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abril 24, 2010

Crímenes que no prescriben

Desfiladero

Mariachis para Carlos Monsiváis con música de Sabina

Jaime Avilés


“Fue entre pinos sin mar, una tarde antes de un concierto/ tú reinabas detrás de una pila de 22 mil 700 muertos/ cántame una canción al oído y te pongo un tequila/ con una condición/ que el señor Gómez Mont salga y diga que no soy indigno [...] Y nos dieron las dos y las tres y las cuatro y las cinco y las seis/ y borrachos al atardecer nos cayó García Luna...”

Crímenes que no prescriben


En su discurso del viernes antepasado (16 de abril) ante empresarios del turismo, Felipe Calderón reconoció que de cada 100 víctimas de su guerra contra el narcotráfico, seis eran civiles inocentes, cuatro soldados o policías y 90 delincuentes que se mataron entre sí. Según cifras actualizadas al día que se reunió con Joaquín Sabina en Los Pinos (19 de abril), el total de vidas arrasadas por la violencia ligada a la droga en los pasados 40 meses ascendía ya a 22 mil 700.


Como se desprende de la arenga calderónica, de diciembre de 2006 a abril de 2010, en este contexto habrían dejado de existir mil 362 civiles inocentes, 908 soldados o policías y 20 mil 430 civiles no inocentes. “Más de 90 por ciento de esos homicidios obedecen a la lucha de unos cárteles contra otros, es decir, no son ni siquiera acciones (?), ha habido muchos soldados, muchos policías caídos en cumplimiento de su deber, pero éste es un porcentaje que no llega, por ejemplo, a 5 por ciento de esas muertes”, dijo.


¿Qué significa no son siquiera acciones? ¿Que ninguno de los 20 mil 430 supuestos criminales caídos murió bajo las balas de policías o soldados? ¿Se mataron solitos entre sí? Pero, añadió Calderón, son muchos menos todavía (los) civiles atrapados en el fuego cruzado entre los delincuentes o policías con delincuentes.


Traducción: ninguno de los mil 362 civiles inocentes fue asesinado por las fuerzas armadas. Una vez más, Calderón no sólo miente, sino que pretende borrar de la memoria colectiva las muertes de niños, jóvenes y adultos inermes, perpetradas por soldados y marinos, por ejemplo, en Ahuatepec y Cuernavaca, Morelos (diciembre de 2009), Ciudad Juárez (enero), Monterrey y Nuevo Laredo (marzo), por no hablar de los ilegales allanamientos y saqueos de moradas, documentados, en Yucatán y Michoacán, también en marzo.


Pese a los testimonios de la familia tamaulipeca que fue acribillada con sus bebés el 20 de marzo al cruzar ante un retén cerca de Nuevo Laredo; pese a las protestas de la alta sociedad de Monterrey, que reaccionó con ira ante el asesinato de dos estudiantes del Tec, a quienes los soldados disfrazaron de sicarios el propio 20 de marzo, tal como habían hecho 17 días antes con un joven matrimonio en Anáhuac, Nuevo León; pese a los secuestros con fines de extorsión protagonizados por militares en Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Guerrero, Tabasco, Chiapas, etcétera, Calderón niega la realidad y, peor aún, la justicia, siguiendo el modelo que impuso al inicio de su embozada dictadura, tras el homicidio de Ernestina Ascencio en Zongolica, Veracruz, donde por sus pistolas decretó que el deceso lo había causado una gastritis.
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