento de su detención. Además, dos agentes del Ministerio Público –uno de apellido Leyva y otro de apellido Enríquez Duarte– informaron a la familia de los jóvenes que éstos permanecían detenidos en el 35 Batallón de Infantería, en Nuevo Casas Grandes. Más todavía: la Procuraduría General de la República (PGR) declinó la competencia del caso a favor de la Procuraduría Militar, lo cual constata que presume que elementos del Ejército estuvieron involucrados en los hechos.
Por su parte, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua ha minimizado la gravedad de la desaparición forzada de los muchachos al reclasificar la denuncia como una serie de hechos dentro de la Unidad de Investigaciones Especiales de Personas Ausentes y Extraviadas, la cual no investiga delitos.
Todos los intentos de la Red de Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos por obtener copia del expediente PGR/CHIH/JUA/27/2010-VII-A en la PGR han sido vanos. Sin embargo, un órgano de esta misma procuraduría, la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas (FEVIMTRA), informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que abrió la averiguación previa AP.PGR/FEVIMTRA/TRA/009/2010.
Hasta ahora las tres personas permanecen desaparecidas y sus familiares han sido hostigados continuamente por elementos del Ejército Mexicano. Gómez Mont alega que su dependencia ha atendido el caso: los familiares de los Alvarado y los representantes de la Red de Defensoras y Defensores fueron citados el 19 de mayo por la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación a una reunión en Ciudad Juárez. Ahí se les informó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dadas las pruebas ofrecidas por los familiares y la red, presentó de oficio solicitud de medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de Nitza Paola, Rocío Irene y José Ángel y que dicha corte solicitó información al Estado mexicano sobre la situación de estas personas.
Después de dos horas de trabajo quedó claro que ninguna autoridad ha realizado investigaciones ni acciones efectivas para presentar con vida a los jóvenes. Al finalizar la reunión, con excepción de la Sedena, tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como la estatal, y todos los representantes de las restantes dependencias de gobierno, incluso la de Gobernación, habían abandonado el edificio sin revisar la minuta y, por supuesto, sin firmarla. Así el Estado mexicano incumplió el mandato de la CIDH.
Ante la nula actuación del Estado mexicano, el 4 de junio del 2010, el presidente y el secretario de la CIDH comunicaron a las y los defensores de derechos humanos, representantes de las víctimas que se otorgan medidas provisionales por parte de este organismo internacional. Puras vergüenzas….
No basta, pues, que Gómez Mont renuncie al PAN para desempeñarse bien como constructor de los consensos que el país necesita. Ha de renunciar, sobre todo, a su actitud centralista, regañona, acusadora de los medios de comunicación y despreciativa de las organizaciones de derechos humanos, por más que se diga experto en la materia. De lo contrario, sería mejor que cambiara de giro. No le vendría mal ser el primer titular de la comisión nacional de defensa del fuero militar.
Víctor M. Quintana S.
Ciudad Juárez es piedra de toque para los funcionarios públicos de todo nivel. El secretario de Gobernación vino a esta frontera a evaluar los resultados –casi nulos– del programa Todos somos Juárez a cien días de su arranque y, convencido de que la mejor defensa es el ataque, antes de que lo sometieran al fuego cruzado de los cuestionamientos, la emprendió contra periodistas, diputados locales y derechohumanistas.
Entre los temas que confrontan a Gómez Mont con la sociedad civil chihuahuense destaca la desaparición de tres jóvenes. El 29 de diciembre de 2009, 10 elementos uniformados del Ejército Mexicano detuvieron sin orden judicial a José Ángel Alvarado Herrera, Nitza Paola Alvarado Espinoza y Rocío Irene Alvarado Reyes en el ejido Benito Juárez del municipio de Buenaventura, Chihuahua. Cuando se le trata el asunto, Gómez Mont ha defendido al Ejército y el fuero militar, al tiempo que acusa a las organizaciones de derechos humanos de exageradas y generalizadoras en sus denuncias a los militares.
A pesar de que la Sedena y Gómez Mont niegan que elementos militares hayan participado en el operativo, la Red de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Chihuahua ha presentado pruebas contundentes que involucran a miembros del Ejército en la desaparición forzada de los jóvenes: el propio Ejército puso a disposición de la Agencia Estatal de Investigaciones la camioneta en la que viajaban Nitza y José Ángel al momento de su detención. Además, dos agentes del Ministerio Público –uno de apellido Leyva y otro de apellido Enríquez Duarte– informaron a la familia de los jóvenes que éstos permanecían detenidos en el 35 Batallón de Infantería, en Nuevo Casas Grandes. Más todavía: la Procuraduría General de la República (PGR) declinó la competencia del caso a favor de la Procuraduría Militar, lo cual constata que presume que elementos del Ejército estuvieron involucrados en los hechos.
Por su parte, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua ha minimizado la gravedad de la desaparición forzada de los muchachos al reclasificar la denuncia como una serie de hechos dentro de la Unidad de Investigaciones Especiales de Personas Ausentes y Extraviadas, la cual no investiga delitos.
Todos los intentos de la Red de Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos por obtener copia del expediente PGR/CHIH/JUA/27/2010-VII-A en la PGR han sido vanos. Sin embargo, un órgano de esta misma procuraduría, la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas (FEVIMTRA), informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que abrió la averiguación previa AP.PGR/FEVIMTRA/TRA/009/2010.
Hasta ahora las tres personas permanecen desaparecidas y sus familiares han sido hostigados continuamente por elementos del Ejército Mexicano. Gómez Mont alega que su dependencia ha atendido el caso: los familiares de los Alvarado y los representantes de la Red de Defensoras y Defensores fueron citados el 19 de mayo por la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación a una reunión en Ciudad Juárez. Ahí se les informó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dadas las pruebas ofrecidas por los familiares y la red, presentó de oficio solicitud de medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de Nitza Paola, Rocío Irene y José Ángel y que dicha corte solicitó información al Estado mexicano sobre la situación de estas personas.
Después de dos horas de trabajo quedó claro que ninguna autoridad ha realizado investigaciones ni acciones efectivas para presentar con vida a los jóvenes. Al finalizar la reunión, con excepción de la Sedena, tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como la estatal, y todos los representantes de las restantes dependencias de gobierno, incluso la de Gobernación, habían abandonado el edificio sin revisar la minuta y, por supuesto, sin firmarla. Así el Estado mexicano incumplió el mandato de la CIDH.
Ante la nula actuación del Estado mexicano, el 4 de junio del 2010, el presidente y el secretario de la CIDH comunicaron a las y los defensores de derechos humanos, representantes de las víctimas que se otorgan medidas provisionales por parte de este organismo internacional. Puras vergüenzas….
No basta, pues, que Gómez Mont renuncie al PAN para desempeñarse bien como constructor de los consensos que el país necesita. Ha de renunciar, sobre todo, a su actitud centralista, regañona, acusadora de los medios de comunicación y despreciativa de las organizaciones de derechos humanos, por más que se diga experto en la materia. De lo contrario, sería mejor que cambiara de giro. No le vendría mal ser el primer titular de la comisión nacional de defensa del fuero militar.
Cananea
Cananea
Luis Javier Garrido
La violenta ocupación de la mina de Cananea ha sido entendida como una acción desesperada del gobierno de facto, que anuncia una escalada de la lucha que libra contra la clase trabajadora para cancelar sus derechos constitucionales e imponerle la versión panista del modelo neoliberal, como le exige el capital trasnacional, pero también como una provocación contra el pueblo de México al que pretende demostrar que tiene plena impunidad y el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para seguir transgrediendo la Constitución a fin de garantizar la explotación de los recursos de la nación por grupos privados a los que está asociado.
1. La ruptura de las huelgas de Cananea (Sonora) y de Pasta de Conchos (Coahuila) llevada a cabo por contingentes policiaco-militares y grupos paramilitares del gobierno de facto el domingo 6 y la madrugada del lunes 7 constituye un acto de enorme gravedad, pues con estos operativos el titular del Ejecutivo quebranta el orden constitucional de la República, ya que los trabajadores ejercían legítima y legalmente el derecho constitucional de huelga, amparados por los tribunales de la República, tras dos largos conflictos en que el gobierno panista se había negado a negociar y con enorme intolerancia había desatado una vasta campaña de desinformación en los medios, calumniando a los trabajadores y sindicatos, misma que fue apuntalada por las organizaciones empresariales y los voceros de la ultraderecha mexicana, ahora en el poder.
2. La represión de los huelguistas de Cananea por el gobierno antinacional del PAN, que se supone encabeza Felipe Calderón, es el mejor símbolo de que no hay nada que festejar en México a 100 años del inicio de la Revolución Mexicana de 1910.
3. A la historia le gustan las repeticiones, y aunque el escenario actual sea de caricatura no es por ello menos patético. La represión violenta en 1906 a la huelga de los mineros de Cananea contra la empresa Cananea Consolidated Cooper Co, cuyo accionista mayoritario era el coronel estadunidense William C. Greene, se convirtió en símbolo del movimiento revolucionario cuatro años después, ya que encarnó la lucha de los trabajadores por que se les reconocieran derechos fundamentales que quedaron consignados en la Constitución de 1917, mismos que ahora busca cancelar el régimen panista-yunquista para garantizar a las multinacionales un escenario de explotación similar al del siglo XIX que pretende presentar como moderno. La represión violenta en 2010 a la huelga de los mineros de Cananea contra la trasnacional Grupo México –cuyo accionista mayoritario es Germán Larrea, calificado de hampón internacional por los sindicatos, y en el cual tiene poderosos intereses económicos Carlos Salinas de Gortari, jefe de la mafia que se ha apoderado de buena parte de las riquezas mineras– confirma el nuevo escenario de lucha que se ha abierto en México.
4. La escalada en el uso de la violencia del ilegítimo gobierno panista contra la clase trabajadora es cada vez mayor en su empeño de dejar sin validez el derecho colectivo del trabajo para imponer como norma medidas neoliberales que dejan en el desamparo a los trabajadores. La agresión a los mineros de Cananea y de Pasta de Conchos se da cuando se ha agravado el conflicto generado por el gobierno en la industria eléctrica por la decisión anticonstitucional de Calderón de de-saparecer con su firma la empresa estatal Luz y Fuerza del Centro para entregar anticonstitucionalmente la generación de energía y el control de las comunicaciones en el valle de México a Ibedrola y otras compañías españolas vinculadas al PP con las que se encuentra amafiado, ha generado una vigorosa reacción del SME, decenas de los cuales se hallan hoy en huelga de hambre.
5. En el curso de los dos años, 10 meses y una semana que duró la huelga de Cananea (nota de Patricia Muñoz en La Jornada, 8/6/10), el ilegítimo gobierno panista mantuvo un mismo discurso de pretensión neoliberal mediante el cual desconoció las instituciones constitucionales en materia laboral y no ocultó su pretensión de destruir sindicatos, contrato colectivo, derechos individuales y sociales (desde el derecho a un salario justo y remunerador hasta el derecho de huelga, pasando por los de salud y seguridad social), lo que ha pretendido alcanzar con su iniciativa de contrarreforma laboral, parte sustancial del famoso paquete estructural, presentada esta primavera y que ya fue rechazada ya por la mayoría de los legisladores.
6. En estos meses de tensión entre el gobierno panista y los sindicatos, Calderón no consiguió encubrir su papel como gestor lacayuno de los intereses del Grupo México, del cual él y Javier Lozano, su secretario del Trabajo –quien actúa como un auténtico porro contra los trabajadores–, se asumieron como representantes, lo que se hizo palpable en la patética conferencia de prensa que dio en Hermosillo el lunes 7 Xavier García de Quevedo, presidente ejecutivo de Minera México, en la cual no obstante su papel de comparsa, Lozano anunció inversiones multimillonarias en el municipio sin que haya partida para ello como se lo dijeron al día siguiente los legisladores.
7. La obsesión casi patológica de Calderón por destruir al sindicato minero a fin de crear las condiciones para que Grupo México pueda explotar con mayores ganancias las minas de la nación con trabajadores sin derechos laborales, lo ha llevado desde 2007 a la pretensión de desconocer a la dirigencia del STMMRM y tratar de imponerle líderes sometidos, criminalizando la legítima respuesta social de los trabajadores y este escenario tiende a agravarse. Todo ello en el momento en que las represiones se multiplican en el medio rural y se intensifican los conflictos con la Patrulla Fronteriza, como el suscitado por el asesinato del joven mexicano Sergio Hernández en territorio mexicano por agentes estadunidenses el lunes 7.
8. La irresponsabilidad absoluta de Felipe Calderón se evidencia cuando en medio de esta gravísima crisis, no satisfecho con gastar un millón de dólares diarios en autopublicidad, según se denunció el día 9, aprovechando la contrarreforma de carácter presidencialista al 88 constitucional que le aprobaran priístas y panistas el año pasado, se pudo ir de México sin pedir permiso al Congreso para darse unas vacaciones relámpago en Sudáfrica con su familia, asistiendo a la inauguración del 19 Mundial de Futbol, en un viaje suntuario que cuesta a la nación decenas de millones de pesos, y a la vez hacerse un poco de publicidad, de manera muy similar a la que lo está haciendo con su viaje a ese país africano su homólogo, el también espurio Porfirio Lobo, quien se ostenta como presidente de Honduras.
9. La torpe represión del gobierno panista-yunquista de Calderón a los trabajadores es, a su pesar, el símbolo mayor de la pretendida celebración del bicentenario de la Independencia.
10. Cananea, como la lucha del SME, la resistencia de los campesinos de Atenco o la de los indígenas de Chiapas y Oaxaca, una señal de que en México el pueblo no se va a doblegar ante las pretensiones de una minoría mafiosa.
Luis Javier Garrido
La violenta ocupación de la mina de Cananea ha sido entendida como una acción desesperada del gobierno de facto, que anuncia una escalada de la lucha que libra contra la clase trabajadora para cancelar sus derechos constitucionales e imponerle la versión panista del modelo neoliberal, como le exige el capital trasnacional, pero también como una provocación contra el pueblo de México al que pretende demostrar que tiene plena impunidad y el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para seguir transgrediendo la Constitución a fin de garantizar la explotación de los recursos de la nación por grupos privados a los que está asociado.
1. La ruptura de las huelgas de Cananea (Sonora) y de Pasta de Conchos (Coahuila) llevada a cabo por contingentes policiaco-militares y grupos paramilitares del gobierno de facto el domingo 6 y la madrugada del lunes 7 constituye un acto de enorme gravedad, pues con estos operativos el titular del Ejecutivo quebranta el orden constitucional de la República, ya que los trabajadores ejercían legítima y legalmente el derecho constitucional de huelga, amparados por los tribunales de la República, tras dos largos conflictos en que el gobierno panista se había negado a negociar y con enorme intolerancia había desatado una vasta campaña de desinformación en los medios, calumniando a los trabajadores y sindicatos, misma que fue apuntalada por las organizaciones empresariales y los voceros de la ultraderecha mexicana, ahora en el poder.
2. La represión de los huelguistas de Cananea por el gobierno antinacional del PAN, que se supone encabeza Felipe Calderón, es el mejor símbolo de que no hay nada que festejar en México a 100 años del inicio de la Revolución Mexicana de 1910.
3. A la historia le gustan las repeticiones, y aunque el escenario actual sea de caricatura no es por ello menos patético. La represión violenta en 1906 a la huelga de los mineros de Cananea contra la empresa Cananea Consolidated Cooper Co, cuyo accionista mayoritario era el coronel estadunidense William C. Greene, se convirtió en símbolo del movimiento revolucionario cuatro años después, ya que encarnó la lucha de los trabajadores por que se les reconocieran derechos fundamentales que quedaron consignados en la Constitución de 1917, mismos que ahora busca cancelar el régimen panista-yunquista para garantizar a las multinacionales un escenario de explotación similar al del siglo XIX que pretende presentar como moderno. La represión violenta en 2010 a la huelga de los mineros de Cananea contra la trasnacional Grupo México –cuyo accionista mayoritario es Germán Larrea, calificado de hampón internacional por los sindicatos, y en el cual tiene poderosos intereses económicos Carlos Salinas de Gortari, jefe de la mafia que se ha apoderado de buena parte de las riquezas mineras– confirma el nuevo escenario de lucha que se ha abierto en México.
4. La escalada en el uso de la violencia del ilegítimo gobierno panista contra la clase trabajadora es cada vez mayor en su empeño de dejar sin validez el derecho colectivo del trabajo para imponer como norma medidas neoliberales que dejan en el desamparo a los trabajadores. La agresión a los mineros de Cananea y de Pasta de Conchos se da cuando se ha agravado el conflicto generado por el gobierno en la industria eléctrica por la decisión anticonstitucional de Calderón de de-saparecer con su firma la empresa estatal Luz y Fuerza del Centro para entregar anticonstitucionalmente la generación de energía y el control de las comunicaciones en el valle de México a Ibedrola y otras compañías españolas vinculadas al PP con las que se encuentra amafiado, ha generado una vigorosa reacción del SME, decenas de los cuales se hallan hoy en huelga de hambre.
5. En el curso de los dos años, 10 meses y una semana que duró la huelga de Cananea (nota de Patricia Muñoz en La Jornada, 8/6/10), el ilegítimo gobierno panista mantuvo un mismo discurso de pretensión neoliberal mediante el cual desconoció las instituciones constitucionales en materia laboral y no ocultó su pretensión de destruir sindicatos, contrato colectivo, derechos individuales y sociales (desde el derecho a un salario justo y remunerador hasta el derecho de huelga, pasando por los de salud y seguridad social), lo que ha pretendido alcanzar con su iniciativa de contrarreforma laboral, parte sustancial del famoso paquete estructural, presentada esta primavera y que ya fue rechazada ya por la mayoría de los legisladores.
6. En estos meses de tensión entre el gobierno panista y los sindicatos, Calderón no consiguió encubrir su papel como gestor lacayuno de los intereses del Grupo México, del cual él y Javier Lozano, su secretario del Trabajo –quien actúa como un auténtico porro contra los trabajadores–, se asumieron como representantes, lo que se hizo palpable en la patética conferencia de prensa que dio en Hermosillo el lunes 7 Xavier García de Quevedo, presidente ejecutivo de Minera México, en la cual no obstante su papel de comparsa, Lozano anunció inversiones multimillonarias en el municipio sin que haya partida para ello como se lo dijeron al día siguiente los legisladores.
7. La obsesión casi patológica de Calderón por destruir al sindicato minero a fin de crear las condiciones para que Grupo México pueda explotar con mayores ganancias las minas de la nación con trabajadores sin derechos laborales, lo ha llevado desde 2007 a la pretensión de desconocer a la dirigencia del STMMRM y tratar de imponerle líderes sometidos, criminalizando la legítima respuesta social de los trabajadores y este escenario tiende a agravarse. Todo ello en el momento en que las represiones se multiplican en el medio rural y se intensifican los conflictos con la Patrulla Fronteriza, como el suscitado por el asesinato del joven mexicano Sergio Hernández en territorio mexicano por agentes estadunidenses el lunes 7.
8. La irresponsabilidad absoluta de Felipe Calderón se evidencia cuando en medio de esta gravísima crisis, no satisfecho con gastar un millón de dólares diarios en autopublicidad, según se denunció el día 9, aprovechando la contrarreforma de carácter presidencialista al 88 constitucional que le aprobaran priístas y panistas el año pasado, se pudo ir de México sin pedir permiso al Congreso para darse unas vacaciones relámpago en Sudáfrica con su familia, asistiendo a la inauguración del 19 Mundial de Futbol, en un viaje suntuario que cuesta a la nación decenas de millones de pesos, y a la vez hacerse un poco de publicidad, de manera muy similar a la que lo está haciendo con su viaje a ese país africano su homólogo, el también espurio Porfirio Lobo, quien se ostenta como presidente de Honduras.
9. La torpe represión del gobierno panista-yunquista de Calderón a los trabajadores es, a su pesar, el símbolo mayor de la pretendida celebración del bicentenario de la Independencia.
10. Cananea, como la lucha del SME, la resistencia de los campesinos de Atenco o la de los indígenas de Chiapas y Oaxaca, una señal de que en México el pueblo no se va a doblegar ante las pretensiones de una minoría mafiosa.
junio 09, 2010
junio 08, 2010
Cananea 1906-2010
El gobierno, contra los sindicatos
Violento desalojo en Cananea: mineros; "saldo blanco": SG
Pasta de Conchos también fue ocupada
FOTÓGRAFO DETENIDO EN CANANEA. Alfredo Zambrano fue detenido y golpeado por haber tomado placas a policías federales que, dijo, montaban una cuatrimoto y un vehículo propiedad de los mineros. Foto Arturo Cano
DossierPolítico.com
Domingo azul
Violento desalojo en Cananea: mineros; "saldo blanco": SG
Pasta de Conchos también fue ocupada
FOTÓGRAFO DETENIDO EN CANANEA. Alfredo Zambrano fue detenido y golpeado por haber tomado placas a policías federales que, dijo, montaban una cuatrimoto y un vehículo propiedad de los mineros. Foto Arturo CanoDossierPolítico.com
Domingo azul
junio 07, 2010
Irrumpe PF en mina de Cananea
Notas informativas de lo que acontece en Cananea
Omiten autoridades informar sobre los hechos en Cananea
A cinco horas del desalojo de la mina de Cananea, los medios nacionales no publican una sola letra
Toman fuerzas federales Mina de Cananea; "Porros" incendian propiedades del Grupo México
Lamentable que haya ganado la violencia: Samuel Moreno
"Es una torpeza la utilización de la fuerza de estado para resolver el conflicto político-laboral en Cananea" : Miguel Pompa
Comunicado de Fernández Noroña, Cananea
junio 04, 2010
El delgado hilo de la vida La tragedia de la guardería ABC, en Hermosillo
El delgado hilo de la vida La tragedia de la guardería ABC, en HermosilloElena Poniatowska
Elena Poniatowska
A los padres de familia se les rompió el delgado hilo de la vida el 5 de junio de 2009, pero queremos decirles que nos unen muchos hilos, que lloramos con ellos. Sabemos que para ellos no hay consuelo posible porque nada es peor que la muerte de un hijo. Sin embargo, si seguimos vivos es para honrar a los que nos precedieron. Si seguimos vivos es para recordarlos, para que otros tampoco los olviden y para que los niños del futuro nunca sean víctimas de semejante tragedia.
El 5 de junio de 2009 comprobamos que el gobierno de México olvida a sus niños y sus niñas, y por lo tanto no le importa el futuro de este país. Ese día, un incendio en la guardería ABC, de Hermosillo, causó la muerte de 49 niños y lesionó a más de 75 hijos de familias de la capital de Sonora.
A un año de ese crimen de Estado, las autoridades no han podido determinar, por su incompetencia o por no convenir a sus intereses, por corrupción o por lo que ustedes quieran, quiénes son los culpables.
Los dueños de la guardería ABC, Gildardo Francisco Urquides Serrano, Sandra Lucía Téllez Nieves, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, Antonio Salido Suárez y Alfonso Escalante Hoeffer, pagaron hace unos meses una fianza de 6 millones de pesos para no entrar a la cárcel que lleva el nombre de centro de readaptación social (Cereso) de Hermosillo. Los dueños y responsables directos de las terribles condiciones de la guardería ABC tampoco han pisado la cárcel: se amparan en sus privilegios políticos, económicos e incluso familiares.
Gildardo Francisco Urquides, ex secretario de Finanzas del PRI, es pariente del dueño de la nave industrial donde se construyó la guardería, José Manuel Matiella Urquides, quien recibió en 2007 del gobierno estatal por la renta del lugar 38 mil pesos mensuales; en 2008, 39 mil 500, y en 2009 llegó a cobrar del erario medio millón de pesos al mes.
El caso de la subrogación de estancias infantiles destapó toda una serie de relaciones políticas, familiares y económicas encabezadas por el gobierno de Sonora y el poder que mantiene el PRI en ese estado. La red de complicidades se presenta en los niveles municipal y estatal (con Eduardo Bours a la cabeza), e incluso con el gobierno federal. Matilde Gómez del Campo es familiar de la esposa de Felipe Calderón, Margarita Zavala. Las autoridades protegen a sus allegados, sean políticos, empresarios, miembros de la elite familiar sonorense o una mezcla de los tres, pero es necesario que, a pesar de ello, se haga justicia, sin importar quiénes sean los implicados.
Desde el sexenio pasado, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) comenzó a evadir su responsabilidad de cuidar a los hijos de padres trabajadores y decidió no construir ni una guardería más y quedarse sólo con las 142 que hoy funcionan.
En cambio, se dedicó a privatizar el servicio. Vino la changarrización (como quería Vicente Fox) de las estancias infantiles y subrogó mil 420 guarderías en todo el país, de las cuales 79 se encuentran en Sonora bajo el mando de particulares que atienden a más de 11 mil niños.
Carla Rochín Nieto, la coordinadora de Guarderías del IMSS, llegó a ese puesto desde la dirección del Museo de Culturas Populares en julio de 2007, sin haber estado antes en algún cargo relacionado con el cuidado de niños. En mayo de 2008, Rochín Nieto, al promover su proyecto de negocio, aseguró que para abrir una guardería se necesitaban de 2.5 millones de pesos, cuya recuperación estaba garantizada en un periodo de tres años con altas tasas de utilidad, de entre 25 y 35 por ciento.
Embodegar niños, como expresó Miguel Ángel Granados Chapa, se convirtió en un buen negocio, tanto para el IMSS, que ahorra más de 3 mil pesos por cada pequeño, como para el concesionario, que recibe 2 mil 500 pesos por cada menor.
La guardería ABC recibía del IMSS un millón de pesos mensuales, dinero que no utilizó para implementar sistemas de seguridad ni de protección civil. Al contrario, prevaleció la ambición de obtener las máximas ganancias a costa de los padres que trabajan. Para aumentar la utilidad del negocio, se redujeron los costos de instalación y funcionamiento de la antigua nave industrial que se acondicionó como guardería. Entre más barata la instalación y menor el mantenimiento, más ganancia para los dueños. ¿Quién pensó en la vida de los niños? Desde luego, no fueron los concesionarios de las guarderías.
¿En manos de quién estamos dejando el cuidado de nuestros hijos? Carlos Monsiváis se preguntaba luego del estallido de gas en San Juanico en 1984 y del terremoto de 1985 dónde habíamos venido a asentarnos, qué gobierno nos protegía, quién nos procuraba, qué significa ser mexicanos, de qué vivía la ciudad que nos cobraba impuestos, qué seguridad teníamos al salir a la calle. ¿Nos asaltarían? ¿Nos robarían? ¿Regresaríamos sanos y salvos a la casa? Es lógico hacernos esa pregunta ahora que vivimos en un país al rojo vivo, y que los mexicanos aparecen a diario muertos en la primera esquina de todo el país, sobre todo en el norte, donde campea el narcotráfico.
Manejar una guardería no es tener un puesto en el mercado, un negocio para vender papas, una agencia de automóviles, un changarro, como decía Fox. Es una alta y noble responsabilidad, es cuidar la vida, es construir el futuro.
Que los encargados lucren con la vida de los niños y la necesidad de los padres de dejarlos unas horas en la estancia porque tienen que ir a trabajar es un crimen en contra de nosotros mismos y una evidencia de que el tráfico de influencias también puede llegar al crimen cuando se subrogan guarderías, como en el caso de la ABC, que sólo se creía era responsabilidad del Estado.
Ha pasado un año y la justicia sigue siendo un concepto que ignoran las autoridades. Eduardo Bours Castelo, entonces gobernador de Sonora; Ernesto Gándara Camou, ex alcalde de Hermosillo; Juan Molinar Horcasitas, ex titular del IMSS, e incluso Felipe Calderón, ninguno de ellos pensó o siquiera imaginó que para que un país avance hacia una democracia real se necesita un sistema judicial efectivo, que mientras no se rindan cuentas ni se aclaren delitos, es imposible afirmar que México es un estado de derecho.
Es lamentable confirmar día a día que México descuida a sus niños y olvida a sus jóvenes. Es espantoso saber que 11 por ciento de los adolescentes mexicanos, unos 7 millones, no estudian ni trabajan y son presa fácil del narcotráfico y probablemente mueran en una balacera, como les sucedió a los 16 muchachos en Ciudad Juárez. Es inaceptable que la fuerza, la impunidad y la corrupción sean las únicas leyes, y por eso unos sicarios pueden entrar a una fiesta y matar a jóvenes sin que hasta la fecha sepamos quiénes son los asesinos.
Mientras, los padres lloran a sus hijos y exigen que se haga justicia, pero hasta la fecha ninguna autoridad ha respondido a su llamado. Sólo hay un detenido, según Abraham Fraijo, por permitir que la guardería ABC –y muchas otras en el país– funcione sin los requerimientos básicos de seguridad y protección civil. Está comprobado que la estancia en la que los padres dejaban a sus niños era una bomba de tiempo de la que ya sabían las autoridades. José Ascensión Verdugo Ibarra, un arquitecto contratado para verificar los inmuebles de las guarderías en Hermosillo, reportó a fines de julio de 2005 que la ABC no tenía puertas de emergencia, que una bodega no era apta para alojar una estancia, que había una gasolinera enfrente, una llantera a un lado, un canal de aguas negras a sus espaldas y que la lona central del patio era combustible al máximo en caso de incendio, según el reportero Alejandro Almazán, de la revista Emeequis.
Las causas del incendio son claras. Falta castigar a los culpables por negligencia y corrupción, por permitir que el IMSS subrogue estancias infantiles sin cumplir los requisitos de seguridad indispensables.
Los padres de familia han venido al Distrito Federal y se han manifestado. Roberto Zavala dice que trae un chingo de amargura, y si no fuera por las marchas tal vez ya me hubiera explotado la cabeza. Para Martha Lemas, mamá de Santiago, es imposible reponerse. Manuel Rodríguez, padre de Xiunelth, asegura que no volverá a ser feliz porque se es o no y a él le tocó el no. Han pasado trescientos sesenta cinco días con sus noches y la tragedia de la guardería ABC no se olvida.
Hoy levantamos la voz porque la injusticia y el abandono son intolerables. Para cualquier padre o madre nada es más doloroso que perder a un hijo. Si los gobernantes no reaccionan, los ciudadanos tenemos el derecho de protestar, como lo hizo la madre Luz María Dávila, en Ciudad Juárez, después de que le asesinaron a sus dos hijos. Tenemos el derecho de decirles a quienes nos gobiernan: no son bienvenidos, reclamarles que mienten, que se hacen tontos, que son pésimos funcionarios, que renuncien, que no los queremos ver, que los crímenes no deben permanecer impunes.
Tenemos el derecho y la capacidad, como ciudadanos responsables que conocen los valores de dignidad, ética y justicia, de estar a la altura incluso del Presidente de México y tomar decisiones que nos saquen de la miseria política en la que nos ha hundido.
Tenemos el derecho y el deber de organizarnos, como lo hicieron los padres de familia de Hermosillo al crear el Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio. Al poner a los responsables en el banquillo de los acusados, condenarlos en un juicio popular y declarar culpables de la tragedia a los propietarios de la guardería ABC: Marcia Matilde Gómez del Campo Tonella, Antonio Salido Suárez, Sandra Téllez, Gildardo Urquides Serrano y Alfonso Escalante Hoeffer; a Eduardo Bours Castelo; a Wenceslao Cota Montoya, ex secretario de Gobierno; a Wilebaldo Alatriste Candiani, director de Protección Civil estatal; a Ernesto Gándara Camou, ex alcalde de Hermosillo; a Miguel Ángel Murillo Aispuro, ex secretario del ayuntamiento, y a Roberto Copado Gutiérrez, director de Protección Civil municipal, al determinar que dueños y funcionarios con sus actos y omisiones propiciaron el trágico desenlace ocurrido en la guardería ABC, subrogada por el IMSS a personas sin idoneidad, los padres no hacen otra cosa que un acto de verdadera justicia, al mismo tiempo que ejercen la democracia.
El juicio ciudadano señala a los culpables de la tragedia, pero lo mejor es la capacidad de convocatoria y la participación del jurado integrado por 368 personas de la sociedad civil que condenó a los implicados a pedir perdón públicamente y los culpó de no acatar las normas del IMSS por instalar la estancia infantil sin condiciones de seguridad, de no tener actitud de servicio y actuar con afán rapaz de lucro, sin siquiera presentarse el día del incendio para apoyar. Además, el fiscal acusador, Raquel Padilla Ramos, acusó a Marcia Matilde Gómez del Campo Tonella, prima de Margarita Zavala y de Lourdes Laborín (esposa del ex gobernador Eduardo Bours), de aprovechar sus influencias para operar la guardería con irregularidades.
Aunque digan que los mexicanos somos apáticos, el juicio popular demuestra lo contrario, porque es la expresión más auténtica de la justicia y el ejercicio democrático de los ciudadanos.
Cuando un país desvaloriza a sus niños y niñas, va por mal camino. Si ese país no vela por la seguridad de las nuevas generaciones es que ha perdido la brújula, anda al garete, contribuye al hundimiento del barco.
El destino de cualquier nación está en sus niños, porque de ellos depende el futuro del lugar donde nacieron. Si no se les dan condiciones para su desarrollo, es probable que le den la espalda al país que nunca los tomó en cuenta, y si no, que lo digan los millones de migrantes que viven del otro lado de la frontera.
Además de pedir un alto a la impunidad en Sonora, este día quiero recordar a los niños que perdieron la vida el 5 de junio de 2009. Ninguno pasaba de los cuatro años, pero entre nosotros su presencia es gigantesca. Ellos son: Santiago de Jesús Zavala Lemas, Aquiles Dreneth Hernández Márquez, Jazmín Pamela Tapia Ruiz, Ruth Nahomi Madrid Pacheco, Axel Abraham Angulo Cázares, Pauleth Daniel Coronado Padilla, Ian Isaac Martínez Valle, Juan Carlos Rodríguez Othón, Monserrat Granados Pérez, Andrés Alonso García Duarte, Germán Paul León Vázquez, Lucía Guadalupe Carrillo Campos, Ximena Álvarez Cota, Jesús Julián Valdez Rivera, Jorge Sebastián Carrillo González, Omar Valenzuela Contreras, Bryan Alexander Méndez García, Denisse Alejandra Figueroa Ortiz, Yoselín Valentina Tamayo Trujillo, Juan Israel Fernández Lara, Luis Denzel Durazo López, Daniel Rafael Navarro Valenzuela, María Magdalena Millán García, Camila Fuentes Cervera, Daniel Goyzueta Cabanillas, Jonathan Jesús de los Reyes Luna, Emilia Fraijo Navarro, Emily Guadalupe Cevallos Badilla, Jesús Antonio Chambert López, Xiunelth Emmanuel Rodríguez García, Santiago Corona Carranza, Javier Ángel Merancio Valdez, Nayeli Estefanía González Daniel, Valeria Muñoz Ramos, Julio César Márquez Báez, Ana Paula Acosta Jiménez, Andrea Nicole Figueroa, Yeseli Beceli Meza, Ximena Yanes Madrid, Ariadna Aragón Valenzuela, Carlos Alan Santos Martínez, Dafne Yesenia Blanco Lozoya, Daniela Guadalupe Reyes Carretas, Juan Carlos Rascón Holguín, María Fernanda Miranda Hugues, María Ximena Hugues Mendoza, Martín Raymundo de la Cruz Armenta y Sofía Martínez Robles, a quienes les rendimos homenaje porque ellos son la causa de que ustedes, los padres y las madres, sigan luchando y de que este día estemos reunidos para apoyarlos en su lucha en favor de la justicia en México.
Lo que pedimos a los gobiernos, lo que exigimos es, en pocas palabras, construir escuelas, hogares y hospitales en vez de cementerios.
Elena Poniatowska
A los padres de familia se les rompió el delgado hilo de la vida el 5 de junio de 2009, pero queremos decirles que nos unen muchos hilos, que lloramos con ellos. Sabemos que para ellos no hay consuelo posible porque nada es peor que la muerte de un hijo. Sin embargo, si seguimos vivos es para honrar a los que nos precedieron. Si seguimos vivos es para recordarlos, para que otros tampoco los olviden y para que los niños del futuro nunca sean víctimas de semejante tragedia.
El 5 de junio de 2009 comprobamos que el gobierno de México olvida a sus niños y sus niñas, y por lo tanto no le importa el futuro de este país. Ese día, un incendio en la guardería ABC, de Hermosillo, causó la muerte de 49 niños y lesionó a más de 75 hijos de familias de la capital de Sonora.
A un año de ese crimen de Estado, las autoridades no han podido determinar, por su incompetencia o por no convenir a sus intereses, por corrupción o por lo que ustedes quieran, quiénes son los culpables.
Los dueños de la guardería ABC, Gildardo Francisco Urquides Serrano, Sandra Lucía Téllez Nieves, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, Antonio Salido Suárez y Alfonso Escalante Hoeffer, pagaron hace unos meses una fianza de 6 millones de pesos para no entrar a la cárcel que lleva el nombre de centro de readaptación social (Cereso) de Hermosillo. Los dueños y responsables directos de las terribles condiciones de la guardería ABC tampoco han pisado la cárcel: se amparan en sus privilegios políticos, económicos e incluso familiares.
Gildardo Francisco Urquides, ex secretario de Finanzas del PRI, es pariente del dueño de la nave industrial donde se construyó la guardería, José Manuel Matiella Urquides, quien recibió en 2007 del gobierno estatal por la renta del lugar 38 mil pesos mensuales; en 2008, 39 mil 500, y en 2009 llegó a cobrar del erario medio millón de pesos al mes.
El caso de la subrogación de estancias infantiles destapó toda una serie de relaciones políticas, familiares y económicas encabezadas por el gobierno de Sonora y el poder que mantiene el PRI en ese estado. La red de complicidades se presenta en los niveles municipal y estatal (con Eduardo Bours a la cabeza), e incluso con el gobierno federal. Matilde Gómez del Campo es familiar de la esposa de Felipe Calderón, Margarita Zavala. Las autoridades protegen a sus allegados, sean políticos, empresarios, miembros de la elite familiar sonorense o una mezcla de los tres, pero es necesario que, a pesar de ello, se haga justicia, sin importar quiénes sean los implicados.
Desde el sexenio pasado, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) comenzó a evadir su responsabilidad de cuidar a los hijos de padres trabajadores y decidió no construir ni una guardería más y quedarse sólo con las 142 que hoy funcionan.
En cambio, se dedicó a privatizar el servicio. Vino la changarrización (como quería Vicente Fox) de las estancias infantiles y subrogó mil 420 guarderías en todo el país, de las cuales 79 se encuentran en Sonora bajo el mando de particulares que atienden a más de 11 mil niños.
Carla Rochín Nieto, la coordinadora de Guarderías del IMSS, llegó a ese puesto desde la dirección del Museo de Culturas Populares en julio de 2007, sin haber estado antes en algún cargo relacionado con el cuidado de niños. En mayo de 2008, Rochín Nieto, al promover su proyecto de negocio, aseguró que para abrir una guardería se necesitaban de 2.5 millones de pesos, cuya recuperación estaba garantizada en un periodo de tres años con altas tasas de utilidad, de entre 25 y 35 por ciento.
Embodegar niños, como expresó Miguel Ángel Granados Chapa, se convirtió en un buen negocio, tanto para el IMSS, que ahorra más de 3 mil pesos por cada pequeño, como para el concesionario, que recibe 2 mil 500 pesos por cada menor.
La guardería ABC recibía del IMSS un millón de pesos mensuales, dinero que no utilizó para implementar sistemas de seguridad ni de protección civil. Al contrario, prevaleció la ambición de obtener las máximas ganancias a costa de los padres que trabajan. Para aumentar la utilidad del negocio, se redujeron los costos de instalación y funcionamiento de la antigua nave industrial que se acondicionó como guardería. Entre más barata la instalación y menor el mantenimiento, más ganancia para los dueños. ¿Quién pensó en la vida de los niños? Desde luego, no fueron los concesionarios de las guarderías.
¿En manos de quién estamos dejando el cuidado de nuestros hijos? Carlos Monsiváis se preguntaba luego del estallido de gas en San Juanico en 1984 y del terremoto de 1985 dónde habíamos venido a asentarnos, qué gobierno nos protegía, quién nos procuraba, qué significa ser mexicanos, de qué vivía la ciudad que nos cobraba impuestos, qué seguridad teníamos al salir a la calle. ¿Nos asaltarían? ¿Nos robarían? ¿Regresaríamos sanos y salvos a la casa? Es lógico hacernos esa pregunta ahora que vivimos en un país al rojo vivo, y que los mexicanos aparecen a diario muertos en la primera esquina de todo el país, sobre todo en el norte, donde campea el narcotráfico.
Manejar una guardería no es tener un puesto en el mercado, un negocio para vender papas, una agencia de automóviles, un changarro, como decía Fox. Es una alta y noble responsabilidad, es cuidar la vida, es construir el futuro.
Que los encargados lucren con la vida de los niños y la necesidad de los padres de dejarlos unas horas en la estancia porque tienen que ir a trabajar es un crimen en contra de nosotros mismos y una evidencia de que el tráfico de influencias también puede llegar al crimen cuando se subrogan guarderías, como en el caso de la ABC, que sólo se creía era responsabilidad del Estado.
Ha pasado un año y la justicia sigue siendo un concepto que ignoran las autoridades. Eduardo Bours Castelo, entonces gobernador de Sonora; Ernesto Gándara Camou, ex alcalde de Hermosillo; Juan Molinar Horcasitas, ex titular del IMSS, e incluso Felipe Calderón, ninguno de ellos pensó o siquiera imaginó que para que un país avance hacia una democracia real se necesita un sistema judicial efectivo, que mientras no se rindan cuentas ni se aclaren delitos, es imposible afirmar que México es un estado de derecho.
Es lamentable confirmar día a día que México descuida a sus niños y olvida a sus jóvenes. Es espantoso saber que 11 por ciento de los adolescentes mexicanos, unos 7 millones, no estudian ni trabajan y son presa fácil del narcotráfico y probablemente mueran en una balacera, como les sucedió a los 16 muchachos en Ciudad Juárez. Es inaceptable que la fuerza, la impunidad y la corrupción sean las únicas leyes, y por eso unos sicarios pueden entrar a una fiesta y matar a jóvenes sin que hasta la fecha sepamos quiénes son los asesinos.
Mientras, los padres lloran a sus hijos y exigen que se haga justicia, pero hasta la fecha ninguna autoridad ha respondido a su llamado. Sólo hay un detenido, según Abraham Fraijo, por permitir que la guardería ABC –y muchas otras en el país– funcione sin los requerimientos básicos de seguridad y protección civil. Está comprobado que la estancia en la que los padres dejaban a sus niños era una bomba de tiempo de la que ya sabían las autoridades. José Ascensión Verdugo Ibarra, un arquitecto contratado para verificar los inmuebles de las guarderías en Hermosillo, reportó a fines de julio de 2005 que la ABC no tenía puertas de emergencia, que una bodega no era apta para alojar una estancia, que había una gasolinera enfrente, una llantera a un lado, un canal de aguas negras a sus espaldas y que la lona central del patio era combustible al máximo en caso de incendio, según el reportero Alejandro Almazán, de la revista Emeequis.
Las causas del incendio son claras. Falta castigar a los culpables por negligencia y corrupción, por permitir que el IMSS subrogue estancias infantiles sin cumplir los requisitos de seguridad indispensables.
Los padres de familia han venido al Distrito Federal y se han manifestado. Roberto Zavala dice que trae un chingo de amargura, y si no fuera por las marchas tal vez ya me hubiera explotado la cabeza. Para Martha Lemas, mamá de Santiago, es imposible reponerse. Manuel Rodríguez, padre de Xiunelth, asegura que no volverá a ser feliz porque se es o no y a él le tocó el no. Han pasado trescientos sesenta cinco días con sus noches y la tragedia de la guardería ABC no se olvida.
Hoy levantamos la voz porque la injusticia y el abandono son intolerables. Para cualquier padre o madre nada es más doloroso que perder a un hijo. Si los gobernantes no reaccionan, los ciudadanos tenemos el derecho de protestar, como lo hizo la madre Luz María Dávila, en Ciudad Juárez, después de que le asesinaron a sus dos hijos. Tenemos el derecho de decirles a quienes nos gobiernan: no son bienvenidos, reclamarles que mienten, que se hacen tontos, que son pésimos funcionarios, que renuncien, que no los queremos ver, que los crímenes no deben permanecer impunes.
Tenemos el derecho y la capacidad, como ciudadanos responsables que conocen los valores de dignidad, ética y justicia, de estar a la altura incluso del Presidente de México y tomar decisiones que nos saquen de la miseria política en la que nos ha hundido.
Tenemos el derecho y el deber de organizarnos, como lo hicieron los padres de familia de Hermosillo al crear el Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio. Al poner a los responsables en el banquillo de los acusados, condenarlos en un juicio popular y declarar culpables de la tragedia a los propietarios de la guardería ABC: Marcia Matilde Gómez del Campo Tonella, Antonio Salido Suárez, Sandra Téllez, Gildardo Urquides Serrano y Alfonso Escalante Hoeffer; a Eduardo Bours Castelo; a Wenceslao Cota Montoya, ex secretario de Gobierno; a Wilebaldo Alatriste Candiani, director de Protección Civil estatal; a Ernesto Gándara Camou, ex alcalde de Hermosillo; a Miguel Ángel Murillo Aispuro, ex secretario del ayuntamiento, y a Roberto Copado Gutiérrez, director de Protección Civil municipal, al determinar que dueños y funcionarios con sus actos y omisiones propiciaron el trágico desenlace ocurrido en la guardería ABC, subrogada por el IMSS a personas sin idoneidad, los padres no hacen otra cosa que un acto de verdadera justicia, al mismo tiempo que ejercen la democracia.
El juicio ciudadano señala a los culpables de la tragedia, pero lo mejor es la capacidad de convocatoria y la participación del jurado integrado por 368 personas de la sociedad civil que condenó a los implicados a pedir perdón públicamente y los culpó de no acatar las normas del IMSS por instalar la estancia infantil sin condiciones de seguridad, de no tener actitud de servicio y actuar con afán rapaz de lucro, sin siquiera presentarse el día del incendio para apoyar. Además, el fiscal acusador, Raquel Padilla Ramos, acusó a Marcia Matilde Gómez del Campo Tonella, prima de Margarita Zavala y de Lourdes Laborín (esposa del ex gobernador Eduardo Bours), de aprovechar sus influencias para operar la guardería con irregularidades.
Aunque digan que los mexicanos somos apáticos, el juicio popular demuestra lo contrario, porque es la expresión más auténtica de la justicia y el ejercicio democrático de los ciudadanos.
Cuando un país desvaloriza a sus niños y niñas, va por mal camino. Si ese país no vela por la seguridad de las nuevas generaciones es que ha perdido la brújula, anda al garete, contribuye al hundimiento del barco.
El destino de cualquier nación está en sus niños, porque de ellos depende el futuro del lugar donde nacieron. Si no se les dan condiciones para su desarrollo, es probable que le den la espalda al país que nunca los tomó en cuenta, y si no, que lo digan los millones de migrantes que viven del otro lado de la frontera.
Además de pedir un alto a la impunidad en Sonora, este día quiero recordar a los niños que perdieron la vida el 5 de junio de 2009. Ninguno pasaba de los cuatro años, pero entre nosotros su presencia es gigantesca. Ellos son: Santiago de Jesús Zavala Lemas, Aquiles Dreneth Hernández Márquez, Jazmín Pamela Tapia Ruiz, Ruth Nahomi Madrid Pacheco, Axel Abraham Angulo Cázares, Pauleth Daniel Coronado Padilla, Ian Isaac Martínez Valle, Juan Carlos Rodríguez Othón, Monserrat Granados Pérez, Andrés Alonso García Duarte, Germán Paul León Vázquez, Lucía Guadalupe Carrillo Campos, Ximena Álvarez Cota, Jesús Julián Valdez Rivera, Jorge Sebastián Carrillo González, Omar Valenzuela Contreras, Bryan Alexander Méndez García, Denisse Alejandra Figueroa Ortiz, Yoselín Valentina Tamayo Trujillo, Juan Israel Fernández Lara, Luis Denzel Durazo López, Daniel Rafael Navarro Valenzuela, María Magdalena Millán García, Camila Fuentes Cervera, Daniel Goyzueta Cabanillas, Jonathan Jesús de los Reyes Luna, Emilia Fraijo Navarro, Emily Guadalupe Cevallos Badilla, Jesús Antonio Chambert López, Xiunelth Emmanuel Rodríguez García, Santiago Corona Carranza, Javier Ángel Merancio Valdez, Nayeli Estefanía González Daniel, Valeria Muñoz Ramos, Julio César Márquez Báez, Ana Paula Acosta Jiménez, Andrea Nicole Figueroa, Yeseli Beceli Meza, Ximena Yanes Madrid, Ariadna Aragón Valenzuela, Carlos Alan Santos Martínez, Dafne Yesenia Blanco Lozoya, Daniela Guadalupe Reyes Carretas, Juan Carlos Rascón Holguín, María Fernanda Miranda Hugues, María Ximena Hugues Mendoza, Martín Raymundo de la Cruz Armenta y Sofía Martínez Robles, a quienes les rendimos homenaje porque ellos son la causa de que ustedes, los padres y las madres, sigan luchando y de que este día estemos reunidos para apoyarlos en su lucha en favor de la justicia en México.
Lo que pedimos a los gobiernos, lo que exigimos es, en pocas palabras, construir escuelas, hogares y hospitales en vez de cementerios.
La trama
La trama
Luis Javier Garrido
Las concesiones innumerables de Felipe Calderón a Washington –antes, durante y después de su viaje oficial de finales de mayo a Estados Unidos–, en su pretensión de obtener el respaldo de la administración Obama para poder imponer a otro panista de su grupo en la silla presidencial en 2012, no le han traído certeza en ninguna de sus desaforadas pretensiones y sí están comprometiendo de manera gravísima los intereses nacionales.
1. La obsesión de algunos de los grupos de extrema derecha que sostienen a Felipe Calderón en Los Pinos y que aspiran a mantenerse en el poder después de 2012 está llevando a México a un escenario de violencia cada vez mayor, evidenciando la división de los grupos mafiosos en el poder –de la cual el secuestro de Diego Fernández de Cevallos es una señal–, pero también están conduciendo a un mayor entreguismo oficial hacia Washington por el afán perturbado de Calderón de obtener el apoyo estadunidense a sus ambiciones no obstante su fracaso escandaloso en el gobierno. La llegada ilegal e ilegítima del panista a la Presidencia supuso una serie de concesiones a grupos multinacionales y a la administración de Bush para que lo apoyaran, y ahora su afán continuista tiende a comprometer aún más el destino del país.
2. El proceso de degradación de México por las políticas del gobierno panista es, en consecuencia, cada vez mayor, pues los intereses facciosos que prevalecen en el país no han tenido reparo alguno para obtener beneficios de grupo en ceder facultades del Estado a agencias estadunidenses, en cancelar derechos individuales y sociales fundamentales de los mexicanos –consagrados en la Constitución– para favorecer la explotación de la mano de obra mexicana por las trasnacionales, en entregar recursos estratégicos de la nación al capital extranjero o en someter al Ejército a funcionarios de Estados Unidos. En otras palabras, en atentar contra la soberanía nacional, con el argumento de que ésta es un concepto anacrónico y de que hay que ingresar a la modernidad.
3. El último día de la visita de Calderón a Estados Unidos, y cuando la mayoría de los medios señalaba que México no había obtenido beneficio alguno de esta visita, se produjo la noticia más trascendente, que fue ignorada por todos. Un boletín de prensa estadunidense (20 de mayo) dio a conocer que la semana siguiente se abriría en la ciudad de México la oficina integrada por funcionarios de ambos países que dirigiría la aplicación en nuestro país de la Iniciativa Mérida, anunciada desde 2009, y que supone no nada más las acciones policiaco-militares de la supuesta guerra contra el narcotráfico, sino políticas sociales. Días después, John Feeley, funcionario de la embajada de Estados Unidos en México, corroboró que ésta ya está funcionando con los 40 funcionarios estadunidenses previstos, aunque no al 100 por ciento, ya que esperan conocer la lista detallada de los 25 mexicanos. Es decir, que en el marco del abandono de Calderón de sus responsabilidades, agentes federales de Estados Unidos van a decidir las políticas de seguridad nacional del país, pero también políticas sociales a todos los niveles, como lo supone dicha iniciativa, que al no llamarse acuerdo, pacto o tratado no ha pasado por el Senado para su aprobación.
4. Los senadores de la República acusaron el viernes 21 a Felipe Calderón, que se hallaba todavía en Estados Unidos, de haber perdido toda dignidad al visitar el Cementerio Nacional de Arlington en Virginia y rendir homenaje a los soldados estadunidenses muertos en múltiples guerras, la mayoría de éstas, guerras imperiales e intervencionistas, de carácter criminal, decenas de ellas en América Latina, incluyendo la invasión de México en 1846-1848, aunque ellos mismos nada han hecho ni pretenden hacer para frenar el entreguismo del Ejecutivo de facto y de su grupo.
5. Los legisladores pasaron también por alto, en abierta complicidad con la ultraderecha mexicana en el poder, las declaraciones de Pablo Macedo, funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que indicó el martes 1º que para romper tabúes México estudia integrar sus fuerzas armadas a las acciones militares de Washington, ignorando este funcionario el mandato consignado en la fracción X del 89 constitucional que establece que para dirigir la política exterior de México el Ejecutivo debe sustentarla en los principios de la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales y la igualdad jurídica de los estados.
6. El gobierno calderonista ha cedido ya de hecho a las agencias federales estadunidenses facultades que en ejercicio de su soberanía competen exclusivamente al Estado mexicano en materia de seguridad nacional, como el control de puertos y aduanas o la vigilancia de costas y fronteras y el espacio aéreo, y acaso por ello a nadie sorprende que se busque instituir dichos actos de abdicación nacional como políticas seudo legales. Un silencio oficial siguió por ejemplo a la demanda formulada por el embajador Carlos Pascual el martes 25 para que personal de Estados Unidos haga revisiones aduanales en México.
7. La demagogia de la derecha mexicana y del gobierno panista de facto de Felipe Calderón tiene sin embargo sus límites. Anastasio Hernández Rojas, migrante mexicano, asesinado impunemente por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, luego de que esposado e inerme se le propinaran decenas de golpes cerca de la garita de San Ysidro, se está convirtiendo en un símbolo de la lucha de las decenas de miles de mexicanos que huyen del país como consecuencia de las políticas sociales y económicas del gobierno panista en la mayor migración de un país a otro de los tiempos modernos, y a los que no les importa el clima de criminalización en su contra que está creciendo y del que es corresponsable el actual gobierno de México.
8. En este escenario de abdicación nacional, Calderón pretende perpetuar a su grupo en el poder, sea como sea, y por lo mismo adquieren especial relevancia las acusaciones vertidas ante los micrófonos de MVS el miércoles 2 por el panista Fauzi Hamdan, íntimo de Diego Fernández de Cevallos, señalando que un grupo de gran poderío es el responsable del plagio que consideró político del también poderoso ex senador, amigo de Carlos Salinas de Gortari, por lo que no cuesta mucho responder a esa interrogante que agrava la crisis de la clase política.
9. ¿A qué grupo de gran poderío aludía Fauzi Hamdan?
10. En el México actual cientos de miles de mexicanos luchan adentro y afuera del país por resistir las políticas injustas y anti nacionales del gobierno de la ultraderecha, pero éste sólo piensa en crear las condiciones para prevalecer y seguir haciendo de México su botín personal, y no tiene más propuesta que la de la violencia.
Luis Javier Garrido
Las concesiones innumerables de Felipe Calderón a Washington –antes, durante y después de su viaje oficial de finales de mayo a Estados Unidos–, en su pretensión de obtener el respaldo de la administración Obama para poder imponer a otro panista de su grupo en la silla presidencial en 2012, no le han traído certeza en ninguna de sus desaforadas pretensiones y sí están comprometiendo de manera gravísima los intereses nacionales.
1. La obsesión de algunos de los grupos de extrema derecha que sostienen a Felipe Calderón en Los Pinos y que aspiran a mantenerse en el poder después de 2012 está llevando a México a un escenario de violencia cada vez mayor, evidenciando la división de los grupos mafiosos en el poder –de la cual el secuestro de Diego Fernández de Cevallos es una señal–, pero también están conduciendo a un mayor entreguismo oficial hacia Washington por el afán perturbado de Calderón de obtener el apoyo estadunidense a sus ambiciones no obstante su fracaso escandaloso en el gobierno. La llegada ilegal e ilegítima del panista a la Presidencia supuso una serie de concesiones a grupos multinacionales y a la administración de Bush para que lo apoyaran, y ahora su afán continuista tiende a comprometer aún más el destino del país.
2. El proceso de degradación de México por las políticas del gobierno panista es, en consecuencia, cada vez mayor, pues los intereses facciosos que prevalecen en el país no han tenido reparo alguno para obtener beneficios de grupo en ceder facultades del Estado a agencias estadunidenses, en cancelar derechos individuales y sociales fundamentales de los mexicanos –consagrados en la Constitución– para favorecer la explotación de la mano de obra mexicana por las trasnacionales, en entregar recursos estratégicos de la nación al capital extranjero o en someter al Ejército a funcionarios de Estados Unidos. En otras palabras, en atentar contra la soberanía nacional, con el argumento de que ésta es un concepto anacrónico y de que hay que ingresar a la modernidad.
3. El último día de la visita de Calderón a Estados Unidos, y cuando la mayoría de los medios señalaba que México no había obtenido beneficio alguno de esta visita, se produjo la noticia más trascendente, que fue ignorada por todos. Un boletín de prensa estadunidense (20 de mayo) dio a conocer que la semana siguiente se abriría en la ciudad de México la oficina integrada por funcionarios de ambos países que dirigiría la aplicación en nuestro país de la Iniciativa Mérida, anunciada desde 2009, y que supone no nada más las acciones policiaco-militares de la supuesta guerra contra el narcotráfico, sino políticas sociales. Días después, John Feeley, funcionario de la embajada de Estados Unidos en México, corroboró que ésta ya está funcionando con los 40 funcionarios estadunidenses previstos, aunque no al 100 por ciento, ya que esperan conocer la lista detallada de los 25 mexicanos. Es decir, que en el marco del abandono de Calderón de sus responsabilidades, agentes federales de Estados Unidos van a decidir las políticas de seguridad nacional del país, pero también políticas sociales a todos los niveles, como lo supone dicha iniciativa, que al no llamarse acuerdo, pacto o tratado no ha pasado por el Senado para su aprobación.
4. Los senadores de la República acusaron el viernes 21 a Felipe Calderón, que se hallaba todavía en Estados Unidos, de haber perdido toda dignidad al visitar el Cementerio Nacional de Arlington en Virginia y rendir homenaje a los soldados estadunidenses muertos en múltiples guerras, la mayoría de éstas, guerras imperiales e intervencionistas, de carácter criminal, decenas de ellas en América Latina, incluyendo la invasión de México en 1846-1848, aunque ellos mismos nada han hecho ni pretenden hacer para frenar el entreguismo del Ejecutivo de facto y de su grupo.
5. Los legisladores pasaron también por alto, en abierta complicidad con la ultraderecha mexicana en el poder, las declaraciones de Pablo Macedo, funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que indicó el martes 1º que para romper tabúes México estudia integrar sus fuerzas armadas a las acciones militares de Washington, ignorando este funcionario el mandato consignado en la fracción X del 89 constitucional que establece que para dirigir la política exterior de México el Ejecutivo debe sustentarla en los principios de la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales y la igualdad jurídica de los estados.
6. El gobierno calderonista ha cedido ya de hecho a las agencias federales estadunidenses facultades que en ejercicio de su soberanía competen exclusivamente al Estado mexicano en materia de seguridad nacional, como el control de puertos y aduanas o la vigilancia de costas y fronteras y el espacio aéreo, y acaso por ello a nadie sorprende que se busque instituir dichos actos de abdicación nacional como políticas seudo legales. Un silencio oficial siguió por ejemplo a la demanda formulada por el embajador Carlos Pascual el martes 25 para que personal de Estados Unidos haga revisiones aduanales en México.
7. La demagogia de la derecha mexicana y del gobierno panista de facto de Felipe Calderón tiene sin embargo sus límites. Anastasio Hernández Rojas, migrante mexicano, asesinado impunemente por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, luego de que esposado e inerme se le propinaran decenas de golpes cerca de la garita de San Ysidro, se está convirtiendo en un símbolo de la lucha de las decenas de miles de mexicanos que huyen del país como consecuencia de las políticas sociales y económicas del gobierno panista en la mayor migración de un país a otro de los tiempos modernos, y a los que no les importa el clima de criminalización en su contra que está creciendo y del que es corresponsable el actual gobierno de México.
8. En este escenario de abdicación nacional, Calderón pretende perpetuar a su grupo en el poder, sea como sea, y por lo mismo adquieren especial relevancia las acusaciones vertidas ante los micrófonos de MVS el miércoles 2 por el panista Fauzi Hamdan, íntimo de Diego Fernández de Cevallos, señalando que un grupo de gran poderío es el responsable del plagio que consideró político del también poderoso ex senador, amigo de Carlos Salinas de Gortari, por lo que no cuesta mucho responder a esa interrogante que agrava la crisis de la clase política.
9. ¿A qué grupo de gran poderío aludía Fauzi Hamdan?
10. En el México actual cientos de miles de mexicanos luchan adentro y afuera del país por resistir las políticas injustas y anti nacionales del gobierno de la ultraderecha, pero éste sólo piensa en crear las condiciones para prevalecer y seguir haciendo de México su botín personal, y no tiene más propuesta que la de la violencia.
junio 01, 2010
El jefe Diego, el misterio y la faida
El jefe Diego, el misterio y la faida
Carlos Fazio
Desde hace un cuarto de siglo, tras la imposición de las políticas neoliberales, la corrupción, producto histórico estructural del capitalismo familiarista y amoral de México, generó una balcanización acelerada de la administración gubernamental. Ante la ausencia de sólidas instituciones políticas y de mercado, y la irrupción de una nueva clase política facciosa más preocupada por los intereses particulares que por los públicos, en colusión con una clase empresarial con un pie en la economía legal y otro en la ilegalidad, el crimen se convirtió en un elemento orgánico del sistema monopólico de control político y social.
Con la entronización fraudulenta del clan Salinas en 1988, y tras los crímenes de Estado de 1993 y 1994 (los asesinatos del cardenal Juan Jesús Posadas y los priístas Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu), fue tomando fuerza un gobierno privado extralegal de tipo cleptocrático y mafioso, que de manera acelerada derivó en un estado generalizado de contra-institucionalización. La protección extorsiva de los comportamientos ilegales por grupos gansteriles en el seno del viejo partido de Estado, el Revolucionario Institucional (PRI), dio paso a una violencia reguladora de nuevo tipo que, cada vez más, recurrió al asesinato y a las purgas como norma.
Cabe anotar que la gestión de los mercados ilegales es siempre la gestión del desorden y de la faida, principio que en el viejo derecho germánico sancionaba el derecho a la venganza. Así, desde los cimientos del caos se normalizaron o naturalizaron el gobierno del crimen y la eliminación física recíproca como mecanismo de la protección criminal a la criminalidad por medio de una supracriminalidad, y de la ilegalidad por medio de la suprailegalidad.
Como señala Giulio Sapelli, es la escasez de legalidad la que produce la contra-institucionalización del gobierno criminal: éste crea, con un mercado propio, una clase política propia, que regula, administra y reproduce el sistema. Visto así, desde comienzos de los años noventa del siglo pasado asistimos a una refeudalización política del Estado, que abortó de manera temprana las expectativas de cambio y transición a la democracia de amplios sectores de la ciudadanía consciente.
Desde entonces, como un continuum, de la mano de la corrupción político-económica y la circulación de enormes masas de capital derivadas de múltiples actividades ilícitas (entre las que destaca el narcotráfico), el elemento de la violencia fue decisivo para imponer una paz de mercado, donde la competencia es eliminada. Se trata de una violencia reguladora (disuasiva, represiva, aniquiladora) que busca establecer el monopolio de la economía criminal, eliminando a los otros jugadores, y que ha venido operando como una especie de mano visible que, en última instancia, regula la resolución de los conflictos y la continuidad del círculo vicioso de la ilegalidad.
Una ilegalidad y una violencia física desembozada, en apariencia anárquica, que entraron en una fase de descontrol y se profundización durante los dos gobiernos facciosos y derechistas del Partido Acción Nacional (PAN), encabezados por Vicente Fox y Felipe Calderón, y que llega hasta nuestros días con la desaparición forzosa del ex senador panista Diego Fernández de Cevallos y el atentado contra el general Arturo Acosta Chaparro, prototipos, ambos, con sus especificidades y campos de actividad respectivos, de la colusión entre individuos y empresas en el marco de gobiernos amorales de tipo delincuencial, basados en un sistema de economía plutocrática-mafiosa.
El amasiato de los poderes Ejecutivo y Legislativo visibles con el poder invisible de los lobbys empresariales, legales y criminales, dio paso, para usar la figura de Bobbio, al actual neopatrimonialismo extralegal mexicano, que opera al margen de toda regla institucional. Como en Italia, Colombia o Rusia, corrupción personal y corrupción institucional –o sea en nombre del partido y en violación de las leyes que regulan su funcionamiento– involucran hoy en México de manera transversal a los principales clanes políticos, llegando hasta los más altos vértices del Estado.
En ese contexto, en el caso del jefe Diego, moderno señor feudal y personaje polémico que logró amasar una escandalosa fortuna desde los tiempos del gobierno de Carlos Salinas de Gortari (Punta Diamante, Banco Anáhuac, etcétera), señalado por sus relaciones inconfesables y tráfico de influencias (Martí Batres aseguró que el panista es abogado del narco y empleado de la mafia), podríamos estar ante el rompimiento de los consensos y pactos entre grupos competidores violentos que interactúan en los mercados de la ilegalidad, y que se mueven en los espacios de confluencia de empresas poderosas, clanes partidarios y mafias enquistadas en una administración pública balcanizada y penetrada por una gran corrupción.
En medio del caos y la violencia imperantes (México se colombianiza, Calderón dixit), Diego Fernández de Cevallos pudo haber sido alcanzado por la faida o el derecho a la venganza de alguno de los grupos invisibles rivales que gobiernan desde la ilegalidad. O, como se ha señalado de manera más clara, el jefe Diego pudo ser el objetivo elegido para dirimir ajustes de cuentas dentro de las mafias del poder; sin descartar, claro, en ese mismo escenario, que se trate de un secuestro o crimen de un sector del Estado, dirigido a provocar reacomodos en el seno de una cúpula colusiva signada por la relación empresa-clase política.
Más allá del silencio oficial y los galimatías informativos, Diego es el mensaje y nadie está a salvo.
Carlos Fazio
Desde hace un cuarto de siglo, tras la imposición de las políticas neoliberales, la corrupción, producto histórico estructural del capitalismo familiarista y amoral de México, generó una balcanización acelerada de la administración gubernamental. Ante la ausencia de sólidas instituciones políticas y de mercado, y la irrupción de una nueva clase política facciosa más preocupada por los intereses particulares que por los públicos, en colusión con una clase empresarial con un pie en la economía legal y otro en la ilegalidad, el crimen se convirtió en un elemento orgánico del sistema monopólico de control político y social.
Con la entronización fraudulenta del clan Salinas en 1988, y tras los crímenes de Estado de 1993 y 1994 (los asesinatos del cardenal Juan Jesús Posadas y los priístas Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu), fue tomando fuerza un gobierno privado extralegal de tipo cleptocrático y mafioso, que de manera acelerada derivó en un estado generalizado de contra-institucionalización. La protección extorsiva de los comportamientos ilegales por grupos gansteriles en el seno del viejo partido de Estado, el Revolucionario Institucional (PRI), dio paso a una violencia reguladora de nuevo tipo que, cada vez más, recurrió al asesinato y a las purgas como norma.
Cabe anotar que la gestión de los mercados ilegales es siempre la gestión del desorden y de la faida, principio que en el viejo derecho germánico sancionaba el derecho a la venganza. Así, desde los cimientos del caos se normalizaron o naturalizaron el gobierno del crimen y la eliminación física recíproca como mecanismo de la protección criminal a la criminalidad por medio de una supracriminalidad, y de la ilegalidad por medio de la suprailegalidad.
Como señala Giulio Sapelli, es la escasez de legalidad la que produce la contra-institucionalización del gobierno criminal: éste crea, con un mercado propio, una clase política propia, que regula, administra y reproduce el sistema. Visto así, desde comienzos de los años noventa del siglo pasado asistimos a una refeudalización política del Estado, que abortó de manera temprana las expectativas de cambio y transición a la democracia de amplios sectores de la ciudadanía consciente.
Desde entonces, como un continuum, de la mano de la corrupción político-económica y la circulación de enormes masas de capital derivadas de múltiples actividades ilícitas (entre las que destaca el narcotráfico), el elemento de la violencia fue decisivo para imponer una paz de mercado, donde la competencia es eliminada. Se trata de una violencia reguladora (disuasiva, represiva, aniquiladora) que busca establecer el monopolio de la economía criminal, eliminando a los otros jugadores, y que ha venido operando como una especie de mano visible que, en última instancia, regula la resolución de los conflictos y la continuidad del círculo vicioso de la ilegalidad.
Una ilegalidad y una violencia física desembozada, en apariencia anárquica, que entraron en una fase de descontrol y se profundización durante los dos gobiernos facciosos y derechistas del Partido Acción Nacional (PAN), encabezados por Vicente Fox y Felipe Calderón, y que llega hasta nuestros días con la desaparición forzosa del ex senador panista Diego Fernández de Cevallos y el atentado contra el general Arturo Acosta Chaparro, prototipos, ambos, con sus especificidades y campos de actividad respectivos, de la colusión entre individuos y empresas en el marco de gobiernos amorales de tipo delincuencial, basados en un sistema de economía plutocrática-mafiosa.
El amasiato de los poderes Ejecutivo y Legislativo visibles con el poder invisible de los lobbys empresariales, legales y criminales, dio paso, para usar la figura de Bobbio, al actual neopatrimonialismo extralegal mexicano, que opera al margen de toda regla institucional. Como en Italia, Colombia o Rusia, corrupción personal y corrupción institucional –o sea en nombre del partido y en violación de las leyes que regulan su funcionamiento– involucran hoy en México de manera transversal a los principales clanes políticos, llegando hasta los más altos vértices del Estado.
En ese contexto, en el caso del jefe Diego, moderno señor feudal y personaje polémico que logró amasar una escandalosa fortuna desde los tiempos del gobierno de Carlos Salinas de Gortari (Punta Diamante, Banco Anáhuac, etcétera), señalado por sus relaciones inconfesables y tráfico de influencias (Martí Batres aseguró que el panista es abogado del narco y empleado de la mafia), podríamos estar ante el rompimiento de los consensos y pactos entre grupos competidores violentos que interactúan en los mercados de la ilegalidad, y que se mueven en los espacios de confluencia de empresas poderosas, clanes partidarios y mafias enquistadas en una administración pública balcanizada y penetrada por una gran corrupción.
En medio del caos y la violencia imperantes (México se colombianiza, Calderón dixit), Diego Fernández de Cevallos pudo haber sido alcanzado por la faida o el derecho a la venganza de alguno de los grupos invisibles rivales que gobiernan desde la ilegalidad. O, como se ha señalado de manera más clara, el jefe Diego pudo ser el objetivo elegido para dirimir ajustes de cuentas dentro de las mafias del poder; sin descartar, claro, en ese mismo escenario, que se trate de un secuestro o crimen de un sector del Estado, dirigido a provocar reacomodos en el seno de una cúpula colusiva signada por la relación empresa-clase política.
Más allá del silencio oficial y los galimatías informativos, Diego es el mensaje y nadie está a salvo.