Carlos Fazio
¡El avión!
Dice Hans M. Enzensberger que “tan pronto como la criminalidad se organiza, se convierte, tendenciosamente, en un Estado dentro del Estado”. La frase remite al México actual, con sus distintos niveles de violencia reguladora. Con algunas puntualizaciones: cuando en enero de 2007 Felipe Calderón sacó al Ejército de los cuarteles y declaró su “guerra” al crimen organizado, el país entró en una fase de “colombianización”. Pero ya antes, desde mediados del sexenio de Carlos Salinas, cuando de la mano de la “narcotización” de la política surgió una nueva economía criminal, se había venido incubando un larvado proceso de desintegración de la sociedad en el marco de la conformación de un nuevo Estado oligárquico autoritario de tipo delincuencial y mafioso.
Los últimos hechos, incluidas las revelaciones sobre la infiltración de grupos criminales al más alto nivel de las fuerzas armadas, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública, así como la polémica en torno a si las muertes de Juan Camilo Mouriño y José Luis Santiago Vasconcelos fueron producto de accidente o sabotaje, exhiben dinámicas complejas y mezclas muy íntimas entre las estructuras criminales y estatales, donde una amplia red de actores está completamente integrada en los niveles operativos de la economía criminal.
En ese contexto, la imagen que muestra un aparato estatal asediado por criminales “en busca de protección para sus viles actos”, o que le “ha declarado la guerra al Estado”, carece de veracidad. Tampoco se trata de una guerra de buenos contra malos: es una guerra de malos contra malos por la regulación del mercado. Sigue leyendo
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